Gustavo Duch – Consejo Científico de ATTAC España

No es nuevo, la mirada económica es ciega al respeto por los derechos humanos. En los próximos meses, y en el marco de la presidencia de España en la Unión Europea, el Gobierno español acelerará -porque para el capital de las empresas españolas resultarán muy jugosas- las negociaciones de tratados de libre comercio con terceros países. En el caso de países de América Latina se espera finalizar acuerdos con Perú y Colombia, olvidando las sistemáticas violaciones de los derechos más básicos en este segundo país, y con Centroamérica, incluyendo Honduras a pesar del golpe de Estado.

Pero además mañana y pasado se organiza la llamada ‘Cumbre de Granada’, una reunión entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, para desarrollar una relación preferencial entre ambos. De nuevo un tratado económico con un país que incumple constantemente las resoluciones de Naciones Unidas en las que repetidamente indica, y con absoluta claridad, que está totalmente prohibido apropiarse de los bienes de los territorios ocupados del Sahara Occidental: tanto la pesca, la minería, el petróleo. Claro que éste es precisamente uno de los factores ‘claves’ del acuerdo, porque el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales de esta región es un negocio casi que a medias entre los sectores empresariales marroquíes y españoles y otras multinacionales europeas.

Es larga la lista de ‘empresaharios’ españoles que se beneficiarán con el estrechamiento de manos entre monarcas. Tenemos, según el Observatorio WSRW, empresas químicas que se lucran importando fosfatos procedentes del Sahara Occidental junto a las navieras que lo transportan. También empresas canarias que adquieren arena saharaui. La arena es la segunda materia prima más consumida por el ser humano, tras el agua, pues es fundamental para la elaboración del hormigón o mortero tan necesarios para un país que apostó y apuesta por el sector de la construcción y del ladrillo como motor económico. Y desde luego, los conocidos intereses de nuestra industria pesquera y conservera. El acuerdo permitirá prorrogar la presencia del centenar de buques españoles en aguas saharauis, por un lado. Y por otro, mantener los acuerdos comerciales que muchas conserveras españolas tienen con flotas marroquíes que les permite disponer de toneladas de pulpos, sardinas y caballas para su conserva y distribución.

Los negocios empresariales que se cierran en El Aaiún, además de beneficiar a todos estos ‘empresaharios’ a costa de empobrecer a la población local (son inversiones que no generan riqueza ni puestos de trabajo, como revela un informe de las misma UE), financian, de alguna manera, su ocupación. El acuerdo a ratificar en Granada, digámoslo claro, es un trato cómplice para expoliar conjunta e ilegalmente los bienes del Sahara Occidental.

Publicado en El Correo Vasco
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