Las cajas de ahorros están siendo modernizadas. Temible palabra que siempre implica la pérdida de derechos para la ciudadanía. La lógica que se pretende sostener es simplona: tienen problemas y están politizadas. Eliminamos la politización, siempre mala por definición, y damos cabida al maravilloso y eficiente capital privado, convirtiéndolas en cuasi sociedades anónimas. El real decreto del 13 de julio dará lugar a un cambio radical en el sistema financiero, usando como tantas otras veces para justificarlo verdades parciales y medias mentiras.

Viene de lejos la acerada crítica a “la politización” de los organismos rectores de las cajas. Sustentándose en que con frecuencia condonaban los créditos concedidos a partidos, y añadiendo ciertos escándalos de corrupción, se postulaba que la presencia de representantes de los organismos políticos en los consejos conducía a una desastrosa gestión. De aquí, inevitablemente, se deducía que la politización era la causa principal de sus problemas y debía eliminarse. Según la nueva ley, los representantes políticos actuales tienen que desaparecer y los nuevos deberán estar siempre en minoría.

La politización ha podido dar lugar a episodios de corrupción. Pero ¿acaso no hay corrupción en los entes privados? Además, ¿no hay un sistema judicial (es verdad que sin gran credibilidad) ante el que exigir responsabilidades? Volvemos a encontrar aquí, y en manos de los dirigentes del sector público nada menos, la idea de que los planteamientos políticos en las instituciones públicas son negativos. Si las cajas fueron creadas por iniciativas y criterios sociales, ¿por qué se ha de rechazar la presencia política en sus rectores? Revisémoslo si funcionan mal, pero ahora más que nunca son necesarias las consideraciones sociales y políticas en el actuar de las cajas.

Al avanzar la crisis, han ido desvelándose graves problemas financieros en algunas cajas debido a su amplia vinculación con el sector de la construcción y a las dificultades de algunas como CajaSur. Sobre estos problemas, desde los órganos públicos, especialmente desde el Banco de España, se ha insistido en la necesidad de recapitalización y se ha estimulado, si no forzado, un proceso de fusiones. Y se ha decidido que estas inyecciones de capital deben ser proporcionadas por el capital privado, pudiendo las cajas ser incluso bancarizadas de hecho.

No todas muestran problemas. No les va tan mal a La Caixa, ni a CajaAstur, Unicaja o a las cajas vascas. Además, existen soluciones técnicas que permiten sanearlas sin necesidad de facilitar su capitalización privada. ¿Qué garantías existen de que las cajas privatizadas, en su mayoría con años de gestión relativamente adecuada, van a mantenerse a salvo de nuevas crisis? Si hay que sanearlas y depurar los órganos gestores de algunas, ¿es la privatización la vía adecuada?

Es increíble y escandaloso que, como remedio para los pretendidos problemas de los entes financieros parapúblicos, se recurra a su privatización y se estimule su absorción por los bancos cuando son precisamente los entes financieros privados, en todo el mundo, los agentes principales de la crisis. ¿Quién se atreve a afirmar la bondad y la eficiencia de los sistemas privados? Privatizar supone permitir que los capitales privados se conviertan en los gestores principales y manejen todo el patrimonio acumulado durante décadas por los ahorradores modestos. ¿Con qué derecho se pone en manos privadas este enorme patrimonio (45% del sistema financiero español)?

Se aduce que el sector público no tiene fondos para la necesaria recapitalización, pero ¿no es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), público, el que va a poner la mayor parte de los fondos para las fusiones? Si el Gobierno no escatima para acudir al rescate de los bancos y hacerse responsable de su deuda externa, ¿por qué no puede recapitalizar las cajas en dificultades? ¿Se ha estudiado alguna otra manera de absorber capital que no suponga su privatización?

La privatización implicará la intensificación del criterio de obtención de beneficios, que ya guiaba en exceso la actuación de las cajas, y el abandono total del criterio de desarrollo regional y apoyo a las pequeñas iniciativas que estaba en sus orígenes. ¿Cuál será su criterio de inversión, de concesión de préstamos? ¿Concederán las caja-bancos créditos a las pequeñas empresas, a las familias, a las regiones más pobres? ¿Qué sucursales quedarán en pueblos pequeños? Sin mencionar el impacto negativo que tendrá en una ya muy devaluada y reducida obra social, convertida por la nueva ley en una fundación independiente.

¿Y el empleo? Uno de los ahorros de las fusiones reside en la disminución de sucursales y plantillas. ¿Es que no tiene importancia en un momento en que se dice que la máxima prioridad es la creación de empleo?

Cuando algunos países se han visto obligados a nacionalizar sus bancos y el sistema financiero mundial se sostiene con el recurso a los fondos públicos, en este país –España es diferente– se usan situaciones coyunturales para traspasar grandes instituciones sociales, que se han establecido y mantenido con criterios más o menos sociales durante dos siglos, a manos privadas que sólo garantizan que operarán siguiendo criterios de obtención de beneficios, con argumentos que son sólo verdades a medias, cuando no son totalmente falaces. Modernizar sí, pero en otra dirección.

