Porque la sanidad no se vende, se defiende, hoy #QuerellaBoi

20 noviembre 2012 | Categorías: Sanitat, Serveis Públics | 993 lecturas |

Ángels Martínez Castells – Consejo Científico de ATTAC España

19 nov

Esta mañana, seis asociaciones ciudadanas han presentado una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Conseller de Sanitat y otros altos cargos.

El día 19 de noviembre de 2012, La PARS, La Lliga de la Síndrome de Fatiga Crònica, Attac Acordem, Attac Catalunya, CATAC-CTS-IAC y DEMPEUS per la Salut Pública han presentado una querella criminal contra Boi Ruiz y su equipo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Consideran que Boi Ruiz y su equipo podrían haber cometido los delitos tipificados en los artículos del Código Penal referidos impedimento del ejercicio de derechos cívicos (art. 542), a la omisión del deber de socorro (art. 196), al tráfico de influencias (art. 428) y las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (art. 441). Esta querella es un segundo paso en lucha para denunciar la opaca gestión de la sanidad pública y el atentado contra los derechos de la ciudadanía. En marzo de 2012 ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya. El fiscal reconoció el daño causado a los ciudadanos por las decisiones del Departamento de Salud, sin embargo decidió no investigar estos hechos. Por ello, las entidades querellantes han decidido continuar investigando y presentar nuestra denuncia ante el TSJC. El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es notorio en Catalunya. Los ciudadanos y ciudadanas que firman esta querella son conscientes de que el sistema sanitario puede verse afectado por la crisis económica que la sociedad está sufriendo. Pero las consecuencias de las decisiones de los altos cargos que denuncian provocan un deterioro en el derecho de protección a la salud que tiene un límite y es el que fija la legislación vigente. Hay datos objetivos que indican que el Departament de Salut ha incumplido y sigue incumpliendo la legislación que regula, por ejemplo, las listas de espera, uno de los indicadores clave a la hora de evaluar el derecho de acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios, ya que el ordenamiento jurídico otorga el carácter de derecho de las personas a ser operadas en un tiempo máximo de 6 meses. Este derecho, en concreto, ha sido vulnerado sistemáticamente como consecuencia de las decisiones de los altos cargos de la Generalitat de Catalunya, con plena conciencia de que sus medidas conducirían a su vulneración, como exige el Código Penal para calificar estas conductas de delictivas.

Los problemas económicos de nuestra sociedad no pueden servir de justificación para impedir que los ciudadanos ejerzan los derechos regulados por Ley

La legislación permite reducir presupuestos, reorganizar sistemas o potenciar ciertos sectores económicos en función de la línea ideológica de cada gobierno, pero en ningún caso las medidas que se apliquen pueden llevar al impedimento del ejercicio de derechos, como es el derecho a la protección de la salud que la Constitución instaura en el artículo 43 y desarrolla en otras leyes, incluido el Estatut d’Autonomía de Catalunya. Los límites los pone la ley y el consejero y su equipo les habrían sobrepasado con conocimiento de causa. Sin embargo hay indicios de que el Departamento de Salud estaría manipulando, y en algunos casos ocultando, datos oficiales para minimizar el impacto en la opinión pública de los datos reales y, lo que sería más relevante judicialmente, quizás para disimular conductas delictivas como las que denunciamos en nuestra querella. La respuesta de la ciudadanía apelando a los tribunales es obligatoria cuando desde los poderes públicos encargados de garantizar los derechos se toman medidas que llevan a que la ciudadanía no pueda ejercerlos, cuando hay indicios de que no están cumpliendo la ley al elaborar la información pública sobre listas de espera, cuando hay ciudadanos que mueren por no poder ser atendidos en centros sanitarios que han cerrado, cuando hay sospechas de que se utilizan estrategias estadísticas para esconder datos oficiales a la ciudadanía, cuando los altos cargos de la sanidad pública tienen simultáneamente altos cargos en el sector sanitario privado, cuando podrían estar utilizando la legislación de manera interesada para favorecer el sector privado, cuando hay informaciones que dicen que el propio conseller preside una empresa de servicios sanitarios privados, o cuando ha salido a la luz que la mujer del consejero ha sido recientemente contratada en una corporación sanitaria pública para realizar tareas de gestión, la Corporación Parc Taulí de Sabadell, mientras se está reduciendo el personal sanitario.

La corrupción no acabará hasta que no acabemos con la impunidad.
Las organizaciones querellantes apelan al resto de la ciudadanía para que colabore a eliminar el sentimiento de impunidad que está instalado en los despachos de los altos cargos de la Generalitat, a los que ni siquiera se les pasa por la cabeza que sus actos puedan tener consecuencias penales. Por ello invitan a cooperar de diferentes formas, principalmente aportando información. Están trabajando en un canal de comunicación seguro y que garantice la confidencialidad de cualquier persona que participe.

En la querella, que consta de 80 páginas que componen el cuerpo y de más de 400 páginas de anexos, manifiestan que, sin entrar en el debate sobre sanidad pública versus sanidad privada, es inadmisible que los ajustes presupuestarios o los cambios de modelo se hagan a costa de imposibilitar el ejercicio de derechos garantizados por ley para después, supuestamente, volver a recuperarlos. El conseller no tomó las medidas suficientes y necesarias que tenía a su alcance para corregir la situación caótica que había provocado, sea por ignorancia, incompetencia o interés. Las organizaciones que presentan la querella piensan que es por el tercero motivo. El conseller y su equipo, a pesar de saber que incumplirían la Ley, siguieron tomando decisiones que justificarían aún más la imposición de las penas relativas a los delitos que denunciamos.

El derecho a la salud es uno de los pilares básicos del Estado Social, y el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, la base del Estado democrático de derecho.
Esta es la # SorpresaSanitat que os anunciamos ayer en Twitter.

 http://puntsdevista.wordpress.com/

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