Quién está detrás del golpe en Honduras

5 septiembre 2009 | Categorías: Amèrica Llatina | 875 lecturas |

Jesús GarzaDiagonal

Tras el golpe del 28 de junio, han surgido multitud de teorías sobre las motivaciones y los implicados en la preparación del derrocamiento de Zelaya.

Las explicaciones sobre el golpe de Estado son numerosas: desde que se trata de un experimento estadounidense para probar la reacción internacional frente a este tipo de sucesos, desde que se trata de un segundo golpe a Hugo Chávez pretendiendo desarmar la influencia de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) en Centroamérica, hasta la no menos interesante tesis de que el Gobierno de Manuel Zelaya estaba a punto de conceder a Petróleos de Venezuela (PDVSA) el contrato de explotación de los yacimientos petroleros de Honduras en el mar Caribe. Ninguna de esas teorías deben descartarse, pero no explican, por sí mismas, la amplia, popular, pluralista y multitudinaria resistencia al golpe de Estado.

El golpe de Estado vino a demostrar la existencia de grupos económicos poderosos enriquecidos al amparo del Estado y en el contexto de medidas, programas y leyes de corte neoliberal, que por un lado desprecian el rol del Estado y por otro insisten en gozar de sus contratas de servicios y compras de bienes. Ninguno de los nombres de individuos y grupos inversores con demostrada participación en el golpe eran conocidos antes de 1990, cuando se implementó el reajuste estructural a la economía que dio paso a la apertura comercial y a la política neoliberal del país. Estos grupos empresariales están ligados a la venta de energía térmica y a los subsidios al combustible, ya que el Estado prefiere comprar electricidad a proveedores privados que gestionar directamente la producción de Honduras, para lo que el país posee condiciones más que suficientes. Otros son grupos económicos vinculados a inversiones en franquicias de comidas rápidas, alquiler de galpones y maquinarias para maquiladoras textiles, que funcionan con excepciones especiales de impuestos sobre importaciones de bienes y ganancias en virtud de leyes para impulsar el turismo y la atracción de inversión extranjera en maquilas. Son grupos que impulsaron y aprovecharon la privatización de importantes prestaciones de servicios en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la Empresa Nacional Portuaria (ENP), en el Registro Nacional de las Personas (ERP) y Aeropuertos. En fin, grupos económicos, propietarios de medios de comunicación, que desde hace años vienen siendo cuestionados por la población en general.

Es a estos grupos a los que se enfrentó el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Muchas de las medidas que intentó no podrían calificarse de revolucionarias o de izquierda propiamente dichas. Zelaya nunca se manifestó en contra del sistema capitalista y neoliberal, siempre criticó, en foros nacionales e internacionales, a lo que denominaba “capitalismo voraz”, al abuso de que era objeto el pueblo hondureño por parte de inversionistas salvajes y lo injusto que le parecían los tratados de libre comercio que privilegian a las mercancías antes que al ser humano. Estas medidas y declaraciones públicas no cambiaban la estructura económica del país, pero sí afectaban a las grandes corporaciones surgidas en el contexto neoliberal: cambios en las fórmulas de licitación en la compra de derivados del petróleo, medicamentos y servicios al sistema de salud pública, acercamiento al ALBA para buscar financiación y apoyo a la agricultura campesina, fortalecimiento de la ENEE y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (HONDUTEL) en vez de privatizarlas, intentos por construir un aeropuerto sin tener en cuenta a la empresa que ya gestiona los aeropuertos internacionales del país, decretar un salario mínimo en concordancia con el costo de la alimentación para los trabajadores, abrir la inscripción al seguro social para las trabajadoras domesticas, etc. Todas medidas de corte liberal, justas, pero opuestas a los intereses de los principales grupos económicos que solo miran al Estado como el cumplidor y vigilante de sus propios intereses en perjuicio de las grandes mayorías sociales.

Estos grupos son los que a finales de junio deciden o prefieren dar un golpe de Estado antes de que esas medidas se convirtieran en leyes y disposiciones que no pudieran cambiarse o revertirse, especialmente si se convertían en disposiciones constitucionales mediante una probable asamblea constituyente, para lo cual era necesaria una consulta popular.

Esto no descarta las demás tesis sobre el golpe, pues es evidente que en la medida que los ‘empresarios’ hondureños, buscaron apoyo, asesoría y financiamiento para su golpe, se fueron encontrando con aliados internacionales, ultraderechistas de Estados Unidos y Venezuela, antiguos militares nacionales y extranjeros violadores de derechos humanos y terroristas que añoraban los tiempos en que actuaban impunemente contra quienes no aceptaban sus posicionamientos ideológicos fascistas. El golpe es de fabricación nacional, pero con grandes apoyos internacionales desde diferentes sectores que gustosamente colaboran para desquitarse, en buena parte, de sus propias frustraciones y derrotas en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Nicaragua y El Salvador.

Por ello no debe extrañar la resistencia popular del pueblo hondureño, ya con más de 55 días diciendo, diariamente, “no al golpe de Estado” y en franca desobediencia civil. El propio gobierno de Manuel Zelaya como el golpe de Estado mismo, ha significado una incomparable escuela política. Es el resumen de muchos años de silenciosa labor de sensibilización sobre la injusticia social a que nos ha sometido el neoliberalismo, de conformación de organizaciones y articulaciones sociales, de luchas contra la corrupción y por la defensa de los recursos naturales. Por lo mismo, mucho menos es de extrañar que en las demandas del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe se vaya más allá de la simple restitución del presidente legítimamente electo, aunque sea un símbolo de lucha, y se aspire a que se concrete en una nueva constitución para el país. Nunca como hoy, el pueblo hondureño, el ciudadano de a pie como gusta llamársele, se había pronunciado con tanta propiedad y rigor político con relación a la Constitución, a categorías políticas como oligarquía, burguesías, poderes fácticos y desobediencia civil.

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