Quizás reducir cotizaciones sociales no sea tan mala idea

13 diciembre 2014 | Categorías: Estatal, Opinió, Treball | 699 lecturas |

Eduardo Garzón- Consejo Científico de ATTAC España

Soy consciente de que el título de este artículo parece haber sido escrito por un portavoz del Fondo Monetario Internacional o por uno de la CEOE más que por un economista crítico o de izquierdas. Al fin y al cabo, la reducción de las cotizaciones sociales es una demanda incesante de esos organismos, muy ligados a la élite económica y política, y al mismo tiempo una línea roja para la clase trabajadora. Sin embargo, trataré de explicar a continuación por qué mediante una muy particular reducción o eliminación de cotizaciones sociales ambos grupos sociales pueden salir ganando.

Las cotizaciones sociales son parte del salario que recibe un trabajador por llevar a cabo su actividad, pero en vez de recibirlo nada más realizar el trabajo como ocurre con el salario monetario, se va anotando para que la reciba en el futuro él (o su familia) cuando no pueda trabajar debido a determinadas circunstancias (jubilación, enfermedad, maternidad, fallecimiento, etc). Aunque hay una parte de este particular salario que es pagado por el asalariado, la mayor parte de las cotizaciones sociales es pagada por el empleador.

Es importante destacar que las cotizaciones sociales van a parar al fondo de la Seguridad Social, y que allí en teoría se deben mantener hasta que el empleado deje de trabajar, momento a partir del cual entonces se irá desembolsando regularmente el dinero. Digo en teoría porque en la práctica ese dinero sale antes de tiempo para pagar a las personas que ya no están trabajando, de forma que en realidad se trata de un mecanismo de solidaridad que mueve el dinero desde los que trabajan hoy hasta los que no trabajan hoy. Un diseño muy civilizado, humano y atractivo.

Sin embargo, desde la óptica de la producción este diseño no parece tener tantas virtudes. Ilustrémoslo con un ejemplo: finaliza el mes de trabajo y el empleador paga en salarios 1400 euros, de los cuales 1000 recibe su empleado directamente y 400 es cotización social, que se anota a favor del trabajador para su futuro pero que hoy día va en última instancia al bolsillo de un extrabajador. O si se quiere ver de otra forma: el empleado ha generado en el puesto de trabajo 2400 euros con su esfuerzo, de los cuales 1000 euros se los queda la empresa para beneficios y para cubrir otros gastos, otra parte (1000 euros) se queda el trabajador, y otra (400 euros) van indirectamente a una persona que ya no trabaja. Esto es lógico, la renta de los que no están siendo productivos hoy día (extrabajadores) necesita ser extraída de algo que sí debe ser productivo. La cuestión clave es por qué hoy día nuestro diseño institucional establece que ese “algo” productivo debe ser el salario generado, y no, por ejemplo, los beneficios empresariales.

Me explico: en nuestro ejemplo, de los 2400 euros generados el trabajador podría recibir los 1000 euros que recibía antes, y los 1400 euros restantes apropiárselos íntegramente la empresa. Por lo tanto, ni el empleador ni el trabajador tendrían que pagar en ese momento por cotizaciones sociales. Pero esto no quiere decir que el trabajador pierda el derecho a recibir un salario en el futuro cuando no esté trabajando, porque esos 400 euros pueden anotarse como ingreso que debe recibir. La diferencia es que, cuando llegue el momento de recibir ese dinero, no provendrá de las cotizaciones pagadas por otros empresarios y trabajadores, sino por las cuentas del Estado que se habrán nutrido previamente de otros muchos ingresos tributarios (Impuesto de Sociedades, Impuesto de Patrimonio, IRFP, IVA, Impuestos especiales, etc).

De esta forma, el trabajador no pierde su protección social porque seguirá teniendo el mismo derecho a cobrar por su situación de inactividad, y al mismo tiempo se incentiva la contratación de nuevos trabajadores. Esto último es fácil de entender: un empleador se verá más animado a contratar si en vez de pagar en concepto de salarios 1400 euros (1000 de salario directo + 400 de cotizaciones) tuviese que pagar sólo 1000 euros (aunque hay otros muchos factores importantes a tener en cuenta, como la cantidad de clientes). El coste de contratación es notablemente menor, lo que puede redundar a su vez en mayor renta generada luego en el proceso de producción. Cualquiera puede imaginarse una situación en la cual un negocio podría ir mejor con un nuevo trabajador, pero el hecho de que sea tan costoso contratarlo implica que no se acabe contratando y por lo tanto que los beneficios finales sean menores de lo que podrían ser. Y todo ello sin que el salario que recibe el trabajador sea menor, porque seguiría recibiendo esos 1000, sólo que ahora los 400 para el futuro provendrán de otras figuras impositivas del Estado.

La diferencia entre una y otra situación es notable e importante. Hoy día las cotizaciones sociales actúan como un freno en la contratación. Si se eliminaran (sin acabar con la protección a los trabajadores), se podría acabar generando más puestos de trabajo y también más renta; una mayor renta que acabaría financiando a través de diferentes canales fiscales la protección social de los extrabajadores y sus familias.

Se trataría en última instancia de terminar con el vínculo fiscal entre trabajo y derecho a tener protección por inactividad. O lo que es lo mismo, terminar con el aislamiento del fondo de la Seguridad Social con respecto al resto de ingresos fiscales del Estado. No podemos olvidar que en nuestras economías desarrolladas se genera muchísima renta, y que la misma fluye a través de numerosas transacciones. Es un tremendo error financiar la protección de los extrabajadores exclusivamente con cotizaciones sociales en vez de hacerlo (conjunta o exclusivamente) mediante el resto de ingresos tributarios.

En definitiva, lo que aquí defiendo no es la reducción o eliminación de las cotizaciones sociales en detrimento de los trabajadores (como la CEOE propugna), sino de hacerlo para incentivar la contratación y la generación de renta al mismo tiempo que se deja intacta la protección social de los trabajadores gracias a la utilización de otras figuras tributarias.

Artículo publicado en andaluces.es

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