Déficit y falta de liquidez en los Ayuntamientos

9 abril 2011 | Categorías: Estatal | 930 lecturas |

Fernando Moreno Bernal – Presidente de ATTAC Andalucía

La Administración Local se tambalea económica y financieramente y está a punto de derrumbarse por la endémica falta de suficiencia económica. La coexistencia en el tiempo de la bajada de ingresos propios por el colapso del sector inmobiliario, la bajada de la participación en ingresos del Estado y el cierre de la financiación a medio y largo plazo por la reciente legislación sobre control del déficit y endeudamiento, independientemente de que las entidades financieras han cerrado el grifo de la financiación también a las Administraciones locales, provocan el crack generalizado de la Administración local, el más importante de los tres niveles de las Administraciones públicas para el bienestar de la ciudadanía.

Los Ayuntamientos son la Administración pública más cercana a la ciudadanía, esenciales para la cohesión social y el primer lugar donde se puede desarrollar una verdadera democracia participativa. La crónica falta de financiación reconocida desde la reinstauración de la democracia, el famoso objetivo inicial de distribución 50-25-25 del gasto total público entre Administración Central, Autonómica y local, nunca se ha llegado a subsanar. Hemos evolucionado del 79,6- 10,3-11,1 en 1985 al 46-38-16 en 2005, distribución que se está agravando en contra de la local desde el estallido de la crisis y el colapso del sector inmobiliario. En esta situación permanente de déficit en los ingresos está la causa última de las carencias de servicios públicos de calidad, de la perversión de la transformación de la planificación urbanística en fuente de ingreso estructural para poder mantener los servicios y, a la postre, su puesta al servicio de los especuladores inmobiliarios y la corrupción de políticos responsables que vemos como un rosario continuo en los juzgados a través de los medios de comunicación.

La gestión de las Administraciones Públicas puede enfocarse desde dos ópticas diferentes: desde una visión neoliberal de la realidad y, por consiguiente, al servicio del “crecimiento económico”, eufemismo de servicio a la reproducción ampliada del capital; o bien, la visión del bienestar de la ciudadanía y la satisfacción de sus necesidades básicas esenciales y su felicidad en su más amplio sentido.

Generalmente se ha hecho una gestión municipal enfocada al servicio del capital, es decir, con consumo y endeudamiento excesivo. El capital gana con el endeudamiento de las personas, familias y Administraciones Públicas. Por eso las actividades se enfocan hacia la mercantilización y gestión privada de los servicios públicos como suministro de agua, luz, sanidad, etc. y el consumo de los individuos, normalmente hombres conductores de coches de uso individual, para los que se construyen parking, carreteras y puentes más allá de toda lógica y sentido común donde se localiza la mayor inversión municipal. Además de mal vender el patrimonio común y endeudarnos con inversiones improductivas que no mejoran la calidad de vida de la ciudadanía, hacen una mala gestión de lo público y fomentan deliberadamente una opinión contraria a las Administraciones Públicas y la política para monopolizar ellos su gestión desde un renovado absolutismo de espaldas a las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. Es por eso que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas gobernados por defensores declarados del mercado y de la competitividad, neoliberalismo, son los más endeudados, los que más déficit tienen, los más corruptos y los que más ingeniería financiera realizan para encubrir su endeudamiento oculto. También son los que entorpecen la aplicación de las leyes y políticas sociales como la Ley de Dependencia, o intentan que el transporte público no resuelva la necesidad de movilidad de la población. Con la que denominan salida al déficit con la “colaboración público-privada” pretenden privatizar y mercantilizar los servicios públicos básicos, situación a la que abocan a los Ayuntamientos, independientemente de la ideología de los políticos que estén dirigiéndolos, por la situación de estrés financiero al haberles acortado irracionalmente los plazos de reestructuración y haberles cerrado las fuentes de financiamiento.

Una gestión de los Ayuntamientos al servicio del bienestar de la ciudadanía tiene necesariamente que enfocarse a los sectores que atienden a los mercados interiores y no al sector exterior, para reforzar así una economía de cercanía que centre sus objetivos en satisfacer demandas reales de la población y persiga sobre todo la creación de empleo en los distintos territorios.

De la crisis nunca se saldrá con austeridad sino con gasto que sea necesario, eficiente y con objetivos establecidos en empleo de calidad. La institucionalización de la participación de los agentes sociales y económicos locales permite una evaluación participativa en establecer objetivos, implantación, y revisión permanente de resultados obtenidos con las políticas públicas y necesidades sociales emergentes a cubrir. Agricultores y ganaderos deben ser sacados de su situación de agonía para defender nuestra soberanía alimentaría. Dos de los sectores estratégicos a potenciar desde la intervención estatal han de ser las infraestructuras sociales, guarderías infantiles y centros de atención a la dependencia, y la economía verde. Se ha de garantizar desde los poderes públicos las necesidades de financiación de las PYMES, especialmente de la economía social, e incrementar la cobertura social de las familias bajo el umbral de la pobreza. Ello requeriría recuperar la banca pública local, cuyo papel desde que se privatizó y traspasó el Banco de Crédito Local al BBVA han suplido en parte las Cajas de Ahorros hasta ahora que también se nos han hurtado con la reciente reforma del sistema financiero, y la puesta en funcionamiento de forma progresiva de una Renta Básica de Ciudadanía.

La financiación debe venir de la participación de las Administraciones locales en los ingresos por el establecimiento del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en la zona euro, que a un tipo impositivo del 0,1% supondría más de 400.000 millones de euros/ año, un tercio del actual presupuesto anual de la UE. Teniendo en cuenta que lo pagarían sólo los especuladores, que desestabilizan la economía y no aportan nada a la sociedad perjudicando al sector productivo, y que actualmente no pagan ni siquiera el IVA, esta medida es de justicia y un imperativo ético y moral.

Los Presupuestos han de ser participativos con perspectiva de género, teniendo en cuenta los porcentaje de personas por edad, jubilados/as y viudas/os existentes, para los que un transporte público de calidad, eficiente y barato es esencial. La política de movilidad se basará esencialmente en el transporte público. Las inversiones se realizarán de acuerdo a las necesidades reales de los barrios, lo que permitirá reducir el endeudamiento porque los volúmenes de inversión bajarán al reducir, sino eliminar, las obras faraónicas basadas en el cemento y ladrillo. Además, el beneficio social y la productividad social se incrementará al vincularse con las demandas reales de la población y el aumento de su calidad de vida.

Los Ayuntamientos al servicio de las necesidades de su ciudadanía serán municipios participativos, promotores de empleo de calidad, incluyentes socialmente, integradores y forjadores de solidaridad cooperativa entre público y privado con capital social e institucional en pos del interés general.

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