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El domingo 15 de agosto este diario publicó un extenso reportaje acerca del caos en el que se ha convertido nuestro sistema fiscal. Citaba, en primer lugar, un informe de la Agencia Tributaria que ponía de manifiesto algo que todos sospechábamos: que el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades es muy inferior (el 10%) al tipo nominal, situado ahora tras diversas rebajas en el 30% .

El dato, además de escandaloso, es bien expresivo de la hipocresía de ciertos discursos formulados principalmente desde el sector empresarial que, basándose exclusivamente en el tipo nominal, afirman que en España el gravamen sobre sociedades es de los más altos de Europa. Lo cual no sólo es falso sino que se convierte en un sarcasmo si atendemos al tipo efectivo, es decir, al porcentaje que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios, ya que el cúmulo de deducciones y desgravaciones termina por vaciar de contenido el impuesto.

Especial mención merece el tratamiento fiscal dado a las empresas españolas para que hagan de nuevo las américas y obtengan pingües beneficios en el exterior, a menudo esquilmando a esos países y sin ningún beneficio para la sociedad española. Todo lo contrario, puesto que financian sus aventuras exteriores a cargo del erario público, que les permite desgravar sus intereses.

El mencionado reportaje citaba también otro informe, este de la Comisión Europea, censurando las reformas fiscales acometidas en España desde 1997 -yo diría que incluso desde antes- y origen en buena medida del elevado déficit que mantenemos en la actualidad. Bien es verdad que es una pena que la Comisión, en lugar de aplaudir, no hubiese hecho esas advertencias cuando los gobiernos del PP, tras arrasar con sucesivas reformas el sistema fiscal, no se cansaban de vocear esa patochada de que bajando los impuestos se recauda más -por cierto, que lo siguen diciendo-. O cuando el PSOE postmoderno afirmaba aquello de que bajar los impuestos es de izquierdas, al tiempo que continuaba la obra del PP reduciendo el tipo del Impuesto sobre Sociedades, permitiendo que las rentas de capital permaneciesen fuera de la tarifa general del IRPF, propiciando el fraude en las SICAV, disminuyendo el tipo marginal del IRPF o eliminando el Impuesto sobre el Patrimonio. El ministro de Fomento ha declarado que se pagan pocos impuestos en España. No generalicemos. Son algunos los que no los pagan.

Artículo publicado en Público.

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El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha puesto contra las cuerdas a los inversores y promotores del ladrillo al recortar sus ingresos y activos patrimoniales, sin que se redujeran en consonancia sus obligaciones de pago. Esta situación acabó amenazando a la banca al acarrear el aumento de la morosidad y los impagos, a la vez que la caída de los precios de los inmuebles devaluaba las propias garantías hipotecarias. ¿Cuáles son las perspectivas?

Dos factores atizan la polémica sobre la evolución de los precios y las valoraciones inmobiliarias. Una, que la caída de ambas daña la salud de influyentes entidades inmobiliarias y financieras. Otra, que no existe información solvente de los precios a los que efectivamente se realizan las transacciones inmobiliarias. Tradicionalmente se han venido confundiendo los precios de mercado de la vivienda con los precios estimados que le atribuyen las empresas de tasación, recogidos en el índice que elabora el Ministerio de Vivienda (MV). Un reciente informe del Banco de España confirma la elevada concentración de las empresas tasadoras y su fuerte dependencia de entidades de crédito interesadas en suavizar la caída de los precios inmobiliarios. No parece casualidad que el mencionado índice oficial rebaje a la mitad la caída de los precios de la vivienda observada en los anuncios. En efecto, mientras el índice de precios de los anuncios de Fotocasa acumula ya una caída del 21,8 %, el índice del MV apenas acumulaba una del 10,7 % en el segundo semestre de 2010. Como en momentos de crisis aumentan las rebajas que sesgan la caída de los precios de mercado por debajo de la de los anuncios, cabe concluir que el índice oficial de precios de la vivienda tiende a minimizar dicha caída.

En lo tocante a las perspectivas, se han venido anunciando a bombo y platillo atisbos de estabilización y repunte de los precios de la vivienda. Sin embargo, se ha silenciado que los precios han reactivado su caída con la constelación de medidas depresivas que se han venido aplicando. En efecto, el índice de precios de los anuncios de julio marca ya seis meses seguidos de caídas intermensuales. Al mismo tiempo, como muchas de las subastas de inmuebles quedaban desiertas por el elevado precio de salida, Metrovacesa ha empezado a hacer subastas a la baja… No. No parece que los precios inmobiliarios hayan tocado suelo, por mucho empeño que se ponga en anunciarlo.

Artículo publicado en Público.

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Las campañas de depósitos lanzadas por las entidades financieras durante el primer semestre han encandilado a las grandes fortunas.

Las sicav (sociedades de inversión de capital variable) de los quince mayores patrimonios españoles con este tipo de vehículos de inversión dedicaban más del 16% de su cartera a los depósitos a finales del primer semestre, según datos de la CNMV, frente al 6,3% de finales de 2009. En total, casi 420 millones de euros en productos de ahorro bancario.

Entre estos grandes patrimonios figuran algunos inversores de renombre como Amancio Ortega, Alicia Koplowitz, Rosalía Mera, la familia Polanco, los Del Pino o Ram Bhavnani.

