Cómo la política de los EEUU ampara la financiación de las redes yihadistas

14 septiembre 2008 | Categorías: Paradisos fiscals | 1.031 lecturas |

Juan H. Vigueras – Comité Científico de ATTAC España

Las torticeras intenciones político-mediáticas para hacernos olvidar las mentiras del 11-M, antes y durante las sesiones del enjuiciamiento de los acusados, lo que de verdad están tapando es el análisis del fracaso de la política imperial contraterrorista de los EEUU, evidenciado por los atentados de Madrid; Londres; Bali; Casablanca; Argel y Turquía; dejando aparte la cruenta ocupación de Irak. Y las alarmas policiales sobre la aparición de yihadistas de segunda generación corroboran que el planteamiento de esta lucha frente al terrorismo islamista es irreal. Recientemente los servicios secretos daban noticia de una compleja red de financiación que desde España y Francia mantiene en el Norte de África a grupos salafistas vinculados a Al Qaeda; revelando unas tramas sofisticadas de flujo dinerario que van más allá del tradicional hawala (entregas en un lugar basadas en la confianza personal o étnica, compensadas por otras entregas en otro lugar); porque la dimensión global de estas redes utiliza la fluidez los mecanismos financieros disponibles en centros offshore; por ejemplo, simulando una facturación de falsos servicios de informática se remitía dinero a residentes argelinos en España desde las Bahamas (El País, 1/5/2007)

Sin embargo, nadie profundiza porque es una cuestión tabú ya que toca el sólido pilar de la absoluta libertad de la banca transnacional. Aunque está clara la imbricación del terrorismo con los mercados financieros mundializados, como testimonia sin pretenderlo un reciente libro en los EEUU con el expresivo título de Global Financial Warriors. The Untold Story of the International Finance in the post-9/11 World (“Los guerreros financieros globales. La Historia no contada de las finanzas Internacionales en el mundo posterior al 11 de Septiembre”) Aunque su autor John B. Taylor, Subsecretario del Tesoro de 2001 a 2005, solo intenta contarnos sus éxitos como gestor activo en el marco de la llamada “war on terror”, relatando, entre otras, la “reconstrucción financiera” de Afganistán; el aumento del control imperial sobre el FMI y el Banco Mundial; e ilustrarnos acerca de cómo los dólares iraquíes congelados en los EEUU desde la primera guerra del Golfo sirvieron para financiar los pagos militares y civiles en el Irak invadido y la nueva moneda introducida fue respaldada por los propios dólares de Sadam Husseim, con la colaboración subalterna del gobierno de Aznar que autorizó a la Fábrica de Moneda y Timbre española para imprimir casi la mitad de los nuevos billetes de dinares gratis (págs. 233-242)

Pero, ante todo, el relato de este profesor de la Universidad de Stanford y colega de Condolezza Rice, desarrolla el argumento de la política financiera como el tercer pilar de la política exterior de los EEUU, junto al pilar político y al militar, resaltando sus esfuerzos para controlar los flujos de la financiación terrorista, aunque antes como profesor e investigador de varios centros de estudio neoconservadores, había trabajado – oh paradoja – por la promoción de la libertad de los flujos financieros. De ahí que subraye sus logros para activar la aletargada la Oficina de control de activos extranjeros (OFAC) creando un grupo especifico, el War Room dentro del mismo Departamento del Tesoro y promoviendo grupos de trabajo especializado dentro del FBI y de la CIA; corroborando indirectamente que era una falacia el pretendido aparato preventivo para detectar el dinero sucio en los EEUU tras los graves atentados precedentes contra los intereses estadounidenses. Como entonces se contó, en las semanas siguientes a la tragedia del 11 de Septiembre, ya se sabía que los terroristas “habían dejado un amplio rastro de papel de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y transferencias de dinero mostrando que utilizaban el sistema bancario sin filtros” (The NYTimes, 17/10/2001) Pero el libro no menciona la elaboración de la “ley patriótica” (Patriot Act), ni los duros debates frente a la oposición pública de la American Bankers Association y en particular, del Citigroup y J.P. Morgan Chase contra las medidas propuestas por los senadores, Carl Levin demócrata, Charles Grassey republicano y John Terry, el derrotado candidato presidencial más tarde, que llegaron a presentar hasta 11 proyectos de ley para reforzar las medidas preventivas.

