Ayer entré a Correos para enviar unas cartas y mientras esperaba turno me entretuve en leer la información que proporciona la oficina bancaria que se encuentra allí, Deutsche Bank, sobre los intereses de los préstamos y créditos que concede. Son estos, como puede verse en la imagen de abajo:

Créditos y préstamos a 3 meses: 7,19%
Créditos y préstamos a 1 año: 7,45%
Créditos y préstamos a 3 años: 8,24%
Préstamos hipotecario vivienda a tipo fijo: 6,43%
Préstamos hipotecario resto a tipo fijo: 6,96%
Préstamos hipotecario vivienda a interés variable: 2,07%
Préstamo personal al consumo: 9,38%
Descubierto en cuenta corriente con consumidores: 10,00%
Resto descubiertos: 30,60%
Excedidos en cuenta de crédito: 30,60%

Todos ellos, como dice la nota, sin incluir comisiones u otras cargas.

Naturalmente el banco olvida señalar que esos créditos y préstamos puede darlos con el dinero que el Banco Central Europeo le concede sin límite al 1% o incluso, si se trata de bancos privilegiados como el Santander o el propio Deutsche Bank, con el que le dio la Reserva Federal al 0,25% y en secreto, como ya comenté en otra ocasión  (16 billones de regalo a los bancos y empresas que provocaron la crisis y que más empleo destruyen).

No creo que pueda haber una muestra más clara y evidente de lo que está impidiendo de verdad que salgamos de la crisis.

¿Qué empresa puede sobrevivir con estos tipos y eso, en el hipotético caso de que le concedan los préstamos, porque antes que dárselos, los bancos prefieren utilizar el dinero que casi gratuitamente les da el banco central para especular o comprar deuda?

¿Cómo puede soportar una pequeña o mediana empresa un 30% de interés si se excede puntualmente en su línea de crédito?

¿Cómo se puede reactivar la economía con esos tipos de interés por las nubes cuando la financiación es imprescindible para que las empresas que crean empleo vuelvan a ponerse en funcionamiento?

Es posible que las grandes empresas que tienen liquidez propia suficiente no se vean muy afectadas por estos tipos porque no tienen tanta necesidad de recurrir a esta financiación pero es que esas empresas no son las crean empleo. Al revés, son las que lo destruyen. Las que lo crean son las pequeñas y medianas y estas tienen un problema principal que solo tiene un nombre: la voracidad y usura de la banca que ponen de relieve esos tipos de interés.

Pero ni siquiera a la vista de esos datos son capaces los gobiernos de tomar las riendas con dignidad y parar los pies a la banca.

Al revés, de la mano de la patronal insisten en el mismo diagnóstico equivocado y cínico de la crisis. Para ellos, no se trata de que con falta de crédito y con esos intereses las pequeñas y medianas empresas que crean el 90% del empleo no puedan funcionar y tengan que cerrar. No. ¡De ningún modo! En su opinión, según nos dicen a todos constantemente, lo que sucede es que las grandes empresas y los bancos aún no tienen todo lo que necesitan y que, por tanto, hay que seguir dándole todo tipo de ayudas, a costa de dejar sin aire ni agua al resto de la economía.

Por eso, en lugar de pararles los pies y garantizar ingresos, financiación y demanda suficiente a las empresas que crean empleo y a los hogares, lo que hacen es promover la concentración bancaria para que siendo menos tengan más facilidad para controlar el mercado y poder aumentar sus beneficios más cómodamente; reducir el coste de los despidos para que no tengan que gastarse mucho dinero en desprenderse del personal; acabar con la negociación colectiva para que no tengan que perder mucho tiempo discutiendo con sus empleados; privatizar los servicios públicos para que las grandes empresas participadas por los bancos y ellos mismos se queden con el mercado; bajarles los impuestos para que puedan recuperar el aliento ganando miles de millones y no tengan que tirar su dinero financiando los gastos de la gente que creen que solo quiere vivir de los demás; o ahorrar en gastos sociales porque a las rentas altas no les son necesarios los servicios universales que financian.

Estas medidas que antes aplicaba el gobierno de Rodríguez Zapatero y ahora el de Rajoy no permiten salir de la crisis. No hace falta ser un genio de la economía para darse cuenta de que no apuntan a los problemas reales que la están agudizando día a día, como advierten los tipos de interés vigentes que he mostrado. Solo son la forma de aprovechar la crisis para aumentar el beneficio, los privilegios y el poder de las grandes empresas y de los bancos, la expresión de la gran estafa que se está cometiendo contra la ciudadanía.