Las imposiciones a plazo fijo nunca habían representado tanto peso en las inversiones de las grandes fortunas. Hasta ahora, el mayor porcentaje era el de finales del primer trimestre, cuando las principales sicav dedicaban cerca de un 12% de su patrimonio a los depósitos.

Volatilidad

Las grandes fortunas han visto en los productos de pasivo una fórmula para lograr una buena rentabilidad sin exponerse a las turbulencias de los mercados. El Ibex 35 concluyó la primera mitad del año con una caída del 22,4%. Y el diferencial de la deuda española frente a la alemana alcanzó los 221 puntos básicos el pasado 16 de junio.

Además, los malos momentos del mercado han coincidido con el lanzamiento de depósitos al 4%, en un intento de muchas entidades de reforzar su balance y ganar cuota de mercado en medio de la reestructuración de las cajas.

José Luis Núñez, ex presidente del Fútbol Club Barcelona, es uno de los grandes inversores que más apuesta por los depósitos. Destina más de 122 millones de euros, un 80,8% de su sicav NN 2003 Inversions, a estos productos bancarios, entre los que destacaban los depósitos de BBVA, al 3,25%; Caja Madrid y Caixa Catalunya, al 3%; y La Caixa, al 2,5%.

Por su parte, Alicia Koplowitz dedica casi 125 millones de euros a imposiciones a plazo fijo, un 28,4% de su sicav Morinvest.

Otro de los que más ha elevado la presencia de este tipo de productos es Amancio Ortega, el fundador de Inditex. Keblar, la principal sicav del empresario gallego, tiene un 26,8% de su cartera en depósitos, frente al 1,1% que tenía a comienzos de abril.

En cuanto a productos, los depósitos de Banesto y La Caixa son los favoritos de los grandes patrimonios.

Las imposiciones de Banesto consiguieron atraer el interés de la familia Del Pino, la de los Fernández Somoza, la de los Polanco y en la César Areces Fuentes, el sobrino de Isidoro Álvarez. Banesto fue una de las entidades que más hincapié hizo en la comercialización de depósitos.

Por su parte, los productos de La Caixa figuran en las sicav de los Polanco, la familia Del Pino, José Luis Núñez y los Fernández Somoza.

Campañas

La guerra del pasivo emprendida el pasado mes de marzo por los gigantes del sector, Santander y BBVA, ha empujado a muchas entidades, principalmente bancos, a lanzar ofertas de depósitos con altas rentabilidades, que buscan, en su mayoría captar dinero proveniente de la competencia.

El ritmo de ofertas para remunerar el pasivo al 4% no se ha detenido en los últimos meses, e incluso algunos bancos y cajas se han atrevido ya a rebasar esa cifra. En esta lucha, los bancos han tratado de aprovechar la reordenación de las cajas de ahorros, para atraer nuevos clientes procedentes de estas entidades.

Hasta el mes de junio, el tipo de interés medio aplicado a los depósitos de las familias hasta 12 meses era del 2,77% entre los bancos y del 2,23% entre las cajas de ahorros, según datos facilitado por el Banco de España.

Las dudas hacia el futuro de la economía española han provocado que las grandes fortunas reduzcan el peso de las inversiones nacionales en sus carteras. Estos inversores destinaban cerca de un 42% de su capital a deuda y valores de renta variable nacionales en junio de 2010, frente al 52% que tenían a finales de 2009. Los grandes patrimonios han elevado hasta el 52% el peso en su cartera de bonos, acciones y fondos internacionales, el porcentaje más alto desde hace casi diez años. Isak Andic, dueño de Mango, y Rosalía Mera, ex mujer de Amancio Ortega y cofundadora de Inditex, son algunas de las grandes fortunas que más han reducido su apuesta por las inversiones nacionales.

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Este artículo cuestiona los argumentos que se están utilizando para reducir el gasto público (incluido el gasto público social), mostrando que no existe evidencia científica que apoye los supuestos sobre los cuales se construyen tales argumentos. El artículo también detalla políticas públicas propuestas por el prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington, DC para salir de la crisis en España, alternativas a las existentes.

Existe una interpretación de la crisis económica y financiera española, muy generalizada en los establishments financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea (y también de España), que atribuye tal crisis al excesivo gasto público (incluyendo el gasto público social de su Estado del bienestar), financiado a través de un elevado endeudamiento público que ha alcanzado niveles insostenibles. De esta interpretación deriva la percepción de que en España estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, exigiéndose como medida de resolución de la crisis la implementación de políticas de austeridad y reducción de gasto público. Los datos, sin embargo, no apoyan tales tesis.

