Menu

Subida del SMI a 950 €. Un avance, pero insuficiente

4 Març, 2020 - Estatal, Opinió, Serveis Públics

Raúl Navas – Viento Sur España se ha caracterizado por tener unos precios de la vivienda completamente desorbitados. Un estudio de The Economist de 2002 indicó que el precio de la vivienda en España entre 1980 y 2001 subió un 726%. Desde entonces, el seminario británico ha publicado diversos estudios en los que se señala que el […]

Raúl Navas Viento Sur

España se ha caracterizado por tener unos precios de la vivienda completamente desorbitados. Un estudio de The Economist de 2002 indicó que el precio de la vivienda en España entre 1980 y 2001 subió un 726%. Desde entonces, el seminario británico ha publicado diversos estudios en los que se señala que el precio de la vivienda está y ha estado sobre valorado. El pasado mes de agosto, el Banco de España publicó un informe en el que se exponía que España es el segundo país de la CEOE donde más difícil es acceder a una vivienda, y que desde 2013 los precios del alquiler han aumentado un 50% [1]. Un estudio de la OCDE de 2016 indicaba que España era el país de este organismo en el que las familias más ingresos destinaban a pagar el alquiler, y el quinto en gasto en pagar hipotecas.
Si analizamos otros derechos básicos como el acceso al suministro eléctrico, también nos encontramos con precios muy caros. En 1996 con la liberalización del mercado eléctrico, nos prometieron tarifas y precios más baratos. Pero en 1999 la OCDE señalaba a España como uno de los países con los precios más caros del mundo [2]. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó en 2015 que la luz había subido un 83,2% desde 2003. Un informe de la Comisión Europea de 2002, situaba a España entre los precios de la luz más caros de la UE [3]. España ha sido el segundo país de la UE en el que más ha subido el precio de la luz entre 2009 y 2019, pasando del décimo al quinto puesto el precio más caros [4].
Por otro lado, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), España ocupa el séptimo lugar en cuanto a tasa de pobreza en Europa. Y según datos de Eurostat, España tiene la segunda mayor tasa de pobreza severa de la UE. 2,5 millones sufren de está pobreza severa, mientras que 12 millones de españoles están en riesgo de pobreza o excusión social. Además, más de la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes. Por otro lado, está cobrando fuerza el fenómeno de los trabajadores pobres. Personas, que pese a trabajar no disponen de unos mínimos ingresos para poder vivir decentemente y cubrir necesidades básicas. La precariedad y multiplicación de contratos basura y a tiempo parcial están provocando un alarmante drama social. La tasa de pobreza con personas sin trabajo es preocupante. El desempleo no es el único factor determinante para ser pobre, lo es también el trabajo precario y mal pagado. España, es el país de la UE con mayor porcentaje de trabajadores pobres. Para colmo, solemos estar entre los trabajadores europeos con más horas trabajadas anualmente, muy por encima de las jornadas trabajadas en países como Alemania, Dinamarca o Noruega. Por si fuera poco, según un informe del European Trade Union Institute, estamos entre los países europeos con peores condiciones de trabajo. También recordamos que tradicionalmente duplicamos la tasa de temporalidad en el empleo en Europa, soliendo duplicar la tasa media. Y no menos importante, continuamos conociendo estadísticas espantosas sobre trabajos involuntarios a tiempo parcial, muy por encima de la media europea.
