Campaña ITFya.org: Carta abierta de la ciudadanía frente al desgobierno económico

20 mayo 2011 | Categorías: Justícia Fiscal y Financiera Global | 1.202 lecturas |

8.000.000.000.000 de euros es el importe mínimo que calcula el Banco Mundial depositado en las cuentas de los paraísos fiscales. Opacos a la fiscalidad de los estados. Pero también a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos que se nutren generalmente de la capacidad impositiva de los primeros.

Esa riqueza es reflejo de una perversa redistribución de la renta a escala planetaria además de, en muchos casos, una acumulación de actividades delictivas.

Por otro lado, la crisis financiera en la que nos encontramos responde a una aceleración de la especulación e ingenierías financieras, para conseguir enormes beneficios desvinculados de la economía productiva, no pagar impuestos y difuminar responsabilidades, mientras se ha incrementado en todos los países la desigualdad económica.

Como respuesta a los efectos de la crisis económica y el incremento de las deudas públicas, motivadas en gran parte por el rescate de las deudas privadas de instituciones financieras y grandes empresas, incluyendo las procedentes de las entidades públicas locales, los rectores económicos, en lugar de atacar las causas de la crisis y exigir responsabilidades, han decidido una rebaja sustancial de la capacidad pública de prestaciones sociales y un cambio de prioridades en sus actuaciones, afectando entre otros negativamente a los recursos dedicados a la ayuda internacional o a las inversiones contra el cambio climático.

Pero ya sea en bonanza o en la situación actual, la opacidad y la exclusión fiscal de los paraísos y la especulación estéril, que abarca toda clase de bienes y necesidades, deben ser eliminados o corregidos en la medida que exista voluntad y la determinación de los poderes públicos, arropados por la ciudadanía, para esos propósitos.

La elección de nuevas corporaciones y gobiernos autonómicos, que forman parte de la estructura de poder público, debiera ser un hito para forjar ciertas decisiones y compromisos en común contra los paraísos fiscales y la reducción de la especulación. No vale el sacar los balones fuera, cambiando las definiciones como hace la OCDE sin modificar lo sustantivo en el caso de los paraísos fiscales; pseudo argumentando que las decisiones se deben de tomar en una escala superior y con eso, obviar su implantación. Si bien, sería más eficiente una cobertura universal, se debe empezar desde lo más próximo y desde allí ir aspirando a su implantación en una escala superior. Las corporaciones locales y las comunidades autónomas están trabadas institucionalmente, por lo que el Estado central y los partidos que las rijan pueden, si quieren, auspiciar normas de fiscalización coherentes, exigiendo transparencia, con una actuación comprometida con esas tareas. De hecho hay ya mociones municipales que reclaman una actuación decidida del Gobierno contra los paraísos fiscales y por la implantación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF).

El impuesto que se propone, ITF, con un tipo reducido, gravaría fiscalmente las operaciones financieras de carácter especulativo y reiterativo, afectando de forma marginal al ciudadano común, con el objetivo de frenar la especulación a gran escala sobre las divisas y otros activos de la economía, protagonizada por enormes fondos que se mueven libremente por todo el planeta, amparados en un sistema financiero totalmente desregulado y carente de control al que hay que ponerles freno y regular, y que, irremisiblemente, provocan grandes burbujas que acaban explotando y arrastrando a las sociedades a crisis sucesivas de la economía real.

Supondría una fuente de ingresos diferente a los actuales impuestos, ligados al trabajo y al consumo y ayudaría a mantener los objetivos comprometidos del estado social, fondos para implementar los Objetivos de Desarrollo del Milenio o los necesarios contra la lucha contra el cambio climático.

Los problemas técnicos de su implantación son relevantes, pero ya están hechos los estudios técnicos que avalan su factibilidad.

Por lo tanto, nuevamente, el peso de la prueba pasa por la voluntad política, más allá de declaraciones en un Foro y olvido en otros más ejecutivos para lograr la desaparición de los paraísos fiscales y la implantación del ITF.

La ciudadanía quiere un cambio de rumbo. No quiere ser la pagana de las decisiones gubernamentales que por omisión u acción agravan la desigualdad, favorecen la especulación y consienten el enriquecimiento ilegítimo, no basado en el esfuerzo, cuando no en actos delictivos.

La ciudadanía se está organizando ya para demandar esos cambios. Ya existe una Campaña ITF YA ; PARAISOS FISCALES NO ,que reclama un cambio de rumbo. Ahora son las corporaciones y comunidades autónomas y los partidos los que tienen que posicionarse y desvelar sus compromisos en este importante asunto.

Santiago González González (USO)

Ricardo García Zaldivar (ATTAC)

Victoria Montero (CCOO)

Pablo García Osés (Plataforma 2015 y +)

Antonio López (UGT)

Y más organizaciones (http://itfya.argonauta.org:8080/web/guest/organizaciones)

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