La mayor tasa de paro del mundo industrializado, el doble de la media de la UE, la mitad de los jóvenes en paro. Así ha abierto su informativo de mediodía la BBC. 577.000 parados más en 2011. 5.273.600 de personas que buscan empleo y no lo encuentran. Que en realidad son 5.319.000 con una forma más real de contarlos.

Como explicaba la cadena británica, los recortes han incidido gravemente en esa cifra. En particular en las administraciones públicas. El PP, neoliberal hasta la médula, quiere reducir el Estado, y así disminuye el empleo que éste genera. Menos personas trabajando, menos impuestos para costear desde servicios a pensiones, menos dinero para consumir y más necesario para “co-pagos”, el camino a la recesión (de hecho ya estamos en recesión),a la catástrofe, está asegurado. Eso sí con muchas banderas, Gibraltar español o cadena perpetúa.

Todo lo que ha hecho el PP para aumentar ingresos ha sido subir los impuestos de las rentas del trabajo, dejando fuera las grandes fortunas, según la norma que también aplicó el PSOE. Ahora nos dirigimos a hacia la “reforma” laboral, abaratando el despido, ése que al parecer era tan caro que “sólo” ha ocasionado 5,3 millones de parados. Reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Con la cadena de consecuencias que conlleva.

Entretanto los intocables bancos reciben cantidades bi-millonarias de dinero público a intereses irrisorios (del 0,algo al 1,5%), lo prestan a los Estados al 5% y prefieren no dar créditos a los particulares porque comprar deuda, sobre todo de países en serios problemas, es mucho más rentable. Ya exprimirán los gobiernos a los ciudadanos para pagar.

¿Alguien ve solución así para que no se cumpla el pronóstico del Banco de España que prevé 6.000.000 de desempleados en 2012 y una reducción de la economía española del 1,7? El Gobierno sí: austeridad, reducción del sector público… estupendo, directos al abismo. Ah, y privatizaciones, la expropiación y venta de nuestro patrimonio, el que pagamos con nuestros impuestos, a particulares para que sean ellos quienes obtengan beneficio. Y sin indemnizarnos. ¿Y cuándo ya lo haya vendido todo qué haremos?

Mis condolencias a los 5.300.000 parados, a mis amigos y familiares directos afectados por el problema se las doy en persona. Y les recuerdo que cuando el edificio se cae es porque tiene los cimientos podridos, y es ahí, el fondo, el que hay que regenerar.

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Este artículo analiza la escasa calidad democrática de las instituciones representativas españolas, tanto a nivel central como autonómico, que está creando un problema grave de legitimidad de tales instituciones. Entre ellas está no sólo la corrupción, sino incluso más importante la aplicación por parte de los partidos gobernantes de medidas impopulares que no constaban en sus programas electorales.

El aplauso de más de dos minutos de duración, de la mayoría de los parlamentarios de las Cortes españolas, a la figura del Rey en su entrada a tal cámara legislativa fue una muestra de agradecimiento al Monarca por haber intentado salvar la dignidad institucional de la Corona y de las Cortes –en teoría, los representantes de la ciudadanía española- al señalar en su discurso de Navidad, que nadie puede estar por encima de la ley. Su frase de que “todos son iguales ante la ley” intentaba dar el mensaje de que todos aquellos que abusan de su autoridad institucional en cualquier rama del Estado para enriquecimiento propio deben ser juzgados, incluyendo su yerno. Creo, por cierto, que los medios quisieron ver en el discurso del Rey una condena en la figura de su yerno más fuerte de lo que el Monarca intentó. Pero tanto los medios de información como la mayoría de los parlamentarios deseaban tan fervientemente que el Rey hiciera tal referencia al yerno, que oyeron lo que deseaban oír, aunque el Rey no hiciera ninguna referencia a su familiar, por mucho que los medios así lo desearan e interpretaran. De ahí la queja del Rey a los propios medios.

Pero tal aplauso puede significarle a las Cortes españolas también un elevado coste, contribuyendo a su desprestigio. Es más que probable que el famoso y esperado juicio al yerno –si es que se produce- quede en agua de borrajas. La Justicia en España es bien conocida internacionalmente por su lentitud además de por su conservadurismo y excesiva docilidad hacia los grupos poderosos. Véase, entre muchos otros ejemplos, el bochornoso caso Palau de Catalunya, todavía no resuelto, o el caso Garzón, el único Juez que se atrevió a cuestionar los crímenes del franquismo, que ha terminado siendo juzgado por el mismo Tribunal Supremo. Estos y muchos otros actos están desacreditando nacional e internacionalmente a la Justicia española. En el programa de humor de mayor audiencia en EEUU se comentaba que de la misma manera que Bolivia -que no tiene mar- tiene un Ministerio de Marina, España tiene un Ministerio de Justicia. Las fuerzas profundamente conservadoras que todavía controlan grandes aparatos del Estado están dando una imagen muy penosa de lo que es la Justicia en España. De ahí que la esperanza de que se haga justicia sea tan baja, y que la judicatura sea uno de los sectores del Estado más impopulares.

El descrédito de la democracia

El gran descrédito de las instituciones políticas y judiciales no se debe primordialmente a la corrupción en tales instituciones, por muy serio que sea este fenómeno. El eslogan de los Indignados de que “no hay pan para tanto chorizo” define bien el problema. Pero el eslogan más dañino para la clase política es el de “no nos representan”. Y la mayoría de los representantes se están ganando a pulso tal definición. El comportamiento escasamente democrático de las opciones políticas gobernantes alcanza unos niveles que requieren una condena y denuncia que no se ha dado en el establishment español. Baste comparar la respuesta del establishment británico a lo que ha ocurrido en Gran Bretaña con los recortes del gobierno Cameron, con el silencio ensordecedor del establishment español frente a los recortes del gobierno Mas en Catalunya y del gobierno Rajoy en España. En todos estos casos, los partidos gobernantes en sus campañas electorales habían prometido que no realizarían los recortes que ahora están haciendo. Prometieron repetidamente no hacerlos, lo cual no fue obstáculo para que, una vez elegidos, los hicieran con toda rapidez.

En Gran Bretaña hubo un gran revuelo dentro del establishment británico. Nada menos que el Arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia Anglicana, Rowan Williams, denunció al gobierno Cameron por no respetar el mandato popular y cínicamente ocultar sus intenciones reales. Definió tales medidas como legales, pero no legítimas. En Catalunya y en España, los recortes han sido sustanciales, actuando con el mismo cinismo. Un conocido dirigente de la coalición gobernante de Catalunya incluso aclaró que “si hubieran anunciado los recortes, la gente no nos habría votado”. El grado de cinismo y falta de sensibilidad democrática es enorme y explica el enorme descrédito de la clase política que, repito, no se debe primordialmente a la corrupción, sino a su falta de compromiso democrático. De ahí que la crítica “no nos representan” no proceda de un movimiento antidemocrático, sino al revés, procede de un movimiento (los indignados) auténticamente democrático, que exige que exista democracia en España.

El establishment, mientras tanto, ha mantenido un silencio ensordecedor. Es inimaginable que el Arzobispo y Cardenal Rouco Varela criticara al gobierno Rajoy, o el Abad de Montserrat o el Cardenal de Barcelona denunciaran al gobierno Mas por no cumplir sus promesas. Lo único que han hecho es enfatizar la necesidad de que se elimine el aborto. Este comportamiento dice mucho del sentido de la moralidad que entiende y tiene una institución que se define como la portadora de la moralidad pública.

