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Una consulta popular, ¿antidemocrática?

7 Octubre, 2014 - Estatal, Opinió

Antonio Aramayona – ATTAC España El mundo parece estar volviéndose del revés. Ahora resulta que si un colectivo desea ser consultado (repárese de nuevo en la palabra: “consultado”) eso es antidemocrático, porque una ley superior no contempla ese caso o lo prohíbe. Según el Diccionario de la RAE, consultar es “pedir parecer, dictamen o consejo”, […]

Antonio Aramayona – ATTAC España
El mundo parece estar volviéndose del revés. Ahora resulta que si un colectivo desea ser consultado (repárese de nuevo en la palabra: “consultado”) eso es antidemocrático, porque una ley superior no contempla ese caso o lo prohíbe. Según el Diccionario de la RAE, consultar es “pedir parecer, dictamen o consejo”, lo cual no parece precisamente muy antidemocrático. En realidad, mucho menos democrático es no permitir consultar por intuir o saber a ciencia cierta el resultado de la consulta. Por si alguien aún no se ha percatado, me estoy refiriendo a Cataluña y a la suspensión por unanimidad del TC de la consulta (más precisamente, autoconsulta) por admitir a trámite y a la velocidad del rayo los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno español.
Toda ley es una convención y no se debería olvidar que también la Constitución de un país tiene un origen y unos contenidos igualmente convencionales, por lo que tan democrático es redactar y refrendar una Constitución como transformarla, cambiarla o derogarla. Ocurre, sin embargo, que principalmente los dos partidos políticos hasta ahora mayoritarios han iniciado una cerrada campaña (rayana en cruzada) basada en la intangibilidad, sacralidad e inmarcesibilidad de la Constitución española de 1978, de tal forma que si en ella no cabe celebrar consultas populares territoriales, comete pecado mortal muy grave quien atente contra nuestra santa madre Constitución.
Estos dos mismos partidos políticos parecen haber olvidado que el 7 de junio de 1992 encabezaron la reforma del artículo 13.2 de la Constitución a fin de que pudieran votar y ser votados los extranjeros residentes en las elecciones locales. Igualmente, que el 23 de agosto de 2011 modificaron sustancialmente el artículo 135 con la inclusión de la “estabilidad presupuestaria” y la limitación del “déficit estructural” que supere los márgenes dictados por la UE (en realidad, la Troika, una y trina). Como ambos partidos cuentan con más del 90% de diputados y senadores, ni se les pasó por la cabeza convocar un referéndum. Más aún, habría bastado que un 10 % de parlamentarios hubiera solicitado tal referéndum, pero como quien se mueve ya no sale en la foto (dicen que dijo Alfonso Guerra), de aquellos polvos vienen estos lodos (lodos, por emplear un forzado eufemismo).
Total, que la consulta popular de la soberanía catalana se ha convertido en un recinto donde muchos papagayos hablan a la vez: unos, repitiendo sin descanso que la voluntad de un pueblo es superior y anterior a cualquier ley; otros, en cambio, que la legalidad es superior y anterior a cualquier demanda local de soberanía. La política española en general está ya tan acartonada que cada vez se parece más a esos primeros cuentos infantiles de gruesas páginas de cartón, de muy poco texto, trazos gruesos y fuertes colores que acaban medio arruinados de tanto tocar y chupar por parte del infante y que se leen finalmente con él y a petición de él por suscitar en el niño, mediante la rutina, la primera sensación de conocer y dominar algo. Produce aburrimiento de tan poco creíbles que se han vuelto buena parte de los dirigentes políticos profesionales, que se reparten prebendas, conciertan proyectos y debates, y esconden la basura propia y ajena debajo de gruesas y caras alfombras.
Detrás de los catalanes, esperan los vascos. Y los sacristanes de la sagrada Constitución lo saben. Más de una vez una chica me dijo en mi juventud bien a las claras que no quería saber nada de mí y que me esfumase lo más pronto posible. Ahora hay muchos vascos y catalanes que no quieren pertenecer a España ni se sienten españoles, pero hay novios hispanos que se sienten frustrados y no admiten tales actitudes, aunque la realidad sea la que es y como es. Sus encuestas les informan de que son mayoría los posibles consultados, por lo que solo les queda aducir la sagrada Constitución. En realidad les queda también el artículo 8.1 de su Constitución por el que las Fuerzas Armadas (¡ay!) son garantes de la “integridad territorial y el ordenamiento constitucional” de España.
Pero no nos pongamos lúgubres, por favor.
 
Artículo publicado en El Huffingtonpost
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