El dramático deterioro de la España y de la Europa social

5 abril 2014 | Categorías: Unió Europea | 649 lecturas |

Vicenç Navarro . Consejo Científico de ATTAC España

En unas semanas habrá elecciones al Parlamento Europeo. Es necesario, por lo tanto, analizar la situación económica, fiscal y social de España dentro de la Unión Europea desde que se inició la crisis en el año 2008. Es ahora, pues, cuando debe analizarse el resultado de las políticas públicas que han sido realizadas por los gobiernos miembros de la UE y de la eurozona, como España, bajo la presión de la Troika (el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo).

Veamos primero los indicadores económicos. Y el dato más llamativo es el descenso de la riqueza de la gran mayoría de países de la UE-15, y muy en particular de los países periféricos de la eurozona, conocidos como PIGS, que incluyen a España. España experimentó un descenso de nada menos que de alrededor del 7% del PIB durante el periodo 2008-2013. Es decir, en 2013 España era un 7% más pobre de lo que era en 2008. Este descenso ocurrió a pesar de que las exportaciones continuaron creciendo (sobre todo en el sector de las manufacturas modernas y de la industria de servicios, donde los salarios son, en general, más altos que en el sector de actividad económica doméstica). En realidad los salarios en España descendieron notablemente, y con ello la demanda doméstica y las importaciones. Este descenso de la demanda de importaciones es precisamente una de las principales causas de que el saldo negativo de la balanza de pagos por cuenta corriente (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios) se redujera notablemente, pasando de una situación de déficit (algo más de un -4% del PIB) en 2010 a una de superávit (casi del 2%) en 2013. Es importante subrayar que España fue uno de los países de la eurozona en los que la devaluación doméstica fue más acentuada, lográndose a costa de la reducción de los salarios. Por otra parte, y en contra de lo que se dice en los mayores medios de información económica, la reducción de los salarios tuvo poco impacto en el aumento de las exportaciones. En realidad, el precio de los productos exportados no varió significativamente. Dicha bajada parece que solo repercutió en un aumento de los beneficios empresariales, pero no en un cambio significativo de las exportaciones.

Este hecho debe subrayarse, porque toda la justificación que se ha dado para bajar los salarios en España era para aumentar la competitividad y así aumentar las exportaciones, que serían las que sacarían a España de la crisis. Pues bien, España continúa sumida en la crisis y aunque las exportaciones han subido, el descenso del saldo negativo de la balanza de pagos por cuenta corriente ha sido predominantemente consecuencia del descenso tan marcado de las importaciones y del consumo interno. La medida de bajar salarios ha sido, pues, un fracaso y, en realidad, una excusa para aumentar los beneficios empresariales, lo cual era el objetivo –nunca hecho explícito– de dicha política. Como bien señala el informe Benchmarking Working Europe 2014 (de donde saco la mayoría de datos de este artículo), “la bajada de salarios parece haber llevado solamente a mayores beneficios empresariales” (p. 17). En realidad, un tanto parecido ocurrió y continúa ocurriendo en Alemania, donde los precios de los productos exportados no han cambiado un ápice durante todos estos años. El precio no ha sido la variable determinante del tamaño de las exportaciones. No tiene, pues, sentido que continúe enfatizándose que se bajen los salarios para que bajen los precios y nos hagamos más competitivos, cuando el precio no es el factor determinante de las exportaciones. Pero además de errónea, la aplicación de estas políticas de austeridad y bajada de salarios es sumamente dañina, pues reduce la capacidad de demanda de la ciudadanía, produciendo un descenso muy marcado de la actividad económica, nada menos que de alrededor de un 7% del PIB. De ahí que a estas políticas se las ha ya definido como un “austericidio”.

El déficit y la deuda públicos: el segundo engaño

El descenso de los salarios y de la población ocupada ha creado un problema que las familias han intentado resolver endeudándose. Y ahí es donde interviene la banca, que se beneficia de la necesidad que tiene la población de endeudarse. Y la facilidad de acceso al crédito en España, consecuencia del euro y de la inversión masiva del capital financiero europeo, y muy en especial del alemán, en este país, significó el enorme crecimiento del endeudamiento (y por lo tanto, del sector financiero).