Una situación un tanto semejante ocurre con los medios de mayor difusión que, salvo contadísimas excepciones, no han denunciado la falta de compromiso democrático de los partidos que realizan políticas que no estaban en sus programas y que violan las promesas hechas, práctica que se ha dado comúnmente durante todos estos años. Esto está llevando a una crisis de legitimidad enorme que el aplauso al discurso del Rey por parte de las Cortes españolas ni capta, ni entiende. Como bien dijo un Indignado de Terrassa en un acto reciente, “Se están cargando la democracia española y ni siquiera se enteran”.

Artículo publicado en EL PLURAL

www.vnavarro.org

¿Se ha preguntado usted por qué no puede venderle su derecho al voto a otra persona?, ¿o por qué no puede venderse voluntariamente como esclavo?, ¿o por qué no puede cambiar a su hijo por una casa de 200 metros cuadrados?, ¿o por qué una mujer no puede aceptar que su marido la maltrate si ese es su deseo sin que medie la intervención de la autoridad pública?

Si ha respondido a todas estas preguntas diciendo “pues porque no”, o simplemente le han parecido preguntas absurdas y carentes de sentido, mi enhorabuena: tiene usted las competencias mínimas para ser un ciudadano. En su sentido común está impregnada la idea de que como individuo, como ciudadano, como ser humano, es portador de una serie de derechos inviolables, no negociables ni intercambiables con otras personas. Pero ha de saber que no todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares lo tuvieron tan claro.

La idea de que los seres humanos nacen con una serie de derechos que precisamente les definen como tales, y que por tanto no pueden perder ni intercambiar, nació en la antigua República de Roma (1). De los mismos quedaron excluidos los extranjeros y los esclavos, que precisamente se consideraban “alienados” (de ahí el origen de la expresión) de su verdadera naturaleza como personas al ser reducidos a objetos, a instrumentos de sus propietarios. En la Edad Media, la idea de derecho natural perdió su sentido igualitario original y por eso las personas podían hacerse voluntariamente siervos de los señores feudales, como medio de protegerse de una existencia plena de incertidumbres como la que predominaba en la Europa Altomedieval.

No obstante, el derecho natural revolucionario fue recuperado por intelectuales y movimientos populares primero durante el Renacimiento y luego en la Edad Moderna, con el punto culminante de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, proclamada en el apogeo de la Revolución Francesa. A partir de ahí, la extensión de los derechos de ciudadanía ha sido lenguaje común de todos los movimientos populares del mundo, y la bandera de sus luchas durante más de dos siglos. Como expresión más elevada de todos esos anhelos y conquistas tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por vez primera reconoce una serie de derechos naturales a todas las personas del planeta con independencia de cuales sean sus condiciones de nacimiento (sexo, raza, nacionalidad, etnia, religión, etc.), y que por esa misma razón es el documento jurídico más importante de la historia de la humanidad.

Pues bien, ¿y si les digo que en España existe una ley que viola flagrantemente el derecho natural de los ciudadanos? Imposible, dirán. Pues sí, hay una ley que permite a los ciudadanos venderse voluntariamente como siervos: la ley hipotecaria. Susodicha ley permite firmar un contrato entre un individuo cualquiera y una entidad financiera, de modo que ésta presta a aquel un dinero con el fin de comprar una vivienda, aplazando el pago de la misma en pagos mensuales gravados con un interés, el cual constituye el beneficio de la mencionada entidad financiera. Hasta aquí todo relativamente normal y comprensible.

Ahora bien, nuestra ley hipotecaria contempla que si la persona que solicita el préstamo se ve incapacitada para hacer frente a los pagos del crédito solicitado no sólo verá embargada la vivienda por la que se había hipotecado sino que habrá de seguir pagando hasta devolver el monto íntegro del préstamo que solicitó. Es decir, que la entrega de la vivienda no cancela la hipoteca, como sucede en la mayoría de los países llamados “desarrollados”.

Un momento, dirá usted, ¿cómo es posible que se deba dinero por un importe superior al valor del bien por cuya compra se ha solicitado el crédito y más después de haber estado pagando mensualidades durante un cierto tiempo? Pues muy sencillo: porque la misma entidad financiera que presta el dinero tiene toda la ventaja a la hora de tasar el valor de la vivienda, o sea de ponerle el precio, tanto a la hora de conceder la hipoteca, como a la hora de embargar la casa. A la hora de solicitar el préstamo hipotecario, son inmobiliarias (nominalmente independientes, pero que en la práctica son propiedad de las mismas entidades financieras) quienes fijan el precio de la vivienda que va a ser la garantía de la hipoteca. O sea, que aunque usted se ponga de acuerdo con un ciudadano particular para comprar su vivienda, es el banco o caja, a través de sus inmobiliarias asociadas, quien decide si realmente la vivienda vale lo que decidimos pagar por ella, puesto que son ellos quienes nos prestan el dinero para comprarla.

Después, cuándo una vivienda entra en proceso de embargo por impago, sale a subasta por una cantidad fijada previamente en el contrato hipotecario. A subasta significa, claro, que la vivienda se la lleva quien más ofrezca, si bien quién quiera participar en la misma ha de consignar el treinta por ciento del precio de salida, a excepción, qué casualidad, de los litigantes. Por tanto, la entidad financiera puede llegar a quedarse la vivienda por una cantidad inferior a la que tasó en su día para conceder el préstamo: basta con que oferte la mayor cifra en la subasta y que el hipotecado no pueda igualarla, lo cual, claro, nunca va a poder hacer porque, recordemos, está en proceso de embargo y hasta el cuello de deudas. Así, la entidad financiera se queda con la vivienda a un precio inferior al monto del préstamo que le concedió para comprarla, y a usted no le quedarán más bemoles que quedarse sin casa y además seguir pagando hasta satisfacer el importe total de su deuda con la entidad financiera, con sus intereses y hasta teniendo que abonar los costes del proceso judicial.

Un ejemplo extraído de la vida real: una entidad financiera reclama a un particular 132.980,09 euros en concepto de volumen de préstamo no devuelto e intereses vencidos. Además se le añade el presupuesto para intereses y costas de le ejecución que asciende a 28.000 euros. El total por el que se despacha la ejecución es pues de 160.980,09 euros. El juzgado tasa la vivienda a efectos de subasta (que está en la hipoteca) por 171.884,62 euros. En la subasta, la mejor postura es la del banco demandante, y asciende a sólo 87.150 euros. Como era menos dinero del 70 % del tipo de la subasta, se le da traslado al demandado para que mejore la postura, o presente a un tercero que lo haga, cosa que claro, no hizo. El banco se queda la casa, se da por pagado en la cantidad por la que se ha quedado la casa. Como con el dinero de la subasta no se ha cubierto ni siquiera el principal reclamado (132.980,09 euros), no hace falta tasar costas e intereses, porque la deuda continúa, incluso por principal, y hasta que no se ha pagado el principal no podemos determinar cuánto van a cobrar los abogados y procuradores, ni los intereses vencidos.

En conclusión. El banco prestó en su día 140.000 euros, y cobra durante cuatro años hasta que el hipotecado empieza a no poder hacer frente a los pagos. Se lleva la casa por 87.150 euros. El demandado se queda sin casa y con una deuda de 73.830,09 euros, pero que a buen seguro se multiplicará por dos, porque cuando se termine de pagar los 132.980,09 euros por los que se despachó la ejecución, se deberán tasar las costas y los intereses que también habrá de satisfacer el demandado. Y ojo porque parece que las entidades financieras han encontrado una nueva vía para exprimir a sus desesperados deudores, que les está permitiendo quedarse con las viviendas incluso por un euro (2).

