Marcelo Justo – BBC Mundo

En ese otro gran templo de la desregulación que ha sido el Reino Unido, el oficialismo y la oposición se apuraron a saludar la medida.

El gobierno británico indicó que la política del primer ministro Gordon Brown va en la misma dirección que la anunciada por el presidente estadounidense mientras que la oposición señaló que la limitación al tamaño y operatoria de los bancos es un modelo a seguir para la reforma de las entidades financieras en todo el mundo.

Según Olann Kerrison, jefe de Análisis del “Lafferty Group”, consultora del sector financiero, el anuncio de Barack Obama puede marcar la pauta de un nuevo sistema financiero.

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“A diferencia de otras medidas que se han anunciado, ésta responde a los problemas estructurales del sistema financiero. Al separar los dos tipos de banca, se está diciendo que si una entidad especula, tendrá que asumir enteramente el riesgo y no contagiará al conjunto de la economía”, señaló Kerrison a BBC Mundo.

La calle y los bancos

En diciembre el Comité Basel, que reúne a bancos centrales de todo el mundo, propuso a instancias del G20 una reforma que incluye un aumento de los encajes o reservas que los bancos deben tener para hacer frente a una crisis.

Los gobiernos del Reino Unido y Francia también presentaron iniciativas para regular el sector financiero.

Pero la propuesta de Obama es la más radical hasta el momento.

Lo curioso es que los integrantes del gobierno estadounidense han sido firmes defensores de la desregulación financiera.

En Estados Unidos los demócratas se encargaron en 1999 de enterrar la ley Glass Steagal que separó en 1933 la banca de depósito y la de inversión: el cerebro de esta eliminación fue el actual responsable de planeamiento económico, Lawrence Summers.

La debacle económica y la creciente indignación pública por los megarescates estatales de los bancos han cambiado la ecuación política.

No es casualidad que el anuncio de Obama llegase a dos días de la derrota de los demócratas en Massachusetts.

Presionado por su propia opinión pública, otro entusiasta de la desregulación antes de la crisis, el primer ministro Gordon Brown propuso el año pasado un impuesto especial a las transacciones financieras internacionales y, junto al presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, se comprometió en diciembre a una mayor regulación del sector financiero y firmes medidas en el tema de las bonificaciones.

Segun Juan H. Vigueras, autor de “La Europa opaca de las finanzas” y “Los paraísos fiscales”, la propuesta de Obama es muy interesante, siempre que pueda superar los escollos políticos del congreso.

“Indudablemente que Estados Unidos impulse esta reforma con la actual globalización puede tener repercusiones. Como propósito es interesante, pero por el momento es un buen deseo”, explicó a BBC Mundo Vigueras.

Las bonificaciones

Las entidades financieras no leyeron correctamente la indignación pública por los megarescates, como quedó en claro con la polémica que generaron las bonificaciones multimillonarias a los banqueros.

A pesar de la creciente indignación popular, reflejada y magnificada en los medios, las entidades financieras insistieron el año pasado en que seguirían adelante con las bonificaciones.

A principios de enero el presidente Obama anunció la creación de un impuesto para recuperar el dinero fiscal invertido en los megarescates citando el escándalo que estaban provocando estas bonificaciones multimillonarias.

Este impuesto especial tuvo un impacto en otros centros financieros. En Suiza el Credit Suisse y en Londres el Goldman Sachs decidieron reestructurar su política de bonificaciones.

Pero si el poder de la primera potencia se hace sentir, el de Wall Street no se queda atrás.

En el congreso están empantanadas la ley contra la evasión y el fraude estimulado por los paraísos fiscales (Stop Tax havens Abuses Act), que se presentó en marzo del año pasado, y otro intento de reforma del sector financiero.

“Lo que está pasando con estas leyes es una demostración de los limites que el poder de Wall Street impone a la Casa Blanca”, señala Vigueras.

Así y todo, esta corriente de indignación pública, que en una democracia se traduce en votos, se ha convertido en un factor de peso, más en un año como el 2010 en el que los estados tendrán que lidiar con la gigantesca deuda generada por los megarescates y los votantes deberán sufrir los ajustes que se hagan para pagarlos