España tiene uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15. Según los últimos datos de la UE-15 (el grupo de países de nivel de riqueza más similar al nuestro), España tiene un gasto público social por habitante de 5.526,4 euros estandarizados (moneda utilizada para comparar la capacidad adquisitiva del euro en países con distinto nivel de vida), la cifra más baja de la UE-15 (cuyo promedio es 7.464,3). En realidad, España se gasta en su Estado del bienestar mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 93% del promedio de la UE-15. Pero su gasto público social per cápita es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Lo cual quiere decir que nos gastamos nada menos que 68.000 millones de euros menos de lo que debiéramos gastarnos por el nivel de riqueza que tenemos. En realidad, España tiene recursos (para mantener e incluso ampliar su subdesarrollado Estado del bienestar), pero lo que pasa es que, en contra de lo que sostiene el dogma neoliberal, vive por debajo de sus posibilidades. El problema no está en que España no tenga recursos. El problema está en que el Estado (central, autonómico o local) no los recoge. Las sucesivas reformas fiscales llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y socialistas determinaron una gran regresividad fiscal y una disminución de la capacidad de generar recursos por parte del Estado.

Un tanto semejante ocurre en cuanto al supuestamente hiperbólico endeudamiento público. La deuda pública en España bajó durante el periodo 2000-2007, pasando de ser el equivalente al 59,3% del PIB al 36,2%. El déficit del Estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Tanto la deuda como el déficit eran de los más bajos de la UE-15. De ahí que el argumento de que la crisis (que comenzó en 2007) la generó el excesivo gasto público (incluyendo el social) o la exuberante deuda pública no tenga ninguna validez.

Las causas de la crisis en España han sido la explosión de dos burbujas. Una fue la inmobiliaria (tal sector inmobiliaria-construcción creció del 7,5% del PIB en 2000 al 10,8% en 2006), que, al explotar en 2007, generó un descenso de su actividad económica de un 87%. La otra burbuja fue la bursátil, que había alcanzado un máximo del 125% del PIB en 2007 y cayó hasta un 54% del PIB. Estos estallidos de las burbujas crearon un enorme vacío de la demanda (que se había ido acentuando ya antes, consecuencia del descenso de las rentas del trabajo a costa de un exuberante crecimiento de las rentas del capital), que sólo la intervención del Estado puede resolver. De ahí que recortar el gasto público ahora que hay una muy escasa demanda es profundamente erróneo, pues agudizará la recesión.

El Center for Economic and Policy Research de Washington D.C. (en cuyo consejo director hay dos premios Nobel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz) acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública española donde sus autores, Mark Wesisbrott y Juan Montecino, además de criticar las políticas de austeridad exigidas a España por la UE y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y realizadas por el Gobierno español, presentan varias alternativas para salir de la crisis –“Alternativas a la austeridad fiscal de España” (27-07-10) .

Prologan sus propuestas con la observación de que la deuda pública española no es excesiva. Pero más importante que la cifra de la deuda pública total o bruta es la deuda neta, es decir, la deuda que el Estado debe a los inversores privados y que es la que configura el valor de los intereses que el Estado debe pagar a los compradores de los bonos del Estado. En España, la deuda neta es baja (más baja, de nuevo, que el promedio de la UE-15). A pesar de ello, los intereses de la deuda son altos, debido a que los mercados financieros no se fían de que el Estado pueda pagarla como consecuencia de lo que llaman la “fragilidad de la economía española”, la manera diplomática de decir que no estamos creciendo. De ahí la enorme importancia de estimular la economía.

Pero para hacerlo se necesita un cambio en el comportamiento de las instituciones europeas incluyendo el Banco Central Europeo (BCE), el cual, por paradójico que parezca, no actúa como un banco central de la UE. Si lo fuera haría lo que un Banco Central hace, es decir, ayudaría al Estado, tal como hace el Banco Central de EEUU –el Federal Reserve Board (FRB) –, mediante, por ejemplo, la impresión de moneda con la que comprar deuda pública del Estado. El Estado federal estadounidense ha impreso moneda equivalente al 8% del PIB, comprando con ella deuda pública, además de ayudar a las empresas productivas y también a la banca (pasándose de generosa en esta ayuda). En la UE, el Banco Central sólo ha ayudado a la banca (también en términos muy generosos) y sólo últimamente, y a regañadientes, a los estados. Weisbrott y Montecino calculan que, si el BCE comprara en dos años una cantidad de deuda pública española equivalente a un 4% del PIB (transfiriendo los intereses de la deuda al Estado español, tal como hace el FRB) permitiría la inversión de un 3,9% del PIB en creación de empleo, estimulando el crecimiento económico y, con ello, la reducción del déficit. Alternativamente, el Estado español podría aumentar la deuda neta, incrementando la inversión pública para crear empleo. No hacerlo es un suicidio económico.

Publicado en el diario Público.

http://www.vnavarro.org/

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Salían por la frontera (todavía las había) con una maleta llena de pesetas, aquella rudimentaria moneda que valía tan poco. Hace 3 décadas España pasó una epidemia de fuga de capitales, saldada con la impunidad habitual. Era, en general, dinero negro procedente de untos a políticos para lograr contratos empresariales y de sus beneficios menos confesables por los dadores. Las maletas y los sobres transitaban de hecho con gran soltura también por territorio patrio.

Por lo que leo el negocio ha prosperado. La agencia tributaria denuncia que Ferrovial pagó comisiones ilegales a Convergencia a cambio de obra pública. Y que la potente y afamada constructora abonó 5,9 millones de euros a través del Palau de la Música. Argumentan los empresarios que el dinero era simplemente una donación para patrocinar actividades de la fundación. El Palau, como otras tantas entidades de este tipo (incluidas asociaciones “sin ánimo de lucro”), recibió por lo que voy viendo auténticas fortunas, en cantidades obscenas, de todo tipo de organismos públicos, no necesariamente fraudulentas pero puede que mal invertidas.

