Declaración ” Desarmar las finanzas y lograr la justicia fiscal” FSM Quebec 2016

28 agosto 2016 | Categorías: Internacional, Moviments Socials | 640 lecturas |

 

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Declaración del Foro Social Mundial

Montreal, Canadá 2016

Estamos comprometidos a trabajar en una amplia coalición social para hacer realidad nuestra visión por un mundo donde las políticas progresivas, redistributivas y transparentes contrarresten las desigualdades dentro y entre las naciones, y generen la financiación pública necesaria para asegurar que los gobiernos cumple con sus obligaciones con los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y los grupos vulnerables, en un medio ambiente saludable y sostenible, con niveles de protección social y servicios públicos de calidad para el bien común de todos y todas.

El papel de los impuestos en el desarrollo de los derechos humanos.

Los impuestos son una herramienta fundamental tanto para la realización de los derechos humanos como para la lucha contra la desigualdad. Los impuestos son sin duda la más importante fuente de ingresos del gobierno, ya que combinan tres funciones fundamentales: la generación de ingresos para la realización de los derechos; la consecución de la igualdad y la lucha contra la discriminación; así como el fortalecimiento de la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Los impuestos son esenciales para la financiación del desarrollo y pueden ser una poderosa herramienta para promover la reducción de la pobreza. Ingresos más altos y estables dan como resultado un aumento de la inversión sostenible en los servicios públicos, infraestructuras y otras necesidades de desarrollo y mejoran la competitividad de las economías alargo plazo.

Muchos países tienen dificultades para recoger suficientes ingresos fiscales para financiar adecuadamente la realización de los derechos humanos. La movilización de recursos internos se ve obstaculizada por la insuficiencia de las normas fiscales globales, la competición fiscal en espiral descendente, la falta de transparencia financiera, incluyendo la existencia de jurisdicciones secretas, y una proliferación de otras políticas y prácticas fiscales perjudiciales. Por ejemplo, los países en desarrollo a menudo no se benefician de la extracción y el uso de sus recursos naturales, en gran parte debido a la falta de transparencia, regulación y tributación justa y eficaz. Estos problemas también contribuyen a la degradación y el abuso del medio ambiente.

Las políticas fiscales regresivas que se persiguen en muchos países de Norte a Sur han planteado una amenaza grave a los derechos económicos y sociales de los grupos ya desfavorecidos. Esta básica injusticia está alimentando las más profundas desigualdades económicas, de género y políticas, y está erosionando la confianza en las instituciones gubernamentales consideradas más responsables ante las elites económicas transnacionales que su propia gente.

La política tributaria es la política pública, y no puede ser tratado como una cuestión de mera ingeniería técnica o dejarse a la discreción del gobierno irresponsable. Las leyes fiscales, las políticas y las prácticas deben trabajar para poner fin a la discriminación estructural en lugar de afianzar cada vez más las desigualdades entre los géneros y las económicas. Llamamos a los gobiernos a poner en práctica la política tributaria con los más altos estándares de transparencia, la participación pública y la significativa rendición de cuentas en consonancia con los principios de derechos humanos.
Cooperación internacional para soluciones globales

El actual sistema fiscal de las empresas transnacionales se ha quedado obsoleto y da privilegios a los grupos empresariales multinacional y a los intereses financieros globales al tiempo que evita los gobiernos nacionales alcanzar suficientes ingresos en formas no discriminatorios y responsables. Además, en la economía globalizada, ningún país puede hacer frente a la evasión y elusión por sí mismo, como se subraya por recientes y frecuentes escándalos de paraísos fiscales, incluyendo los Offshore leaks (2013), LuxLeaks (2014), Swiss Leaks (2015) y los papeles Panamá (2016).

Las recientes negociaciones internacionales relacionadas con los impuestos han estado lejos de ser representativas a escala global. Más de 100 países en desarrollo fueron excluidos cuando la OCDE y el G20 negociaron estándares para las bases impositivas y las transferencias de beneficios (BEPS en sus siglas en inglés) e el intercambio de información. Mientras la OCDE y el G20 sean los organismos principales en la toma de decisiones sobre los estándares impositivos globales, las condiciones injustas se mantendrán y los intereses y problemas concretos de los países en desarrollo serán considerados de baja prioridad. Por ejemplo, la tributación del sector extractivo y la racionalización de los incentivos fiscales son algunos de los asuntos que no están siendo tratados.

Se necesita urgentemente la cooperación internacional global para establecer las bases de un sistema impositivo justo, eficaz y progresivo que pueda proporcionar una fuente de ingresos sostenible en el tiempo y reducir la desigualdad.
Por lo tanto, exigimos a nuestros gobiernos los siguiente:
Reglas internacionales justas que obliguen a las multinacionales a aportar la parte que les toca

Garantizar la revisión de los Acuerdos de Doble Tributación para alinearlos con la agenda de desarrollo sostenible y necesidades de financiación para el desarrollo.
Poner en marcha alternativas sólidas al Principio de Plena Competencia.
Eliminar las normas y tratados que erosionan la base tributaria de otros países.