Por otro lado, ¿recuerda usted cuándo obtener crédito era algo relativamente sencillo? Seguramente muchos de ustedes tuvieron la prudencia de preferir un interés fijo, aunque a priori fuese un poco más alto, en previsión de que los tipos variables fueran… pues eso, variables: hoy muy bajos, mañana muy altos. Recordará igualmente que desde las entidades financieras prácticamente le obligaron a aceptar los variables, además de la contratación de diferentes productos financieros (seguros, quizá un fondo de inversión…) si quería que le concedieran su préstamo. No pasará nada, le decían. Pero pasó: los tipos bajos subieron, las personas se fueron al paro y no pudieron hacer frente ni a hipotecas, ni a los restantes productos que les obligaron a contratar.

Finalmente, cabe recordar que entre el solicitante de una hipoteca, una persona o una familia, y la entidad financiera que la concede, bancos y cajas constituidos en auténticos imperios privados, no existe ninguna igualdad. No sólo porque unos tengan dinero y lo presten, y otros no y tengan que solicitarlo. También porque las segundas disponen de una información y unos recursos (ejércitos de abogados, capacidad de influencia sobre políticos y medios de comunicación, etc.) que dejan en una situación de práctica indefensión a los deudores. Tanto es así, que la propia ley hipotecaria contempla en su artículo 140 la posibilidad de un arreglo voluntario entre las partes por el cual la entrega de la vivienda cancela la hipoteca, cláusula que evidentemente la inmensa mayoría de españoles desconoce y que por supuesto ninguna entidad financiera se plantea aplicar o siquiera informar de su existencia.

En el derecho, cuando un sujeto ha de poner sus intereses en manos de otro pero existe una situación de franca desigualdad entre ambos, hablamos de una situación de agente y principal. Por eso, las leyes tienden a proteger a la parte débil (el principal), para que el fuerte (el agente) se esfuerce en defender los intereses del principal en lugar de aprovecharse de él, merced a la desigualdad de sus situaciones. Es lo que sucede, por ejemplo, entre médicos y pacientes, o entre tutores y pupilos.

Como hemos visto, esto no parece aplicarse a la relación entre la ciudadanía y las entidades financieras. La ley no sólo no ampara a la parte débil, los ciudadanos privados, sino que por el contrario salvaguarda los intereses de las entidades financieras asegurándoles que van a recuperar su inversión aunque la vivienda baje de precio, permitiéndoles exprimir al ciudadano hasta recobrar el último céntimo que se les adeude, intereses incluidos (por cierto, ¿arriesgar tu dinero no era la razón por la que hay que permitir la ganancia privada?). Más aún, les permite controlar todo el proceso: la fijación de condiciones para la concesión del préstamo, la tasación del precio de la vivienda, etc. Finalmente, sólo castiga al hipotecado que quizá se haya endeudado más allá de lo que podía pagar, pero no la incompetencia del financiero que le concedió el préstamo aún sabiendo que no podría pagarlo y que eso le condenaba a una penuria aún mayor.

Así pues, podemos decirlo claramente: la ley hipotecaria vigente en España permite el establecimiento de contratos de neoservidumbre. Y por tanto, va en contra no sólo de la moral, de las necesidades económicas del país (que no cabe identificar con los de la banca), del objetivo declarado en nuestra Constitución de promover el bienestar y la cohesión social, sino también de los principios más elementales sobre los que se levanta nuestro ordenamiento jurídico, que aún solemos llamar democrático: los derechos de ciudadanía, los que nos constituyen como seres humanos. Por todo ello, rechazar y reformar esta ley no es una aspiración, ni siquiera una reivindicación: es una exigencia de cumplimiento de un principio legal superior y más importante.

P.D.: ¡Ah! Y si se preguntan cómo es posible que se permita que esto suceda, recuerden que el pasado julio se votó en el Parlamento una propuesta para modificar la comentada ley. No tienen más que ver quienes votaron a favor y quienes en contra.

Notas:
(1): Una muy buena explicación la expone Antoni Domenech en “Dominación, derecho, propiedad y economía política popular. Un ejercicio de historia de los conceptos”, Sin Permiso Digital, http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/dominacion.pdf
(2): “Los bancos recurren a subastas notariales para recuperar pisos”, El País, 15 de enero de 2012, http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/14/catalunya/1326568851_136234.html

Una de les primeres retallades que posarà en marxa Rajoy és sobre la Llei de Dependència. Des de la seva entrada en vigor al 2007 aquesta llei ha donat cobertura a gairebé 750.000 persones i ha creat uns 165.000 llocs de treball. No obstant això, el potencial d’aquesta llei podria haver estat molt més gran. En concret, si es donés prestacions a les més de 300.000 persones que tenen aquest dret però que estan a la llista d’espera, es crearien més de 45.000 ocupacions, segons l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. Podent crea més lloc de feina, el PP els retallarà.

Aquesta retallada en Dependència no només mostra el despreci del PP cap les persones que es troben a una situació social més precària, sinó també cap a les dones.

Una part important de la salarización de les cures havia anat a parar a les dones, que anteriorment ja realitzaven aquest traball, però sense cap reconeixement econòmic. Encara que no creiem que la salarización de les cures sigui el camí cap a la igualtat de les dones (ja que no ataca la divisió sexual del treball reproductiu), per a moltes ha estat una millora important en temps de crisi. La solució ideal seria una socialització total dels treballs domèstics i de cures.

No obstant això, amb les retallades del PP anem justament en la direcció contrària. Les dones es veuran obligades (pel masclisme dominant a casa i al mercat de treball) a realizar les cures de les persones depenents sense rebre gens a canvi. Més aviat al contrari, la imatge d’una dona submissa i cuidadora es veurà reforçada, cosa que aprofitarà el PP per impulsar altres reformes masclistes, com la de l’avortament.

En temps de crisi i retallades, defensar els drets de la meitat femenina de la població és més necessari que mai si volem un societat igualitària i justa.

“Me predicas constantemente el evangelio del ahorro y la abstención. Perfectamente. De aquí en adelante, voy a administrar mi única riqueza, la fuerza de trabajo, como un hombre ahorrativo, absteniéndome de toda necia disipación”.

El Partido Popular, que extiende su égida desde el Gobierno central y a lo largo y a lo ancho de los distintos gobiernos regionales, ha anunciado ya las primeras medidas económicas. Parapetado en su bunker de la Moncloa, Mariano Rajoy ha lanzado a sus ministros a emprender, tijera en mano, la primera tanda de recortes presupuestarios. Recortes que afectan sobre todo a las capas de población más débiles. Ha congelado el salario mínimo, una medida que ni siquiera sus propios votantes ven con agrado. El PP ha efectuado una demagógica subida de las pensiones, un ridículo 1%, que en la realidad de traducirá en una bajada de la cuantía efectiva tan pronto entre en vigor el nuevo incremento del IRPF.

Es admirable el fervor con que la derecha política, tanto española como foránea, ahora que se ha hecho con las riendas del poder, defiende la austeridad en las cuentas públicas. Una austeridad poco creíble, puesto que la aplican recortando cuanta paja ven en ojo ajeno, olvidando el desmesurado tamaño de la viga que llevan en el ojo propio.