Si mis cálculos no fallan, 5,9 millones de euros serían casi 1.000 millones de pesetas. Estaría por asegurar que nunca antes… se “donó para patrocinios”, ni nada que se le parezca, semejante cifra ¿A quien iban a traer a cantar? ¿A un coro celestial ultragaláctico?

Y estamos hablando de una “pequeña” partida en ese mar sinuoso sobre el que cada día caminamos. la información.com nos recuerda otros casos recientes como el de Esther Koplovitz “dotando” -como a una hija en trance nupcial- a Fundescam (a la sazón Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid), de tan turbias entretetelas que ya forma parte del Caso Gürtell.

O de otro constructor, levantino, llamado Enrique Ortiz, a quién –lo que son las cosas- he encontrado en mi vida profesional trabajando sin parar para las comunidades del PP (léase la polémica autopista de Ibiza). Ahora ha entrado en la actualidad porque también es accionista mayoritario de un equipo de fútbol: el Hércules y se investiga si pagó comisiones a los contrarios por dejarse ganar.  Hay grabaciones incluso del caballero, muerto de risa, cuando un portero se tira al otro lado mientras el balón entra la portería, pero creo que los jueces son bastante escrupulosos en garantizar la intimidad de este señor.

¿Y luego que haces con la pasta para que rente? Pues llevarla a lugares complacientes en donde la Agencia Tributaria española no te esquilma. No es que se emplee a fondo con las gentes “de bien” adineradas, ni que esa legislación que permite las  SICAV, pagando un 1% de impuestos, sea muy dura, pero mejor es nada, y no dar explicaciones. ¡Dónde va a parar!

Los pardillos aún sacan los billetes de España embutidos en cigarrillos -los de 500 euros que abultan menos, imaginad el esfuerzo físico de cargar sacas con pesetas-, según contaba hace poco la Guardia Civil, pero los expertos conocen otros entramados más seguros y productivos. ¿Las autoridades no? Pero, seriamente, tomando medidas eficaces.

Robar en euros es un salto cualitativo respecto a las pesetas, lástima que la sociedad -en todos sus estamentos- no haya registrado ese sustancial progreso. Al menos para exigir que no le desvalijen, porque resulta que todo ese dinero que fluye con soltura y que a los ladrones aprovecha, es nuestro. Me da que, por el contrario, la sociedad se ha empobrecido, en cuerpo y carácter. ¿Te apuntas a constituir una SICAV de ciudadanía?

El Periscopio

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Existe una situación preocupante en la democracia española de la cual apenas se habla, o se escribe, en nuestro país. Me estoy refiriendo a algunos problemas todavía pendientes en los medios escritos de mayor difusión de España, problemas que disminuyen la calidad de nuestra democracia. Seguro que la gran mayoría de españoles estarían de acuerdo en que una democracia viva, intensa y dinámica requiere un amplio abanico de rotativos pertenecientes a distintas sensibilidades que garanticen una pluralidad de puntos de vista, presentados éstos de una manera profesional y competente y con un estilo y tono que facilite el debate, en lugar de inhibirlo. Pues bien, ello no siempre ocurre en nuestro país. Es fácil de demostrar, por ejemplo, que el abanico de sensibilidades mediáticas es bastante reducido en España. Si miramos los cinco rotativos de mayor difusión podemos ver que ninguno de ellos ha escrito editoriales favoreciendo unas políticas expansivas de gasto y empleo público, como manera de estimular la economía y salir de la crisis. Todo lo contrario, todos ellos han escrito editoriales apoyando las políticas de austeridad de gasto público y reducción de empleo público, promovidas por el liderazgo de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Voces críticas a estas políticas son también muy escasas en sus páginas de opinión.

A esta falta de diversidad se añade frecuentemente un sesgo conservador y/o neoliberal en sus noticias. Y permítame el lector que me refiera a una experiencia concreta que creo es bastante representativa. El gobierno catalán nombró hace un año una Comisión de expertos (llamada Comisión Vilardell, en honor al Dr. Vilardell, quien presidió tal Comisión) para hacer recomendaciones al Gobierno de la Generalitat de Catalunya acerca de cómo conseguir más fondos para el sector público sanitario. Conozco bien lo que ocurrió en aquella Comisión y las recomendaciones que hizo, pues yo era miembro de ella.

