Bancos y grandes constructoras cambian el ladrillo por el agua

22 enero 2013 | Categorías: Entitats financeres, Serveis Públics | 1.381 lecturas |

Toni Martínez – lamarea.com

Cada vez más ayuntamientos optan por privatizar el suministro de agua con la excusa de hacer frente a sus deudas. Dos compañías se reparten cerca del 80% de este nuevo negocio: FCC y Agbar.

 

Según la ONU, hay 1.100 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso al agua potable. Por este motivo, en 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció este acceso como un derecho humano básico, un derecho que en España empieza a ser un negocio que está pasando a manos privadas.

Hasta hace pocos años, la gestión del agua, es decir, quienes se encargaban de hacer que este recurso natural de primera importancia llegara a los ciudadanos, eran los ayuntamientos. A través de entidades locales se aseguraba el suministro a los vecinos. Pero el descenso de los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen por todo el Estado los procesos de privatización de este suministro. El procedimiento es sencillo: el agua sigue siendo pública, pero la gestión se adjudica a un agente privado que consigue la concesión del ciclo urbano del agua a cambio de una cantidad de dinero. Es lo que se conoce como “canon concesional”. Estos cánones son utilizados por los ayuntamientos para aliviar su desastrosa situación financiera.

Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, ya ha bautizado este fenómeno como “burbuja hídrica”. A su juicio, “se acabó el ladrillo y ahora hace falta dinero, los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos, y la solución que proponen es vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el servicio del agua”.

La forma de privatizar es a través de un partenariado Público Privado (PPP) mediante el cual se otorga una concesión durante 40 o 50 años a una empresa privada. Así, las compañías se hacen con un mercado sin competencia local, un auténtico monopolio, y con un usuario seguro y permanente, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 95% y el 97%.

Al calor del negocio del agua han acudido tanto empresas francesas del sector como el lobby de las grandes constructoras. Solo la catalana Agbar (filial de la francesa Suez), con 13 millones de usuarios, y FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), un grupo de construcción y servicios, con sus más de 9 millones de abonados, controlan cerca del 80% del mercado privatizado. Todo un oligopolio al que se ha sumado Acciona, que acaba de obtener la licencia de Aigües del Ter-Llobregat, suministradora del agua a Barcelona y a Cáceres.

Pero para entrar en el negocio del agua hace falta capital, y ahí es donde entra en juego la banca. Las grandes empresas que optan a los concursos de privatización suelen tener detrás una entidad bancaria que les va a financiar, aprovechando el dinero que el Banco Central Europeo les ha prestado al 1% de interés, una medida excepcional para inyectar liquidez en el sector financiero. Hay que recordar que, por imposición europea, los ayuntamientos no pueden tener una línea directa de financiación, un dinero que sí pueden recibir a través de los PPP, en los que el socio privado hace de banquero.

Para el economista y miembro de Nueva Cultura del Agua Pedro Arrojo, “privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente tendrás que alquilar los servicios privados y deberás pagar lo que ellos han invertido, más lo que te quieran cobrar de intereses”.

Un futuro oscuro

Según un estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, la entrada de la empresa privada en el sector “no ha supuesto la esperada mejora en la eficiencia”. Los responsables del estudio se preguntan si “hay otras razones que estén impulsando el proceso privatizador experimentado por el sector”, en este caso en Andalucía.

Los expertos señalan siempre los motivos económicos. De hecho, Babiano solo encuentra inconvenientes, ya que “el modelo de gestión pública-privada es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa; oscuro porque no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión y supone una pérdida del control por parte de las administraciones”. A su juicio, de continuar con esta deriva privatizadora, “dentro de 20 años tendremos los ratios de aumento tarifario más caros de Europa, habrá una degradación de las infraestructuras y unas condiciones medioambientales lamentables”.

El experto va más allá, y profetiza que el resultado de esta burbuja hídrica supondrá “una ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano del agua, lo que conducirá a una insostenibilidad y quizás a su posterior rescate público pagado por todos”. ¿Les suena de algo?.

«Privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana», según el economista Pedro Arrojo

 

 

 

Privatizaciones

 

Madrid
Si en Barcelona toda la gestión del agua está en manos de empresas privadas,  en Madrid, gracias a la presión popular , se ha conseguido paralizar el proyecto privatizador, al menos por ahora. El pasado 30 de mayo, el gobierno de la Comunidad de Madrid anunció su decisión de renunciar a privatizar el Canal de Isabel II, debido a que la situación económica actual imposibilitaba la venta de la entidad.

La externalización del servicio, según la expresidenta Esperanza Aguirre, se retrasaría hasta que los mercados mejorasen, dándose un plazo de tres años hasta el final de la legislatura. Sin embargo, se anunció la creación de una sociedad anónima 100% pública, denominada Canal de Isabel II Gestión S.A., que administrará el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid los próximos 50 años. Los defensores de la titularidad pública del Canal ven en esta maniobra “un retroceso respecto al modelo de gestión actual y un paso más en el proceso de privatización”.

