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Mercado, lucha de clases y democracia

19 Gener, 2011 - Crisi sistémica

Álvaro Rodríguez – ATTAC Galicia A partir de los grandes cambios geopolíticos acontecidos desde los 90, se ha asumido como parte de la sabiduría convencional que el modelo político más conveniente es la democracia parlamentaria insertada en un mercado capitalista, lo que se llama en ocasiones democracia de mercado. Sin duda, este modelo es un […]

Álvaro Rodríguez – ATTAC Galicia
A partir de los grandes cambios geopolíticos acontecidos desde los 90, se ha asumido como parte de la sabiduría convencional que el modelo político más conveniente es la democracia parlamentaria insertada en un mercado capitalista, lo que se llama en ocasiones democracia de mercado. Sin duda, este modelo es un avance respecto a los modelos autoritarios y/o dictatoriales que primaban en ciertas zonas, como Latinoamérica. Sin embargo, este modelo presenta algunos problemas de fondo en absoluto desdeñables, tato en el propio modelo representativo (sin duda mejorable en el sentido de dotarse de métodos democráticos más directos y participativos, con un mayor control de los representantes electos), como en los derivados de su inserción en un modelo capitalista como el actual, caracterizado por la desregulación financiera y la existencia de potentísimos oligopolios económicos. Será en este aspecto en el que nos centraremos ahora, recogiendo por otra parte un análisis político presente ya en varios teóricos políticos desde el siglo XIX.
El punto esencial reside en la constatación de las perniciosas prácticas que se desarrollan en una democracia en la que existen grupos de gran poder económico con intereses que entran en conflicto con los de otros miembros de la comunidad política. Para entenderlo, tenemos un ejemplo muy cercano en las medidas del gobierno del gobierno socioliberal español de Zapatero, que ha tomado, y todo parece indicar que seguirá tomando, medidas claramente lesivas para la inmensa mayoría de la población, siguiendo las indicaciones de organismos no elegidos como la Comisión Europea y el FMI, testaferros del gran capital financiero. En estos momentos es cuando se hace más evidente el peligro que supone para la democracia, en todos sus aspectos, la existencia de estos poderes no democráticos, capaces de desvirtuarla a su antojo. Pero también nos indica, profundizando en el análisis, la existencia de dos fenómenos que han sido sistemáticamente ocultados o ignorados por los analistas liberales en las democracias de mercado: La existencia de clases sociales y la explotación y coerción basadas en la estructura económica capitalista, con la consiguiente lucha de clases por controlar el poder político.
Que existen clases sociales es evidente para cualquier observador honrado: no es cierto que exista una “clase media” mayoritaria, que actúa como una supuesta realidad uniforme. Existen más bien varias clases sociales, cuyo carácter está definido, en esencia, por el control de los medios de producción. Así, por un lado tenemos una clase que controla los resortes de la actual economía capitalista financiarizada: banqueros y grandes empresarios (o más bien grandes corporaciones controladas por accionistas mayoritarios). Por debajo hay varios grupos o clases de trabajadores, más o menos cualificados o poseedores de un pequeño capital, que los diferencia dentro de la estructura productiva capitalista, pero que comparten todos el no controlar, o hacerlo a duras penas, los resortes económicos. Son los profesionales liberales, autónomos, pequeños y medianos empresarios, trabajadores manuales, amas de casa o estudiantes, amén de los pobres de solemnidad. Se da además el caso de que este amplio conjunto depende de la clase social más elevada en la pirámide de la economía para su sustento, bien como asalariados, bien como proveedores o prestadores de servicios, todos atados al sistema financiero por sus necesidades personales o empresariales.
Esta relación de dependencia, como su nombre indica, no es de igual a igual, ya que la clase social que controla el sistema financiero e industrial puede, y de hecho lo hace, controlar el funcionamiento de la economía en su provecho, obligando al resto de ciudadanos a aceptar sus condiciones. Esta relación tiene todas las características de la explotación (1). La reciente crisis ha venido a mostrar duramente este punto. Tras un largo período de crecimiento de los beneficios financieros a coste de la economía real que sustenta a la ciudadanía, ejemplificado en España en su brutal burbuja inmobiliaria (que conllevó un incremento nunca visto del beneficio empresarial y financiero mientras los salarios se estancaban o bajaban), cuando se produjo el estallido de esta ordalía el robo llegó a su cenit con los ingentes rescates públicos del sistema financiero, forzados por el gran poder de este, que se convirtió, nos dicen, en “demasiado grande para caer”. De esta manera, un pequeñísimo sector de la población, mediante su control de medios productivos clave, ha sido capaz de controlar la economía y hacer su agosto a costa de las condiciones materiales de la inmensa mayoría de ciudadanos.
