Auditar parar influir: cómo se integran las Cuatro Grandes en la toma de decisiones políticas de la UE en materia de elusión fiscal

10 julio 2018 | Categorías: Internacional, Portada, Unió Europea | 362 lecturas |

Cada año se pierden miles de millones de euros debido a la elusión del impuesto de sociedades, privando a los presupuestos públicos de la financiación que tanto necesitan. La UE desempeña un papel cada vez más importante en la creación de normas relacionadas con la elusión fiscal tras los numerosos escándalos, muchos de los cuales han puesto de relieve el papel de los asesores fiscales en el diseño y la venta de mecanismos de elusión fiscal a las empresas multinacionales. Las Cuatro Grandes firmas de auditoria – Deloitte, EY, KPMG, y PricewaterhouseCoopers (PWC) – son los goliats del mundo de la planificación fiscal. Dado su papel como actores clave en la industria de la elusión fiscal, es notable que la UE y los gobiernos de sus Estados miembros los consideren asesores legítimos y neutrales en la elaboración de sus políticas. Están omnipresentes en los procesos políticos de la UE para combatir la elusión del impuesto de sociedades (a pesar de sus intereses creados) y trabajan a través de varios cauces de influencia:

Contratos públicos: Las Cuatro Grandes reciben decenas de millones de euros de la Comisión Europea en contratos públicos cada año. La dirección fiscal de la Comisión pagó a PWC, Deloitte y EY siete millones de euros en 2014 para llevar a cabo estudios y análisis en “diversas áreas fiscales y aduaneras”. Esto significa que se paga a los mayores facilitadores de la elusión fiscal por los estudios que sirven de base para la elaboración de leyes relacionadas con la elusión fiscal. Incluso después de que el escándalo de LuxLeaks revelara el papel de las Cuatro Grandes para facilitar la elusión de impuestos corporativos, nada cambió. En enero de 2018, PWC, Deloitte y KPMG recibieron 10,5 millones de euros para estudios sobre “cuestiones fiscales y aduaneras”, sin tener en cuenta los conflictos de intereses. La Comisión Europea también contrata a asesores fiscales para que contribuyan a las medidas impositivas contra las que ejercen presión. Por ejemplo, Deloitte fue contratada para realizar estudios sobre la fijación de precios de transferencia -un método que las multinacionales utilizan para evitar impuestos- a pesar de que Deloitte asesora a clientes corporativos sobre el tema de los precios de transferencia y había presionado en contra de medidas más estrictas para abordarlo.

Asociaciones de lobbies: Las Cuatro Grandes tienen puestos de liderazgo en varias asociaciones de grupos de presión que intentan influir en las respuestas políticas de la UE a la elusión de impuestos.

  • La European Business Initiative on Taxation (Iniciativa Empresarial Europea sobre Fiscalidad), con miembros como BP, Pfizer y Airbus, está dirigida por PWC.
  • El European Contact Group es una agrupación “informal” de las cuatro grandes empresas (y de las dos mayores empresas de auditoría que le siguen), creada inicialmente a petición de la Comisión Europea. Su objetivo es “conformar el entorno normativo”, con un historial de éxitos en este sentido.
  • Accountancy Europe es la federación de profesionales de la auditoría, una voz regular y de confianza en el ámbito de la política fiscal de Bruselas, con un consejo repleto de figuras de las Cuatro Grandes. PWC preside su grupo de política fiscal.
  • La Cámara Americana de Comercio con la UE (AmCham EU) es una asociación de lobbies para multinacionales estadounidenses como ExxonMobil, Facebook y Monsanto, y un ruidoso opositor a una mayor transparencia fiscal; su comité fiscal también está presidido por PWC.

 

Los grupos consultivos: Los grupos consultivos de la Comisión Europea tienen un historial en el que el sector de la elusión fiscal ha sido invitado a dar consejos sobre cómo poner fin a la elusión fiscal. Por ejemplo, el Foro Común de Precios de Transferencia ha estado dominado por grandes empresas de auditoría e instituciones financieras, y un mandato que da prioridad a la reducción de la carga sobre las empresas por encima de la prevención de los precios de transferencia para eludir impuestos. A pesar de los diminutos avances, los facilitadores de la elusión de impuestos siguen formando parte del grupo, entre ellos Deloitte y PWC. La Plataforma para la Buena Gobernanza Fiscal, creada para ayudar a aplicar los planes de la UE para hacer frente a la elusión fiscal, también ha sido criticada por estar dominada por los elusores del impuesto de sociedades y sus asesores. Dejando de lado los pequeños avances, el problema fundamental persiste. Si bien ninguno de las Cuatro Grandes se sienta en el grupo bajo sus propios nombres, PWC representa a AmCham UE y Accountancy Europe.

