La renta básica incondicional: una propuesta inaplazable

12 mayo 2019 | Categorías: Internacional, Justícia Fiscal y Financiera Global, Opinió, Renda bàsica | 163 lecturas |

Daniel Raventós, Rubén M. Lo Vuolo, Pablo Yanes – www.sinpermiso.info

En un artículo que publicamos en el año 2010, poco tiempo después del estallido de la gran crisis financiera,  realizamos una defensa de la renta básica (RB) cuando la crisis económica empezaba a golpear fuerte a las poblaciones y se utilizaba como pretexto para los ataques a los derechos sociales y laborales. Decíamos en aquel artículo:

“En la reunión del pasado 10 de mayo del ECOFIN, el BCE y el FMI, un banquero británico empleó una buena expresión para definir los planes de austeridad: ‘Es más fácil vender dicho plan diciendo que debe servir para salvar a Grecia, a España y a Portugal, que confesar que debe ante todo salvar y ayudar a los bancos’. Los planes de austeridad presupuestaria puestos en marcha para paliar los déficits públicos son, efectivamente, un ataque de enorme envergadura contra las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras y contra los regímenes de Estado de Bienestar surgidos después de la Segunda Guerra mundial”.

No éramos especialmente originales advirtiendo acerca de estas prácticas. Desde distintos ámbitos académicos, políticos y sociales muchas personas alertaban sobre estos escenarios con palabras más o menos parecidas. Pero con el paso del tiempo hemos constatado que los programas de austeridad han sido mucho más agresivos que lo que supusimos, y sus efectos mucho más nocivos.

Esto no se ha revertido ni siquiera con la “recuperación” anunciada para algunos países en estos últimos años; mucho menos en la mayoría de los países de América Latina que luego de una corta recuperación posterior a 2009, hace un lustro que están estancados o en retroceso. Pero las mismas políticas de austeridad que golpearon el bienestar de la mayoría, son las que favorecieron a los más ricos. Pongamos el ejemplo del Reino de España. El número de ricos en el Reino de España creció durante la crisis. 224.000 personas (el 0,48% de la población) acumulaban a finales de 2017 un total de 650.000 millones de dólares. Aunque las diferencias entre estas 224.000 personas son muy grandes, la media es de poco menos de 3.000.000 de dólares por persona. Para tener una idea aproximada de lo que representa esta cifra: el gasto en pensiones es de 139.647 millones, y el pago por prestaciones al desempleo es de poco más de 17.400 millones, es decir, un 25% y un 3,1% respectivamente de lo que acumula este 0,48% de la población del Reino de España. Desde el año 2008, cuando comenzó la crisis que se utiliza como argumento para justificar la austeridad, este 0,48% más rico de la población ha casi duplicado su riqueza; de 360.000 millones de dólares a los mencionados 650.000.

Mientras tanto, en esta década los debates sobre la RB se han expandido de un modo que tampoco anticipamos. No sólo que el tema se trata cada vez más en los medios de comunicación y en los ámbitos académicos, sino que se multiplican las propuestas legislativas y los llamados “experimentos” que buscan simular el probable impacto de la propuesta en las conductas personales.

¿Por qué se habla y escribe tanto últimamente de la RB? Algunas de las razones son:

Cada vez queda más claro que el trabajo asalariado ya no es garantía de salvarse de la pobreza y mucho menos de mejorar el bienestar personal y familiar. Los llamados working poor, (personas que pese a contar con un empleo son registradas como pobres) son una constatación que ya no es patrimonio de los países periféricos sino también de países centrales. Las desregulaciones laborales, la destrucción del tejido productivo de amplias zonas geográficas, las señaladas políticas económicas de recortes y austeridad han degradado las condiciones de vida de gran parte de la clase trabajadora que había incrementado su nivel de vida en los años gloriosos del Estado de Bienestar. En el año 2015 la UE registraba un 13,2 % de trabajadores pobres.

