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La ley anticodicia

31 Març, 2009 - EE.UU.

Fernando Laría – ATTAC Madrid El sistema neoliberal, librado a sus fuerzas, da lugar a inmensas desigualdades retributivas. La experiencia ha demostrado las falacias de algunos “filósofos morales” como Mandeville (“vicios privados, beneficios públicos”) Los filósofos morales construyen alambicadas teorías sobre la naturaleza humana que luego la realidad se encarga sistemáticamente de desmentir. Bernard Mandeville […]

Fernando Laría – ATTAC Madrid
El sistema neoliberal, librado a sus fuerzas, da lugar a inmensas desigualdades retributivas. La experiencia ha demostrado las falacias de algunos “filósofos morales” como Mandeville (“vicios privados, beneficios públicos”)
Los filósofos morales construyen alambicadas teorías sobre la naturaleza humana que luego la realidad se encarga sistemáticamente de desmentir. Bernard Mandeville escribió en 1714, a inicios del capitalismo, su conocida Fábula de las abejas. El subtítulo de la obra –vicios privados, beneficios públicos– ya revelaba la tesis central. Consistía en sostener que el egoísmo innato de los individuos y su afán desmesurado de riquezas (la codicia) era la sólida base sobre la cual la sociedad proveía todos los oficios y empleos. Las terribles consecuencias sociales de la crisis económico-financiera actual, ha reconvertido en un relato tragicómico aquella ingenua alegoría sobre el capitalismo.
La discutida y discutible teoría de Mandeville, implícita en numerosas afirmaciones sobre las bondades del capitalismo, parece haberse estrellado contra la dura realidad. Son muchos los analistas que atribuyen el origen de la crisis que se abate hoy sobre el mundo a la desenfrenada codicia de los altos ejecutivos del sector financiero. Lo prueba el reciente escándalo motivado por el pago de sobresueldos a los directivos de la aseguradora América International Group (AIG) y que ha desatado la ira popular en Estados Unidos.
Los ejecutivos de AIG, la empresa que ha tenido que ser salvada de la quiebra con una inyección de dinero público de 173.000 millones de dólares, recibieron hace apenas una semana, 218 millones de dólares en concepto de primas (bonus), repartidos entre 418 directivos y empleados. De ellos, 73 ejecutivos recibieron más de un millón de dólares cada uno y la prima más alta fue de 6,4 millones de dólares.
El Partido Demócrata, ha tenido que salir al paso forzando precipitadamente una ley conocida ya como la ley anticodicia. Grava con un impuesto del 90 % las primas otorgadas a ejecutivos de empresas que hayan recibido ayudas públicas de más de 5.000 millones de dólares. La ley operará con carácter retroactivo, pese a la discutible constitucionalidad de la medida.
Esta norma ha puesto también bajo la picota a los directivos del extinto banco de negocios Merrill Lynch, adquirido por el Bank of América, quienes cobraron primas por un total de 3.500 millones de dólares días antes de la absorción. El Bank of América ya había solicitado en ese entonces el rescate público que llegó con una inyección de 45.000 millones de dólares.
Se considera que uno de los máximos responsables de la debacle financiera actual es Joseph Cassano, el directivo de AIG que creó la división de “productos financieros” del grupo. Esta división respaldó todo tipo de productos derivados que le ofrecían bancos y empresas. AIG aseguró así un total de casi un billón de dólares de activos tóxicos. Ahora se ha sabido que por cada dólar que facturaba la división, Cassano y sus directivos se llevaban 30 centavos. Al ser despedido en febrero de 2008 recibió una indemnización de 34 millones de dólares, que deben sumarse a los 250 millones que recibió en sueldos a lo largo de los 8 años que estuvo en AIG.
La cuestión relativa al control público de los sueldos de los ejecutivos financieros, es una de los problemas que aborda actualmente el comité de expertos técnicos que prepara la reunión del G-20, prevista para el 2 de abril en Londres. Los expertos recomiendan que las retribuciones de los directivos varíen en forma simétrica a los resultados, lo que evitaría el cobro de compensaciones multimillonarias en caso de pérdidas, como ha ocurrido hasta ahora. Los supervisores nacionales tendrían facultades para evaluar el sistema de remuneraciones, de modo que si comprobaran que las retribuciones incentivan riesgos excesivos podrían exigir su modificación. España propone, además, la obligación de publicar de forma individual los salarios de los ejecutivos.
Todas estas medidas, sin embargo, no apuntan a resolver el problema principal: la existencia de un sistema que, librado a sus fuerzas, da lugar a inmensas desigualdades retributivas. Las elevadas remuneraciones de los ejecutivos financieros, no es más que la punta del iceberg de un sistema que ha venido tolerado el crecimiento exasperante de las desigualdades retributivas. Frente a ese fenómeno, sólo existe una alternativa radical: restituir la vigencia de los elevados tipos impositivos vigentes anteriores a la revolución conservadora de los años 80. En Estados Unidos, la patria del capitalismo, en el año 1976, el tipo marginal máximo del impuesto a la renta era del 70 % y en Suecia alcanzaban el 87 %. Convendría reflexionar si las actuales diferencias retributivas no derivan de haber renunciado prematuramente a ciertas políticas impositivas que nivelaban democráticamente a los ciudadanos.

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