¿Hacia un nuevo totalitarismo global? (I)

19 septiembre 2016 | Categorías: Opinió | 591 lecturas |

Rodrigo del OlmoEl Periscopi

En el ensayo escrito junto a Zygmunt Bauman, Estado de Crisis, Carlo Bordoni define la “postdemocracia” como una crisis de igualización y trivialización de los procesos democráticos, en los que la política va perdiendo progresivamente contacto con los ciudadanos desembocando en un estado de incomodidad y hastío que puede ser definido como “antipolítica”. Actualmente suele hablarse de antipolítica en relación con las diversas movilizaciones de ciudadanos, empobrecidos y progresivamente despojados de sus derechos laborales y sociales, indignados contra la corrupción, los escándalos en la administración pública y en la mayoría de partidos políticos, así como con los tratos de favor hacia determinadas corporaciones o sectores empresariales tradicionalmente provisores de suculentas puertas giratorias a los cargos políticos que legislan o reglamentan a su dictado. El efecto de todo ello es una profunda irritación, seguida del alejamiento de una esfera política que se considera inútil y que produce sensaciones de desazón y repugnancia. Ese malestar, en combinación con otros factores, abre una ruta directa hacia los autoritarismos de los que podemos encontrar ilustrativos y trágicos ejemplos en la Europa del primer tercio del siglo pasado.

Algunos de los efectos más característicos de la etapa postdemocrática señalados por Bordoni son:

La desregulación económica, que significa una disminución o cancelación de las capacidades normativas de los Estados para implementar medidas correctoras de los fallos del mercado, así como aquellas tendentes a orientar la economía hacia la satisfacción equitativa y sostenible de las necesidades sociales. Esta desregulación acaba suponiendo la supremacía de los mercados financieros globalizados. Se trata de un proceso ambiguo destinado a la progresiva eliminación de los poderes y controles públicos al que se pretende revestir de un sentido subyacente de “liberación” de las normas y poderes coercitivos del Estado. Es el primer paso hacia el neoliberalismo privatizador de los servicios públicos y drástico reductor del estado de bienestar y de los derechos sociales en aras de unos presupuestos, a nivel macro, sacrosantamente equilibrados. Haciendo olvidar que el Estado no es una empresa privada, cuyo principal objetivo es generar dividendos, sino una red de Administraciones Públicas controladas, en última instancia, por Legislativos elegidos democráticamente cuya finalidad debe ser (entre otras) proporcionar servicios sociales con espíritu equitativo, corregir los fallos del mercado y redistribuir la riqueza.

Una progresiva disminución en la participación política habitual de los ciudadanos, incluyendo los periodos electorales, que ha llegado a ser considerada frecuentemente como “normal”.

La vuelta del liberalismo económico más salvaje (neoliberalismo), que confía al sector privado una parte creciente de las funciones del Estado y de la gestión de los servicios públicos, orientados a través de los mismos criterios de rendimiento económico que una empresa privada. Incluso en los casos en que dichos criterios resulten indeseables para el Interés General y el Bien Común o los servicios prestados tengan difícil objetivación económica pese a resultar imprescindibles para la sociedad y el individuo, como es el caso de los bienes de naturaleza pública.

La reducción de las inversiones públicas junto con el decremento y decadencia del Estado del Bienestar, quedando reducido éste a una serie de servicios básicos de carácter asistencial y caritativo, solo para los más pobres y en circunstancias excepcionales, no como derechos generalizados inherentes a la condición de ciudadanía.

La preponderancia de los lobbies, que incrementan su poder y capacidad para diseñar políticas en la dirección conveniente a sus intereses, aunque estos puedan colisionar contra el Interés General.

La política como espectáculo de masas, en el que las técnicas de marketing y publicidad adquieren un papel preponderante se utilizan para promover el consenso en torno al predominio de la figura de un líder en el que el talento, el carisma y la integridad son menos importantes que los estudios de mercado, el poder de la imagen y una estrategia comunicativa precisa diseñada por los mejores y más caros asesores, frecuentemente externos a los partidos.

El mantenimiento de los aspectos meramente formales de la democracia para conservar la apariencia de unas libertades y derechos ciudadanos garantizados.

Por su parte, Charles Tilly, con el término “desdemocratización” describe la cancelación efectiva de determinadas prerrogativas democráticas, frecuentemente solo por un corto periodo de tiempo, para afrontar acontecimientos excepcionales tales como terrorismo, o desastres naturales. Aunque estos periodos son susceptibles de ir dilatándose, como recientemente ha ocurrido en Francia a causa de la amenaza terrorista de Daesh. Complementariamente, mientras que la “desdemocratización” se evidencia ante la opinión pública con la excusa de la excepcionalidad, el concepto de postdemocracia describe un proceso solapado, presentado como la forma más natural de garantizar las libertades formales mientras que, de hecho, las degrada y las vacía de sus contenidos sustantivos y democráticos reales. Ambos procesos pueden actuar solos o conjuntamente, teniendo como efecto la pérdida progresiva de los derechos y libertades conseguidos a través de una larga e histórica lucha de generaciones.

Continuará.

Llicenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Licenciado en Sociologia

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