Lo que se ha producido, en realidad, es una lucha de clases (2). Con la caída de la URSS, y ya antes con Reagan y Tatcher, se produjo una ofensiva neoliberal que ha consistido basicamente en recuperar el terreno perdido por los grandes capitalistas tras la II GM, cuando la creación de los Estados del Bienestar y la implantación de políticas keynesianas, que proclamaban la “eutanasia del rentista”, supuso un retroceso evidente del poder político y social de las clases economicamente más poderosas, obligadas a ceder parte de su riqueza para repartirla. Esta reacción, o contrarreforma política que es el neoliberalismo aún no ha acabado, aunque todo está, por suerte, aún abierto.
De estas realidades históricas podemos sacar varias conclusiones. La más importante quizás es que, si deseamos una democracia plena o al menos de mucha mejor calidad que la actual, hay que limitar el poder de las clases financieras y corporativas, una minoría siempre dispuesta a imponer su voluntad sobre la mayoría. Para ello es necesario, sobre todo, limitar la explotación y coerción que ejercen y que constituye la base de su poder, dotando a los ciudadanos que no disponen de acceso ilimitado a los recursos productivos de resortes que les permitan liberarse de su dependencia económica, pudiendo entonces ejercer sus derechos democráticos sin el chantaje de los que más tienen sin miedo a quedarse en paro o perder financiación para sus pequeños negocios. ¿Qué medidas concretas podemos aplicar?. Algunas de ellas ya son conocidas y sólo se trataría de volver a ellas, tras su abandono durante el período neoliberal: servicios públicos fuertes y amplios, que permitan servir a la población en aspectos básicos como una educación, sanidad y protección laboral y vital adecuadas, lejos de las garras del mercado. También sería necesario retomar la progresividad del IRPF (recordemos que en EEUU el tipo impositivo para las grandes fortunas llegó a ser de más del 90%), que permite repartir la riqueza evitando su acumulación, y por tanto la creación de grandes oligopolios económicos. Relacionado con esto, habría que ser implacables con el fraude a gran escala, ejemplificado en los paraísos fiscales. Y, por supuesto, sería necesario recuperar una banca pública que permita a la economía productiva disponer de capital sin necesidad de recurrir a los grandes bancos y sus prácticas usureras y monopolíticas (3). Otras medidas, que serían novedosas pero avanzarían en la misma situación podría ser la limitación salarial por arriba, o la instauración de una Renta Básica Universal que dotase a todo ciudadano independientemente de su condición de un ingreso mínimo que garantizase su supervivencia sin necesidad de entrar en el juego de suma y cero del mercado laboral. Todas estas son medidas económicas a simple vista, pero el análisis que hemos realizado muestran también su fundamental importancia política para mejorar la democracia, limitando el tamaño de los grupos de poder económico, y dotando a los ciudadanos excluídos del control de los recursos productivos de mecanismos de protección frente a la explotación y coacción que aquellos ejercen.
Pero quizás la conclusión más importante que podemos extraer es la siguiente: en una sociedad de clases determinada por la existencia de un sistema de mercado capitalista, la democracia es un bien frágil que debe ser defendido de una manera coherente y decidida. Y para ello hay que meterle mano, sin miedo, a la economía, que en el fondo nunca ha dejado de ser economía política.
Notas al pie:
1. La explotación es una interdependencia antagónica que se da entre intereses materiales de actores en las relaciones económicas, en la que el bienestar económico de una clase depende de las privaciones económicas de otros, excluyéndose al explotado de ciertos recursos productivos (normalmente derechos de propiedad), mediante la expropiación de los frutos de trabajo del explotado por parte de los que controlan los recursos productivos relevantes (definición de E.O. Wright extraída de Daniel Reventós (2007): Las condiciones materiales de la Libertad, El Viejo Topo, Madrid, p. 114-115). La actual situación, en la que los bienes públicos y las finanzas estatales, así como la economía productiva en general, están siendo saqueados en beneficio de los grandes conglomerados financieros, que controlan un recurso productivo tan imprescindible para todos como es el capital monetario, ofrece sin duda un ejemplo claro de explotación.
2. Incluso alguien tan poco susceptible de marxista como W. Buffet ha reconocido este punto, en una entrevista para el New York Times con fecha de 26 de Noviembre de 2006: “There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning”. El magnate financiero se atrevió incluso a reconocer de donde venía la ofensiva, y diagnosticaba su avance imparable. Y es que en aquellas fechas era así, sin duda.
3. Función para la que nacieron las Cajas de Ahorro españolas, antes de su bancarización durante la última década.

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