¡Viva la Juana! Constitucionalismo para ideólogos reaccionarios

12 diciembre 2012 | Categorías: Estatal, Opinió | 795 lecturas |

Juan Carlos Monedero – Consejo Científico de ATTAC España

Como en una suerte de ley histórica, es fácil ver cómo los que se oponen a cualquier avance social, se recuestan una generación después en aquello que combatieron. No por arrepentimiento, sino con la intención de  frenar en el presente nuevos avances. Esto es válido para una ley laboral y también para la incorporación de algún sector a la ciudadanía; vale para la extensión del voto y vale igualmente para la definición como público de un bien. Y, por supuesto, es especialmente adecuado para la aprobación de una Constitución. El poder constituido siempre se ve amenazado por el poder constituyente. Al igual que Frankenstein mata al doctor que lo construyó enfadado por ponerle fecha de caducidad (por hacerlo mortal), lo constituido aborrece de lo constituyente porque puede mandarlo siempre al basurero de la historia. Lo que implica que cada vez que surgen fuerzas sociales que avanzan desarrollando la democracia –desplegando el espíritu, que diría Hegel– hay otros que, recurrentemente, se sitúan enfrente frenándola o, al menos, intentándolo. No hay revolución sin contrarrevolución, de la misma manera que no hay avance constitucional sin estatuas que se aferren al viejo pedestal con maneras de granito y mármol.

El signo progresista o reaccionario de los tiempos tendrá que ver con la correlación de fuerzas. El “no se puede”, “vas a empeorarlo” y “vas a frenar otros avances”, argumento tradicional de “la retórica de la reacción” (analizada en el trabajo ya clásico de Albert Hirschmann), nos lo encontramos ahora repetido, con la vulgaridad propia de la época, en un “no se puede”, “no hay consenso social” o “a nadie le interesa”. Si alguien añora sabores locales, añadamos que estará aderezado puntualmente con la salsa nacional del “perjudica la salida de la crisis” o “esos que buscan cambiar la Constitución en verdad son antiespañoles”. Le corresponderá a la correlación de fuerzas decantar qué apoyos recibe la “revolución” (entendiéndola como una gradación, desde el cambio mínimo a la transformación profunda de las estructuras) o la contrarrevolución. En el siglo XIX, la reacción tenía cañones. Hoy tiene medios de comunicación. Fue Luis Napoleón Bonaparte quien enseñó al conservadurismo europeo que no hacía falta oponerse al sufragio universal toda vez que era posible convencer a los pobres de que votaran a los que se quedaban con la riqueza que ellos producían.

La historia está llena de víctimas que ensalzaron a los verdugos. El hacha de los recortes está afilada en la España de Rajoy con los votos de los que ven mermadas sus pensiones, su acceso a la educación o la sanidad, su posibilidad de encontrar un trabajo o sus esperanzas de recibir cualquier ayuda pública. Y también por el contundente apoyo de esa mayoría silenciosa que le ayuda al segundo plato de Aznar, el inefable registrador de la propiedad Mariano Rajoy, a fumarse todos los días y con paz de obispo un puro con vitola visigoda.

Durante tres décadas nos dijeron que la Constitución no se podía tocar. El demiurgo del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, fue insistente en la necesidad de “no abrir el melón constitucional”. Ha repetido esa cantinela cada vez que surgía alguna demanda social en esa dirección. Cuando el PP y el PSOE cambiaron el artículo 135 con nocturnidad, alevosía y agosticidad (Enrique Santiago dixit) con el fin de otorgar primacía al pago de la deuda por encima del gasto social (ese que viene definido en el artículo 1 de la Constitución), el actual  presidente del Consejo de Estado y otrora vicepresidente del Tribunal Constitucional, afirmaría que quien manda no es el soberano, sino las circunstancias, de manera que no resultaba conveniente “correr el riesgo” de hacer pregunta alguna.¿El riesgo de qué? Pues de convocar al pueblo para opinar sobre esa primacía dada a deudas que buenamente podrían entender, al menos en parte, como ilegítimas. Si ésta es la opinión de la socialdemocracia ¿qué puede esperarse de los que siempre se encontraron a gusto en el franquismo?