Esta situación llevó al enorme endeudamiento privado, que determinó el gran crecimiento de la deuda pública. La segunda va muy condicionada por el primero. El lector se preguntará ¿por qué? Y la respuesta es fácil.

Para responder a esta situación hay que entender cómo se inició la crisis financiera, lo que ocurrió cuando uno de los mayores bancos del mundo colapsó. Este banco, el Lehman Brothers, estaba interconectado con muchísimos bancos, y muy en particular con bancos alemanes. A estos les entró el pánico, pues se dieron cuenta de que estaban contaminados con productos tóxicos financieros (es decir, productos que no se podrían recuperar nunca y que, por lo tanto, se convirtieron en enormes pérdidas). Esto explica que a la banca alemana, que estaba metida hasta los tuétanos en España (146.000 millones en inversión), le entrara pánico, dejara de dar crédito a España y exigiera que se le devolviera el dinero inmediatamente.

La respuesta de los Estados a esta situación fue que estos –incluyendo el español– dejaron y/o dieron millones y millones de euros a la banca, lo que significó que dinero público vino al rescate de los bancos españoles (y extranjeros). Esto significó que el propio Estado se tuvo que endeudar para ayudar a la banca. Otra causa fue que algunos Estados tuvieron que aumentar sus gastos (como el de desempleo) y aumentar sus inversiones públicas para estimular la economía. Una tercera causa fue que los ingresos del Estado descendieron como consecuencia del descenso de la actividad económica.

Pero la causa principal del crecimiento de la deuda, que raramente se cita, fueron los elevados intereses que los Estados tuvieron que pagar a los bancos para que estos les prestaran dinero. Y estos elevados intereses se debían a que los Estados dejaron de tener Bancos Centrales que les prestaran dinero (a intereses bajos, comprando deuda pública), como hacen los Bancos Centrales. El Banco Central Europeo, que es un lobby de la banca, prestaba dinero a intereses muy bajos no al Estado, sino a los bancos, dinero con el que los bancos compraban entonces deuda pública a unos intereses mucho más altos. De ahí que gran parte de las deudas públicas sean propiedad de la banca privada, es decir, de bancos que alcanzan unos niveles de rentabilidad abusiva y obscena, al no tener los Estados mecanismos de defensa frente a su enorme vulnerabilidad a las especulaciones de los mercados financieros. El caso más obvio es Grecia, que estaba pagando unos intereses del 8,74% en los bonos a 10 años en octubre de 2013.

Por las razones citadas, las deudas públicas han ido subiendo y subiendo. Y para reducirlas se exigen recortes. España ha sido uno de los países que ha recortado más, pasando su déficit público de un 11,1% del PIB en 2009 a un 6,62% del PIB en 2013. Una consecuencia de esta elevada deuda y del intento de reducirla son los recortes, incluyendo recortes en gasto e inversión públicos. En España, Irlanda y Grecia la inversión pública fija ha descendido más de un 50%. Es necesario mostrar la hipocresía del pensamiento neoliberal, que utiliza el argumento de que hay que reducir la deuda pública para no cargar y penalizar a nuestros hijos y nietos, que tendrán que pagarla, y a la vez está exigiendo recortes en la inversión, como por ejemplo en educación e infraestructura física, que beneficia sobre todo a las futuras generaciones.

Mírese como se mire, es obvio que las políticas de austeridad y bajada de salarios han sido un enorme fracaso, pues no solo no han facilitado la recuperación, sino que la han empeorado. Los casos de Grecia, España, Portugal e Irlanda son ejemplos claros.

Mercado laboral: un ataque al mundo del trabajo

España es uno de los países que tiene menos gente empleada y, para empeorar la situación todavía más, es uno de los que ha perdido más empleo (junto con Grecia). En total, entre el segundo cuatrimestre de 2008 y el de 2013, hubo un descenso de 11 puntos porcentuales en la tasa de empleo, con un mayor crecimiento de la tasa de desempleo, siendo España el país (junto con Grecia) que ha visto un crecimiento mayor de la tasa de desempleo. Desde el segundo cuatrimestre de 2008 al de 2013, España vio crecer en 16 puntos porcentuales la tasa de desempleo (alcanzando esta más de un 26%).