Verán, como a otros muchos millones de españoles, a un servidor no le tienen que dar lecciones de austeridad. Llevamos la austeridad en la sangre esa legión de hombres y mujeres que tal vez no seamos demasiado virtuosos, pero austeros lo somos por definición y fuerza mayor. ¿O acaso se tiene por dispendiosos a los empleados inframileuristas, a los pensionistas con pagas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional canallescamente congelado? ¿Creen que los 400 euros del subsidio por desempleo permiten a sus perceptores —desempleados de corta, media y larga duración— comprarse corbatas en Loewe o bolsos de Louis Vuitton?

Sí, esos que hacen furor entre la clase política de la Comunidad Valenciana, como se deduce de la disposición de Álvaro Pérez, el famoso “bigotes” del caso Gürtel, a comprarle un bolso de esa marca a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, [*]. Marca también citada en una estrofa de la enternecedora canción Somos madres, coreada en mítines valencianos del PP.

Desde tierras levantinas, vamos siguiendo el curso del Sol para adentrarnos en el sosiego de las llanuras manchegas ahora gobernadas por Dolores de Cospedal, apodada la bien pagá, por tener los mejores ingresos del elenco político español. En 2010, sus retribuciones se cifraron en 223.597 euros. Y no hay constancia hasta ahora de que se los haya recortado. Lo que sí consta, en el Diario Oficial de la región, son los 230.000 euros que se ha gastado para fijar su despacho en el Palacio de Fuensalida, recién rehabilitado.

Claro que esa cifra es una minucia comparada con la que, en nuestro viaje en la dirección del Sol, encontramos al llegar a Madrid. Donde tiene su sede Bankia, la entidad financiera heredera de una Caja de Ahorros y presidida por Rodrigo Rato, que entre otros méritos acredita haber sido un desastroso director del Fondo Monetario Internacional. Rato percibe una remuneración anual de 2,34 millones, sin contar el variable, al frente de BFA-Bankia. No olvidemos que sin esos 4.650 millones que el Estado —nosotros, los contribuyentes— prestó a Bankia a finales de 2010, este Rodrigo no sería presidente de ningún banco, puesto que su antigua Caja Madrid y la denostada Bancaja hubieran sido intervenidos.

Uno se entera también de que la señora Botella, la nueva alcaldesa residual de Madrid, ha renovado el cargo de mayordomo particular que cuesta a las arcas municipales 37.780 euros brutos anuales. Un cargo eventual que el caprichoso e irresponsable ex alcalde Gallardón creó cuando todavía presidía la Comunidad de Madrid, incorporó al Consistorio.

Es la austeridad una virtud ampliamente predicada por distintas escuelas filosóficas, desde la estoica hasta el budismo. Bienaventurada, pues, sea la vida sencilla que nos aconsejan maestros de vida como Buda, o el Jesús del Sermón de la Montaña. Ahora bien, no confundamos austeridad con explotación, es decir, austeridad en el salario de los trabajadores para garantizar el de Rodrigo Rato.

Aquí, o jugamos todos, o se rompe la baraja. Y si lo que quiere la derecha gobernante es que seamos austeros, para los cuatro días que vamos a estar en este convento, un servidor, al menos, se ha propuesto ser de lo más austero. Tanto, que no pienso desperdiciar mi tiempo vital trabajando por cuenta ajena a precio ridículo. Y frente a tanta llamada a la austeridad, responderé con el siguiente discurso, que tomo prestado de un autor respetable.

La mercancía que te he vendido se diferencia de la restante chusma mercantil en que su uso genera valor, y valor mayor de lo que ella misma cuesta. Por eso la compraste. Pero, lo que de tu parte aparece como valorización de capital es, de la mía, gasto adicional de fuerza de trabajo. En el mercado, tú y yo conocemos sólo una ley, la del intercambio mercantil. Y el consumo de la mercancía no pertenece al vendedor que la enajena, sino al comprador que la adquiere. Te pertenece, pues, el uso de mi fuerza diaria de trabajo. Pero, por intermedio de su precio diario de venta debo reproducirla y, por consiguiente, poder venderla nuevamente. Prescindiendo del desgaste natural por la edad, etc., mañana he de estar en condiciones de trabajar en el mismo estado normal de fuerza, salud y diligencia que hoy.

Me predicas constantemente el evangelio del “ahorro” y la “abstinencia”. Pues bien, voy a administrar mi única riqueza, la fuerza de trabajo, como dueño juicioso y ahorrativo de la misma, absteniéndome de todo loco derroche. Me limitaré a realizar, a transformar en movimiento, en acción, sólo aquella cantidad de trabajo que es compatible con su duración normal y desarrollo saludable. Alargando la jornada laboral sin medida, puedes en un día absorber una cantidad de mi fuerza de trabajo mayor de la que yo puedo reponer en tres días. Lo que tú ganas así en trabajo, lo pierdo yo en sustancia laboral.

La utilización de mi fuerza de trabajo y su expoliación, son cosas bien distintas [...]. Me pagas la fuerza de trabajo de un día y consumes la de tres. Esto contradice nuestro contrato y la ley del intercambio de mercancías. Exijo, por consiguiente, una jornada de trabajo de duración normal, y lo hago sin apelar a tu corazón, pues en materia de dinero los sentimientos sobran. Podrás ser un ciudadano ejemplar, miembro tal vez de la Sociedad Protectora de Animales y tener, además, fama de santo, pero el objeto que representas frente a mí no tiene corazón alguno en su pecho. Lo que parece palpitar en él son los latidos de mi propio corazón. Exijo la jornada normal de trabajo, porque demando el valor de la mercancía, como todo otro vendedor.

Con este discurso, con el que me he permitido fundamentar la sexagesimosegunda de mis 69 Razones para no trabajar demasiado, Karl Marx refutaba la denominada “abstinencia del capitalista”. Teoría enunciada por el economista inglés de la escuela clásica Nassau Willian Senior (1790-1864), que justifica la remuneración del capital como compensación del sacrificio que supone para el capitalista la renuncia temporal a su disfrute, sosteniendo que es gracias a esa abstinencia como se genera el poder adquisitivo necesario para comprar fábricas, maquinaria, equipos y materias primas. Según Nassau: “Abstenernos del goce que tenemos a nuestro alcance, proponernos resultados distantes en vez de inmediatos, son actitudes que se cuentan entre los esfuerzos más penosos que puede ejecutar la voluntad humana”.

A pesar de su extrema improbabilidad, esta teoría se mantuvo intacta en el pensamiento económico durante medio siglo. Porque la abstinencia no ha sido precisamente una de las características observables en el nivel de vida ni en los hábitos adquisitivos de los grandes capitalistas. Nadie ha visto a los secuaces de Rockefeller habitando en los barrios humildes de las ciudades.

[*]“Estoy aquí en Louis Vuitton porque hay una cosa que no habíamos pensado. Llevamos cuatro años aquí regalando a la alcaldesa y este año no voy a dejarle de regalarle algo. Luego no nos da nada. No sirve de nada, pero tampoco jode. Voy a comprar un bolso de la colección nueva y a tomar por culo. Me voy a gastar menos que el año pasado, pero se lo compro”

Carnet de paro

En otras ocasiones he manifestado por escrito el gran respeto que siento hacia tantos sacerdotes y monjas que viven ejemplarmente su fe, entregando su vida al servicio de los demás. Los respeto, los admiro y les agradezco siempre su sacrificio y su esfuerzo generoso. Pero eso no me puede impedir que manifieste también mi desprecio hacia los jerarcas que me parece que dan mal ejemplo de ciudadanía al conjunto de la sociedad.