Pocas horas después de la presentación formal (que tuvo lugar hace unas semanas) del informe de la Comisión a los Consejeros de Hacienda y de Salud del Gobierno Catalán, aparecieron los primeros reportajes periodísticos. La mayoría de tales reportajes en los cinco rotativos de mayor difusión no presentaron correctamente las recomendaciones de tal Comisión. El País, por ejemplo, abrió el reportaje sobre las recomendaciones de tal comisión con un título muy llamativo y muy alarmante para los ancianos. Decía, y cito textualmente, “los expertos proponen que los jubilados de rentas altas paguen por sus fármacos” (21.07.10). La Comisión, sin embargo, no propuso esta medida. Léanse el informe, colgado en la web de la Generalitat de Catalunya, en el que podrán ver que no hubo consenso sobre este punto, señalando que algunos miembros de la Comisión lo recomendaban, pero otros no. Está ahí bien escrito y redactado en el informe, colgado en aquella web. El profesional que hizo el titular forzó lo que dijo la Comisión para hacer el título más impactante, aún cuando ello no fuera lo que ésta dijo. Por si no fuera poco, otro artículo, también en El País (21.07.10), indicó que el informe Vilardell aconsejaba que se exigiera el copago a todos los usuarios del sistema público sanitario, lo cual, de nuevo, no es cierto. Algunos expertos lo propusieron, y otros no, pero la Comisión como tal no hizo tal recomendación.

Un tanto semejante ocurrió con La Vanguardia, que también con palabras muy llamativas informaba al lector de que la Comisión pedía un copago (Un informe encargado por la Generalitat propone el copago sanitario y desgravar las mutuas privadas, 20.07.10). De nuevo, ello no es cierto, lo cual no es obstáculo para que se reprodujera una y otra vez en aquel rotativo. Y lo mismo ocurrió en El Periódico, en El Mundo y en ABC.

Quisiera subrayar que no es mi intención defender o criticar ninguna de tales propuestas en este artículo (para ello remito al lector a mi artículo “La sanidad española”, PÚBLICO, 29.07.10), sino acentuar la falta de rigurosidad en la noticia, la cual llegó al máximo extremo en el reportaje sobre las recomendaciones de la Comisión en el Diario Médico, el mayor diario existente en España dirigido a los médicos y financiado por la industria farmacéutica. Al definir la ocupación y base institucional de los miembros de la Comisión, a mí me definieron como “cirujano, trabajando en el servicio catalán de la salud”. Soy economista y politólogo, y Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, habiendo trabajado en estudios del estado del bienestar, incluyendo la sanidad, durante muchos años. De cirujano, sin embargo, no tengo nada. Y así una larga retahíla de errores que parecen menores, pero que no lo son.

Los reportajes mediáticos de las recomendaciones de la Comisión escogieron presentar aquellas recomendaciones que reflejaban mejor su punto de vista, acentuando un consenso que no existió. Sí que hubo consenso, por cierto, en otras medidas, como el aumento de los impuestos finalistas o exigir que las mutuas laborales patronales paguen los gastos de los pacientes con enfermedades laborales (que hoy no pagan) que apenas tuvieron visibilidad mediática, aún cuando su capacidad recaudatoria sería mucho mayor que los famosos copagos.

La excesiva agresividad e hipérbole

Pero los problemas no terminan ahí. La prensa escrita de mayor difusión se caracteriza por una gran permisividad de la agresividad en la narrativa utilizada por algunos de sus colaboradores. He vivido en muchos países (en Europa y Norteamérica) durante mi largo exilio, y en ninguno he visto tanta agresividad como en muchos artículos que leo en España. En muchos de ellos el insulto y el sarcasmo son la práctica habitual. Así, uno de los autores más conocidos en nuestro país (que goza de enormes cajas de resonancia en los medios madrileños) es el Sr. Fernando Savater, que utiliza un promedio de siete insultos y/o sarcasmos por artículo, lo cual suele encantar a aquellos que comulgan con su nacionalismo mesetario. Sus últimos insultos incluyeron referirse a la manifestación del 10 de julio en Barcelona (en contra del dictamen del Estatut del Tribunal Constitucional) como “manifestación reaccionaria”, sin definir el por qué tal manifestación es merecedora de este adjetivo. Y otro insulto es definir la prohibición de la corrida de toros por el Parlamento catalán como comparable a los actos realizados por la Inquisición, sin elaborar el porqué de este insulto. El Sr. Savater insulta y se queda tan tranquilo. Y los rotativos lo imprimen para el goce de los lectores a los que les encanta este tipo de discurso.

Este “insulto fácil” alcanza dimensiones grotescas en los comentarios que aparecen en las versiones digitales de tales medios, en los que aparecen abundantes insultos personales. Yo escribo en varios países y en ninguno (repito, ninguno), hay tanta agresividad y mala educación como en aquellos comentarios; mala educación, por cierto, mucho más frecuente y palpable entre las derechas que entre las izquierdas.

Por último, sería de desear que se diluyera la hipérbole que dificulta también el debate. A la vuelta del exilio, escribí varios artículos y libros criticando la definición de la transición de la dictadura a la democracia como modélica. No cuestionaba si podría haberse hecho de otra manera y si el enorme dominio del proceso por parte de las derechas podría haberse evitado. No sé si hubiera habido o no esta posibilidad. Pero lo que critiqué es que a la Transición se la definiera como modélica, pues la utilización de tal termino asume que la democracia que tenemos ya es homologable a cualquier democracia que exista en la Unión Europea, lo cual no es cierto como he demostrado en mis escritos.

La respuesta de aquellos que configuran la sabiduría convencional fue casi hostil, tergiversando deliberadamente lo que yo sostenía, atribuyéndome la postura (que no comparto) de que la transición había sido un “desastre”, termino que no utilizo nunca, tergiversación hecha con el objetivo de ridiculizar una tesis que se está probando (acontecimiento tras acontecimiento, desde la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Garzón, a la decisión del Tribunal Constitucional en el caso del Estatut de Cataluña), ser más acertada para definir aquel proceso que la acrítica expresión de modélica.