Políticas impositivas para abordar la desigualdad en los países

Reducir la desigualdad mediante la adopción de un elenco completo de medidas tributarias progresivas. El diseño de las políticas de impuestos y su implementación deben perseguir de forma activa la reducción de las desigualdades de ingresos y de género.
Otorgar la máxima prioridad a la inversión de los impuestos en el desarrollo humano esencial relacionado con los servicios públicos y las infraestructuras públicas (ej. salud, educación, agua, vivienda, saneamiento, y transporte), desarrollo sostenible, protección social adecuada y reversión del cambio climático.
Proporcionar a la ciudadanía los medios para hacer oír sus voces y responsabilizar a los gobiernos de sus políticas tributarias y de cómo se gastan los incrementos de ingresos.
Asegurar que las políticas fiscales tienen en cuenta el factor género. Esto debería incluir la evaluación y el seguimiento del impacto de los impuestos regresivos, tales como el IVA, y la carga impositiva, aplicando medidas para retirar dicha carga a las mujeres y hombres pobres.
Aprobar y aplicar un impuesto a las transacciones financieras.
Los filtradores de información y otros defensores de la justicia tributaria que trabajan para el interés público sacando a la luz flagrantes abusos de elusión y fraude fiscal deberían ser considerados defensores de los derechos humanos, y ser por tanto protegidos de forma adecuada.
Los gobiernos deberían poner en marcha leyes nacionales para acabar con la evasión fiscal.
Los gobiernos y las autoridades locales no deberían autorizar la financiación pública de empresas que tengan delegaciones en territorios offshore.

Cooperación internacional para soluciones globales

Establecer un organismo intergubernamental bien dotado de recursos para temas de impuestos bajo los auspicios y en el marco de la ONU, que pueda iniciar y liderar negociaciones en una nueva convención sobre cooperación internacional y asuntos tributarios como primer paso en la reforma de las normas tributarias internacionales.
Hacemos un llamamiento a los Estados para que realicen evaluaciones de impacto sobre derechos humanos en relación con los efectos secundarios de sus políticas fiscales en otros países, con el fin de tomar acción inmediata para paralizar cualquier práctica dañina y poner remedio allí donde el perjuicio se haya producido.

Intercambio automático de información y transparencia fiscal para las corporaciones transnacionales:

Adoptar un estándar común de la ONU de intercambio automático multilateral de información sobre impuestos con la opción de no reciprocidad para países con baja capacidad.
Eliminar el secreto sobre la propiedad efectiva a escala mundial a través de registros públicos de propietarios reales, incluidas las grandes empresas transnacionales y fundaciones.
Asegurar la transparencia financiera obligando a las corporaciones transnacionales a publicar informes anuales públicos de sus beneficios país por país.
Publicar y pedir responsabilidades en relación con los acuerdos realizados entre empresas y gobiernos sobre incentivos fiscales.
Garantizar que las administraciones tributarias disponen de suficientes recursos.

En relación a los derechos humanos llamamos a:

Las empresas y grupos de empresas a analizar y tratar el fraude fiscal, incluida su declaración política y los procedimientos de diligencia debida, comenzando por un reconocimiento claro de los impactos adversos del fraude fiscal en los derechos humanos, en concordancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas en materia de negocios y derechos humanos.
Los consultores, asesores y proveedores de sistemas que puedan conducir a realizar fraude fiscal (especialmente asesores fiscales, contables e intermediarios financieros) a reconocer sus especiales responsabilidades con respecto a los derechos humanos y corregir cualquier actividad nociva a este respecto.
Las instituciones internacionales a reformar el inservible sistema tributario global mediante la integración de los estándares de derechos humanos en la manera de abordar la evasión de impuestos empresarial y los negativos efectos indirectos de ciertas políticas gubernamentales. Las instituciones financieras internacionales que asesoran a los gobiernos en sus políticas tributarias y fiscales deben, ante todo, respetar las obligaciones que dichos gobiernos tienen con respecto a los derechos humanos.
La comunidad de derechos humanos en general (incluyendo defensores, abogados, universidades, organizaciones de derechos de las mujeres, sindicatos, instituciones nacionales de derechos humanos, organismos de tratados y comisiones regionales) a examinar activamente la manera en que las prácticas tributarias afectan su misión y desarrollan procesos prácticos para promover la justicia tributaria en su trabajo.

Para promover esta agenda de justicia tributaria, nos comprometemos a:

Continuar colaborando y construyendo sinergias locales, regionales y globales para defender, hacer campaña e impulsar movilizaciones populares por la justicia tributaria.
Reforzar nuestros esfuerzos para crear poderosos movimientos sociales locales y globales con el objetivo de forzar a las multinacionales a terminar con la evasión de impuestos. Esto incluye campañas continuas, actividades y días de acción específicos para reclamar justicia tributaria y fiscal, sensibilización pública y apoyo financiero a los medios progresistas alternativos.
Fomentar la justicia de género como elemento clave de la justicia tributaria. Esto significa involucrarse a escala nacional para impugnar las leyes tributarias discriminatorias y asegurar que las políticas impositivas reconozcan el trabajo de cuidados invisible y no remunerado de las mujeres.
Avanzar en la justicia tributaria como medio de conseguir la justicia climática generando financiación para mitigación y la adaptación de los países más vulnerables.
Trabajar juntas para transformar el actual sistema económico que privilegia a las grandes empresas y a los ricos, conduce a la desigualdad y daña el medioambiente.
Organizar un día de acción global contra los territorios offshore o paraísos fiscales (se propone como fecha posible el 10 de junio de 2017, o el 3 de abril aniversario de la publicación de los Papeles de Panamá).
Acciones creativas para denunciar a los bancos involucrados en la evasión de impuestos.
Auditorías ciudadanas de la deuda para evaluar las políticas impositivas y cómo se gastan los ingresos tributarios.

*Esta declaración del Foro Social Mundial 2016 “Desarmar las finanzas y conseguir la justicia tributaria” continúa la tradición del FSM que en Porto Alegre 2002 dio como resultado la “Declaración Universal sobre el derecho a la justicia tributaria como un componente de la justicia social”, en Túnez 2013 produjo la declaración sobre “Justicia tributaria para la justicia social” y en Túnez 2015 emitió la declaración sobre “Justicia tributaria para acabar con la desigualdad”. También está relacionada con la “Declaración sobre Justicia tributaria y Derechos Humanos de Lima de 2015.

Publicado en ATTAC Acordem

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