Ahora leo que el obispo de Córdoba ha denunciado que “la incitación a la fornicación es continua en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, incluso en algunas escuelas de Secundaria”.

No sé si indignarme o reír. Siempre están con lo mismo. ¡Qué enfermiza obsesión! En cualquier cosa ven sexo, lujuria, carne… ahora, incitación a fornicar.

¡Qué pena que piensen tanto en el fornicio!

¡Qué pena que no les preocupen tanto otros mandamientos y pecados que me parecen de consecuencias mucho más terribles y peligrosas!

¡Qué pena que, justo en la diócesis de Córdoba, se cultive tanto temor a la carne en lugar de a la avaricia o al dinero, por ejemplo!

Justo en Córdoba, en donde los jerarcas de la Iglesia robaron a Andalucía cientos de millones de euros y donde prefirieron entregar Cajasur a bancos de fuera antes de que quedase en tierra andaluza en manos de los “rojos”.

Tenía que ser justamente el obispo de Córdoba quien se preocupe por la fornicación y no parece que tanto por otras cosas. El obispo de la misma ciudad en donde un manojo de curas sin escrúpulos se convirtieron en banqueros y arruinaron a una caja para servirse de ella a su antojo, dejando un agujero de 2000 millones de euros que tendremos que pagar los demás ciudadanos (ver: Un agujero de 2.000 millones en un momento tenso). Entre otras cosas, para autoconcederse (y además de forma irregular) pensiones multimillonarias, como la póliza de más de 4,3 millones de euros que se dio a sí mismo el cura Castillejo (a quien llamaban Fray Langostino en su época de Presidente de Cajasur, excuso decir por qué) y que le permite seguir cobrando cada año 250.000 euros que pasarán a sus hermanas cuando muera (ver: El pelotazo del cura Castillejo en Cajasur o Castillejo infló su póliza en un millón cuatro meses antes de salir de Cajasur. La entidad cordobesa ha pagado 4,3 millones por la pensión del ex presidente)

¡Qué pena que en la diócesis de Córdoba no hubiera habido cruzados como el actual obispo pero no contra el sexo sino contra la depravación económica cuando en la caja dominada por los curas se gastaban 4,3 millones de euros en joyas o en fiestas o 650.000 euros en dietas a los consejeros de la entidad por asistir al cine, a misa o a conciertos de Operación Triunfo! (ver: Magdalena y el cura)

¡Qué pena que en lugar de ser tan estricto y perspicaz a la hora de descubrir incitaciones al fornicio y a la lujuria el obispo de Córdoba no lo sea tanto a la hora de enjuiciar la avaricia de sus banqueros y el daño financiero que hicieron! Si lo fuera, seguro que no hubiera dicho, en relación con la actuación de los curas que arruinaron a Cajasur, que “Por encima de todo quedará patente que la Iglesia ha actuado movida por la ética que brota del Evangelio” (ver La Iglesia ha estado dispuesta a perderlo todo con tal de salvar los puestos de trabajo de CajaSur).

¡Qué pena que vea el vicio de la carne en cada esquina y no preste semejante atención al del excesivo amor al vil metal y que no se percate que dotarse a sí mismo de dádivas millonarias con el dinero de los demás no se congracia mucho con el mensaje original de Cristo!

¡Qué pena que obispos como el de Córdoba solo se preocupen tanto de la depravación sexual de los demás mientras miran a otro lado para ocultar la que se produce en sus propias filas!

¡Qué pena que piensen tanto en lo que hay debajo de las bragas y no se comprometan más con las injusticias, que se obsesionen con la carne desnuda y callen, sin embargo, cuando está pasando en el mundo y en España lo que está pasando!

¡Qué pena que escruten a los medios de comunicación para ver si encuentran tetas, penes y fornicaciones y no se paren a denunciar la concentración de su propiedad en pocas manos, su falta de objetividad o la falta de pluralidad de la que hacen gala! O, más triste todavía, que dejen en manos de la extrema derecha los medios de los que ellos mismos son propietarios y que no digan nada cuando se difunden constantemente mensajes xenófobos y totalitarios desde sus emisoras!

¡Qué pena que les duela tanto lo que hacen los medios en materia de sexo y porquerías carnales y luego pidan el voto para quienes hacen piña con sus dueños, con quienes manejan sus programaciones y con quienes los usan para sacar réditos políticos y electorales!

¡Qué pena y qué vergüenza que siempre tengan la misma y enfermiza obsesión!

Es una pena porque, gracias al poder del que disfrutan, si en lugar de estar pensando tanto en el sexo denunciaran con semejante ardor los crímenes de los bancos, los fraudes de las grandes empresas, los asesinatos de los poderosos, el imperialismo y la explotación de millones de mujeres, hombres y niños, la desigualdad y todo tipo de injusticias, si salieran a la calle para luchar contra otras todas estas cosas y llamaran a la gente para que usara su voto y su fuerza para pararle los pies a quienes son responsables de todos esos desmanes, en lugar de apoyarles y bendecirlos, entonces, con toda seguridad, otro gallo nos cantaría a todos.

Publicado en”El Observador”

Ganas de escribir

El pasado 12 de enero el Tesoro español realizó una subasta de deuda pública que terminó siendo un éxito. Mientras la anterior subasta celebrada en diciembre había conseguido vender deuda pública a un tipo de interés del 5,187% (por cada 100 euros que pidió prestado el Estado, tiene que devolver 5,187 euros), la subasta de enero ha conseguido vender deuda pública a un tipo de interés del 3,384% (por cada 100 euros que ha pedido prestado el Estado, tiene que devolver 3,384 euros). Esto quiere decir que al Estado español le ha salido bastante más barato endeudarse, lo cual es un punto positivo.

Nada más conocerse la noticia, todo el mundo se ha preguntado a qué se debe esta mejoría en la situación del mercado de deuda español. Muchos le han adjudicado el mérito a la nueva reforma fiscal acometida por el nuevo gobierno de Rajoy. Sin ir más lejos, fuentes del Gobierno han señalado que es “la primera respuesta de los mercados a las medidas adoptadas”. Sin embargo, si se analiza detalladamente el contexto en el que se ha producido esta subasta, uno se da cuenta de que la reforma fiscal de Rajoy es un acontecimiento anecdótico que apenas ha influido en el éxito de la subasta.

La opinión más o menos generalizada de que los inversores confían más ahora en España que antes se basa en lo siguiente: cuando los inversores confían más en un país, piden menores tipos de interés en la compra de deuda pública (en otras palabras, compran deuda pública a un precio bajo). Esto es así porque ven menos arriesgado que acaben perdiendo el dinero prestado. De forma inversa, cuando los inversores no confían en un país y creen que éste terminará en bancarrota y sin devolver el dinero prestado, entonces los inversores piden un nivel más alto de tipo de interés para compensar este riesgo (en otras palabras, compran deuda pública a un mayor precio). Como ahora los inversores han pedido menores tipos de interés a la deuda pública española, muchos han pensado que esto se debe a que ahora confían más en España.

Pero esa conclusión final no es cierta. Los niveles de tipos de interés de la deuda pública no sólo dependen de la confianza de los inversores en la solvencia del país. Dependen de muchos otros factores, y entre ellos, de la cantidad de demanda de deuda pública. Cuanto mayor sea la cantidad de deuda pública que quieran comprar los inversores, menor tipo de interés pedirán. Y al contrario: cuanto menor sea la cantidad de deuda pública que quieran comprar los inversores, mayor tipo de interés pedirán.

