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Otra reforma laboral es posible (I)

1 Octubre, 2009 - Treball

José A. Pérez – ATTAC Madrid Los altavoces mediáticos que amplifican el discurso neoconservador predican a diario la necesidad de efectuar una reforma laboral. Pero la lógica de tal propuesta es muy endeble. En efecto, dado que la actual crisis económica no se produjo por un fallo en el sector asalariado, sino en el financiero-especulativo, […]

José A. Pérez – ATTAC Madrid
Los altavoces mediáticos que amplifican el discurso neoconservador predican a diario la necesidad de efectuar una reforma laboral. Pero la lógica de tal propuesta es muy endeble. En efecto, dado que la actual crisis económica no se produjo por un fallo en el sector asalariado, sino en el financiero-especulativo, si lo que se pretende es arreglar la avería del sistema resulta absurdo reparar una parte que no está rota. Una reforma laboral no debe pasar por incrementar la precariedad, sino por cambiar de base el sistema de protección social, de forma que se garantice un ingreso mínimo eliminando la ‘trampa del desempleo’.
Uno de los indicios que sugieren que la economía es una actividad mucho más relacionada con la opinión que con la ciencia, es la gran cantidad de sentencias lapidarias, que no demostraciones lógicas, que se emiten desde los ambientes considerados económicamente correctos. O sea, económicamente interesados en obtener un beneficio a costa de otros. Entre estas sentencias lapidarias destaca la que sostiene que, para salir de la crisis, es imprescindible llevar a cabo una reforma del mercado laboral.
No hace falta ser un verdadero científico como Kurt Gödel o Bertrand Russell para advertir la debilidad del argumento lógico que defiende la necesidad de una reforma laboral. Un estudiante de bachillerato no contaminado ideológicamente fácilmente llegará a la siguiente conclusión: puesto que la actual crisis económica no se produjo por un fallo en el sector asalariado, sino en el financiero-especulativo, si lo que se pretende es arreglar la avería del sistema resulta absurdo reparar una parte que no está rota.
Lo que sí es constatable es que, una vez que los especuladores han metido la pata (o la mano) hasta el corvejón con sus manejos, la avería producida en la máquina productiva repercute en el artefacto del empleo, expulsado de los centros del trabajo a millones de trabajadores. Trabajadores, por cierto, de los que sus empleadores se sentían orgullosos cuando la maquina giraba al máximo de revoluciones.
En esta ocasión, la avería ha sido de tal magnitud, y la identidad de quienes la han causado tan evidente, que, exceptuando a la ultracutrería mediática de guardia, ni siquiera el principal partido del conservadurismo ha tenido valor para oponerse a la medida por la que el Gobierno ha ampliado la cobertura de prestaciones sociales a los parados. Dicho sea de paso, clamaría al cielo en el que creen los conservadores, que esa gente acostumbrada a pagar facturas de cien euros en el restaurante, se negara a dar cuatrocientos a quienes han perdido su fuente temporal de ingresos. Y escribo ‘temporal’, porque en nuestra sociedad, el derecho al trabajo no es más que una mera jaculatoria jurídica. En la realidad, el empleo privado es siempre temporal, ya que si no fuera temporal nadie lo perdería. Teorema cuya paternidad no hay que buscarla en Gödel, sino en el modesto mas perspicaz Perogrullo.
Se quejan muchos comentaristas de que hay muchos desempleados que no aceptan empleos de baja calidad y prefieren cobrar el subsidio. No comprendo muy bien la extrañeza, algo farisea, de tales críticas. ¿Acaso la condición de desempleado ha de llevar inherente la estulticia? La primera de todas las tendencias humanas es la de no empeorar conscientemente su situación. Los darwinistas sociales deberían aplaudir necesariamente a quienes hacen gala de su habilidad para la supervivencia.
Las trampas de pobreza
Es precisamente la naturaleza condicional de los sistemas asistenciales de rentas mínimas de inserción y subsidios de desempleo la que produce el efecto de desanimar a la gente a buscar un trabajo. La leyenda negra tejida en torno a quienes malviven con estas rentas sugiere que los perceptores prolongan indebidamente la situación para vivir a costa del presupuesto público sin dar un palo al agua.
Esto podría ser cierto en el caso minoritario de individuos que tuvieran una clarísima vocación de pobres, ya que la cuantía de este tipo de rentas se establece en niveles lo suficientemente bajos como para desanimar a la gente a vivir de ellas. Más allá de la colección de tópicos gratuitos, las investigaciones de campo realizadas con objetividad concluyen que la verdadera razón por la que los perceptores de estas prestaciones se “enganchan” a ellas no obedece a una especial proclividad a la malicie. Más bien es el propio sistema el que los atrapa en lo que se ha denominado trampas de pobreza (poverty traps) o trampas de desempleo (unemployed traps).
Por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No estamos hablando, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino de alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio.
Esto conduce a una situación dramática. Los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera. Por ejemplo, aceptar un empleo de tiempo parcial o completo cuyo salario neto, aproximándose al nivel del beneficio neto, suponga para el interesado la pérdida de la totalidad del beneficio.
La gente que se halla en situación de precariedad no suele estar titulada por las escuelas de Economía, pero echa sus cuentas con mucho más realismo que muchos críticos de gabinete. Si a una persona que percibe un subsidio de 420 se le ofrece un salario de 600, que una vez efectuada la retención fiscal se queda en 580, es normal que lo rechace ya que el hecho mismo de trabajar genera costos adicionales (transporte, comida fuera de casa, guarderías, etc.) que anulan el diferencial de beneficio obtenido con la venta de tiempo vital. Ante el dilema, la opción más frecuente suele ajustarse al principio de “más vale pájaro en mano”. Optar por la ayuda oficial asegura al menos cierta continuidad en la obtención de un ingreso.
Un problema adicional surge desde el momento en que las ayudas nunca son individuales, sino que, por regla general, el test de recursos se aplica sobre el ingreso conjunto del grupo familiar. En este caso, la condicionalidad también desalienta la aceptación de empleos de tiempo parcial o temporales por parte de uno u ambos miembros del grupo, para evitar superar el tope por encima del cual se verían privados del subsidio.
Las prestaciones condicionales tampoco permiten a sus beneficiarios emprender algún tipo de iniciativa empresarial. La ayuda les sería retirada desde el mismo momento en que emprendieran una actividad con fines de lucro aunque no obtuvieran beneficios, como suele ser habitual durante la puesta en marcha de un negocio. Ese puritanismo que inspira la normativa de prestaciones entra en franca contradicción con el espíritu capitalista del enrichessez vous.
Este conjunto de factores determina que quienes quedan atrapados en estas trampas del desempleo o de pobreza se vean fuertemente desincentivados a trabajar: sólo pueden escapar a la pobreza si logran conseguir un empleo cuyo salario (previo a las deducciones impositivas) sea considerablemente superior al nivel del beneficio. Ningún empleo (de tiempo parcial) cuyo salario (pre impuestos) esté por debajo de cierto umbral supondrá una recompensa monetaria para quienes dependen de la asistencia social.
Un efecto colateral es el fraude, cuya forma más habitual consiste en completar los ingresos del subsidio con algún trabajo sin registro —trabajo negro o sumergido—. Espoleados por la necesidad, parece lógico que muchos individuos recurran a las artimañas a su alcance para atenuar los efectos negativos de la trampa. Una concepción inteligente del sistema de protección social debería corregir esas trampas generadas por el propio sistema, y a eso dedicaremos la segunda parte de este artículo.
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