A este espantoso cocktail de precios de vivienda faraónicos, tarifas de luz desorbitadas, y pobreza, se añaden nuestros bajos y crónicos salarios. Según la OCDE, entre 1995 y 2005, España fue el único país de este organismo en el que los salarios reales se redujeron, concretamente un -4%. Mientras tanto, los beneficios empresariales crecieron un 73% entre 1999 y 2008 (en la UE-15 crecieron una media del 38%) [5]. Además, durante la crisis económica los trabajadores hemos sufrido una fuerte devaluación salarial. Y es que no olvidemos que, durante la crisis, todos sufrimos recortes salvo la banca. Para ellos en vez de recortes, hubo ayudas, que por cierto no se merecían. Entre 2008 y 2016 el IPC creció el doble que los salarios. Con estos problemas estructurales, no nos debe extrañar los niveles tan alarmantes de desahucios. Diversos estudios señalan con preocupación la elevada desigualdad social en España. Un informe de la OIT señala a España entre los países en los que las rentas salariales han disminuido más en relación al PIB.
Philip Alston, el Relator Especial sobre la pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, ha visitado España recientemente. En estos días ha reiterado su asombro ante los dramas sociales con los que se ha encontrado, afirmando que ha visto “trabajadores en asentamientos en condiciones que compiten con los peores que he visto en cualquier otra parte del mundo” [6]. En sus conclusiones, ha alertado de que numerosas familias tienen el dilema de tener que elegir entre comprar la comida o poner la calefacción, debido a la escasez de recursos económicos. El relator, ha alertado sobre los altos niveles de pobreza, desigualdades sociales y los disparatados precios de la vivienda en España. Entre otras cosas, ha recomendado que el gobierno controle los precios del alquiler. Ha calificado de “desastre” la vivienda social, debido a su escasez. En sus declaraciones a la prensa ha mostrado su asombro por la dificultad existente para acceder a una vivienda Además, ha señalado que las políticas económicas aplicadas en España en los últimos años han beneficiado a los ricos y las empresas.
En este contexto asistimos al debate sobre la subida del salario mínimo. Reflexionando lo expuesto anteriormente, es evidente que lo primero que debemos pensar es que subir el salario mínimo es urgente, justo y necesario. Porque ¿tenemos unos salarios bajos o elevados? Insistimos, no nos caracterizamos por salarios elevados, sino todo lo contrario. El salario medio en España es un 20,7% (433 euros) inferior al salario medio de la UE [7]. Otros países de la UE tienen un SMI sustancialmente superior al nuestro: Luxemburgo (2.071 euros), Irlanda (1.656 euros), Países Bajos (1.635 euros), Bélgica (1.593 euros), Alemania (1.557 euros), Reino Unido (1.524 euros) y Francia (1.521 euros).
Por el contario y como siempre la patronal nos asegura que las subidas del salario mínimo no son buenas para la economía y la creación de empleo. Incluso la doctrina neoliberal defiende que no exista ningún tipo de salario mínimo. Asocian el SMI y cualquier incremento con efectos negativos e incluso catastróficos. Aunque algunos pensamos que incrementar los salarios tiene efectos positivos en la calidad de vida, para reducir desigualdades sociales, en redistribución de la riqueza, etc.
La patronal insiste en que subir el salario mínimo destruye empleo y reduce la productividad. Pero veamos, Luxemburgo está a la cabeza en Europa en cuanto a salario mínimo más alto. Curiosamente, también está a la cabeza en cuanto a productividad laboral en la UE según datos de 2018. En segundo lugar está Irlanda, y Bélgica ocupa el tercer puesto. Países Bajos (5º), Francia (8º) o Alemania (12º), son países que también tienen un SMI mayor que el de España (13º), y sin embargo todos ellos se sitúan en mejores índices de producción por trabajador. ¿Quién ocupa la cola en productividad laboral? La respuesta es Bulgaria, que en 2018 tenia un SMI de 260 euros (ahora es de 311 euros). Es decir, que el país con el mayor SMI de Europa está a la cabeza de productividad laboral, y el país con menor SMI está a la cola. Y es que si los salarios fuesen la clave tal y como asegura el capital, habría pleno empleo en Afganistán y las fábricas afganas serian de las más productivas del mundo.