Finalmente, quiero agradecer a El Plural, uno de los pocos foros progresistas en la prensa española abierto a la crítica de los medios, por publicar este artículo.

Publicado en El Plural.
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Han sido necesarios dos años y medio de decisiones económicas cada vez más agresivamente neoliberales del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (ayudas a la banca, subida del IVA, abaratamiento del despido…) para que los dos grandes sindicatos españoles se hayan decidido a convocar, para el próximo día 29 de septiembre, una jornada de huelga general. Una movilización largamente reclamada desde el sindicalismo alternativo, los partidos a la izquierda del PSOE y los movimientos sociales, pero que los dirigentes de UGT y CCOO han retrasado tenazmente durante meses, hasta que la presión de sus bases no les ha dejado más salida que convocarla o afrontar graves crisis internas en sus propias organizaciones, además de un cada vez más profundo y generalizado descrédito social.

Es evidentemente falso que, como vociferan con su habitual retórica demente y grotesca la derecha española y sus satélites mediáticos, las políticas económicas de los gobiernos de Rodríguez Zapatero hayan provocado esta crisis. Dicho esto, sí es por desgracia cierto que (1) los sucesivos gabinetes socialistas desde 2004 no hicieron absolutamente nada para prevenir una crisis perfectamente previsible (y de hecho prevista desde hace años por muchos y prestigiosos economistas ajenos al dogma neoliberal), que (2) durante meses negaron tercamente su implosión y sus devastadores efectos sobre la economía española (sin más motivo que el más burdo electoralismo) y que (3), una vez reconocidas su existencia y su magnitud, han reaccionado traicionando su ideario y su programa electoral socialdemócratas, apegándose como una sombra al recetario neoliberal más burdo y nefasto (adelgazamiento del Estado de Bienestar, desregulación del mercado laboral, mitigación de la progresividad fiscal…) y mostrando una humillante bandera blanca ante la acción concertada de la banca, los fondos especulativos, las agencias de calificación, la prensa financiera y el resto de buitres carroñeros del gran capitalismo globalizado (que son quienes, en la práctica, llevan meses dictando la política económica de este país con la autoridad propia de un potencia militar ocupante).

La única excusa que, entre avergonzados y vergonzantes, repiten los dirigentes socialistas, con Rodríguez Zapatero a la cabeza, es que “no hay otra alternativa”, (que tan tristemente recuerda a aquel “There’s no alternative” que hiciera popular la ultraconservadora y ultraneoliberal británica Margaret Thatcher). Pero esa excusa es falsa. En España, como en Grecia y Portugal (los tres países europeos más duramente golpeados por la crisis y la especulación), los gobiernos socialdemócratas podrían haber buscado y forjado un gran pacto con las fuerzas políticas a su izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales, en defensa de los derechos adquiridos de sus clases trabajadoras, de su justicia fiscal, de su Estado del Bienestar y de su soberanía económica. No lo han hecho, prefiriendo gobernar de la mano de los mercados financieros y la clase corporativa, y de espaldas a sus ciudadanos y votantes.

Por todos estos motivos, la huelga general del 29 de septiembre está más que justificada. Su éxito es una necesidad imperiosa para confrontar la especulación y la rapiña neoliberal que destrozan el empleo, el bienestar y la solidaridad, y para reivindicar el valor de nuestro voto, de la soberanía popular y la dignidad e integridad de sus instituciones, frente al despotismo arrogante de los mercados. Será una jornada de ejercicio militante de la ciudadanía y de exuberante celebración de la democracia, en la que, además del paro laboral, tendrán lugar asambleas ciudadanas, huelgas de consumo, acciones de desobediencia civil, piquetes, manifestaciones y otras muchas formas de movilización colectiva. Con ellas recuperará por fin su voz esta sociedad que tanto tiempo ha permanecido ya silenciosamente sometida a la dictadura sombría de los números.

“Somos personas, no mercancías”, reivindicaban hace ya más de una década los manifestantes contra la Organización Mundial del Comercio en Seattle. Es hora de poner otra vez de actualidad este mensaje, estampándolo, mediante una enérgica y dolorosa bofetada, en las opulentas y bastardas mejillas del Dios Mercado. Ya basta de CEOE y de precariedad laboral. Ya basta de IBEX-35 y de paraísos fiscales. Ya basta de Standard’s & Poors y de especulación financiera. Ya basta de Banco Central Europeo y de indefensión de la democracia ante los mercados. Ya basta de Financial Times y de monopolio neoliberal de la información. Ya hemos tenido demasiado de todo eso. Es tiempo de arrancar la mala hierba y sembrar otra cosa. La cita es el 29 de septiembre. Conciudadanos, conciudadanas: nos vemos en las calles, nos vemos en la huelga.

