Garantizar el derecho a la existencia material de la población

26 mayo 2012 | Categorías: Opinió | 742 lecturas |

Daniel Raventós – Consejo Científico de ATTAC España

Se han superado en la última EPA los 5’6 millones de personas oficialmente en paro. Cuando alguien se atrevía a conjeturar hace tan solo dos o tres años que se llegaría a los 5 millones, era inmediatamente calificado de alarmista o de cualquier otra cosa muy poco amable. Actualmente sabemos que el paro seguirá creciendo al menos a lo largo de los dos próximos años, en el mejor de los escenarios. La población laboral más joven todavía, si cabe, tiene unas perspectivas peores. Si ya ahora se supera el porcentaje del 50% del paro entre la población laboral menor de 25 años, tal como está actuando el gobierno del Reino de España, se rebasará esta marca bien pronto. Las consecuencias sociales, económicas y psicológicas que esto comportará (que ya está comportando) entre la población, son de una magnitud vituperable.

Llegados aquí, todavía hay quien pueda pensar que esta situación es inevitable porque inevitables son también las condiciones económicas que la motivan. Tengo la impresión de que, afortunadamente, esta visión tan timorata está cada vez menos extendida. Son cada vez más las muestras de descontento, activo en algunos casos, pasivo de momento en gran parte de la población, ante un entorno que hubiese parecido pura ficción hace tan solo 3 ó 4 años.

La crisis económica que estalló en el 2008 y las posteriores y aceleradas consecuencias de la misma, no son fruto de ninguna fatalidad natural, ni producto de azar alguno. La explicación debe buscarse en la política económica seguida antes de la crisis y después de haberse manifestado la misma. La política económica, tal como indica el orden de las palabras, es primero política y después económica. No hay nada más falso que las cantinelas más repetidas por casi todos los gobernantes europeos y, entre ellos, por el actual gobierno del Reino de España: “son las medidas que el país necesita”, “son necesarios estos sacrificios para salir adelante”, “la situación económica impone estas desagradables medidas”, etc., etc. Ni una medida de política económica mínimamente importante es neutral en un sentido preciso: que perjudica o beneficia a toda la población. Toda medida de política económica perjudica a unos sectores sociales y beneficia a otros. Ejemplos, meros ejemplos: bajar los impuestos a los más ricos, congelar o bajar las pensiones, facilitar y abaratar los despidos laborales, bajar el sueldo de los trabajadores del sector público, destinar menos recursos a la educación pública, introducir el copago sanitario… ¿Es difícil descubrir quién gana y quién pierde en cada uno de estos casos? Cosa bien distinta es la (supuesta) justificación que se da en cada caso por parte de los responsables gubernamentales. Primero se decide a qué sectores sociales va a favorecerse y después se instrumentan los medios económicos que harán posible lo primero. Puede decirse de distintas maneras, pero el gran economista estadounidense J. K. Galbraith lo expresó con muy pocas y precisas palabras: “la economía no existe al margen de la política”. Y las medidas de política económica que se están ejecutando en el Reino de España desde mayo de 2010, con el gobierno del PSOE entonces y con el del PP después, no son otras que las que la patronal española y la derecha a su servicio de forma más o menos abiertamente declarada venían demandando desde hace muchos años. Pueden resumirse en muy pocas palabras: acabar con los derechos conquistados por parte de las clases trabajadoras a lo largo del siglo XX. Estamos ante una situación social en la que una ultraminoría y los políticos a su servicio están acabando con la democracia. Lo expresó el juez estadounidense de la Corte Suprema L.D. Brandeis expresis verbis : “Podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas”. Efectivamente: no podemos tener ambas.

Por ello no resulta extraño que haya cada vez más interés entre algunos movimientos sociales y una parte de la ciudadanía por la propuesta de la renta básica (RB), es decir, un pago monetario incondicional a todo ciudadano o residente acreditado. Con la RB de ciudadanía está ocurriendo algo que, como he comentado en otras ocasiones, se podría titular así: “de los movimientos a los parlamentos y viaje de vuelta”. Lo que empezó siendo planteado fuera de los parlamentos, pareció tener posteriormente el interés de algunos parlamentarios. Ahora, en plena crisis económica, y aunque haya diputados que todavía ven en la RB una buena propuesta social a tener en cuenta, son algunos movimientos sociales, significativamente el 15-M, y formaciones políticas no del todo convencionales, como por ejemplo Bildu, los que están prestándole mayor atención. Una parte de la población comienza a defender que la primera ley social, con o sin crisis económica, con o sin déficit, debe ser el derecho a la existencia material.

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica.
Artículo publicado en elmercuriodigital.es
Fuente: Diario de Mallorca

 

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