Pero la cosa es incluso peor de lo que dicen estas cifras, pues no solo el número de gente trabajando ha bajado, sino que el número de horas trabajadas ha bajado (incluso en ocasiones más rápidamente), lo cual quiere decir que el número de horas trabajadas por trabajador ha bajado, lo cual puede ser una medida voluntaria o acertada para retener trabajadores en el puesto de trabajo (como ocurrió durante este periodo 2008-2013 en Alemania, Hungría y Suecia, aunque en Alemania había pasado ya antes, durante el periodo 2004-2008 de las reformas Hertz). Pero en España se debió predominantemente al descenso de contratos fijos y el paso a contratos temporales. En realidad, España es el país donde los trabajos fijos han descendido más rápidamente. Pero otro indicador negativo es el elevado tiempo del desempleo, especialmente entre los jóvenes, a los que les cuesta mucho entrar en el mercado de trabajo y mantenerse en él.

Estos datos muestran también la falsedad de otro dogma neoliberal, que atribuye el elevado desempleo a las supuestas rigideces del mercado laboral, con un porcentaje “excesivo” de contratos fijos. Pues bien, esta categoría ha ido descendiendo muy espectacularmente, y ello no ha servido para que aumente la creación de empleo.

El creciente malestar de la población y el aumento de las desigualdades

En la mayoría de los países PIGS las desigualdades han crecido, siendo España uno de los países en el que las desigualdades han crecido más del 2008 al 2012. Lo que es importante subrayar es que este crecimiento de las desigualdades es resultado, por un lado, del decrecimiento de los salarios y de la población ocupada, y, por el otro, del gran crecimiento de las rentas del capital. El primer factor, el descenso de las rentas del trabajo, es también la causa de que España haya sido uno de los países con mayor endeudamiento de las clases populares. Como he indicado en varias ocasiones, ha sido el crecimiento de estas desigualdades lo que ha causado las crisis económicas (falta de demanda) y financieras (endeudamiento excesivo de la población), una causa que casi nunca aparece en los medios de comunicación. España es también uno de los países con mayor pobreza (casi un 30% de la población) y con mayor crecimiento de la pobreza. España es, al mismo tiempo, uno de los países con menor gasto público social por habitante, por debajo de la UE-27 y muy por debajo de la UE-17. Es también uno de los países en el que más gasto público en protección social se realiza a través de programas en los que se requiere prueba de necesidad (means-tested), a diferencia de los programas universales que se destinan a toda la población. Son, pues, programas más asistenciales que no universales. España es también uno de los países de la UE-27 que tiene un menor impacto redistributivo del Estado, es decir, que la intervención del Estado es menos eficaz en reducir la pobreza, canalizando fondos de las rentas superiores a las inferiores. También tiene uno de los salarios mínimos más bajos en la UE-17.

La agresividad antisindical del Estado y de los medios de información

El gran deterioro del mercado laboral y del bienestar de la población se debe al cambio de correlación de fuerzas en la relación capital-trabajo, a favor del primero a costa del segundo. La sindicalización, una expresión de la fuerza del mundo del trabajo, ha disminuido a lo largo de casi toda la Unión Europea, de manera que ha pasado de abarcar a casi el 50% de la fuerza laboral en 1991, a cubrir solo a un tercio (“Continued de-unionisation?”, p.79). Durante la crisis ha continuado este descenso, aun cuando en algunos países como Francia e Italia, el descenso se ha revertido, alcanzándose en Italia el mayor porcentaje de fuerza laboral sindicalizada desde 1986. En España ha aumentado ligeramente el porcentaje de la población sindicalizada, aunque ello se debe a que el número de personas trabajando ha disminuido más rápidamente que el número de personas sindicalizadas. En realidad, España es uno de los países de la UE-27 que tiene un menor porcentaje de la fuerza laboral sindicalizada (sobre un 15%) comparado con un 69% en la mayoría de países escandinavos. Hay que señalar que el poder de negociación de los sindicatos no viene medido por el porcentaje de la población sindicalizada, pues más importante que este porcentaje es el de la población cubierta por los convenios colectivos. Y en España este porcentaje es elevado. Ahora bien, un factor de debilidad sindical en el sur de Europa es su división según distintas sensibilidades políticas (que se reproduce en el arco parlamentario). Ello explica, en parte, que aun cuando la resistencia de la clase trabajadora frente a las políticas de austeridad y de reducción de la protección social ha sido muy contundente (España es uno de los países que ha tenido mayor número de huelgas, así como un mayor número de trabajadores participantes en ellas), el impacto legislativo ha sido menor, como consecuencia de la debilidad política de los instrumentos políticos próximos a los sindicatos, divididos y en una situación supeditada al enorme dominio del capital (y muy en especial capital financiero) sobre las instituciones representativas y sobre los medios de comunicación, que alcanza cifras extremas en España, Grecia y Portugal. Un indicador, entre muchos otros, de este dominio es que los organismos oficiales han dejado de publicar datos sobre el número de huelgas y el porcentaje de trabajadores que participan en estas huelgas. Otro dato es la narrativa mediática hegemónica, que incluso ha sustituido términos como “clase trabajadora” (término y concepto que casi ha desaparecido en los medios) por el término de “clases medias”, tal como ya ha ocurrido en EEUU (véase mi artículo “La americanización de la Unión Europea”, en Público, 25.02.14).

