Comunicado de ATTAC España sobre la nacionalización de YPF

27 abril 2012 | Categorías: ATTAC, Comunicats, Portada | 1.059 lecturas |

La denuncia del acuerdo que se pretendía firmar en el marco de la OMC hace doce años, conocido como AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones), está en el origen de ATTAC. Entonces se consiguió impedir que los intereses privados mercantiles de las grandes corporaciones globales se impusieran a la decisión soberana de los Estados. Es en este contexto en el que ATTAC España  sitúa hoy la expropiación parcial de la empresa petrolera YPF por el Gobierno argentino.

Se trata de un conflicto entre el interés general de un pueblo y el interés particular de una empresa. La representación democrática de la utilidad pública por el Gobierno argentino frente a la representación corporativa de la utilidad privada por el Consejo de Administración de YPF.

La legalidad de una expropiación es la que da seguridad jurídica a los inversores si se cumple la utilidad pública y se paga la correspondiente indemnización. Y, en caso de no haber acuerdo entre las partes sobre el precio, esta legalidad se garantiza con la posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia competentes. La apelación al “clima de negocios” no puede ser un chantaje, basado en consideraciones fundamentalmente financieras de lucro privado, a las políticas que defiendan el bien común.

El propio proceso de privatización de YPF por el gobierno de Carlos Menem es denunciable desde la perspectiva de Attac ya que según está probado se produjo a un precio muy por debajo de su valor, después de socializar la deuda de la empresa petrolera y de despedir a más de treinta mil de sus trabajadores.

No es aceptable la atribución que se hace Repsol del descubrimiento del riquísimo yacimiento de Vaca Muerta en Loma de la Lata, Neuquén, pues no se corresponde con la realidad ya que ese yacimiento se sitúa en un área en la que existen otros yacimientos de gas y petróleo descubiertos desde hace décadas sólo que no se conocían sus características ni cuantía porque aunque se trata de hidrocarburos convencionales están depositados en reservorios no convencionales y a 3.500 metros de profundidad, para los que no había tecnología disponible y que además presentan elevados riesgos medioambientales, Según expertos altamente cualificados la extracción de gas no convencional debería abandonarse, tanto por la violenta forma extractiva en el método aplicado, como por el inmenso perjuicio medioambiental que nunca se podrá subsanar, incluyendo la contaminación e intoxicación de las aguas de la zona.

 

La consideración de los costes sociales y medioambientales de las industrias extractivas de recursos energéticos estratégicos no renovables no sólo debe constar en la valoración de la empresa, sino que debe ser el mascarón de proa de las actuaciones  de YPF en el futuro. La ciudadanía argentina tiene toda nuestra solidaridad en su lucha por conseguir que la gestión de la empresa sea transparente y eficaz, evitando clientelismos, corrupción y evasión de capitales.

 

ATTAC España rechaza la intervención de nuestro Gobierno en defensa exclusiva de una empresa privada transnacional cuya actuación está definida en función de los intereses financieros de sus accionistas globales. La anterior privatización total de YPF en 1992, la posterior incorporación de un socio argentino en 2005 con una financiación pactada y su actual expropiación parcial, son capítulos de una negociación entre partes.

La nueva geopolítica mundial, con la presencia de las  económicas emergentes (China, India, Brasil, etc), no debe estar en manos de las grandes corporaciones globales. Somos los ciudadanos del mundo quienes tenemos que establecer las nuevas reglas de juego. Y para ello, debemos empezar por exigir a todos nuestros gobiernos que nos representen y defiendan a las nuevas generaciones. Aplicar esto en relación a los recursos no renovables pasa por tratarlos como bienes públicos y no como mercancías sometidas a la especulación financiera.

ATTAC pide por tanto a la ciudadanía española que rechace y denuncie el corporativismo neoliberal que los gobiernos asumen como principal cometido de su política la preservación de los beneficios de las grandes corporaciones, cuyos intereses quieren representar. Y que se desmarque de un discurso populista demagógico que, como en este caso, nos intenta presentar a Repsol como una empresa “española” y no como lo que es, una gran corporación multinacional. Sin olvidar que es una empresa que opera abiertamente en paraísos fiscales y cuyos beneficios escapan en gran medida a las Haciendas estatales. Si el gobierno español quisiese realmente que Repsol fuese una empresa española tendría que proceder forzosamente a renacionalizarla, lo que, por pertenecer a uno de nuestros sectores estratégicos, contaría con el apoyo de Attac y de una gran parte de la sociedad española.

27 de abril de 2012

 

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