Un referéndum imprescindible para impedir una estafa

28 agosto 2011 | Categorías: Estatal | 1.065 lecturas |

Iñigo Sáenz de UgarteGuerra eterna

Durante años, el PSOE y el PP han dejado en el cajón de los asuntos pendientes una reforma parcial de la Constitución con la que hacer algunos cambios no fundamentales. El más citado: el privilegio de los varones en la sucesión de la Corona española, un asunto que no quita el sueño a nadie, aunque en el terreno de los principios es manifiestamente ilegal. Siempre se ha dicho que no era una buena idea abrir el capítulo que obligaría a iniciar un debate de final incierto. Otros (y cuando digo otros me refiero sobre todo a otros dirigentes del PSOE y el PP) querrían aprovechar el momento para alterar elementos básicos de la Constitución, quizá relacionados con las autonomías, sobre los que no existe un consenso claro.

Hay otra explicación. Una reforma con asuntos de calado político obligaría a celebrar un referéndum y disolver las cámaras. Los partidos no quieren que estas cosas determinen el calendario electoral cuando están en el poder.

Se hizo una vez, con aprobación por el Congreso y Senado sin necesidad de referéndum, en un caso no trascendental: el derecho de los ciudadanos de la UE a votar en las elecciones locales. Menor, porque no preocupaba demasiado a los ciudadanos ni había generado ninguna polémica. Un simple quid pro quo que se podía solventar con una votación parlamentaria. Fuese y no hubo nada. Fin de la historia.

Un Gobierno agonizante y un presidente-zombi pretenden emplear el mismo método para un asunto político de la máxima trascendencia. Fijar un techo constitucional al déficit público, es decir, al gasto público. Los detalles se desconocen, y en este caso el diablo y todo el maldito infierno están en los detalles. Lo que sí sabemos es que se trata de una imposición de Alemania, en cuya Constitución desde 2009 el artículo 109 establece que a partir de 2016 el déficit estructural del Estado no podrá superar el 0,35% del PIB. Los länder, estados federados, tienen hasta 2020 para dejar el déficit en cero.

Después de pasarse toda la crisis rechazando las reformas del Gobierno para sanear la economía española (a las que podemos definir como liberales sin tono peyorativo ni poner el maligno prefijo ‘neo’), el PP no ha tenido inconveniente ahora en ofrecer de inmediato su apoyo. Y no se puede dudar de ello porque a fin de cuentas Rajoy ya hizo esa propuesta hace tiempo.

Otra cosa es que la idea tuviera trampa. Alguien que esté a favor del equilibrio presupuestario en la situación actual, estaría por la misma razón a favor de que las autonomías reduzcan su déficit al mismo ritmo que lo hace el Estado central. Como hemos visto en el caso de la devolución de lo que las autonomías deben al Estado porque se les adelantaron más ingresos de los que les correspondían (los fondos públicos no llueven del cielo), el PP no siempre está a favor de la austeridad presupuestaria. Quiero decir que no está a favor cuando es él el que tiene que aplicarla desde los gobiernos autonómicos. Es lo que tiene construir tantos aeropuertos y organizar carreras de Fórmula 1. Te dejan la caja a cero.

Decía un ministro irlandés de Hacienda en la época en que alimentaban la burbuja a todo tren que su función era gastarse el dinero cuando lo tenía –en épocas de prosperidad– y hacer lo contrario si llegaban las vacas flacas. En realidad, es al revés. Cuando la economía de un país disfruta de altos niveles de crecimiento, resulta razonable que el Gobierno controle el gasto porque el sector privado ya está en condiciones de tirar por sí solo de la economía y de forma más efectiva. Y en tiempos de recesión grave, cuando el consumo privado se hunde y con él la inversión privada (nadie produce algo que no se pueda vender, nadie contrata a trabajadores para que hagan cosas que no tienen salida en el mercado), el Gobierno puede aumentar el gasto en la medida de sus posibilidades para compensar esa pérdida. E incurrir en un déficit que por otro lado es imposible de evitar si se derrumban los ingresos fiscales.

Se llama política económica. Al final de su desgraciado segundo mandato, Zapatero ha decidido que España debe renunciar a ese derecho y elegir el desarme unilateral con una medida que será casi irreversible en el futuro, a menos que los gobiernos españoles (central y autonómicos) reincidan en la misma irresponsabilidad presupuestaria a la que por otro lado son tan aficionados.

Y tiene la intención de llevarlo a cabo en un par de plenos parlamentarios en un final de legislatura que todos daban ya por amortizado. No ha tenido valor para aprobar una reforma laboral que, aunque fuera contraria al programa electoral de su partido, era sólo eso, una reforma que, en condiciones económicas diferentes, futuros gobiernos podrían corregir sin problemas.

(Horas después, hemos sabido que a falta de reformas estructurales el Gobierno sí va a aprobar la suspensión de la prohibición de unir contratos temporales. Ya se sabe que en España la chapuza siempre es una opción.)

Felipe González ha hablado en muchas ocasiones de la pérdida de la autonomía de la política en relación a la economía (es una pesadilla que persigue a todos los políticos) ante los aplausos de los dirigentes del PSOE. Hace sólo unos días, Rubalcaba decía que la prohibición de las ventas a corto en los mercados financieros era un buen ejemplo de las medidas que se debían tomar desde la política. Vaya camelo. Esa prohibición es una decisión desesperada que no se puede convertir en permanente. No impide, como se ha visto, que las bolsas sigan zarandeadas por temporales y puede ser hasta contraproducente si los mercados la analizan como un intento de ocultar agujeros inconfesables.

Ese mismo Gobierno que apoya una iniciativa tan endeble, aunque da para titulares potentes, decide ahora que la soberanía económica española es algo que se puede ventilar en dos tardes, como si fueran unas clases de economía mal dadas a un presidente bisoño.

Con ese paso, se van al abismo las posibilidades electorales del PSOE, finiquitadas con sorprendente rapidez por un Rubalcaba que ha tardado horas en decir que Zapatero le ha convencido… para hundirse con él. Lo malo de los políticos cuando se pegan un tiro en la sien es que su nota de suicidio es tan larga como una campaña electoral.

Hasta medios tan revolucionarios como The Economist y Financial Times, bien que con la boca pequeña, han reconocido en alguna ocasión que es difícil que medidas estructurales de austeridad puedan ser viables a largo plazo sin tener el apoyo de la opinión pública. Al menos, en una democracia. Aprobar esta reforma constitucional a espaldas de los votantes, por un Parlamento legítimo pero que ya está haciendo las maletas, es una estafa a los ciudadanos.

Estos no pueden olvidar que durante años los políticos les han dicho que la Constitución es un instrumento clave pero frágil, algo que hay que proteger y que sólo se puede tocar con el máximo consenso.

Negar de repente esa premisa con tal alevosía, casi a traición, es un desatino. Ningún consenso sobre un tema de la máxima gravedad se puede construir en dos semanas y estar en la práctica fundamentado en la ciega disciplina de voto impuesta en los grupos parlamentarios.

Esta reforma no se puede aprobar sin el apoyo de los ciudadanos en un referéndum. No se debe continuar cometiendo los mismos errores tan habituales en eso que llaman la construcción europea. En cierto modo, González tenía razón. Los ciudadanos no pueden subcontratar la política a unos políticos desprestigiados que se limitan a recibir órdenes de Berlín.

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