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420 euros. Algunas reflexiones sobre crisis económica, derechos ciudadanos y descontento social

26 agost, 2009 - Treball

Jónatham F. Moriche – Extremadura al día
“Este país se compone de tres grupos sociales: las élites, las clases medias y los que no tienen nada. Yo gobierno para los dos primeros. Quienes nada tienen, que nada vengan a pedirme, porque nada tengo para ellos.” Margaret Thatcher
Aprobado en Consejo de Ministros extraordinario el pasado jueves 13 de agosto y publicado dos días después en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 10/2009 materializaba finalmente, bajo la denominación oficial de Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, una ayuda económica estatal directa a los desempleados sin cobertura, sobre cuya implementación venía hablándose insistentemente en los últimos meses, pero sobre cuya cuantía, condiciones y receptores potenciales previstos poca información significativa había sido previamente revelada.
El lunes 17 de agosto, miles de desempleados sin cobertura de todo el Estado que acudieron a informarse y cursar solicitud a las oficinas del Servicio Público Estatal de Empleo vieron estamparse sus expectativas contra el infranqueable acantilado de condiciones estipuladas por el citado RD 10/2009.
Quedaban excluidos de las ayudas todos aquellos que hubieran extinguido sus subsidios con anterioridad al 1 de agosto, así como aquellos otros que no hubiesen llegado a percibir subsidio alguno por no haber acumulado derechos en anteriores empleos. Según distintas estimaciones, los beneficiarios finales de esta ayuda de 420 euros mensuales (el 80% del llamado Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o IPREM) durante seis meses, rondarán en estas condiciones los 350.000, menos del 25% de los aproximadamente 1’5 millones de desempleados que actualmente carecen de cualquier tipo de cobertura contributiva o asistencial en el Estado español (sobre un total aproximado actual de 4’3 millones, que según todos los pronósticos se habrán transformado en 5 millones antes de cerrar el primer trimestre de 2010).
En Extremadura, son receptores potenciales poco más de 9.000 de los 38.000 desempleados sin prestación, sobre un total de algo más de 100.000 (esto es, ya por encima del 20% de la población activa extremeña). No es de extrañar que, finalmente, el momento de alivio que tantos cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en paro esperaban con la concesión de estas ayudas se convirtiese en un momento de amarguísima decepción.
Se han recordado muchas veces en estos días las palabras del presidente Rodríguez Zapatero en la pasada campaña electoral de 2008, afirmando que el gobierno socialista no dejaría a ningún trabajador desamparado en la cuneta de la crisis. ¿Resulta coherente este elevado propósito con la concreción material que de él se hace en este Programa Temporal de Protección? No lo parece. Más bien que a las promesas electorales del PSOE, el Programa Temporal parece responder, añadiéndoles un tenue y frágil “casi”, a la declaración de Margaret Thatcher que abre este texto: lo que finalmente puede ofrecer este gobierno a quienes no tienen nada es… prácticamente nada.
El esfuerzo presupuestario dedicado a este Programa resulta sencillamente ridículo: 345 millones de euros para seis meses. Una comparativa reciente resulta sumamente ilustrativa para poner en contexto esta cifra: la pasada primavera, el gobierno central destino 8.000 millones de euros a dotar un llamado Fondo de Inversión Local (FEIL), que apenas produjo 200.000 empleos/año en una masiva campaña de obra pública de escasísima utilidad social y nulo impacto positivo sobre la economía productiva, con un altísimo coste individual (de 35 a 40.000 euros por empleo/año) y, para colmo, gestionado con criterios de equidad sumamente dudosos en muchos de los ayuntamientos beneficiarios.
¿Cómo explicar una atención presupuestaria tan desigual? La respuesta es sencilla: si bien se presentó como una medida de fomento del empleo, el FEIL era, en lo esencial, una operación de rescate (por otro lado, absolutamente efímera) del sector de la construcción, que absorbió en forma de beneficios empresariales el grueso de la dotación financiera del mismo. Dando la vuelta a la tortilla, esos 8.000 millones de euros hubieran hecho posible sufragar durante todo un año un subsidio del 100% del IPREM (algo más de 500 euros) a casi 1’3 millones de desempleados, muy cerca del total de los que hoy carecen de prestación. Si la verdadera prioridad del gobierno fuera no dejar a nadie en la cuneta, ¿no hubiera sido más lógico trastocar el destino de dichas cuantías, dedicando la parte del león a las ayudas sociales y una cantidad menor a reflotar un sector empresarial ya absolutamente desahuciado, además de directamente responsable de buena parte de la tragedia económica y social que padecemos?