La patronal también asegura que a mas salarios mínimo, mayor destrucción de empleo. Es una afirmación que se ha desmentido más de una vez. La OIT asegura que subir el salario mínimo activa la economía y el empleo. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001 ha afirmado que “los datos son abrumadores Subir el salario mínimo no daña al empleo” [8]. Paul Krugman, otro economista con el premio Nobel ha insistido en que subir el salario mínimo no incrementa el desempleo. Pero más allá de estos testimonios, observamos que todos los países que tienen un SMI en Europa mayor que el de España conocen tasas de paro significativamente inferiores a la nuestra. Tenemos el triple de tasa de paro de Luxemburgo, pese a que allí disponen de un SMI más del doble que el nuestro. Grecia, es el único en la UE con tasas de paro superiores, y éstas no pueden ser achacables al SMI, porque es incluso inferior al nuestro. Sudáfrica ha sido conocida por tener las tasas de paro más altas del mundo en los últimos años. Fenómeno que no puede ser achacable al SMI, dado que se implantó por primera vez en 2019, quedando en tan solo 1,21 euros la hora. Y es que la argumentación patronal es miserable. Nos dicen que no se debe controlar y limitar los precios del alquiler y la vivienda, y a su vez insisten en que si se deben limitar los salarios, llegando a decir que el aumento del SMI es negativo para los propios trabajadores. Un doble rasero que evidencia su hipocresía y voracidad ilimitada de beneficios.
Una vez contestando obvia y afirmativamente a la pregunta de si es necesario y subir el SMI. Nos preguntamos ¿es positivo y suficiente subirlo a 950 euros? La respuesta es: positivo si, pero suficiente no. Para comenzar, seguimos incumpliendo la Carta Social Europea. Recordamos que este pacto suscrito por España en 1978, establece que el SMI debe representar el 60% del salario medio. Esto supone que deberíamos tener un salario mínimo de 1.113 euros. Se supone que hay un compromiso del gobierno de Unidas Podemos y PSOE de cumplir está promesa y que final de la legislatura en 2023 el SMI se sitúe en 1.200 euros. Esperamos y deseamos que cumplan, y que estas medidas vayan acompañados de mejores claras, concretas y significativas de los derechos laborales y condiciones de trabajo. Pero, consideramos preocupante como se ha “cocinado” la reciente subida del SMI, que de golpe y porrazo se dejo de hablar sobre una anunciada y prometida subida a 1.000 euros, para quedarse en 950. El dialogo social con la CEOE no ha tenido efectos positivos y se ha dado la imagen de que se ha tenido que pedir permiso, o de que se ha debido rebajar el potencial reivindicativo y la subida del SMI para no enfadar a la patronal. No se debe aceptar aquello de rebajar o incumplir promesas para no disgustar a la CEOE. Por tanto, debemos de arrebatar a la patronal el monopolio de la presión al nuevo gobierno. Es necesario dotarnos de reivindicaciones claras y concretas para recuperar y conquistar derechos laborales, apostando por movilizaciones que reclamen avances sociales y laborales, manteniendo una firme defensa de una perspectiva de transformación social. No olvidemos que la movilización es la única garantía de no quedarnos con mejoras, y de conseguir empleos de calidad, dignos, decentes y socialmente útiles.
11/02/2020
Raúl Navas, delegado sindical en Correos


[1] Salvador, R: “España, tercer país de la OCDE con el alquiler mas inaccesible”. La Vanguardia (2/08/2019).
[2] “La OCDE confirma que el recibo de la luz en España es uno de los mas caros del mundo”. El País, 18/12/1999.
[3] Cañas, G: “Bruselas afirma que el precio de la luz en España se sitúa entre los mas caros de la UE”. El País, 04/11/2002.
[4] “España, segundo país donde mas sube la luz en 10 años de toda la Unión Europea”. ABC, 09/12/2019.
[5] Rizzi, A: “El salario real medio ha bajado un 4% en 10 años pese al fuerte crecimiento económico”. El País, 24/06/2007.
[6] Sosa Troya, M: “El relator de la ONU sobre la pobreza: “Lo que más me han dicho es que se sienten abandonados”. El País, 07/02/2020.
[7] “El salario medio de los españoles es 433 euros inferior al de la Unión Europea”. El Mundo, 20/11/2019.
[8] Doncel, L: “Los datos son abrumadores. Subir el salario mínimo no daña al empleo”. El País, 11/11/2018.

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.