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Argentina, deuda pública y dominio

22 octubre, 2014 - Amèrica Llatina, Entitats financeres, Justícia Fiscal y Financiera Global, Opinió, Organismes internacionals

La ONU ha aprobado una resolución sobre la reestructuración de deudas soberanas para proteger a los países frente a los fondos especulativos que atentan contra sus recursos
Xavier Caño – ATTAC Madrid
Argentina pone de relieve la deuda pública como medio de dominio. En 2001, Argentina declaró que no podía pagar su deuda pública, pero en los años siguientes  la reestructuró dos veces, incluyendo una quita, poniéndose de acuerdo con el 93% de sus acreedores. Parecía que el pago de la deuda argentina se había encarrilado, pero años después uno de los acreedores que no aceptó la reestructuración, NML Capital, quiso el pago total de los títulos de deuda y demandó al estado argentino en el Distrito sur de Nueva York del que era juez un tal Thomas Griesa. El juez, que tiene jurisdicción en este asunto y pretendía y pretende, ha condenado al estado soberano argentino a pagar según las exigencias de NML. En la confusión jurídica resultante, ese juez paraliza todos los pagos y el resultado es que el 93% de acreedores no pueden cobrar sus bonos. ¿Quién ha otorgado jurisdicción internacional a un juez de distrito?
Por supuesto, Argentina no se quedó quieta y, hace unos días, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó por 33 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones una resolución que condena la actuación de los fondos especulativos además de ordenar una investigación a fondo sobre sus actividades y las consecuencias de sus especulaciones en todo el mundo. Esa resolución se suma a la aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de septiembre, también promovida por Argentina e impulsada por el G77 más China.
Por 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones, la ONU ordenó crear un “marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”. Para poner freno a la especulación desaforada.
Votaron en contra, como se intuía, EEUU, Reino Unido, Japón, Australia, Canadá, Alemania, República Checa, Finlandia, Hungría, Irlanda y Israel. Y Bélgica, España, Grecia, Italia, Francia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda… hasta 41 países, se abstuvieron. ¿Saben qué argumento expusieron para justificar su voto negativo? Que el debate era “técnico” y, por tanto, debería hacerse en el Fondo Monetario Internacional (FMI) o en el Club de París. Organizaciones donde, casualmente, esos países más ricos y en los que están la sedes de los bancos y fondos acreedores, tienen mayoría indiscutible. Y se quejaron de que tratar esa cuestión en las Naciones Unidas la politizaba. Pero ¿acaso contraer deuda y pagarla no es ante todo una cuestión política?
Al respecto, Eric Toussaint nos recuerda que en la vieja Europa, “con la complicidad activa de los gobiernos, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI, las instituciones financieras, responsables indiscutibles de la crisis, especulan con las deudas de los Estados y exigen su reembolso al precio de una austeridad salvaje”. Pero años antes, la deuda externa fue un poderoso medio para subordinar a América Latina, para obligarla a aplicar políticas neoliberales, ajustes estructurales, privatización de lo público, rebajas salariales… ¿Qué hay más político?
Como tantas veces ha denunciado el Comité por la Anulación de la Deuda del tercer Mundo (CADTM), “desde hace tres décadas, la política neoliberal aumentó el endeudamiento a un nivel insoportable para las clases media y trabajadora sobre las que pesa lo esencial del reembolso”. Y, por su parte, Juan Torres López nos esclarece que en Europa “la deuda aumenta extraordinariamente desde que los bancos centrales no pueden prestar a los gobiernos. Desde entonces, los gastos extraordinarios o la caída en los ingresos de los gobiernos son financiados por la banca privada a tipos de interés de mercado o más altos por los especuladores. Pero si se quitarán los gastos financieros del pago de intereses, la mayoría de países de la Eurozona registrarían superávit presupuestario, salvo algún año excepcional. Si los gobiernos hubieran sido financiados por los bancos centrales a los mismos tipos de interés con los que generosamente financian a los bancos privados, la deuda pública de los países de la Eurozona sería mínima”.
Y eso sin entrar en la legitimidad o ilegitimidad de las deudas públicas. Recordemos que deuda ilegítima es la que un gobierno contrae y utiliza contra los intereses de la ciudadanía del país. Esa deuda no ha de ser pagada y no es exigible su devolución pues los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto los contratos (bonos o comerciales) son legalmente nulos. Por cierto, la concepción de deuda odiosa e ilegítima fue formulada por Alexander Nahum Sack, jurista ruso del tiempo del zar Nicolás II, profesor de derecho financiero internacional en la universidad de San Petersburgo.
Para Alexander Sack una deuda es ilegítima cuando el gobierno del país recibe un préstamo sin el conocimiento ni la aprobación de los ciudadanos; cuando el préstamo se destina a actividades que no benefician al pueblo y, aunque el prestamista conozca esa situación, concede el préstamo. Por su parte el economista Jeff King dice haber resumido todas las definiciones de deuda ilegítima u odiosa en que las deudas ilegítimas son las contraídas contra los intereses de la población de un país con el completo conocimiento del acreedor.
Por cierto, Estados Unidos ha esgrimido con frecuencia la ilegitimidad de una deuda para no hacerse cargo de deudas contraídas por países que entraban en su órbita; desde la independencia ficticia de Filipinas (1899-1901) y Cuba (1898-1902) hasta la administración de Irak por Estados Unidos durante la Guerra de 2003. En los tres casos EEUU se negó a pagar deudas contraídas por anteriores administraciones de esos países.
No olvidemos que crear deuda y aumentarla es el negocio de la banca y de los fondos de inversión, sean buitres o no. Por eso los banqueros son los más interesados en que la deuda aumente. Esto que aporta nueva luz sobre el caso argentino y da mayor valor a la aprobación por la ONU de establecer un marco jurídico multilateral para regular la reestructuración de la deuda pública. Transferir a la Asamblea General de Naciones Unidas el debate sobre la deuda pública es muy importante porque lo aleja de las trampas y falsas mayorías de los países ricos.
Así y todo, desde el CADTM se insiste en que la solución en realidad está en las decisiones soberanas unilaterales de los países deudores. Sólo los actos soberanos unilaterales fundados en el derecho internacional pueden dar una solución real al problema de la deuda. Como no hay instancias jurídicas internacionales fiables para intervenir de modo efectivo, los países endeudados han de hacer prevalecer sus leyes. Pero para decidir con absoluta libertad y eficacia son imprescindibles las auditorías ciudadanas de las deudas públicas para suministrar las pruebas y argumentos que permitan rechazar la parte de la deuda que sea ilegítima.
En Ecuador se constituyó una comisión de auditoría para auditar 30 años de deuda desde 1976 hasta 2006. La comisión trabajó 14 meses para identificar la parte ilegítima de la deuda por sus consecuencias negativas o perniciosas para la población. Y en Argentina una auditoria determinaría cuánta deuda es ilegítima. Deuda contraída durante la dictadura de la junta militar, que sin duda es odiosa; deuda de la presidencia de Carlos Menem que privatizó la mayor parte de lo público. Y otras situaciones sospechosas y oscuras que apuntan hacia la ilegitimidad.
No pagar la deuda o pagar solo una parte es práctica tan antigua como la propia humanidad. Por cierto, las primeras de las anulaciones de deuda de las que tenemos noticia se hicieron en tiempos de Hammurabí. Hace tres mil años.

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