Veamos la explicación de esto.

El Estado español vende títulos de deuda pública mediante el procedimiento de una subasta. Es decir, el Estado español fija la cantidad de dinero que quiere pedir prestado (pongamos, por ejemplo, 1 millón de euros), y transmite esta información a los inversores. Entonces, los inversores hacen sus ofertas. Unos querrán comprar una cantidad determinada de deuda a un tipo de interés determinado. Otros querrán comprar otra cantidad de deuda a otro tipo de interés determinado, etc.

Si la cantidad total que piden todos los inversores es menor que 1 millón de euros (que es lo que necesita el Estado), entonces los inversores tendrán más libertad para elevar los tipos de interés que pedirán. Puesto que el Estado quiere conseguir el dinero a toda costa, no tendrá más remedio que aceptar el tipo de interés que los inversores le dicten. Los inversores lo saben y aprovecharán la situación para pedir tipos de interés más elevados, ya que así ganarán más. Por lo tanto, a menor demanda de deuda pública, mayor será el tipo de interés.

En cambio, si la cantidad total que piden todos los inversores es mayor que 1 millón de euros (que es lo que necesita el Estado), entonces los inversores competirán entre sí en la subasta para comprar títulos de deuda pública. Puesto que el Estado tiene libertad para elegir a qué inversores les pedirá prestado el dinero, elegirá a los que menores tipos de interés le ofrezcan (a los que le pongan el precio más barato) y dejará fuera a los que mayores tipos de interés le ofrezcan. Los inversores lo saben, y por lo tanto, intentarán reducir los tipos de interés que ofrecen porque corren el riesgo de quedarse fuera y no poder comprar deuda pública. Por lo tanto, a mayor demanda de deuda pública, menor será el tipo de interés.

Pues esta última situación es la que se ha dado con la exitosa subasta del Tesoro español. Los inversores han pedido al Estado español títulos de deuda pública por valor de 18.700 millones de euros, mientras que el Estado sólo ha vendido títulos de deuda pública por valor de 9.980 millones de euros. La demanda de deuda pública ha sido colosalmente elevada, y eso ha hecho que los tipos de interés hayan disminuido tanto. Los inversores no han tenido más remedio que pedir menores tipos de interés para no quedarse fuera de la compra. De hecho, muchos inversores han quedado fuera y no han podido comprar deuda pública. Algo similar ha ocurrido con la subasta de deuda pública italiana, lo cual también resta credibilidad a la opinión de que las medidas de Rajoy han influido en la subasta española.

La elevada demanda, a su vez, ha sido causada por la extraordinaria cantidad de dinero barato (480.000 millones al 1%) que el Banco Central Europeo inyectó a los bancos privados el pasado mes de diciembre. Los bancos privados tenían mucho dinero para invertir, y lo han hecho principalmente en la compra de deuda pública. Es decir, los inversores han invertido mucho en la deuda española no porque confíen más en el país, sino porque tenían mucho dinero barato disponible para comprar deuda pública.

Por lo tanto, la verdadera causa del éxito no radica en que los inversores confíen más en España gracias a la reforma de Rajoy. El éxito se debe fundamentalmente a que la demanda de deuda pública en el mercado financiero europeo ha sido muy elevada.

 Saque de esquina

‎40.000 millones de euros de recortes anuncia el gobierno Rajoy. Ya sabéis de donde van a salir. De las grandes fortunas, NO. De las grandes transnacionales, NO. De los bancos y banqueros, MENOS. De los ricos, JAMÁS. De vuestra y nuestra sanidad, la educación publica de vosotras o de nuestros hijos. Ahogando aún más a los ayuntamientos, despidiendo trabajadoras y funcionarios. De las pensiones y las pagas del paro. De todo eso.

Pero, saldrán también -Los 40000 M de euros- de privatizaciones y de convertir en negocio privado, propiedades y espacios públicos. Toda esa transferencia de rentas y propiedades sociales irán a parar a los bancos, grandes fortunas y capital extranjero y la justificación, será la gran estafa de la deuda y la sacrosanta voluntad de los mercados, es decir se hará patente una vez más, la dictadura de los mercados. Jamás tocarán un euro de la Casa Real y sus servicios, de su regimiento de corps o de las aventuras militares de ocupación en Afganistán o en el Líbano, que el estado no se puede permitir. Además de ser inútiles y beneficiar tan solo al imperio decadente.

Resultado, más paro y pobreza para las clases populares, menos calidad democrática y más dominación global de los poderosos. Una situación cada vez peor, para la mayoría. Alguien incauto, puede pensar ¿Y que sacan los capitalistas de todo esto? Pues mucho, entre otras cosas, bienes públicos a precio de saldo. Pagar todavía menos impuestos, tasas y cotizaciones. Mano de obra cada vez más barata y con menos derechos y debilitar cada vez más la democracia, los derechos sociales y asustar al pueblo. Atemorizar a las clases populares, para que se enteren y acepten que el mundo, es de los ricos, de las derechas, de los imperios.

Andalucía

Andalucía es hoy el gran termómetro. Si el pueblo andaluz, vota PP, este aún será más duro, pero no solo con Andalucía, sino en todo el estado. Sabido es la espera del PP, a estas elecciones, para darnos aún más duro y aplicar con rotundidad su verdadero programa en todo el estado y que ya la UE-Merkel y el FMI han preparado.

Las andaluzas y andaluces vamos a tener una gran responsabilidad y debemos unirnos todas y todos: las personas pobres, trabajadores, autónomos y autónomas, paradas y empleados, contra el neoliberalismo. Pero debemos hacerlo ya. Luego, puede ser tarde y si hay irresponsabilidades o personalismos y perdemos, a algunos nos vais a escuchar. Llevamos muchas personas tiempo ya, advirtiendo y convocando. La verdad es que me gustaría no tener razón esta vez.

Este es el panorama, en mi humilde opinión: el PP, a por todas y cada vez más derechista, ultra-liberal y autoritario. El PSOE sin credibilidad y con mucha gente que ya no confía en su capacidad, incluidos muchos de sus votantes y militantes. Además siempre con las mismas caras, ya quemadas y sin ideas de verdadera transformación y cambio hacía el socialismo, -que hace tiempo, abandonaron-, como idea de clase y reparto. Con un concepto de la representación política, ya superado, antiguo y no participativo. Pero adobado por si fuera poco con el lastre, de haber iniciado, los y las socioliberales, los recortes.

Los demás cada uno por su lado. Pero aprovecho para decir que ya la virginidad política, no existe en nadie. Los nuevos movimientos sociales, llevan meses muy intensos de rodaje y lo que es peor, con cierto cansancio en algunos sectores y cierta quemazón de muchas personas y esto hay que superarlo y remontar, pero con más participación popular, real, si real y lo siento si alguien se molesta. Pero creo que hay que hablar claro y con libertad, al objeto de superar cierto reflujo.

A los más organizados y potentes en el terreno institucional, como IU, les compete una gran responsabilidad y entender mejor el momento, con visión colectiva y sin tics de repartos internos o personajes insustituibles. Nadie duda su importancia, pero tampoco su deber de generosidad, que es grande. También entendemos sus problemas, pero exigirles una mayor permeabilidad no es negativo. El problema, no es convocar ya. Es autoconvocarnos.

Los antipolíticos, asumir lo que está pasando y la importancia del momento actual y en cualquier caso, sepan que también tenemos derecho a pedir y a criticar, los demás, los impuros, pero que pisamos calle y barro, no para pedir solo movilización, que también, sino programa y acción.