 

Puertas giratorias: La cultura y los supuestos compartidos entre las Cuatro Grandes y los funcionarios públicos de la UE que trabajan en la política fiscal se ven perpetuados por unas puertas giratorias normalizadas entre ambas. Más recientemente, el ex Comisionado de Finanzas Jonathan Hill se ha convertido en asesor principal de Deloitte. Otros ejemplos son abundantes, desde funcionarios de la Dirección de Hacienda de la Comisión Europea procedentes de Deloitte y EY; a su director de política fiscal, que se convierte en director fiscal de Deloitte; a funcionarios de la Dirección de Finanzas, procedentes de KPMG y Deloitte. Mientras tanto, los agregados de impuestos o finanzas para Irlanda, Finlandia, Malta y Alemania provienen de PWC, Deloitte, EY y KPMG respectivamente. Los jóvenes profesionales se alternan rutinariamente entre las prácticas en el Parlamento Europeo o la Comisión Europea y las Cuatro Grandes, lo que contribuye a crear un conjunto de valores compartidos. Los responsables de la toma de decisiones no reconocen que este intercambio constante de personal entre las empresas que venden elusión fiscal y las instituciones responsables de abordarla podría generar conflictos de intereses y debilitar el ímpetu para la regulación del interés público.

 

Caso práctico 1: En junio de 2017, la Comisión Europea presentó una propuesta de nuevas normas de transparencia para los asesores fiscales que les obligaba a informar a las autoridades financieras de los sistemas fiscales “agresivos” (que ayudan a los clientes a evitar el pago de impuestos) que diseñan o venden. KPMG y PWC habían presionado a favor de un criterio voluntario. Cuando esto fracasó, los esfuerzos de los grupos de presión se centraron en el Consejo Europeo, donde el acuerdo final diluyó la propuesta de manera que se parecía mucho al dictamen de PWC. PWC había establecido argumentos detallados para que los Estados miembros los utilizaran en apoyo de las enmiendas, incluyendo el hecho de que la propuesta en su forma actual supondría una “carga desproporcionada” para ciertos intereses, como los de las Cuatro Grandes y sus clientes corporativos. PWC también sugirió que se redujeran los criterios de lo que se considera “agresivo” (de modo que se reportaran menos fraudes), y que se requiriera un voto unánime para agregar o cambiar estos criterios, lo que facilitaría que los nuevos esquemas de elusión de impuestos no se informaran. El texto final del Consejo Europeo, acordado en marzo de 2018, se había debilitado en todos estos aspectos. La falta de transparencia del Consejo Europeo significa que no podemos saber exactamente lo influyente que era PWC o la industria de elusión fiscal en general, pero se sabe que existen vínculos estrechos entre algunos gobiernos de los Estados miembros y las Cuatro Grandes.

 

Caso práctico 2: Las Cuatro Grandes, y las multinacionales a las que asesoran, han ejercido una fuerte presión contra los informes públicos país por país. Esto requeriría que las corporaciones informaran públicamente de sus ganancias en todos los países en los que operan, para evitar que se aprovechen de las brechas para trasladar las ganancias a paraísos fiscales. Antes de la propuesta de la Comisión de abril de 2016, las Cuatro Grandes presionaron ferozmente contra la exigencia de que esta información se hiciera pública, citando a EY “información comercialmente sensible” y a Deloitte impulsando un enfoque “voluntario”. Muchos grupos de presión de las grandes empresas repitieron mensajes similares. Sin embargo, la publicación oportuna de los documentos de Panamá significó que la propuesta final de la Comisión fue más fuerte de lo esperado. Los esfuerzos se trasladaron al Parlamento Europeo, donde, tras un aluvión de presiones corporativas, los eurodiputados añadieron una cláusula de salida que permite a las empresas mantener en secreto los datos “sensibles desde el punto de vista comercial”. Algunos de los esfuerzos más vehementes para socavar la información pública procedían de los miembros de la Platform for Tax Good Governance: AmCham EU, BusinessEurope, el lobby empresarial alemán BDI, y su contraparte francesa MEDEF. La AmCham UE, que argumentó que la información pública perjudicaría la competitividad y el “atractivo” de Europa para la inversión, tiene a PWC a la cabeza de la política tributaria, al igual que Accountancy Europe. Esta última apoyaba la presentación de informes públicos sólo si se hacía de forma que se minimizara “el riesgo de revelar información delicada desde el punto de vista económico”; podría decirse que la cláusula de exclusión lograba este objetivo.

 

Echar a las Cuatro Grandes de la política de elusión fiscal. A pesar de todas las pruebas -desde escándalos fiscales hasta investigaciones parlamentarias- del papel que desempeñan las Cuatro Grandes como intermediarias que facilitan y se benefician de la elusión del impuesto de sociedades, siguen siendo tratadas en los círculos políticos como socios objetivos y legítimos. Es hora de expulsar a las Cuatro Grandes y a otros actores en el sector de la elusión de impuestos de la política de la UE contra la elusión fiscal. Esto debe comenzar con el reconocimiento del conflicto de intereses que supone permitir a los intermediarios fiscales asesorar en la lucha contra la elusión fiscal. Sólo entonces podrá surgir un marco eficaz que garantice la protección de la política fiscal en aras del interés público frente a los intereses creados.

 

Publicado por Corporate Europe Observatory, con el apoyo de:

EPSU – European Federation of Public Service Unions www.epsu.org

AK Europa – Brussels office of the Austrian Federal Chamber of Labour (BAK) www.akeuropa.eu

ÖGB Europabüro – Brussels office of the Austrian Trade Union Federation (ÖGB) http://www.oegb-eu.at

ATTAC España www.attac.es
https://corporateeurope.org/power-lobbies/2018/06/tax-avoidance-industry-embedded-eu-tax-policy

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