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Frente al optimismo del Gobierno español, según el cual todos los días estamos saliendo de la crisis, se sitúa la opinión de los analistas internacionales –especialmente los de EEUU– que no ven las cosas tan claras y no descartan la posibilidad de que una segunda depresión aceche en lontananza. El mismo Ben Bernanke, gobernador de la Reserva Federal, advirtió hace unos días del riesgo que existe de que se interrumpa la recuperación de la economía, tanto de la americana como de la global. Llegó a calificar como “inusualmente inciertas” las perspectivas, y es que son múltiples las señales que indican que, por mucho que se quiera, la tempestad no ha pasado.

Tales conjeturas no tienen por qué extrañarnos; en realidad, lo sorprendente sería lo contrario. Si en los inicios de la crisis los mandatarios internacionales parecían haber entendido la gravedad de la situación y todos los países se apresuraron a tomar medidas, estas, pasando el tiempo, han quedado reducidas al salvamento de los bancos con dinero público, porque hasta los parcos planes de estímulo fiscal que se adoptaron en el primer año se han desinflado en todas las latitudes, e incluso en alguna región, como Europa, se han transformado, bajo un brote de esquizofrenia, en ajustes durísimos. Da la impresión de que lo único que importaba era salvar las entidades financieras y que, una vez conseguido este objetivo, se retorna a las andadas con las prácticas más duras del neoliberalismo económico. Todo apunta a que se están cometiendo los mismos errores que en los años treinta.

Pero es que, además, se ha extendido un velo de silencio sobre los tímidos intentos que se habían realizado para identificar las verdaderas causas de la crisis: la globalización económica y financiera y, en Europa, la Unión Monetaria. Mientras persista la libre circulación de capitales y continúen los brutales desequilibrios en las cuentas exteriores de los países, mientras permanezca la Unión Monetaria con las actuales reglas y no se creen los adecuados mecanismos de compensación, será difícil que el fantasma de la depresión se aleje por completo. Los mismos planes de estímulo pueden resultar ineficaces. ¿Quién impedirá que los acometidos en EEUU, lejos de reactivar la economía americana, generen un mayor superávit de la balanza de pagos de China y un incremento de la deuda estadounidense?

Publicado en Público

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Ayer leía una noticia en clave de humor a propósito de una foto de un pleno del congreso de los diputados del pasado mayo donde la presencia de sus señorías no superaba los veinte escaños. La noticia decía que al igual que en el caso de los controladores, el gobierno había decidido sustituir a los diputados absentistas por militares.

La verdad es que la sola idea de imaginar el hemiciclo del congreso plagado de nuevo de militares más que risa me produjo un terrible escalofrío. Similar al pánico que me entró cuando supe que la solución que ha encontrado el gobierno a la insumisión de los controladores aéreos fruto de su relativa pérdida de beneficios, ha sido, además de la temporal de usar militares y traer controladores de fuera de nuestras fronteras, la privatización de algunas torres de control. De hecho, se anunciaba hace unos días que el proceso se iniciará para el próximo año para cuando estará ya operativa una torre privatizada de un gran aeropuerto.

Abiertamente declaro que me da pánico que se dejen determinados servicios públicos que atañen a la seguridad de la ciudadanía en manos privadas. Y si les extraña piensen en lo que ocurrió con el 11S y la seguridad privatizada de los aeropuertos norteamericanos. Aunque los partidarios de privatizar todo lo ocultan, no se debería olvidar que las empresas privadas tienen, como no podía ser de otra manera, la lógica del máximo beneficio, el suyo propio, que no tiene por qué coincidir con la de la mayoría de la ciudadanía y de ahí que siempre terminen rebajando los estándares de calidad y seguridad que el sector público puede mantener más altos porque no es esclavo de esa búsqueda del máximo beneficio.

Podría entender que el gobierno (equivocadamente, porque al fin y al cabo eso equivale a sacar dinero vendiendo las joyas de la corona) quisiera ahora privatizar -eso sí, lo poco que ya dejó Aznar colocando bien a sus compañeros de colegio-, para recaudar ingresos, pero no puedo aceptar que nos digan que estas medidas se toman para mejorar el servicio a la ciudadanía o para garantizar su seguridad.

Como parece que las presiones externas, la de los grupos de poder empresarial de este país y de fuera, y la ausencia de una oposición interna que lo impida nos han montado ya en ese carro privatizador sin solución de continuidad, al menos deberíamos exigir que los procesos de privatización y de concesiones de la seguridad aérea se hagan de forma transparente. Porque si se hacen igual que se está haciendo con el proceso privatizador de las cajas de ahorro, incluida la modificación legislativa, mejor dejamos de viajar en avión… claro que también he leído que van a privatizar los trenes y eso, en mi caso, casi me produce más horror después de haber sido durante algunos años usuaria de los trenes privatizados en Gran Bretaña cuyos retrasos y accidentes eran constantes.

En fin, dada la fiebre privatizadora de Blanco y sus colegas de gabinete no habrá más remedio que buscar medios de transporte alternativos. Siempre nos quedará el globo, que además de su halo romántico proporciona una sensación de libertad extraordinaria y muy placentera… claro que es muy dependiente de la meteorología y no nos permitirá llegar muy lejos. En cualquier caso, y sea público o privado el medio o la tumbona que utilicen, tengan unas felices y relajantes vacaciones.

http://linagalvez.com

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