No debemos resignarnos, sino indignarnos, tomar la calle y las sedes de los defraudadores

8 febrero 2013 | Categorías: Entitats financeres, Opinió | 897 lecturas |

Antonio Aramayona – ATTAC CHEG Aragón

Desde hace unas semanas un grupo de zaragozanas y zaragozanos ocupan semanalmente alguna entidad financiera de la ciudad. Algunos bancos se muestran bastante tolerantes, considerando que las personas manifestantes dentro del banco lo hacen en silencio, mostrando solo unos carteles (“Auditoría a los responsables de la crisis”, “Deuda de bancos no es deuda del pueblo”, “La deuda pública ilegítima es inaceptable”, “Banca pública”, etc.). Otros bancos, en cambio, llaman a la policía para echar a los manifestantes de la entidad financiera.

Algunos directivos intentan convencer a los ocupantes de que su banco es inocente de cuanto denuncian los carteles o de la falsedad o inexactitud de lo denunciado. Algunos de ellos incluso manifiestan una cierta ignorancia respecto de los datos desencadenantes de la crisis económica, seguramente debido a que están tan acostumbrados a que su nariz linde materialmente con el árbol de su sucursal bancaria que les resulta difícil divisar la panorámica global de la crisis económica. No es raro encontrar también empleados bancarios y policías muy interesados en comunicar discretamente a los ocupantes su acuerdo con la denuncia y su desacuerdo con la política económica perpetrada por los distintos Gobiernos nacionales, autonómicos y locales.

Jean Ziegler, Vicepresidente de Derechos Humanos de la ONU y autor, entre otros, del recomendable libro Destrucción Masiva. Geopolítica del hambre (Península), tras analizar la situación económica dominante en el mundo, recomienda “ocupar masivamente los bancos, nacionalizarlos y confiscar las arrogantes riquezas robadas por los especuladores financieros”. ¿Por qué especialmente las entidades financieras?

Vivimos, según Ziegler, en un “orden mundial criminal y caníbal”, donde los especuladores financieros deciden de forma legal (las leyes y las principales instituciones están al servicio de los señores del dinero) quién va a morir de hambre y quién no. De hecho, la crisis tiene unos culpables y responsables que hay que denunciar, auditar y juzgar ante un Tribunal similar al de Nüremberg. No es de recibo, por ejemplo, que contando con los recursos agroalimentarios suficientes para alimentar al doble de la población mundial actual, casi una quinta parte de los seres humanos sufra y muera de hambre e infra alimentación.

Ciñéndonos a nuestro país, es inaceptable que sean las grandes empresas (banca incluida) y los grandes patrimonios los que más defraudan al Estado, al pueblo español. Así, por ejemplo, según datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda, en 2010 defraudaron 42.711 millones de euros (un 71,8% del fraude fiscal total). Si el aparato gubernamental del PP tuviera voluntad y autonomía políticas reales combatiría este fraude fiscal de las grandes empresas, en lugar de liarse a recortar servicios sociales básicos de la ciudadanía. ¿Tiene sentido ocupar entidades bancarias para denunciar estos hechos?

Resulta asimismo inasumible que la deuda española (4,3 billones de euros, un 402% del PIB) solo sea pública en un 19,1%, mientras que el 74,5% de la deuda española corresponda a empresas privadas y entidades bancarias. Como en su totalidad se asume como deuda pública o soberana, tal deuda debe ser declarada ilegítima y odiosa, y el pueblo español debería negarse a pagarla. ¿Tiene sentido ocupar entidades bancarias para denunciar esta estafa al pueblo español?

No debemos resignarnos, sino indignarnos, tomar la calle y las sedes de los defraudadores, crear una red de acción ciudadana directa no violenta, una red de desobediencia civil, a fin de exigir la creación de un orden mundial más justo. En el “orden” mundial y el “orden” español, impuestos en contra del bienestar del pueblo, reina una violencia estructural que, según Ziegler, debe combatirse con “una contraviolencia basada en la resistencia pacífica”. Frente a las políticas de austeridad y los recortes del estado de bienestar, hay que exigir sin tregua a nuestra maltrecha y corrompida clase política una fiscalidad sustancialmente más dura dirigida a las rentas más altas y las grandes empresas, una banca pública sólida, una bolsa social sobre la base de los millones de viviendas vacías, una auditoría rigurosa y fiable que siente en el banquillo a los responsables de la crisis, una auditoría de la deuda para determinar qué parte es ilegítima e inaceptable (con la consiguiente objeción fiscal al pago de la deuda ilegítima en la Declaración del IRPF), así como una consulta a la ciudadanía sobre las medidas tomadas por el Gobierno y las medidas efectivas y reales a tomar para salir de la crisis.

Según ATTAC y el Sindicato de Técnicos de Hacienda, si España quisiera equipararse a la Europa más igualitaria y social, podría obtener 63.809 millones de euros de recaudación adicional, por ejemplo, aplicando un 35% en el Impuesto de Sociedades (recaudando así 13.943 millones de euros más), reduciendo al menos en diez puntos la economía sumergida (38.577 millones), prohibiendo las operaciones en corto contra la Deuda Pública (1.400 millones), implantando un impuesto a las Transacciones Financieras (5.000 millones), etc. ¿Tiene sentido ocupar entidades bancarias para denunciar estos hechos?

Artículo publicado en El Periódico de Aragón
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