Corrupción y Economía Julio Rodríguez López [1]

25 octubre 2014 | Categorías: Estatal, Opinió | 680 lecturas |

Julio Rodríguez López - Consejo Científico de ATTAC España

Desempleo, corrupción y la organización territorial del estado son los problemas más notables del contexto sociopolítico español en 2014. La evidencia de unos niveles de corrupción ampliamente generalizados inunda la realidad política y social de España. En materia económica, la corrupción afecta sobre todo a los procesos de contratación pública, en especial a lo relativo a la construcción de infraestructuras, así como a los desarrollos urbanos, donde la competencia es básicamente local.

Corrupción e infraestructuras

El sector de la construcción ha desempeñado un papel relevante en los ciclos de la economía española, en especial en la larga etapa cíclica expansiva del periodo 1997-2007. La obra pública licitada ha tenido un peso destacado dentro del conjunto de la actividad constructora. Dicha magnitud alcanzó los 44.000 millones de euros en 2006, equivalentes al 25,1% del valor de la inversión bruta en construcción

La crisis ha dado lugar a una profunda disminución en la cuantía del gasto público en general y, sobre todo, del gasto publico inversor. Según el Banco de España (Cuentas Financieras de la Economía Española), el conjunto de la inversión pública, básicamente destinada a la construcción de infraestructuras, se aproximó a los 47.000 millones de euros en 2009, cifra equivalente al 4,5% del PIB. Después de ese año la cifra en cuestión ha descendido con fuerza, alcanzando solo unos 15.200 millones de euros en 2013, equivalentes al 1,48% del PIB.

El ciclo de la inversión pública contribuyó primero a la fuerte expansión de la economía, que se frenó en 2007. Después, con su caída, ha profundizado de forma sensible la recesión de dicha economía , que se extendió unos seis años, entre el primer trimestre de 2008 y el segundo semestre de 2013.

Pues bien, la corrupción ha encarecido de forma significativa la inversión pública, de forma que resulta frecuente conocer a través de los medios de comunicación que alguna infraestructura, como por ejemplo el AVE Madrid-Barcelona, ha tenido un coste muy superior al previsto por irregularidades en la contratación publica.

De lo anterior se puede deducir que las irregularidades mencionadas han dado lugar a que las infraestructuras creadas en España en los últimos años han estado por debajo de lo necesario, lo que ha contribuido a reducir la competitividad de la economía española y a disminuir los niveles de actividad y de empleo de numerosos territorios.

El planeamiento urbano y la corrupción

Con tanta o mayor frecuencia que en lo relativo a contratación pública, aparecen las noticias sobre irregularidades urbanísticas. El planeamiento urbano es una competencia compartida entre ayuntamientos y comunidades autónomas. La Constitución de 1978 y los Estatutos de Autonomía dejaron la competencia en materia de gobierno del suelo en manos de dichas administraciones públicas. Las competencias estatales son muy reducidas en esta materia y afectan sobre todo al proceso de fijación del precio del suelo en las intervenciones públicas.

En la práctica los ayuntamientos son el motor del urbanismo. El contenido de la política de gobierno del suelo se recoge en los Planes Generales de Ordenación Urbana, planes que deben de adaptarse a la normativa estatal (Ley del Suelo) y, sobre todo, a la normativa autonómica recogida en la correspondiente ley de suelo autonómica. En España hay 17 leyes de suelo, una por cada autonomía.

Para que un Plan de Urbanismo local entre en vigor resulta imprescindible la aprobación del mismo por parte del gobierno autónomo. Se trata, pues, de una competencia compartida entre ayuntamientos y autonomías. Por lo general las iniciativas corresponden a los municipios mientras que los gobiernos autónomos suelen efectúa una tarea de corrección o de vigilancia de la legalidad de tales iniciativas.

Sobre este marco competencial, profundamente descentralizado, hay otro hecho relevante, y es que los ingresos fiscales de los ayuntamientos ligados al planeamiento tienen una especial trascendencia dentro de los ingresos de dichas administraciones públicas. En las etapas alcistas del mercado de vivienda, en las que los precios del suelo y la vivienda experimentan aumentos significativos, las decisiones relativas al destino del suelo y a los volúmenes de edificabilidad adquieren una especial trascendencia.

En España las plusvalías derivadas de la recalificación urbanísticas pasan básicamente a los propietarios del suelo. Resulta evidente que estos últimos ejercerán todo tipo de presiones sobre la administración local para lograr la calificación urbanística que les resulte más favorable.

En la etapa de auge del mercado de vivienda desarrollada entre 1997 y 2007, aproximadamente, tuvo lugar una fuerte expansión del crédito inmobiliario a promotor y constructor, a la vez que crecieron de forma espectacular la construcción residencial, las ventas y los precios de las viviendas. Del análisis de los indicadores del mercado de vivienda se deduce que durante algunos años se construyó muy por encima de lo que se vendía.

Suele atribuirse al exceso de crédito abundante y barato el origen de la “burbuja” inmobiliaria, pero detrás de un volumen de construcción tan acusado estaban las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos. Estos últimos han priorizado la calificación de suelo residencial, al margen de las necesidades reales del mercado de vivienda.

Los ingresos que un ayuntamiento obtiene “de golpe” cuando concede una licencia de obras son importantes, a lo que hay que unir que una vez construidas las viviendas estas deben de abonar cada año el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Las irregularidades administrativas dolosas en torno al proceso descrito resultan más que abundantes. Resulta evidente que la frecuente corrupción tiene que ver con la sobreinversión en vivienda, con el excesivo endeudamiento y con los enormes desequilibrios que han acosado a los ayuntamientos con el cambio de ciclo.

La corrupción afecta de forma negativa a la asignación racional de los recursos públicos y privados de la economía. Algunas de las consecuencias mas directas de la misma son la existencia de un nivel de infraestructuras por debajo de las necesidades, un mayor endeudamiento público, un exceso de viviendas no vendidas que han afectado negativamente a los bancos, a los que ha habido que sanear con recursos públicos, véase con mas deuda pública. Por último, la corrupción genera un enriquecimiento irritante de los beneficiados por la misma, cuyos efectos sobre la moralidad pública resultan incontrolables.

Doctor en CC. Económicas y Vocal del Consejo Superior de Estadística

Articulo publicado en “Argumentos Socialistas”

julrodlop.blogspot.com.es

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