¿Cuál es la solución? CONVERGENCIA, pienso y hacer frente al momento. No a los personalismos y demostrar YA, que HAY OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA. Pero al PP, ni agua, aunque sea a nivel local, o confundiremos y dividiremos.

Esto es solo una larga batalla. Pero de la que debemos aspirar a triunfar. Creo que nos equivocamos, si llamamos solo a luchar. Hay que hacerlo, pero para triunfar. Hay pueblos en el mundo que han hecho revoluciones democráticas, hay pueblos en el mundo que han derrotado al neoliberalismo y se enfrentan al imperio, luego ¿Nosotras y nosotros no podemos hacerlo? También desde la resistencia hay que ilusionar y saber que es posible, imprescindible diría, corregir, cambiar, dar la vuelta a esta situación, que solo nos conduce al abismo, la guerra y la destrucción del planeta y decir alto y claro que el neoliberalismo es una estafa y el capitalismo un fracaso.

Ex presidente de ATTAC España. Miembro de las Mesas de Convergencia

Muchos análisis han puesto de relieve que los costes de la crisis y de las políticas que vienen  aplicando los gobiernos al servicio de la banca y de las grandes empresas, como en España, recaen principalmente sobre las clases trabajadoras.
Sin embargo, se suele conceder mucha menos importancia al hecho de que lo hacen de una forma muy particular sobre las mujeres trabajadoras y sobre las mujeres en general, estén o no empleadas.
En el libro Desiguales. Mujeres y hombres frente a la crisis financiera (Icaria 2010) Lina Gálvez y yo pusimos de relieve que la discriminación que sufren las mujeres había sido uno de los factores que ayudaron a generar la crisis, en la medida en que incrementó la desigualdad que está en su origen. Y también que si las políticas que aplicasen los gobiernos, como viene sucediendo, fueran las que satisfacen a los grandes grupos financieros y patronales la crisis traería consigo un mayor aumento de las diferencias entre mujeres y hombres.
Esto último es lo que ha pasado y los gobiernos han sido plenamente conscientes de los efectos tan injustos de sus políticas que han tomado también medidas orientadas a ocultarlos o disimularlos.
Así, en cuanto comenzaron a tomarse medidas “contra la crisis”, un eufemismo que en realidad ha significado a favor de la banca y de las grandes empresas, lo primero que hizo el anterior gobierno, incluso a costa de incumplir su propia Ley de Igualdad, fue dejar de evaluar el impacto que iban teniendo sus decisiones sobre la diferente situación de hombres y mujeres. Es decir, invisibilizar su efecto desigualitario.
Ahora, al gobierno de Rajoy tampoco parece que le preocupe determinar previamente quiénes serán los paganos o principales beneficiarios de las medidas que adopta, única forma de poder seguir difundiendo la mentira de que sus políticas satisfacen los intereses nacionales cuando en realidad simplemente están favoreciendo a los sectores sociales de mayor renta, riqueza y poder.
La primera batería de medidas que se acaban de aprobar es una muestra bien clara de que las cargas que genera la crisis se reparten muy desigualmente entre la población y que perjudican de un modo especial a las mujeres.
La congelación del salario mínimo (por primera vez desde 1967) cuando es uno de los más bajos de nuestro entorno europeo (solo por debajo del de Eslovaquia o Portugal) perjudica considerablemente más a las mujeres trabajadoras que a los hombres porque hay un 15,5 de ellas que ganan menos que salario mínimo frente a solo el 5,6% de los hombres, según la última Encuesta de Estructura Salarial (2010).
La congelación del salario mínimo también afecta de forma más negativa a las mujeres que a los hombres porque las primeras suelen estar empleadas en puestos de trabajo peor retribuidos que son los que “tiran a la baja” los salarios mínimos más reducidos. El salario de las mujeres españolas es mucho más bajo que el de los hombres -como media un 78% del masculino- y la retribución media por hora trabajada que reciben es el 76,1% de la de los hombres. Y, según la mencionada encuesta, mientras que el 9,81% de los hombres ocupa empleos con salarios más de cinco veces el salario mínimo, ese porcentaje es de solo el 4,77% en el caso de las mujeres.
En particular, la congelación del salario mínimo es especialmente perjudicial para algunos colectivos de mujeres como las dedicadas al servicio doméstico (que emplea a 686.000 personas de las cuales el 90% son mujeres) puesto que su retribución se fija tomándolo directamente como referencia.
Y al disfrutar de menor renta, las mujeres serán también especialmente perjudicadas por la reforma del IRPF cuyo coste, como han demostrado los técnicos del Ministerio de Hacienda (http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=228), va a recaer principalmente sobre los trabajadores con menores niveles de ingresos.
El aplazamiento de la mejora en la pensión de viudedad también afecta especialmente a mujeres puesto que hay un 44,5% de ellas que son viudas frente a solo un 12,2% de los hombres. Y también el de la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad que además supone un nuevo y vergonzoso incumplimiento de la ley, a pesar de que su coste es ínfimo (entre 200 y 250 millones de euros), puesto que debería haber entrado ya en vigor el año pasado.
La pérdida de poder adquisitivo que van a seguir sufriendo las pensiones igualmente perjudica especialmente a las mujeres puesto que, como media, la pensión que reciben es más baja que la de los hombres (aproximadamente el 61% de la que perciben como media los pensionistas masculinos) y hay muchas más mujeres pensionistas en situación precaria, de pobreza o exclusión: algo más del 70% de quienes reciben las más bajas pensiones no contributivas son mujeres.
La moratoria en la puesta en marcha de la ley de dependencia supone asimismo un perjuicio y una carga adicional principalmente para las mujeres puesto que son mujeres la inmensa mayoría de quienes asumen la tarea de cuidar a las personas dependientes fuera (casi el 95% en el caso de las auxiliares de las residencias) o dentro de sus domicilios o familias (en más o menos la misma proporción).
La congelación de plantillas en el sector público también perjudica especialmente a las mujeres por varias razones. Primero porque las mujeres son las que en mayor número se vienen incorporando a él y, sobre todo, en ámbitos más feminizados (sanidad y educación) en donde los recortes están siendo más amplios como consecuencia de que en realidad no se busca ahorrar gasto sino privatizar servicios públicos para ponerlos a disposición de las grandes empresas y bancos.
Además, las mujeres ocupan en el sector público los puestos más precarios y por tanto más afectados por los recortes en número y gasto de personal. Representan el 30,05% de los funcionarios pero el 51,09% de los contratados laborales y el 55,64% del personal eventual. Y, por otro lado, mientras que representan el 70% del cuerpo y categoría más bajos -C2- solo el 29,13% del personal del cuerpo de mayor rango -A1-, son mujeres, todo ello según el último informe del Ministerio de Hacienda sobre Personal al servicio del Sector Público Estatal 2009. En consecuencia, la menor entrada de personal y la amortización de plazas, además de la congelación de sueldos, le afectará principalmente a los empleados públicos de sexo femenino.
En otro orden de cosas, también va a ser extraordinariamente negativo para las mujeres el consenso que desgraciadamente parece que suscriben incluso los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, para promover el empleo a tiempo parcial. Cuando su promoción se hace coincidir con políticas que deprimen la actividad y el ingreso, con la disminución del gasto social y de las infraestructuras del bienestar colectivo y con un silencio casi total sobre la necesidad de promover avanzar hacia la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, no se puede creer que detrás de más empleo a tiempo parcial vaya a haber la posibilidad real de generar más actividad y más puestos de trabajo decentes sino otra cosa muy distinta. Lo que vendrá inevitablemente será una modificación de la división del trabajo para volver a esquemas patriarcales que implican especializar a las mujeres en una doble tarea laboral, la no retribuida en su familia y la puntual y mal pagada en el mercado de trabajo. O lo que es lo mismo, una versión postmoderna pero incluso más precaria aún de la pata quebrada y en casa del franquismo.
Finalmente, y en términos más generales, no podemos olvidar que la disminución del gasto social, no solo en los campos a los que acabo de hacer referencia, está perjudicando también de modo particular a las mujeres porque los recortes, como está pasando especialmente en las comunidades gobernadas por el PP, se están aplicando más o menos subrepticiamente a muchos servicios específicamente destinados a cubrir necesidades o intereses femeninos como los institutos de la mujer, los servicios de ayuda jurídica o a destinados a luchar contra la violencia de género.
En suma. Las clases trabajadoras y los grupos sociales de menor renta en general son los que en mayor medida están pagando los costes de las políticas que se aplican frente a una crisis provocada por los banqueros pero que se destinan justamente a aumentar su poder y sus privilegios.
Pero eso no es todo porque, dentro de ellos, las mujeres soportarán un peso mucho mayor de esos costes. Si son empleadas, porque tienen más probabilidad de perder el puesto de trabajo que los hombres y porque les afectará en mayor medida que a ellos la pérdida de sueldo y salario; si son pensionistas o reciben prestaciones sociales porque la pérdida de ingresos por los recortes será mayor que la que sufran los hombres; si solo trabajan en su casa porque la menor provisión de bienes públicos de atención y cuidado (guarderías, servicios de dependencia, etc.) les hará trabajar más horas ya que no se fomenta la corresponsabilidad y porque el aumento del paro masculino y el tener al marido en casa en lugar de quitarle problemas de conciliación se los aumenta (como han demostrado Lina Gálvez y Mauricio Matus en Impacto de la ley de Igualdad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las empresas andaluzas, Fundación de Estudios Sindicales 2010).
La patronal y la derecha más recalcitrante ha señalado en muchas ocasiones que las políticas de igualdad y en concreto las de igualdad entre mujeres y hombres son simplemente “guindas”, lujos que ni siquiera en tiempos de expansión y vacas gordas nos podemos permitir. No solo demuestran así el carácter reaccionario, arcaico y patriarcal de su pensamiento. Con ello va también su ignorancia porque la experiencia nos está demostrando claramente que la mayor desigualdad y la discriminación entre los seres humanos han sido el freno más potente del progreso y la causa de las crisis y de las perturbaciones sistémicas que estamos viviendo.