El contraste resulta aún más escandaloso si tomamos como referencia las ayudas al sector financiero, cuyo monto real total es difícil de calcular pero que, en cualquier caso, supera holgadamente los 200.000 millones de euros (sumando gasto y endeudamiento públicos), destinados al reflote de un sector que sigue registrando sustanciosos beneficios, restringiendo asfixiantemente el crédito a la inversión productiva y embarcándose en operaciones crediticias de mínimo o nulo impacto en términos de generación de empleo y mejora de la productividad (sin ir más lejos, los astronómicos fichajes futbolísticos que han inundado todas las portadas durante los pasados meses).
Si valoramos en conjunto el exorbitante coste de estas medidas puramente neoliberales de estímulo y protección de la oferta (constructora, automovilística, bancaria…), la tramposa fiscalidad de las grandes fortunas a través de sociedades-pantalla (como las llamadas SICAV, que tributan un inapreciable 1%) y paraísos fiscales (en los que operan con total opacidad todos los grandes bancos españoles), la derogación del progresivo Impuesto sobre el Patrimonio (que pagaban sólo quienes ganan más de 11.000 euros al mes, y aportaba unos 1.800 millones de euros al erario público), las ayudas a la maternidad de 2.500 euros y las devoluciones del IRPF de 400 euros (otorgadas sin prestar la menor atención a criterios de necesidad y progresividad, y por tanto completamente ineficaces desde el punto de vista social)… ¿qué puede quedar, después de semejante sangría, para ofrecer cobertura a las capas más desfavorecidas y desprotegidas de la sociedad, en una situación tan extrema y brutal como la presente? Ya lo sabemos: 345 miserables millones de euros, seis meses de lígrima limosna, que para colmo, dada la penosa situación de las arcas del Estado, deberán ser financiados mediante una nueva emisión de deuda pública…
Y si la dotación financiera del Programa resulta desproporcionadamente ridícula ante la magnitud de la tragedia social a la que teóricamente viene a traer alivio, la letra pequeña de su articulado no hace sino empeorar su retrato y enfangarlo con la sombra de intereses espúreos. Con su nefasto modelo de retroactividad, que beneficia a los desempleados más recientemente privados de cobertura frente a los desempleados de más larga duración y mayor tiempo de desprotección, lo que hace es contener el impacto de la crisis sobre sus nuevas víctimas (que en general coincide con una segunda oleada de despedidos, los que gozaban de un empleo más estable y niveles medios de renta), a costa de consolidar una ingente bolsa de exclusión social nutrida por los desempleados de larga duración y las primeras y más indefensas víctimas de la crisis (temporales, fijos discontinuos, falsos autónomos…). Invirtiendo la lógica temporal de este Programa, de modo que beneficiase prioritariamente a los desempleados de más larga duración y en situación de mayor necesidad, se trataría de una medida del todo insuficiente, pero que al menos preservaría un signo social inequívocamente positivo.
Pero con su lógica temporal actual, que no compensa sino que refuerza los mecanismos de la exclusión social, y que atiza recelos entre desfavorecidos que sólo resultan funcionales a los intereses de los más pudientes, no cabe sino calificarlo de contraproducente. Javier Orduña, director general del Servicio Público Estatal de Empleo, justificaba una decisión tan palmariamente arbitraria y regresiva apelando al más crudo darwinismo social: “El que ha terminado ya sus prestaciones, se supone que ha tenido más oportunidades para encontrar trabajo. Porque, a pesar de la crisis, el mercado de trabajo genera algunos empleos” (El País, 19/08/2009).
