Financiación universitaria: una ministra con prejuicios liberales

9 septiembre 2008 | Categorías: Educació | 839 lecturas |

Hoy día no hay ya nadie con dudas sobre la necesidad de disponer de un buen sistema de generación y aplicación del conocimiento para garantizar el desarrollo y el bienestar.

Juan Torres LópezSistema Digital

Y precisamente por ello es fundamental que el sistema educativo (y muy especialmente el de la enseñanza superior) sea de gran calidad, lo cual demanda, a su vez, tres grandes requisitos: una concepción integral de la formación, la enseñanza y la aplicación el conocimiento, un entorno sociocultural que lo sienta como propio y lo respete y, por supuesto, financiación suficiente.

Requisitos de los que España ha carecido, históricamente e incluso en el presente.

El primero no se ha podido dar en toda su necesaria integridad porque no se ha querido o no se ha sido capaz de generar un verdadero sistema de educación superior. Es decir, el que integra la dedicada a la formación profesional de alto nivel, por un lado, y la estrictamente universitaria que combina docencia e investigación, por otro. Hoy día no solo seguimos sino sin ello sino que incluso hemos ido hacia atrás al separar la administración universitaria de la del resto del sistema educativo.

Tampoco puede decirse que el entorno social mime a la universidad. Basta haber tenido alguna experiencia en el gobierno educativo para saber hasta qué punto es difícil lograr que otras administraciones, incluso otros ministerios o responsables dejen de ver a la universidad y al sistema educativo en general como una simple unidad de “mucho gasto”. Por no hablar del escaso apego que en los hechos muestra el conjunto de los ciudadanos hacia maestros, profesores o investigadores de cualquier tipo, que a menudo suelen ser reconocidos sola y muy equivocadamente como los funcionarios que tenemos más vacaciones.

La insuficiencia financiera de nuestro sistema educativo e investigador creo que también es bien conocida.

Actualmente, de los países de la UE-15, España (4,23%) solo supera a Grecia (3,9%) y Luxemburgo (3,8%) en porcentaje de inversión educativa sobre el PIB, un porcentaje, además, que ha caído desde 1995, lo que ha hecho que nos vayamos alejando incluso de la media de la UE-27 (5,03%), como consecuencia de la política anti social que llevó a cabo el gobierno de Aznar.

Insuficiencia que también afecta de modo especial a las universidades, porque hoy día es materialmente imposible que un país se desarrolle integralmente y alcance estándares de bienestar social elevados sin un sistema universitario de altísima calidad (y no solo con algún que otro centro o campus “de excelencia”, como ahora gusta decir).

Precisamente por todo ello me han resultado verdaderamente sorprendentes y preocupantes unas recientes declaraciones de la Ministra de Ciencia e Innovación (EL PAÍS (29-08-2008). Sorprendentes porque, a mi modesto modo de ver, suponen una renuncia explícita a la concepción socialdemócrata que cabría esperar de este gobierno. Y preocupantes porque, para colmo, creo que se basan simplemente en viejos prejuicios ideológicos liberales y no en hechos objetivos.

Afirma la Ministra que “la financiación privada la tenemos que promover porque es el único camino que nos va a llevar a una financiación suficiente”.

Eso es falso y se trata de un mero prejuicio ideológico por varias razones. Primero, porque España está lejos del porcentaje de financiación pública al sistema universitario de otros países de nuestro entorno. Lo que significa que no hay razón alguna para que no podamos avanzar nosotros por la vía que ha hecho fuertes a economías como Francia, Alemania, Suecia u otras naciones avanzadas a las que constantemente tomamos como referencia para tantas cosas.

Segundo, porque incluso aunque ya dedicásemos a ello un porcentaje de nuestro PIB semejante al de nuestro entorno, también se podría seguir aumentando si se considerase necesario (y seguramente lo sería siempre) incrementando al mismo tiempo la vía que hasta ahora se ha demostrado como la más eficiente y equitativa (por no decir la única) para financiar las políticas sociales más avanzadas y aumentar así el bienestar social: la de los impuestos progresivos.

En tercer lugar porque la Ministra olvida, o desconoce, o no quiere mencionar un doble hecho crucial. Por un lado, que en España no hay recursos privados suficientes y capaces de financiar un sistema universitario de calidad. Es más, solo podrá haber bastantes recursos privados para ello cuando antes se haya hecho un esfuerzo público mayor que el que ahora se hace en financiación universitaria y educativa en general. Y, por otro, que los recursos privados que ahora se ponen a disposición de las universidades (y con los que parece que sueña la Ministra) son muy selectivos y dedicados casi exclusivamente a exprimir algunos yacimientos de negocio en el área de las nuevas tecnologías o de la investigación aplicada. Lo que claramente indica que no contribuirán a desarrollar el sistema que necesitamos sino solo a sus ámbitos más rentables para el capital privado. Algo con lo que la Ministra ya parece contar, sin que le importe, cuando dice que “la financiación pública se destinará entonces a la investigación más básica y a disciplinas que no tengan una aplicación tan inmediata”.

Se deberían discutir más estas propuestas de la Ministra porque si el gobierno va por ahí se harán algunos buenos negocios en los campus pero no se podrá consolidar el sistema universitario que tanto necesita nuestra sociedad.

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