Desde la Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II, Pilar Esquinas explica que el Gobierno regional “pretende convertir en un negocio el servicio del ciclo integral del agua, que ha venido siendo servido con eficiencia desde hace más de 150 años”. En este sentido, asegura que “de consumarse este hecho, se robaría a los ciudadanos el inmenso patrimonio acumulado por el Canal en infraestructuras, suelo e inmuebles, así como sus activos”.

Barcelona

La capital de Cataluña y su área metropolitana tienen privatizada la gestión integral del agua, tanto en alta (conducciones principales –embalses, pozos…–) como en baja

(suministro a los usuarios). La explotación de la red pública se lleva a cabo por empresas privadas desde hace 70 años, cuando fue inutilizada a causa de una epidemia de tifus. Actualmente, la encargada del suministro es Aguas de Barcelona (Agbar), en manos de la compañía francesa Suez desde 2009 y con apoyo de La Caixa.

Agbar prevé facturar 10.000 millones de euros en los 35 años que le quedan de concesión.

La privatización de la gestión en alta se llevó a cabo el mes pasado a través de la sociedad Aigües del Ter Llobregat. La ganadora fue Acciona, que obtuvo una concesión por 50 años.

La constructora se hizo con un negocio de casi 8.000 millones de euros gracias a la ayuda del banco brasileño BTG. En el contrato se tienen en cuenta las licitaciones de obras, que también irán a parar a la empresa que preside José Manuel Entrecanales.

Valencia

Más allá de los casos de corrupción asociados a la depuradorade EMARSA y su desvío de dinero público, en Valencia también se libra una batalla por el control del agua que implica directamente a Agbar. La gestión depende de la empresa PPP Aguas de Valencia, participada en su gran mayoría por el Banco de Valencia (ahora CaixaBank) y Fomento Urbano de Castellón (casi al 50%), y donde Suez tiene un 33% de participaciones.

El negocio en Valencia supone unos 2.500 millones de euros por la gestión del servicio de suministro de agua en alta de Valencia y su área metropolitana durante 50 años. La adjudicataria parecía dejar fuera del pastel a Aguas de Barcelona, pero tras la adquisición del Banco de Valencia por La Caixa, todo indica que Suez y su filial harán valer su mayoría para desbancar a Eugenio Calabuig (de Fomento Urbano de Castellón) al frente de la entidad. Esta posición choca con los deseos de la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, que exigió que la gestión de la empresa siguiera teniendo titularidad valenciana.

 Huelva y Sevilla

En Andalucía, hay dos casos prototípicos de las privatizaciones en los últimos años. Por un lado, Huelva ha creado un grupo de empresas privadas para gestionar el agua bajo la denominación de Aquagest Andalucía.

Este grupo que, como es habitual, está liderado por entidades bancarias –en este caso, Unicaja y Caja Granada– y por la empresa Agbar, tiene la posibilidad de subir las tasas anualmente un 1% por encima del IPC, pero solo previa aprobación del pleno municipal y tras justificar los costes.

Aunque aparentemente esos beneficios directos no son muy elevados, hay que recordar que las empresas que forman parte de entidades complejas se pueden comprar a sí mismas la tecnología, los suministros y las obras necesarias para asegurar la administración del servicio.

De hecho, esas compañías no están sometidas a las mismas exigencias de publicidad y concurrencia que las entidades públicas, por lo que no tienen la obligación de contratar a terceros mediante concurso público.

Aquagest ya está presente en casi todas las provincias andaluzas. Concretamente, en las localidades de Granada, Marbella, San Fernando, Roquetas de Mar, Lucena, Marchena y Torremolinos.

Pero la batalla también ha llegado a esta comunidad autónoma.  Aguas de Valencia se ha hecho con el contrato de gestión de 19 estaciones depuradoras y de 120 estaciones de

bombeo distribuidas en 22 municipios de Huelva, y amenaza la supremacía de Aquagest Andalucía. Además, hay que contar con la expansión de FCC bajo su firma Aqualia, que ya controla los municipios de Jaén, Almería, Baena, Barbate y Lepe.

En el lado opuesto se encuentra Jerez de la Frontera. Su ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, no logra privatizar la sociedad pública, cuyo presupuesto de licitación es de 80 millones de euros. La Junta del Gobierno local ha declarado desierto el concurso, por lo que se deberá cambiar el pliego de condiciones. En esta localidad gaditana parece no haber negocio, al menos no en las condiciones en las que se presenta el contrato.

http://redaguapublica.files.wordpress.com/2013/01/1301_privatizaciones-www-lamarea-com.pdf

(Vía Attac Madrid) (http://www.attacmadrid.org/?p=8416)

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