Sobre la privatización del agua en Cuenca

10 abril 2013 | Categorías: Serveis Públics | 859 lecturas |

ATTAC Castilla-La Mancha / Comisión Servicios Públicos ATTAC-España

En los últimos años la excusa de la crisis, provocada por el propio sistema financiero y su lógica neoliberal, está permitiendo que los propios responsables de dicha crisis estén expoliando a los ciudadanos de unos derechos tan básicos como son los servicios públicos. Y, con ser los más graves, no son sólo sanidad, educación y servicios sociales los únicos bienes públicos, de todos, de la ciudadanía, los que están sufriendo una voladura controlada por parte del capital. Otro de los más relevantes, aunque tenga menor repercusión mediática, es la privatización del agua. Un bien público y colectivo de primera necesidad que está sufriendo el mismo saqueo que el resto.

Los beneficiarios son los de siempre, entidades financieras y grandes constructoras, esos parásitos de las arcas públicas que arruinaron el país con obras tan faraónicas como inútiles durante el boom de la construcción. Los responsable también los de siempre, tanto el PP como el PSOE (o CiU en Cataluña), cuyas posiciones a favor o en contra de las privatizaciones dependen sólo de que estén en el gobierno o en la oposición.

Las nefastas consecuencias para las arcas públicas a medio y largo plazo, para el bolsillo de los vecinos y para la calidad del servicio y del agua en sí misma no es un augurio aventurado. En España son numerosos los informes técnicos independientes que advierten de las consecuencias sobre los precios y la calidad del servicio en los lugares que ya han externalizado la gestión del agua. Sin embargo el gran negocio que supone para los gigantes de la construcción en plena crisis del ladrillo hace que el avance de la privatización parezca imparable.

Una de las últimas ciudades que ha dado el paso de privatizar la gestión del ciclo integral del agua ha sido Cuenca. Después de oponerse frontalmente al intento privatizador del anterior alcalde del PP, de encabezar una “plataforma ciudadana” contra dicha privatización en 2009 y de comprometerse públicamente en marzo del año pasado a no privatizar el servicio municipal de aguas en caso de obtener la alcaldía, el ahora alcalde, esta vez del PSOE, retoma aquella fórmula para “sanear las arcas municipales”.

Ni es la primera ni será la última vez que el PSOE opta por la privatización de los servicios públicos para “garantizar su sostenibilidad” o que se opta por este paso intermedio antes de su cesión completa a una multinacional del sector mediante una concesión administrativa o la venta de acciones de la recién creada Sociedad Anónima de titularidad municipal. Sin embargo, la peculiaridad de esta actuación del consistorio conquense es el hecho de que para acallar la contestación ciudadana surgida en contra haya recurrido al aval mediático de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

El consistorio socialista insiste en que la cesión a una “empresa pública” no es una privatización porque la titularidad sigue siendo pública, como si las ya más de dos décadas de privatización de los servicios públicos en España, de la mano tanto del PP como del PSOE, permitiesen seguir engañándonos con simples juegos de palabras. Como si las burda falacia del PP de que la “colaboración público-privada“ no son privatizaciones de nuestra sanidad pública porque la titularidad detrás de esas concesiones administrativas así como su financiación sigan siendo públicas.

Desde luego la ocurrencia no es del alcalde, es una perversa estrategia ideada por el FMI, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial en los años ochenta, y plasmada en el Tratado de Maastricht. El burdo truco, como explica literalmente el Tratado de Maastricht de 1992, es el siguiente: “No se considerará endeudamiento público el contraído por empresas públicas acogidas a gestión privada, aunque toda su financiación fuese con dinero público, o por servicios contraídos por el sistema público con empresas privadas”. A partir de ahí basta con marcar a fuego en los tratados anteriores un techo de déficit y de endeudamiento público para que en la práctica suponga para las administraciones públicas la obligación de privatizar todos sus servicios públicos y que las empresas privadas puedan hacer negocio y enriquecerse con ellos.

Y en esa estrategia la figura de las “empresas públicas acogidas a gestión privada” juegan un único papel, hacer de escalón intermedio, de colchón que amortigüe el rechazo social que supone la privatización directa de los servicios públicos. Una presión social que, por su experiencia en Latinoamérica, las grandes corporaciones multinacionales saben que es capaz de frenar enormes negocios a costa del agua y otros bienes y servicios de dominio público, pero que se ve frenada en gran medida cuando en la gestión “pública” se han introducido previamente todos los males de la gestión privada. Éste es el objetivo de la otra gran diferencia entre una gestión completamente pública y la de una “empresa pública acogida a gestión privada”, la sustitución del derecho administrativo por el derecho laboral, mucho más laxo en sus requisitos de transparencia y control. Se abre así el camino a las contrataciones a dedo de amigos, parientes y ex-cargos del partido, a las asignaciones arbitrarias de sueldos, las tomas de decisiones opacas sin control institucional, las contratas y subcontratas sin los correspondientes requisitos de la contratación pública, la evasión de recursos a manos privadas, el deterioro y precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, el empeoramiento del servicio, y todo de escándalos e irregularidades. No es por casualidad que los tan numerosos casos de corrupción que salpican por toda la geografía nacional al PP, al PSOE e incluso a la Casa Real, estén relacionados con Fundaciones Públicas y con Empresas Públicas acogidas a gestión privada. Quien verdaderamente está detrás de este tipo de maniobras sabe muy bien lo fácil que resulta una vez conseguido el desprestigio social y el balance económico negativo vender a la opinión pública su privatización completa. Ya sea mediante la licitación directa o con el paso intermedio de la empresa pública, lo que hasta el momento era un quebradero de cabeza para el Consistorio por la dificultad de mantener un servicio óptimo sin una constante subida de tasas pasa a ser de pronto un jugoso y atractivo negocio con beneficios millonarios.

Porque curiosamente en la gestión privada de los servicios públicos no se cumple el axioma básico de los que creen en las bondades del sistema de libre mercado por el que la propia competencia, a modo de selección natural de tipo darwinista, se encarga de quebrar las empresas con peor gestión y hacer prosperar las más eficientes. Aquí no hay competencia posible. Los vecinos no pueden elegir el agua que sale por el grifo de su hogar. Pero tampoco existe el riesgo de que una mala gestión lleve al cierre de la actividad. Dada la condición de servicio básico de primera necesidad al Ayuntamiento no le queda otra opción en caso de mala gestión que negociar a la baja el canon percibido o subir el precio privado -que ya no tasas- del agua, cuando no una indemnización por lucro cesante. ¿Es necesario recordar de nuevo el ejemplo de las autopistas? Una vez más el truco de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Por supuesto impensable recuperar llegados a este punto el control público de la gestión, dado que las abusivas indemnizaciones pactadas en caso de cancelación de la concesión lo hacen inviables.

La peculiaridad del caso de Cuenca es haber querido ocultar esta estrategia privatizadora mediante el aval de AEOPAS con unos objetivos en su creación centrados en la lucha contra esta oleada privatizadora. La Plataforma por los Servicios Públicos de Cuenca se ha opuesto frontalmente al cambio de gestión llevado a cabo por el ayuntamiento.

ATTAC España y ATTAC-CLM en modo alguno respaldan el apoyo de AEOPAS al Ayuntamiento de Cuenca en la decisión de cambiar la forma de gestión del agua en Cuenca y coincide plenamente en las críticas y la oposición llevadas a cabo por la Plataforma en Defensa de lo Público de Cuenca, de la que ATTAC también forma parte activa.

 

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