Proliferación de los llamados “experimentos” sobre la RB. En los últimos años se han realizado o se están realizando aún pruebas piloto de los probables impactos sobre las personas de programas parciales de la RB. Finlandia, Barcelona, Utrecht, Namibia, Kenya… son algunos ejemplos de estos programas que han motivado que la RB aparezca, aunque no siempre tratada correctamente, en muchos titulares de prensa. En breve: son experimentos que pueden ilustrar sobre algunos aspectos muy parciales de la RB, como la actitud ante el trabajo remunerado o el contraste entre quienes reciben beneficios condicionados o incondicionales. Pero, además de estar generalmente aplicados en grupos con carencias graves (pobreza crónica o desempleo prolongado) y por lo tanto no informar sobre comportamientos generales de la población, no pueden informar sobre los efectos fiscales, los impactos sobre la autonomía y la libertad de elección de opciones de vida de las personas, el poder de negociación de hombres y mujeres en sus puestos de empleo, los efectos sobre unos salarios (que aumentarían) y sobre otros (que disminuirían), los cambios en la aversión al riesgo para emprendimientos individuales y colectivos. Estos experimentos tienen el mérito de colocar el tema en el debate del público, pero a riesgo de deformarlo y arriesgar conclusiones erróneas de sus resultados, como alguna prensa ha hecho por ignorancia o por mala fe.

Además muchos de los experimentos no dejan de tener un sesgo preocupante, ya que explícita o tácitamente tienen como pregunta central si las personas (esto es, los pobres o los trabajadores) dejarían de laborar con una RB, si se trata de un incentivo a la flojera, la holgazanería y la disipación a la que supuestamente son proclives los pobres y los trabajadores, aunque esta misma pregunta no se hace para las personas ricas o grandes propietarios. Mientras que éstos pueden vivir sin trabajar (o de hecho algunos lo hacen) la preocupación central es si los “otros” también podrían hacerlo y el daño social que, se asume, esto produciría.  Aún hay mucho que desentrañar en la antropología subyacente de los experimentos sobre ingreso ciudadano o RB que se han llevado a cabo y  determinar en qué medida sus resultados parciales pueden seguir reproduciendo, más allá de su intencionalidad, estereotipos sobre los pobres, las personas trabajadoras y la pobreza en general.

Asimismo conviene tener presente que en la historia las grandes transformaciones sociales (y la RB es una de ellas) raramente han sido producto de experimentos previos y consensos ex ante, sino más bien este tipo de transformaciones anticipan al mismo tiempo que crean una nueva estructura social sobre la cual se construyen nuevos pactos y acuerdos generando un nuevo consenso social, un consenso ex post. Posiblemente algo similar sucederá con la RB porque ella es mucho más que una nueva política pública o un programa social alternativo, es un cambio estructural que pone en cuestión la sabiduría convencional en donde el único ingreso legítimo proviene de la propiedad o del empleo, que redefine los términos de la relación entre el ingreso y el empleo, y que tiene una dimensión contracultural al afirmar el derecho a la existencia. Con la RB ya no habrá que ganar el pan con el sudor de la frente, porque el pan será un derecho de todas las personas por el hecho de serlo.

La creciente mecanización de los procesos de trabajo y la substitución de muchas tareas por robots.

Proliferan estudios que alertan acerca de la creciente y rápida substitución de trabajo humano por robots dotados incluso de inteligencia artificial. Y esto abarca no sólo a los trabajos menos calificados, sino también a muchos trabajos hoy desempeñados por profesionales calificados. Si bien algunos estudios muestran que, conforme a la experiencia histórica, al tiempo que se sustituyen trabajos se crean otras actividades demandantes de empleo, todo indica que el efecto “neto” implicará reducción en las horas de empleo humano demandado. Mucho más en países periféricos como América Latina que no son productores sino importadores de nuevas tecnologías; en estos casos, ni siquiera hay que tener mucha esperanza acerca de la creación de nuevos puestos. Estas tendencias en el sistema productivo han estimulado el debate acerca de nuevas formas de garantía de ingreso para toda la población y de remuneración a la fuerza laboral, y la RB aparece como una de las alternativas más plausibles.

