María del Pilar Barceló – ATTAC Mallorca

Hace unos días Gallardón y Ana Botella nos sorprendían con la publicación de una ordenanza que prohíbe los hombres anuncio. Y yo me pregunto: cuando Rafa Nadal sale a la pista con la ropa que le indica la marca que lo patrocina, y sólo terminar el partido corre a ponerse el reloj cuya marca también le patrocina, ¿no es un hombre anuncio? Todos esos pseudo aristócratas y famosillos sin los méritos de Nadal que se ganan el sustento sin otra actividad conocida que acudir a festorros con las joyas o las prendas de tal marca de la cual “son imagen”, ¿no son mujeres u hombres anuncio? ¿Cuál es la diferencia? ¡Ah, ya lo entiendo! Lo que molesta a Gallardón y a su concejal responsable de Medio Ambiente Ana Botella no es la publicidad por la que algunos obtienen ingresos millonarios, sino aquella que permite a determinadas personas simplemente subsistir, la exhibición de pobreza en la calle, porque los pobres deslucen la ciudad, “alteran el paisaje urbano”, cuya defensa pretende la susodicha ordenanza. Todo esto parece una nimiedad pero cuidado, es una pieza más de la estrategia neoliberal que nos corroe.

En las dos últimas décadas un conglomerado de intereses constituido por la Administración USA, las instituciones financieras internacionales, las multinacionales y el gran capital financiero han impulsado en el mundo un conjunto de políticas económicas liberales que se han sintetizado en el llamado “consenso de Washington”: austeridad presupuestaria y regresión fiscal, reducción del gasto público, privatización y fortalecimiento de los derechos del capital, apertura sin límites de los mercados financieros y los intercambios de bienes y servicios, desregulación, flexibilización del trabajo asalariado. Pero esa primera formulación tiene una segunda parte: los neocons han extendido esa noción para englobar “el tratamiento punitivo de la inseguridad y la marginación sociales que son las consecuencias lógicas de esas políticas” (Wacquant). De este modo los neocons, tan partidarios del adelgazamiento del Estado social, propugnan un continuo engrosamiento del Estado punitivo, de las instituciones policiales y penitenciarias. “Difuminación del Estado económico, debilitamiento del Estado social, fortalecimiento y glorificación del Estado penal”, como sintetiza Wacquant.

A consecuencia de ello en España no sólo se ha producido a nivel estatal un grave endurecimiento de las penas y de su régimen de cumplimiento (particularmente para la pequeña delincuencia económica) que nos ha llevado a tener la tasa de encarcelamiento más alta de Europa aunque España se sitúe por debajo de la medio de nuestro entorno en tasa de criminalidad , sino que a nivel municipal se están promulgando ordenanzas destinadas a barrer a los pobres de la calle. No sólo las de Madrid, amparadas nada menos que en competencias sobre la preservación del Medio Ambiente, sino otras mucho más cercanas como las de Calviá, donde se persigue a las mujeres nigerianas que ejercen la prostitución y a los vendedores de melones en la playa con un estrategia que sería largo de explicar pero que pretende en último término meterles en prisión. Más aún, en las últimas elecciones municipales el Partido Popular llevaba en su programa para Palma la implantación de esas mismas ordenanzas.

Debemos ser conscientes de esta situación y no caer en la trampa que nos tiende el poder cuando nos explica que todo esto lo hace en nuestro beneficio y por nuestra seguridad. Debemos reclamar, como hace Attac España en su última “Carta al Presidente del Gobierno” que lo que se promueva no sea el Estado policial, sino el Estado social, que se refuercen los servicios públicos (en especial Sanidad, Educación y Protección social) y que se impulsen actividades prioritarias de integración social para evitar la exclusión y la delincuencia. Son estas políticas las que verdaderamente redundan en el bien de la ciudadanía. Lo otro sólo es engañarla.