Ayuntamientos en el olvido

16 noviembre 2018 | Categorías: Estatal, Opinió | 436 lecturas |

Carlos Martínez García - Consejo Científico de ATTAC España

Cuando hablamos de municipios en España, pareciera que tan solo son cinco o seis capitales de provincia, en realidad hay 8.124 aproximadamente. Existen lógicamente diferentes tipos y tipología de municipios pero en el estado español, todos los ayuntamientos son iguales ante la ley, todos tienen autonomía y competencias propias, son además no solo parte del Estado, sino Estado. Más antiguos que las propias Diputaciones y por supuesto mucho más antiguos y sabios que las Comunidades Autónomas. Los ayuntamientos son expresión del poder local y deben dejar de ser corporaciones locales para ser gobiernos locales. El Gobierno local debe tener los órganos de control correspondientes no solo institucionales, sino ciudadanos y barriales o comunales. Contando además con las nuevas tecnologías a la hora de establecer consultas etc. pero, ofertando medidas alternativas al objeto de superar la importante brecha digital existente, mucho más numerosa de lo que pudiera parecer. Desde que el espíritu de clase -de clase media- y lo postmoderno se ha apoderado de la política parece ser que todo el mundo tiene internet en casa o se maneja con un móvil y eso es cierto. Hay que regresar a las asambleas de vecinas y vecinos.

Pero es que hay que volver a rescatar los municipios, sobre todo su autonomía politica, fiscal y de gasto, de inversión social.

Los ayuntamientos tienen tres adversarios declarados, muy claros y otro más tolerante y/o incluso colaborador. A saber, el primero y hablando del estado español es la Ley Montoro o la LARSAL, ley de racionalización de las administraciones locales impuesta por el PP y que a pesar de tres sentencias que la modifican sustancialmente, sigue vigente inexplicablemente, conviertiendo a los ayuntamientos en meros prestadores de ciertos servicios, controlados y como certeramente señala el profesor Manuel Zafra ofertados a bajo precio. La ley Montoro es la transposición de las directivas europeas UE, de austeridad y de control de techo de gasto, pero va más allá y asume la filosofía politica de la UE en el sentido de tratar de eliminar ayuntamientos o al menos disminuir sus inversiones en políticas sociales, culturales, de fomento y de dotaciones y servicios, imponiendo la privatización de los servicios municipales, que la ley Montoro -la LRSAL- no solo insinúa sino que obliga.

El segundo terrible adversario de los municipios es la patronal. La gran patronal plantea la disolución de unos 5000 ayuntamientos, con una gran carga demagógica, pues en realidad lo que desean es comerse todo el pastel de los servicios públicos municipales mediante la privatización generalizada y hacer negocio de lo público. Si los servicios públicos no pudieran ser negocio, la patronal no intervendría. Por eso reduciendo municipios hay menos personas con las que negociar… Convencer… Invitar a comer… hay menos plenos y menos contratos que hacer con lo que la gestión se simplifica y también la gestión de las grandes contratistas de las que Florentino Pérez es el gran manejero, se hace más sencilla y por tanto más beneficios todavía. Por eso revertir las privatizaciones es imprescindible para cualquier práctica municipalista honrada y en defensa de los derechos de las vecinas y vecinos.

El tercer enemigo; número uno es la ideología neoliberal y conservadora. Un municipio concebido como mero prestador de servicios es además un negocio redondo y la idea neoiliberal de que lo importante son los servicios y no quien los presta, no es sino excusa para favorecer negocios de empresas privadas en detrimento del poder local. Los ayuntamientos por otro lado son un instrumento político muy peligroso para las derechas, pues extiende la participación politica y conforma un poder local democrático y republicano, muy difuso y difícil de controlar. Por eso se ha inventado el techo de gasto, pues a pesar de los pesares los ayuntamientos son la administración pública española que menos despilfarra y mejor gestiona, insistimos a pesar de los pesares y la numerosa publicidad pagada en los medios corporativos de comunicación contra los ayuntamientos.

En cuarto lugar las Comunidades Autónomas, tratan de tutelar de forma ilegal por cierto, a los ayuntamientos. Los ayuntamientos en sus materias de competencia son al menos tan autónomos como las Comunidades. Las CCAA han creado todas ellas poderosas redes clientelares que duplican las administraciones de forma innecesaria al objeto de controlar municipios que no son de su color político o pagar favores a los de su cuerda. Las CCAA controlan un gasto superior ya al del Estado, pero asfixian e impiden que los municipios puedan tener suficiencia financiera al objeto de servir a los intereses de sus habitantes. Las CCAA, manipulan o desprecian la gestión local y jamás y ninguna de ellas respeta el principio de subsidiariedad invadiendo competencias locales. Son por tanto adversarias si bien tratan de disimularlo y se llenan la boca de supuestas colaboraciones.

Por tanto la demanda de que el gasto público se reparta en un 50%-25%-25% sigue siendo necesaria. En cualquier caso que Estado y CCAA se repartan el total de lo suyo pero dejen de meter la mano en la caja local.

Finalmente los ayuntamientos y las próximas elecciones locales son una excelente oportunidad para la izquierda al objeto de consolidar poder territorial y hacerlo de la mano de los ciudadanos e impulsar candidaturas republicanas y de cambio social real y transformador. Por eso a la derecha y a todos los aparatos políticos lo local les da grima y meten la mano, controlan, sancionan, o disuelven pues en realidad la democracia local les preocupa y mucho, pero para controlarla desde arriba.

Politólogo, de la plataforma socialista pro PSF

Publicado en  Nuevatribuna

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