El fracaso de los subsidios focalizados y condicionados para atender el creciente problema de la pobreza por ingresos y sobre todo para resolverlo de manera sostenida y duradera. Como mencionamos previamente, las condiciones de vida y trabajo son cada vez peores para buena parte de la población no rica en donde la precarización en la reproducción de la vida tiende a ser dominante y las políticas económicas no hacen más que empeorar su presente y sus perspectivas futuras. Esto generó en el caso de América Latina hasta el año 2015 un aumento sostenido de diversos programas asistenciales, focalizados y condicionados, que buscan construir una red de sostenimiento de ingresos básicos para la población vulnerable o en condiciones de pobreza. Peor aún, en el caso de América Latina, en varios de los países, tiende a haber una reacción contraria a la idea misma de transferencias monetarias a los pobres (aún si son condicionadas). Luego de muchos años de aplicar los mismos, hoy se percibe su (anunciado) fracaso y necesidad de remplazo por políticas de mucho mayor alcance, pero no son descartables regresiones en lo que los propios programas de transferencias condicionadas habían alcanzado. En lo que sigue señalamos algunas enseñanzas de esta experiencia de décadas y en distintos países, en tanto las mismas suelen presentarse increíblemente como una alternativa válida a los programas de renta universal e incondicional.

Impacto de mecanización.
Impacto de mecanización.

El fracaso de los subsidios focalizados y condicionados para atender el creciente problema de la pobreza por ingresos y sobre todo para resolverlo de manera sostenida y duradera. Como mencionamos previamente, las condiciones de vida y trabajo son cada vez peores para buena parte de la población no rica en donde la precarización en la reproducción de la vida tiende a ser dominante y las políticas económicas no hacen más que empeorar su presente y sus perspectivas futuras. Esto generó en el caso de América Latina hasta el año 2015 un aumento sostenido de diversos programas asistenciales, focalizados y condicionados, que buscan construir una red de sostenimiento de ingresos básicos para la población vulnerable o en condiciones de pobreza. Peor aún, en el caso de América Latina, en varios de los países, tiende a haber una reacción contraria a la idea misma de transferencias monetarias a los pobres (aún si son condicionadas). Luego de muchos años de aplicar los mismos, hoy se percibe su (anunciado) fracaso y necesidad de remplazo por políticas de mucho mayor alcance, pero no son descartables regresiones en lo que los propios programas de transferencias condicionadas habían alcanzado. En lo que sigue señalamos algunas enseñanzas de esta experiencia de décadas y en distintos países, en tanto las mismas suelen presentarse increíblemente como una alternativa válida a los programas de renta universal e incondicional.

El agotamiento de los subsidios y transferencias condicionadas

Los problemas y limitaciones de los subsidios condicionados son muchos, pero aquí apuntaremos cinco que ya se habían anticipado como resultado lógico de sus reglas operativas y que hoy se sostienen además en evidencia práctica.La trampa de la pobreza. Este grave problema se ha vuelto evidente a medida que proliferan cada vez más programas focalizados y condicionados. Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, existe un fuerte desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello implica la pérdida total o parcial del subsidio. En claro contrate, la RB funciona como una base o un suelo que no se pierde si se consiguen ingresos de otras fuentes: así, la realización de trabajo remunerado no implica la pérdida de la RB con lo que el desincentivo a la búsqueda de empleo desaparece. Asimismo, con la RB desaparecería el pequeño “fraude fiscal” derivado de la posibilidad de obtener dos rentas: la del subsidio condicionado y la de una actividad desarrollada en el ámbito del llamado trabajo sumergido o no registrado. El creciente empleo no registrado, que es un rasgo estructural en América Latina pero que ya también se observa en países centrales, es evidencia de lo anterior. Suponer que los posibles derechos de pensiones de jubilación y la imposibilidad de acceder al seguro de desempleo son estímulos que impedirían estas prácticas, es no comprender que quienes tienen urgencias de corto plazo no pueden darse el lujo de pensar en el mediano o largo plazo.Los elevados costes administrativos de los subsidios condicionados. Esto es un viejo y conocido problema. La condicionalidad implica control y el control implica gastos de gestión y administración que son muy elevados en relación con los beneficios que perciben las personas asistidas. No sólo se trata de controlar si la persona perceptora del subsidio condicionado cumple los requisitos legales en un determinado momento, sino además si las sigue cumpliendo una vez que esta persona ha logrado sortear todas las condicionalidades burocráticas para percibir el subsidio condicionado. Control en el momento de conceder el subsidio y control posterior mientras se lo está percibiendo. Además de costos innecesarios esta irracionalidad alimenta prácticas discriminatorias, estigmatizantes e incluso clientelares. Si bien la RB tendría algunos costos administrativos, como cualquier programa, su incondicionalidad garantiza que los mismos sean insignificantes al tiempo que reduciría sustancialmente e incluso eliminaría muchos de estos problemas.

