Los Presupuestos de 2018 y la Política de vivienda

6 mayo 2018 | Categorías: Estatal, Opinió | 347 lecturas |

Julio Rodríguez López – Consejo Científico de ATTAC España

El contenido del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE 2018) relativo a vivienda confirma algunas de las críticas realizadas con motivo de la presentación del Plan Estatal de Vivienda 2018-21. En principio llama la atención la escasa relevancia del gasto público destinado a vivienda en el citado proyecto de Presupuestos. En una coyuntura de incremento rápido en los precios de los alquileres, la reacción del gobierno recogida en tales presupuestos resulta muy débil. Además, se retrasa en exceso el momento de puesta en marcha de las medidas que de alguna forma podrían ayudar a los hogares a acceder con menos esfuerzo a la vivienda en alquiler.

El conjunto de partidas destinadas al gasto público en vivienda en los PGE 2018 asciende a 473,8 millones de euros. De dicho total, unos 350 millones de euros se destinan a apoyar la aplicación del Plan 2018-21 (subvenciones a alquileres y a la construcción de viviendas destinadas al alquiler). Junto a lo anterior, 76,3 millones se destinan a ayudas directas a las familias. Una parte de esta última partida corresponde a subsidios de intereses asociados con planes de viviendas precedentes.

Dentro de los PGE 2018 destaca el alcance de las partidas destinadas a desgravar fiscalmente el acceso a la vivienda. Entre los componentes de dichas ayudas fiscales, destacan las destinadas a subsidiar la compra de vivienda habitual (suprimido para nuevos adquirentes desde 2013) en el impuesto sobre la renta de las personas físicas-IRPF (1.035 millones de euros).

También son importantes las desgravaciones a los particulares que destinan viviendas al alquiler. El alcance de tales desgravaciones asciende a 341 millones de euros, que se deducen en la base imponible del IRPF. Por último, es relevante la práctica de tipos fiscales reducidos en el IVA que grava las compras de vivienda, lo que supone unas ayudas aproximadas de 508 millones de euros.

El conjunto de las ayudas a la vivienda, en forma de gasto (473,8 millones de euros) y de ayudas fiscales (2.171,8 millones de euros) equivalen al 0,22% del PIB. Las ayudas al gasto equivalen solo al 0,04% del PIB. Dicha proporción queda muy por debajo del promedio que en 2014 suponía el gasto público en vivienda en los países de la Unión Europea (0,6% del PIB) y es de las más reducidas dentro de la UE.

Por otra parte, la participación de las viviendas sociales de alquiler dentro del parque de viviendas supone solo el 1,5%. Esta proporción es una de las más bajas de toda Europa (Holanda es el país donde dicho tipo de viviendas tiene el mayor peso, el 30%)

La escasez de viviendas de alquiler es otro rasgo del mercado de vivienda en España. Según Eurostat, en 2015 España era el segundo país de Europa en lo relativo al porcentaje del coste del alquiler sobre el total de ingresos disponibles del hogar. En la actual coyuntura de España, dicha escasez se traduce en unas elevaciones más que significativas de los alquileres. Esto acentúa aún más el esfuerzo de acceso a la vivienda.

La promoción y venta de viviendas de protección oficial ha sido el instrumento tradicional de política de vivienda en España. Los niveles de nueva vivienda protegida y de gasto público en vivienda han alcanzado en estos años los niveles mínimos históricos. Los PGE 2018 no contribuyen, pues, a eliminar las dudas que plantea la desaparición de lo que fue el pilar de la política de vivienda desde los años cincuenta del siglo pasado (Carme Trilla y Jordi Bosch, “El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo”, Fundación Alternativas, 2018).

Blog Julio Rodríguez

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