La Ley de Seguridad Ciudadana veta el espacio público a la ciudadanía y es contraria a los estándares de derechos humanos

16 noviembre 2014 | Categorías: Estatal, Opinió | 660 lecturas |

Con ocasión de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, Rights International Spain ha hecho llegar sus consideraciones a la luz de los estándares de DDHH a los distintos grupos parlamentarios.

Rights International Spain (RIS) se ha puesto en contacto con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios a fin de hacerles llegar sus consideraciones acerca del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que actualmente se debate en el seno de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

A juicio de la organización, esta reforma legislativa es injustificada e innecesaria e incluye restricciones desproporcionadas de los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, así como una regulación insuficiente para la protección del principio de no discriminación en las identificaciones y otras diligencias policiales.

El espacio público deja de ser un espacio de participación política

En materia de libertad de reunión, preocupa que “el espacio público deje de ser un espacio de participación política” debido a las sanciones que castigarían distintas formas de protesta pacífica, como la ocupación de determinados inmuebles o las manifestaciones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas Parlamentarias de las Comunidades Autónomas. También resulta alarmante que el Proyecto de Ley exija la autorización de hecho como requisito para ejercer el derecho de reunión pacífica.

La Ley de Seguridad Ciudadana también vulneraría la libertad de expresión, sobre todo en lo que respecta a las infracciones consistentes en el “uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, en “injurias o faltas de respeto y consideración a loa agentes de la policía” o en “escalamiento de monumentos”, sin poner en peligro personas o bienes. Todos estos comportamientos, aseguran, se encuentran amparados por el derecho internacional de los derechos humanos.

“Restricciones desproporcionadas y excesivas”

Las consideraciones de la organización son compartidas con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, quien ha mostrado recientemente preocupación por “las restricciones desproporcionadas y excesivas al derecho de reunión pacífica que supone” esta reforma legislativa, restricciones que pueden llegar a socavar “la existencia misma de los atributos de pluralismo, tolerancia y mentalidad abierta necesarios a cualquier sociedad democrática”.

Según Patricia Goicoechea, Directora Adjunta de RIS, “la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, si se aprueba, supondrá un grave retroceso en materia de derechos humanos; la sociedad española dejará de poder ejercer libertades cruciales para el normal funcionamiento de la democracia”. Asimismo, advierte, en relación con las infracciones que castigarían el “uso de imágenes” de agentes de la policía, que “parece que el Gobierno está intentando evitar por cualquier vía que se sigan usando fotografías como base probatoria en los procedimientos contra agentes por abusos y malos tratos en manifestaciones”.

No existen garantías frente al uso de perfiles basados en la apariencia étnica

La organización también destaca las lagunas de la norma en materia del principio de no discriminación, pues no se establecen garantías frente al uso, por parte de los agentes, de perfiles basados en la apariencia étnica o en otro tipo de sesgos discriminatorios. “Además de ser discriminatorias, estas prácticas estigmatizan y criminalizan a una parte de la sociedad española en función de su aspecto físico”, ha apuntado en este sentido Goicoechea.

Pueden consultar el documento completo con las consideraciones de RIS en este enlace.

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