Es importante señalar, sin embargo, que, a pesar del enorme dominio del capital en las instituciones representativas y mediáticas en estos países, muy acentuada en los países periféricos de la eurozona como Portugal, Grecia y España, que han tenido todos ellos dictaduras fascistas o fascistoides en su pasado, hay en todos estos países grandes movilizaciones, incluidas huelgas generales y/o movimientos masivos populares de protesta, con la activa participación de los sindicatos, que representan un claro rechazo a las políticas de austeridad, con la exigencia de políticas alternativas. Así, ha habido, solo en el periodo de dos años 2010-2012, 36 huelgas generales en once de los diecisiete países más desarrollados económicamente de la Unión Europea, correspondiendo a los países periféricos de la eurozona, incluida España, un porcentaje elevado de ellas.

Las consecuencias del deterioro de la situación social de la UE y de España

El deterioro del mercado de trabajo ha significado un aumento muy notable de la sensación de inseguridad y estrés entre la población trabajadora y entre la población en general, así como un aumento muy marcado del deterioro de las condiciones laborales, con un aumento de la mortalidad y morbilidad (cantidad de personas que son consideradas enfermas en un espacio y tiempo determinado) entre la población trabajadora. Hoy en Europa, una persona muere cada 3,5 minutos debido a accidentes o enfermedades laborales.

Otra consecuencia es la percepción generalizada de las clases populares de que su capacidad de incidencia e influencia sobre las instituciones que afectan más directamente a su vida y bienestar (como los lugares de trabajo y las instituciones representativas) es bajísima. Existe una alienación generalizada (que afecta a personas de todas las sensibilidades políticas) hacia las instituciones de los establishments políticos, mediáticos, financieros y económicos, que consideran poco sensibles a sus preocupaciones y necesidades. Existe un desapego que se está convirtiendo en un rechazo cada vez más activo y movilizador, que augura una etapa de grandes tensiones. Esta situación, generalizada a lo largo de toda la UE, es incluso más acentuada en los citados países periféricos. Este desapego muestra un gradiente, siendo menor (aun siendo mayoritario) en los países donde existen formas de participación de los trabajadores en la gestión de los puestos de trabajo, como lo son los países escandinavos y Alemania, a través de sistemas de cogestión. Pero incluso en estos países ha habido un descenso del porcentaje de trabajadores que están empleados en empresas cogestionadas. En España este sistema es prácticamente desconocido, excepto en el sector de cooperativas, como la corporación Mondragón.

En este artículo he documentado el gran deterioro de la Europa y de la España social que ha ocurrido en los años de crisis del 2008 hasta hoy, como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales impuestas a la población por la gran mayoría de gobiernos de los países miembros de la UE y de la eurozona, con el beneplácito y promoción del Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, asistidos por el Fondo Monetario Internacional. Es lógico, por lo tanto, que la Europa gobernada por tales establishments esté perdiendo el atractivo que tuvo, y que exista una movilización generalizada en contra de esta Europa. El interrogante es si otra Europa es posible, y si ello es alcanzable a través de las instituciones de gobierno hoy existentes. La evidencia hasta ahora parece cuestionar esto último.

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Artículo publicado en Público.es
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