¿Y los que, a pesar de todo, por su edad, por su nivel de formación o por otros factores excluyentes, ni lo han encontrado ni tienen perspectiva de encontrarlo? ¿Nada para ellos? Se trata de un escalofriante razonamiento que sin apenas disimulo hace recaer la responsabilidad de la exclusión sobre los propios excluidos, algo que la Dama de Hierro y sus epígonos del neoliberalismo más salvaje podrían suscribir sin dificultades, pero que resulta indignante en un alto funcionario de un gobierno siquiera nominalmente socialdemócrata… Por otro lado, la cláusula que condiciona la continuidad del Programa al mantenimiento de porcentajes de desempleo superiores al 17% exhibe con mayúsculo descaro su función de maquillaje estadístico, salvavidas mediático y analgésico de las tensiones sociales, sin más objetivo ni horizonte que poner freno al monumental descalabro en las urnas que, con toda justicia, aguarda al Partido Socialista en el ciclo electoral 2011-2012.
Podríamos agavillar muchos más datos, comparaciones y perspectivas de análisis que no harían sino afear aún más el retrato de este desmañado Programa Temporal de Protección. Posiblemente no sea ya necesario para resaltar la necesidad y la urgencia de plantar cara desde la izquierda a esta nueva, burda y nefasta maniobra de distracción ante el imparable impacto social de la crisis capitalista. Pero… ¿dónde está la izquierda? ¿Cerrada por vacaciones? Porque, de momento, por triste y doloroso que nos resulte constatarlo, y más allá del descontento individual amargamente mascullado en las colas de los servicios de empleo, no ha habido más respuesta al Programa Temporal del gobierno del PSOE que la lanzada desde el flanco derecho (el perfectamente solidario y compacto bloque de poder que componen el Partido Popular, las patronales CEOE y CEPYME, medios como la COPE o el El Mundo e incluso aparatos autónomos del Estado, como el Banco de España), reticente a que cualquier nueva línea de ayuda social, por insustancial que resulte, pueda restringir siquiera un ápice de los inmensos beneficios que supone para el empresariado español la devaluación sistemática de la mano de obra que alienta un desempleo de masas cronificado, como el que esta crisis puede dejarnos como legado. Nada bueno puede salir de esta limitada dialéctica entre lo malo (PSOE) y lo peor (PP): como de sobra sabemos en el Estado español desde hace mucho (por ejemplo, en lo tocante a las sucesivas reformas laborales), no hay mejor aliciente que las interminables concesiones de una izquierda desnaturalizada y claudicante para sobrexcitar los apetitos insaciables de un capitalismo antropófago…
Lo que está en juego es demasiado importante para dejarlo en manos de las dos derechas (centrada la una, extrema la otra, pero derechas al cabo, muy especialmente en el terreno de la economía) que se disputan el poder político en España. El brutal impacto social de la crisis económica puede, a la larga, verse agravado por el efecto de medidas tan erráticas y arbitrarias como este Programa Temporal de Protección, que distorsiona la lógica de la cohesión y la solidaridad social hasta volverlas monstruosamente irreconocibles: nada desacredita con tanta eficacia las posibilidades de la acción y la solidaridad colectiva como hacer de ellas un uso cobarde, interesado o mendaz.
Es absolutamente necesario poner en manos de la población en general, y muy especialmente de la población más directamente afectada, las herramientas de genuina reflexión y movilización que la trágica situación que vivimos demanda. Es tiempo de hablar de la solidaridad incondicional con los más desfavorecidos, de la radical erradicación de la exclusión y la pobreza, del reparto justo del trabajo y la renta, de la implementación de una renta básica de ciudadanía, de la nacionalización de los sectores estratégicos y la intervención pública sistemática de la economía privada, de la extensión del cooperativismo y la economía social, de la estricta progresividad tributaria y la lucha sin cuartel contra el fraude fiscal y el empleo irregular… y de componer multitudes ciudadanas, políticamente conscientes y activas, en torno a tales principios y demandas.
Si las izquierdas sociales, sindicales y políticas no son capaces de afrontar esta tarea, serán otras fuerzas de muy distinto signo las que vengan a capitalizar el galopante descontento social en favor de postulados que profundicen en las brechas de la exclusión, alienten la indiferencia y terminen por descuajar los escasos afectos cívicos que a duras penas han logrado sobrevivir a tres décadas de neoliberalismo salvaje. Esta es la crucial batalla que se librará en nuestra sociedad en los próximos meses. De su desenlace dependerán decisivamente las formas de nuestra convivencia en el futuro.

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