Sin referéndum, no les votes

1 septiembre 2011 | Categorías: Estatal | 956 lecturas |

José Antonio Pérez – ATTAC Madrid.

Durante los siete años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, las dos grandes formaciones del bipartidismo español no han sabido, o no han querido, alcanzar ningún gran acuerdo en materia política, social o económica. Es inexplicable, por tanto, que sea a última hora, con un Gobierno agotado por la crisis que ha convocado elecciones generales el 20-N, cuando los máximos líderes del PSOE y del PP anuncien un pacto para reformar la Constitución española. Y no precisamente para mejorar algún aspecto esencial de la misma, sino para incluir la prohibición del déficit del Estado. Lo cual no es una prioridad política del pueblo español en el que reside la soberanía.

En realidad, el PP y el PSOE sí fueron protagonistas principales de un único pacto: el que permite a los parlamentarios disfrutar la pensión máxima de la Seguridad Social aunque no cumplan los mínimos de cotización. Un privilegio que asquea cuando han sido sus señorías las que, por acción o abstención, han endurecido los requisitos exigidos al resto de ciudadanos para acceder a una pensión del sistema público.

Ahora, por vía de urgencia y con un argumento de tan dudoso encaje constitucional como es la limitación del gasto público, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han pactado que dicha reforma sea aprobada por vía de urgencia —sin referéndum— para que esté lista antes de que las Cortes se disuelvan el 27 de septiembre. Una vez más, se invoca la necesidad de “calmar a los mercados”.

Limitar el gasto, sea de agua, energía o monetario, es, en principio, una actitud virtuosa. Y los partidarios de introducir una reforma en serio del actual modelo económico hace tiempo que hablan de decrecimiento. Pero consagrar en la Constitución el déficit cero es un auténtico despropósito, pues la Carta Magna está para otras cosas. Entre ellas, contener los derechos y obligaciones fundamentales de los ciudadanos de un país y definir los poderes e instituciones de la organización política. La organización de las cuentas públicas es algo que corresponde a los Gobiernos elegidos por la voluntad popular, que por cierto se refleja de manera imperfecta con el actual sistema electoral español.

La reforma, sobre la que PSOE y PP trabajan contra reloj, implica que todas las Administraciones” —central, autonómica y local— tendrían prohibido por la Constitución gastar más de lo que ingresan. Es decir, el déficit cero.

Eso supone un límite estricto y sin precedentes al gasto público en España. Anula o limita la capacidad de actuación de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas a las diferentes fases del ciclo económico. Y según se han apresurado a señalar voces críticas, conlleva también un grave riesgo para el mantenimiento de las prestaciones e instituciones básicas del Estado de Bienestar. Ya que supone la constitucionalización de una de las señas de identidad de las políticas conservadoras y neoliberales.

Prohibir el déficit por norma es cuando menos discutible, según la mayoría de economistas que se han pronunciado a raíz de esta decisión precipitada.“La regla clásica del déficit cero provocó la Gran Depresión”, según José Carlos Díez, economista jefe de la sociedad de valores Intermoney. Díez, que no es precisamente un rojeras, recuerda a Keynes: “Viajó por Estados Unidos, vio la Gran Depresión… ¡Y se cargó el paradigma del déficit cero!, Keynes desafió la tradición económica: en ciertas situaciones, en vez de ahorrar, el Estado debe incrementar los gastos para impulsar el empleo y los ingresos de las administraciones.”

Pero lo más sorprendente de todo es el pacto alcanzado finalmente entre el PSOE y el PP. Un acuerdo para modificar la Constitución con el fin de incluir en ella un principio genérico de estabilidad presupuestaria, que impide al Estado y las comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural superior a los márgenes establecidos por la Unión Europea. Sin embargo, el acuerdo no fija cifras sobre los límites del déficit en el texto constitucional. Las cifras concretas se recogerán en una ley orgánica, que ambos partidos se han comprometido a aprobar antes del 30 de junio de 2012. Dicha ley fijará un déficit estructural máximo del 0,4% para el conjunto de las Administraciones públicas… ¡¡¡a partir del año 2020!!!

Aquí hay algo que no cuadra. Por un lado, PSOE y PP defienden la vía de urgencia de esta reforma con no por aburrida menos peligrosa monserga de “enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados”. Por otro, fijan la entrada en vigor de la medida en el lejano horizonte de 2020. ¿Acaso los mercados no se pronuncian todos los días (por fortuna, todavía sólo los laborables) en las Bolsas de valores? Ese horizonte de 2020 no influirá para nada en las decisiones de unos especuladores habituados a operar en el corto plazo.

¿Qué es entonces lo que se está ocultando a la opinión pública? ¿Cuál es la razón no confesada para que una norma que no entrará en vigor hasta 2020 no pueda ser sometida a un amplio debate entre la ciudadanía? Debate que debería culminar en un referéndum, dado que la propuesta del déficit cero por mandato constitucional no figuraba en el programa con que, tanto PP como PSOE, se presentaron a las anteriores elecciones.

Enmanuel Kant se mostró tajante al sentar (La paz perpetua), el siguiente principio: Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres, cuyos principios no soportan ser publicados. La razón de esa injusticia, según Kant, es que un principio que no soporte poder ser manifestado en alta voz sin que se arruine al mismo tiempo su propósito, sólo puede prosperar si permanece secreto, ya que no puede ser confesado públicamente sin provocar indefectiblemente la oposición de todos.

Modificar la Constitución española en base a una exigencia de índole puramente mercantil es un asunto de la más absoluta gravedad. Actuando así, el mensaje real que nuestras instituciones envían al mundo económico es que la voluntad de los ciudadanos les importa un comino. Y que, por tanto, a partir de ahora las leyes se dictarán bajo el mandato de los mercados, y no de la voluntad popular.

La diferencia sustancial entre las normas de iure adaptadas al derecho y las que dictan de facto los poderes económicos ocultos tras el eufemístico velo del “mercado” consiste en que estas últimas se sustraen por completo a la observación pública. Según la doctrina neoliberal, las decisiones económicas no son tomadas por los representantes legítimos de la voluntad ciudadana en un parlamento cuyas sesiones son públicas, sino en el profundo secreto que protege de cualquier observación las decisiones adoptadas por los directivos de las corporaciones mercantiles. Entidades que, para que no quede ninguna duda sobre su verdadera “naturaleza”, se hallan constituidas bajo la forma de sociedades anónimas.

El propio Adam Smith —que no era economista sino profesor de moral— sostiene (Riqueza de las Naciones) que debieran prohibirse las sociedades anónimas y los grupos patronales, pues “es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios”.

Con todos sus defectos y carencias, la Constitución de 1978 es la que ha aceptado la ciudadanía española. De ella emanan las formas del consentimiento político que otorgamos a los representantes de la voluntad popular. Si, como en este caso manifiesto, dichos representantes estafan esa voluntad, las ciudadanas y ciudadanos debemos castigarlos en las urnas con la mayor dureza.

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