La estigmatización asociada a los subsidios condicionados. Este aspecto es cada vez más grave en sociedades que acentúan su tendencia a la desigualdad y la discriminación de los grupos sociales excluidos o subordinados. Se ha afirmado, incluso, que los programas focalizados y condicionados atentan contra los propios principios democráticos de igualdad y no discriminación. La obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores de tener que ser clasificados, en las ventanillas de la administración, como “pobres”, “necesitados”, o directamente “culpables” de ser unos fracasados o inempleables.

La cobertura insuficiente y los errores de exclusión de los programas de subsidios condicionados, por diferentes que puedan ser entre sí, es otro de los problemas que presentan tales programas. Efectivamente, se trata de programas que no llegan a alcanzar la totalidad de la población que potencialmente podría ser beneficiaria de ellos, no solo por las múltiples fallas burocráticas y los limitados presupuestos públicos asignados sino porque está probado que muchas personas que necesitan el beneficio no lo solicitan o carecen de la capacidad de agencia para acceder a ellos. Estos problemas son mucho más graves en América Latina donde muchos programas tienen coberturas limitadas y en los últimos años se ha detenido o revertido su crecimiento, además de que el acceso a ciertas áreas es muy difícil, por lo que no es infrecuente que estos programas tengan problemas para incorporar a las poblaciones más pobres y más aisladas.

La insuficiencia de las prestaciones. Dado que una de las preocupaciones centrales de las transferencias monetarias condicionadas es no generar lo que denominan incentivos perversos respecto al empleo, el monto de las prestaciones que reciben los hogares son en casi todos los programas muy bajas (no sea que las personas se acostumbren a vivir sin trabajar) y no alcanzan a cubrir la línea de pobreza de ingresos de cada país. Lo anterior se expresa en que el resultado de muchos de estos programas ha sido más la mitigación de la pobreza extrema que la erradicación de la pobreza. Esto es, los pobres son un poco menos pobres, pero no dejan de ser pobres. La RB, en cambio, se propone lograr una vida libre de pobreza para todas las personas de la cuna a la tumba, lo cual por cierto es convergente con el Objetivo 1 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que postula poner fin a la pobreza en todos lados y en todas sus formas. Pero la RB es más que una medida potente contra la pobreza, es también y, sobre todo, una medida a favor de la emancipación de las personas y su derecho a una vida digna. Por ello, la RB no es cualquier cosa, ni cualquier cosa es una RB.

Para hablar con rigor de una RB habría que cumplir con las características que la definen: es universal, individual, incondicional, vitalicia y suficiente. Todo lo anterior demanda una movilización muy importante de recursos, en donde, particularmente en los países de América Latina y El Caribe, implica una nueva fiscalidad fuertemente progresiva.

Entre otros problemas generales, los subsidios condicionados se justifican en la necesidad de asistir a quienes se han quedado en el paro, no llegan a determinado nivel de renta, no tienen niveles de educación que los califiquen para el empleo, etc.  Todas estas situaciones se consideran como “anormales” o “extraordinarias”, en comparación con la normalidad que sería el trabajo asalariado y el empleo formal. Sin embargo, cada vez es más claro que esta percepción es errónea, entre otras cosas porque las tendencias señaladas previamente indican que la nueva normalidad es la vulnerabilidad y precarización laboral.

La RB asume estas tendencias y postula que la existencia material básica debe garantizarse independientemente de la situación laboral, por el mero hecho de existir y ser ciudadano o ciudadana de un determinado Estado. El objetivo de la RB no es asistir supuestas situaciones anormales, sino garantizar la existencia material sin condiciones y de manera universal. Así, mientras que la lógica de los subsidios condicionados es asistir ex-post a quienes han fracasado, a quienes han caído, a quienes se han vuelto “disfuncionales” en los actuales mercados de empleo y pueden demostrarlo conforme a los criterios impuestos por la burocracia estatal; paradójicamente, su “mérito” sería el de ser una excepción que reclama tutela ex-post. La RB, en cambio, será una garantía ex ante, garantizar la existencia material incondicionalmente.