Nunca una celebración de la Constitución ha sido desde su aprobación en 1978 más patética que la de este 2012. No solamente por la deriva identitaria de Cataluña, comprensible solamente por la irresponsabilidad histórica de las derechas ibéricas –incluida la catalana– y por el duelo entre dos inútiles, Rajoy y Mas, que prefieren desviar la atención a las cuestiones del hígado nacionalista antes que enfrentar su insano desatino en el tratamiento de la economía. Nunca desde su aprobación en 1978,  la Constitución ha estado más desvirtuada. Los magros canapés de la celebración no alimentan el hambre acumulada.

Constitución desvirtuada porque sin división de poderes no hay democracia. La justicia en España ya no está garantizada. Pese a que, según el artículo 24, se garantizará la tutela efectiva de los jueces, las altas tasas judiciales aprobadas recientemente por el PP, la inmunidad de ricos y políticos que logran que sus delitos prescriban, la incapacidad de los jueces para perseguir de oficio los delitos de cuello blanco o las tropelías de los gobiernos, la lentitud de la justicia, la politización de los órganos de gobierno judicial y, por supuesto, el origen franquista de buena parte de los jueces (que llega hasta jueces para la democracia), hacen del artículo 24 papel mojado. Si los jueces no sirven para frenar el desorden de los poderosos ¿quién persigue el incumplimiento de las leyes? Podríamos decir: el 15M , la calle, rodear el Congreso. A todas luces, movilizaciones esenciales pero todavía insuficientes. Expresan el descontento pero no identifican todavía un nuevo instrumento político. La desvirtuación de la justicia dinamita el artículo 14 y la supuesta igualdad de los españoles. Y si no somos iguales, el pacto social de convivencia queda roto.

Se ha vaciado la Constitución, igualmente, al vaciarse la tarea redistribuidora de la seguridad social. se ha vaciado al no garantizarse el derecho al trabajo ni a una vivienda digna, ni a la educación, ni a un sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada cual, ni al derecho a remuneración en caso de desempleo, ni al derecho de reunión, ni de manifestación. Se dinamita la Constitución cuando el Rey deja de representarnos marchándose a cazar elefantes en mitad de una crisis que condena a uno de cada dos jóvenes al paro, de la misma manera que Ana Botella, alcaldesa de Madrid, incumple la Constitución al marcharse a un hotel de lujo mientras sus conciudadanas y conciudadanos están de luto porque han muerto cuatro jóvenes en una macrofiesta de dudosa legalidad. Una estaba aún luchando, al final sin éxito, por su vida. Ambos, el Rey y la alcaldesa de Madrid, incumplen con la dignidad que se exige  a sus cargos. Si pueden inventarse cargos contra jóvenes vallecanos, bien podrían los jueces perseguir delitos reales de quienes abusan de sus cargos.

Pero la Constitución no se dinamita solamente en el pasado y en el presente. Pretende dinamitarse sobre todo en el futuro. Fue este verano, en una conferencia en la FAES, cuando y donde  el ministro Wert afirmó: “La comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático”. Y se puso manos a la obra, a regresar la educación española a los tiempos del franquismo y de las sotanas negras, brutales y lascivamente cariñosas, para que la ciudadanía interiorice los principios de la monarquía nacional-católica y aprenda que hay un orden divino detrás de sus miserias. Para que no haya más mareas. Para que el sentido común sea el sinsentido común que estamos viviendo.

Este 6 de diciembre, dicen (¡Viva la Juana!), que hubo gente celebrando el aniversario de la Constitución española de 1978. La del reinado de Juan Carlos I. Y el pueblo sin enterarse.

Juan Carlos Monedero es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid y director del Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales.

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