Conocedor del alcance de la globalización financiera, Taylor contrarió el unilateralismo de Bush al buscar la implicación de los ministros de finanzas del G-7 y del GAFI, el grupo intergubernamental creado en 1989 para combatir el blanqueo de capitales, activando con carácter multilateral el control de los flujos financieros terroristas. Porque las distinciones conceptuales de los expertos solo valen a efectos puramente metodológicos de análisis y exposición; la prosaica realidad actual muestra que los flujos financieros transnacionales carecen de marca identificativa, vengan de la droga, de las mafias del esclavismo, del yihadismo, de los bancos y grandes corporaciones o de las remesas de emigrantes. Por eso resulta ineficaz la pretensión de que se considere que es dinero terrorista únicamente si proviene de una organización catalogada como tal previamente, pero no así si proviene de cualquier banco o entidad aunque su destino final sea las manos de grupos salafistas del Norte de África o de Birmingham.

Por cierto que Taylor recuerda el problema de la elaboración las listas de entidades benéficas y grupos identificados como terroristas que tuvo al final un carácter arbitrario y no siempre fundado, como en el caso de Hamas. Además de la congelación de los activos financieros de las entidades catalogadas como terroristas, los listados comprendían 162 denominaciones a finales de 2001. Pero ciertamente quedaron excluidas todas las entidades offshore que libremente, sin identificación del titular, pueden constituirse en paraísos fiscales, por vía telemática en Anguila y por agentes en Gibraltar, donde el titular de una sociedad de no-residentes puede ser otra entidad registrada en cualquier sitio. El seguimiento del dinero de los terroristas, como revelaba el New York Times en el verano de 2006, se llevó a cabo con la cooperación de bancos centrales incluido el Europeo y del Banco Internacional de Pagos de Basilea, con la aportación imprescindible de la plataforma telemática de la sociedad conocida por sus siglas en inglés SWIFT, que permite el intercambio de millones de transacciones financieras sin control estatal, aunque en este caso, el acopio información se centró sobre fondos de los sospechosos terroristas, al margen de los Estados por donde pasaban. Como sigue siendo materia reservada, no se aporta información que demuestre la eficacia de los listados, olvidándose el autor en este asunto de la rendición de cuentas, la “acountability” que dice haber introducido en el Banco Mundial. En el libro abundan las alusiones personales a los diversos gobernadores de Bancos centrales y ministros de finanzas en activo de países como Brasil, México, Turquía o Irak pasando por el Banco Mundial y el FMI, como amigos o colegas del autor, ilustrando la disponibilidad por los EEUU de un entramado mundial de ilustres tecnócratas vinculados a instituciones estadounidenses donde asimilaron la doctrina político-económica que comparten.

En ningún párrafo del libro comentado se hace la menor referencia a la posibilidad de algún tipo de acuerdo internacional para un control de los flujos financieros internacionales delictivos. Aunque el texto del primer comunicado del G-7 en 2001 – que Taylor reproduce como un logro personal al ser suscrito por los países del mundo que representan la mitad del PIB mundial – alude en el último párrafo a la necesidad de mejorar la supervisión de los centros financieros extraterritoriales u offshore, denominación técnica de los paraísos fiscales. Pero el autor simula ignorar las dificultades en la práctica que justificaron el desplazamiento en persona de su colega en el Departamento, el Subsecretario de Vigilancia financiera Jimmy Gurule al microestado alpino de Liechtenstein en 2002, para lograr que se congelaran los activos financieros de la familia saudita de Bin Laden; uno de tantas omisiones significativas de hechos que en su día fueron registrados por la prensa (The Observer, 27/10/2002). Porque demuestran la resistencia de la banca a cualquier medida de control en aras del interés general, una vez alcanzada la desregulación de los movimientos internacionales de capitales. Desde luego, cualquier análisis de estas políticas que pretenden combatir a los grupos yihadistas evidencia sus graves carencias; la primera, su carácter ex post pretendiendo combatir el financiamiento del terrorismo cuando ya ha tenido lugar el flujo financiero que lo sostiene; y la segunda es sobre todo el carácter intocable del sustrato ideológico neoliberal que subyace al sistema financiero internacional.

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