Por supuesto que es mejor tener una tutela ex-post que no tener mecanismo de protección alguno. Pero, además de los problemas señalados previamente, la mera asistencia ex-post conduce irremediablemente a la pérdida de la libertad efectiva de las personas que se ven obligadas a acatar el statu quo, a someterse a los mercados políticamente configurados (empezando por el laboral). La tutela ex-post se ofrece como una protección residual que exige a cambio una mayor sumisión y control. En cambio, la RB se establece ex ante de forma incondicional y por lo tanto libera a las personas para que tomen decisiones sin verse sometidas a controles. Otorga seguridad y certeza en un mundo de precariedades e incertidumbres crecientes.  Esto acerca a la RB mucho más a los ideales democráticos que las actuales prácticas de programas condicionados. Pero también nos gustaría dejar bien explícito que la renta básica es una medida conflictiva porque no beneficia a todo el mundo. En las propuestas de financiación con las que nos sentimos más comprometidos las personas más ricas salen perdiendo aunque reciban, claro está, la renta básica. Y eso es conflictivo. Así que nada nos exime de tener que defender la renta básica de forma clara, abierta, sin eludir los conflictos que puede suponer.

Renta Máxima y grandes fortunas

La propuesta de la RB recibe críticas de todo tipo aunque no siempre informadas. Por ejemplo, para muchos su objetivo es “solucionarlo todo”. No es así. Se trata de una política que apunta a sostener niveles básicos de ingresos y que necesariamente debe complementarse con otras políticas universales para ser efectiva en mejorar la distribución y el bienestar de la población.

La RB, por claro ejemplo, no podría por sí sola evitar las consecuencias derivadas del enorme poder de las corporaciones transnacionales cuyas decisiones constriñen no sólo las decisiones de la inmensa mayoría de la población sino la propia capacidad de los Estados para realizar política. El problema no es sólo el poder del Estado para discriminar, cooptar lealtades y ejercer su autoridad para aumentar las desigualdades; también los agentes del sector privado tienen enorme poder para minar la autonomía de las personas de forma intolerable.

Una de las consecuencias de ese poder privado es el crecimiento exuberante de los ingresos y la riqueza de un grupo minoritario de personas. Así, todo indica que no sólo es necesaria una RB sino también una política de Renta Máxima que ponga techo a los ingresos y por lo tanto frene la desigualdad distributiva. Republicanamente las grandes fortunas no solo ejercen su dominium (entendido como capacidad de dominar al resto de la población especialmente mediante los derechos de propiedad como hoy están configurados) sino que además agregan el imperium, esto es la degeneración despótica de las instituciones políticas que se moldean a su conveniencia. Tanto el dominium como el imperium de las grandes fortunas son incompatibles con la libertad de la gran mayoría.

De ahí precisamente que la neutralidad republicana, a diferencia de la liberal que se conforma con que el estado no tome partido por una concepción determinada de la buena vida en detrimento de las otras que puedan existir, exige acabar con los grandes poderes privados que tienen la capacidad (y la ejercen) de imponer su interés y de disputarle al espacio público esta prerrogativa. Las formas de ejercer el imperium son múltiples, y muchas de ellas poco visibles. Por decirlo con las palabras de Rutherford Birchard Hayes, 19 presidente de EEUU: “este gobierno es de las empresas, por las empresas y para las empresas”. Actualmente podría decirse lo mismo de muchos gobiernos sin necesidad de forzar un ápice la realidad.

Por lo tanto, la RB no es suficiente para garantizar la existencia material de toda la población, condición para ejercer la libertad. También son necesarias otras medidas, como impedir que los grandes poderes privados sean capaces de imponer a su arbitrio los destinos públicos. Entre otras cosas, la RB universal e incondicional requiere de una Renta Máxima para poder obtener sus objetivos. Y también de la garantía de acceso universal a otros elementos básicos para el bienestar y el libre ejercicio de la autonomía personal, como la salud, la educación, la vivienda, etc. A esto habría que agregar otras propuestas que desde diversas corrientes del pensamiento (feminismo, ecologismo, etc.) vienen bregando por un cambio de rumbo en nuestras sociedades.

Rubén M. Lo Vuolo es Director Académico e Investigador Principal del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), Buenos Aires, Argentina. Es Presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano. Es autor y editor de “Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America : From Cash Transfers to Rights” (Palgrave MacMillan, 2013).

Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Comité Científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, “Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa” (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, “Against Charity” (Counterpunch, 2018) recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia)

Pablo Yanes ex Director General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Coordinador de Investigaciones de la sede subregional de la CEPAL en México. Las opiniones expresadas aquí son a título personal y pueden no ser coincidentes con las del Sistema de Naciones Unidas.

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