Publicado en Sistema Digital

Ganas de escribir

Antonio Aramayona – CHEG Chusticia Económica Global

La semana apareció en la prensa a grandes titulares que en la negociación entre las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO, los sindicatos aceptan convertir trabajos de jornada completa en contratos a tiempo parcial, así como subir los salarios por debajo del IPC a cambio de crear puestos de trabajo. Algo así como que alguien plantee el dilema de cortar cada día una falange de una mano a cambio de no morir asfixiado.

Sorprende que los dos sindicatos mayoritarios acepten tal planteamiento en lugar de levantarse de la mesa de negociación y largarse por donde han venido: no hay por qué quedarse diariamente sin una falange de la mano ni morir asfixiado, sino que la patronal se vaya a hacer gárgaras y se atenga a las consecuencias. Ni rebajas de jornada y de sueldo ni despidos, pues la solución para cinco millones de desempleados no es rebajar o cortar en perjuicio de los trabajadores, sino exigir responsabilidades a los verdaderos perpetradores de la crisis económica y quitar de sus manos el casino económico y financiero que manejan a su antojo y en su exclusivo beneficio.

Por eso mismo, el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, incumple su obligación institucional de defender los intereses de la clase trabajadora cuando declara: “En una disyuntiva entre crecimiento de los salarios o el mantenimiento del empleo, nos quedamos decididamente con el puesto de trabajo”. Nadie le manda aceptar esa disyuntiva, falaz y tramposa, que deja además la resolución en manos del empresariado y de sus promesas de crear puestos de trabajo (precarios y minúsculos).

Si no se olvida que desde tiempos inmemoriales los salarios reales no han subido en España resulta hoy lacerante plantear reducirlos aún más por debajo del IPC. Con los datos contantes y sonantes, sólo entre 2002 y 2005 (antes de la crisis), el 20% más pobre de los hogares españoles vio reducida su renta en un 23,6%, mientras que la del 10% más rico aumentó más de un 15%. Bajo ningún concepto debe aceptarse que la población española menos favorecida acabe siendo aún más pobre. Más en concreto, en 2002 el 42,5% de las familias españolas tenía que dedicar el 40% de su renta al pago de la deuda contraída en concepto de vivienda, mientras que tres años después la vivienda se comía el 70,9% de los haberes. ¿La contrapartida para solucionar esta situación es la creación de puestos de trabajo liliputienses y a tiempo parcial?

¿Es ético aceptar empleos precarios a cambio de rebajar jornadas y salarios en un país donde los beneficios de las 35 mayores empresas españolas que cotizan en Bolsa fueron de 51.613 millones de euros en 2010 (un 24,7% más que el año anterior), mientras que los salarios subieron un 1% frente al 3% de incremento del coste de la vida (es decir, perdieron un 2% de poder adquisitivo)?

Sobre la mesa de negociación debe estar incondicionalmente asumido por todas las partes que un trabajador español medio paga en impuestos el 75% de lo que paga un trabajador sueco, pero las personas ricas, la banca y la gran patronal de nuestro país pagan en impuestos sólo el 20% de lo que pagan sus equivalentes en Suecia. En lugar de aceptar disyuntivas trileras, el verdadero lugar de negociación eficaz es encabezar una revuelta radical, no violenta, contra los que mantienen desde hace muchas décadas y siglos una situación de casi nula distribución y enorme concentración de la riqueza. No hay diálogo creíble mientras se mantenga un sistema donde ya en 2006 una veintena de grandes familias son propietarias del 20,14% del capital de las empresas del Ibex-35 y donde unas 1.400 personas (el 0,0035% de la población española), controla los recursos económicos, financieros y de producción equivalentes al 80,5% del PIB.

Hay alternativas serias y fundadas a las propuestas neoliberales, que no pasan por aceptar dilemas conducentes a medio plazo a una aún mayor destrucción de empleo (léase, por ejemplo, el libro Hay alternativas, Sequitur, ATTAC España, 2011). En lugar de bajar salarios, de negociar una reforma laboral negativa para los trabajadores, de recortar sistemáticamente los servicios públicos y sociales y de privatizar cuanto público se ponga por delante y resulte rentable, es preciso luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, abogar por un sistema impositivo en que paguen debidamente las grandes fortunas y las grandes empresas productivas y financieras, regular el mundo de las transacciones financieras y someterlas a impuestos en función del grado de utilidad social de la transacción, obligar a la banca a invertir el dinero público que reciben como “rescate” de sus chapuzas especulativas en el sistema productivo real y en créditos razonables a los particulares y a la pequeña y mediana empresa.

En una mesa de negociación hay que dejar claro ante todo que otro mundo es posible y necesario. ¿Qué mundo proponen realmente los sindicatos?

Profesor de Filosofía