Indolencia y obediencias debidas

21 marzo 2013 | Categorías: Estatal, Opinió | 739 lecturas |

Antonio Aramayona – ATTAC CHEG Aragón

Por encima de la ley están los derechos humanos y la conciencia personal como instancia ética suprema

Hace pocos años, indagando la legislación municipal de Zaragoza sobre cementerios con el objetivo de reivindicar el carácter civil de los cementerios municipales y la existencia de recintos laicos para la celebración de funerales, leí con asombro, al final de la Normativa Municipal del Reglamento del Cementerio principal, hasta entonces vigente: “Este reglamento fue aprobado en sesión del 30 de marzo de 1938. II Año Triunfal”. En otras palabras, aquel reglamento, presente hasta entonces en el sitio web oficial del Ayuntamiento de Zaragoza, o era del agrado de los munícipes zaragozanos que lo hubieran leído o nadie se había molestado en leerlo.

En otro (¿el mismo?) orden de cosas, 400.000 personas y familias han ido quedando desahuciadas desde 2007, a un ritmo de 517 desahucios hipotecarios al día en el primer trimestre de 2012. La legislación hipotecaria española, que se remonta originariamente, con algunas modificaciones, a 1909 y 1946, les ha parecido de perlas (a los hechos contantes y sonantes me remito) a los sucesivos gobiernos y mandatos del PP y del PSOE, pues ninguno de ellos ha tenido nunca a bien cambiar o revisar siquiera tal legislación. Mientras socialistas y populares discutían hasta hace unos días sobre galgos y podencos en su nonato pacto contra desahucios, personas de carne y hueso y familias enteras se quedaban en la calle, y las entidades financieras, impertérritas en su voracidad carroñera, mostraban cada año públicamente una parte de sus copiosos beneficios amasados durante el ejercicio anterior. O nuestros gobernantes no habían leído la legislación hipotecaria vigente (cosa harto probable) o les importaba un carajo (cosa aún más probable) o se limitaban a secundar las directrices y acatar los chantajes de los amos del dinero y también de sus deudas crediticias (cosa, está sí, segura).

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminaba el pasado jueves que la normativa española sobre préstamos hipotecarios y desahucios es incompatible con la directiva europea de protección de los consumidores, aprobada en 1993 (o sea, no precisamente anteayer), por lo que los jueces podrán suspender cautelarmente los procedimientos de ejecución e impedir los desalojos que incluyan cláusulas abusivas en un contrato hipotecario. ¿Alguien se ha declarado o se declarará en España responsable de los centenares de miles de tragedias de personas y familias abandonadas a su suerte, sin vivienda y al pairo exclusivamente de las maniobras de las entidades financieras?

Como si nada fuese con los actuales gobernantes, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, enrocado hasta el último minuto en su decisión de quedar a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y no tocar la actual legislación hipotecaria española, pues de hacerlo, encarecería, según él, los créditos en España, se ha limitado a decir que “estamos estudiando la sentencia”, “intentaremos adecuar la legislación a lo que desde Bruselas se nos pide” y “tomaremos una decisión a la mayor celeridad posible”, mientras que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciaba que “serán corregidos” todos los “aspectos” de la legislación hipotecaria española “contrarios a la legislación europea”.

La realidad humana y ciudadana queda así invertida y pervertida, a la vez que los derechos fundamentales quedan ignorados y silenciados. Lo que parece importar a los políticos es la legislación, y muy poco, en cambio, los derechos sobre los que debe sustentarse toda legislación. Lo definitivo para ellos son las normativas y las leyes, y el poder económico-político se cuidará muy mucho de que alguna legislación vaya en contra de sus intereses y de su acopio de beneficios. Por lo mismo, parece carecer de importancia para ellos que millones de ciudadanas y ciudadanas estén privados, de hecho, por tal legislación de derechos fundamentales, tales como el derecho al trabajo o a una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, por encima de la ley están los derechos humanos y la conciencia personal de cada ser humano como instancia ética suprema.

LA POLICÍA PIDE el carné en la calle y amaga con fuertes sanciones y multas a personas que manifiestan pública y pacíficamente sus denuncias y sus reivindicaciones de derechos y libertades fundamentales. Son policías cuyos hijos acuden diariamente a escuelas cada vez más recortadas, tienen menos acceso a becas y ayudas, visitan hospitales y centros de salud cada vez con menos recursos. Son policías sin paga extra, con reducción de salarios, y que intervienen directamente en el drama de los desahucios, de los EREs, de la desesperación ciudadana. Cumplen órdenes por obediencia debida. Triste y esquizoide. Legal, pero a menudo también inhumano. La realidad humana y ciudadana queda así pervertida, invertida. Obedecen a sus amos directos (jefes, delegados gubernamentales, ministros), son servidores mudos, sordos y ciegos de los intereses de los amos del mundo con su dinero, sus delitos fiscales, sus trapicheos, sus pelotazos y sus disfraces de mercaderes tramposos. Y el infierno está lleno de cumplimientos de órdenes.

Profesor de Filosofía

Artículo publicado en EL Periódico de Aragón
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