Ganas de escribir

Fernando Moreno Bernal – Presidente de ATTAC Andalucía

Una de las primeras medidas a tomar por el nuevo Gobierno de España salido de las elecciones del 20-N será la constitución de un “Banco malo” para asumir los créditos fallidos e incobrables de la burbuja financiera alimentada por la banca privada sobre la especulación inmobiliaria de empresas promotoras, propiedad en gran parte de las mismas entidades financieras privadas. Se especula con una asunción de entre 50.000 hasta 100.000 mil millones de euros desde lo público para “sanear” a esta instituciones financieras y restaurar, dicen, la financiación a pymes, autónomos/as y familias como el principal problema de la economía española. Cantidad que hay que añadir a lo ya recibido desde 2008, que se estima en otros 157.000 millones como aportaciones del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el programa de avales a la financiación de las entidades de crédito, el aumento del importe máximo garantizado por los Fondos de Garantía de Depósitos y el FROB, y sin contar los prestamos a barra libre al 1,5, 1,25 y 1% recibidos desde el Banco Central Europeo (BCE) De hecho ya funciona un “Banco malo” que nos ha costado 4.465 millones de euros a los contribuyentes del BFA-BANKIA que preside Rodrigo Rato, procedente de la antigua Caja Madrid y Bancaja.

De nuevo la receta que se viene practicando desde 2008 sin resultados: socializar las pérdidas de los desmanes especuladores y medioambientales provocados por usureros, avariciosos e insolidarios personajillos de pandereta carentes de ética y valores sociales mínimos para que continúen haciendo lo mismo, cuando lo que deberían es ser ingresados en psiquiátricos en celdas de seguridad por la peligrosidad social de sus comportamientos sicóticos.

De nuevo una estafa al resto de la sociedad. ATTAC viene solicitando desde 2008 soluciones reales a esta falta de crédito a pymes, autónomos/as y familias, pues es la principal causa de las carencias, penurias, cierre de empresas y su consecuencia el incremento del desempleo. Esta medida justificada sobre esta necesidad evidente, sin embargo, no resolverá el verdadero problema social. A quién sí le resolverá los problemas de forma inmediata será a estas mismas entidades financieras privadas. Tienen en su balance 176.000 millones de euros incobrables de las entidades promotoras, siendo la banca europea con mayor porcentaje de deuda antigua bancaria (sin incluir los repos) con respecto al PIB de toda la zona Euro: un 54%, por encima del 50% de Bélgica, del 44% de Holanda, del 43% del Reino Unido y del 38% de Irlanda. Grecia solo tiene un 31% –por un 142% de deuda pública–; Portugal, un 30% -por un 83% de deuda pública–; e Italia, un 20% –por un 119% de deuda pública–. En un contexto de crisis financiera, esa mayor dependencia de dichos mercados ha generado problemas de disponibilidad y precio de dicha financiación¹. Tiene, además, el vencimiento del 40% del total de su deuda, en torno a 350.000 millones de euros, en 2012.

La pregunta que nos tenemos que hacer la ciudadanía es ¿Y por qué no crear un banco bueno al margen de los existentes que siendo público y con la prohibición de especular e invertir fuera del territorio nacional parta de esos 100.000 millones de euros de capital social? El crédito fluiría sin problemas hacia pymes, autónomos/as y familias. El importe a movilizar ascendería a casi un Billón de euros, ya que el dinero fraccionario bancario y el acceso a los prestamos del BCE multiplicaría este capital social por nueve desde su inicio.

ATTAC viene diciendo desde 2008 que solucionar el problema a los banqueros privados es a la vez destruir y hacer desaparecer el tejido de las pymes y el empleo, ya que no saben hacer otra cosa que especular, porque es la única forma de maximizar beneficios privados, aunque con ello provoquen la ruina social y de la económica productiva. O se salva a los banqueros privados, menos de 1.400 personas en España con lazos familiares entre ellas, o se salva el empleo y el tejido empresarial de la economía real con un sistema financiero público o por lo menos con enfoque social, de banca ética, que muy bien podría sustentarse sobre las actuales Cajas de Ahorros que ahora se tienen que nacionalizar. Es decir, a los 46 millones de personas. El 0,0035% frente al 99,9965%.

El Art. 6 de los Estatutos de ATTAC España dice que el Objeto de nuestra asociación es la “reapropiación, por parte de la ciudadanía, del poder de decisión que la esfera financiera ejerce sobre todos los aspectos de la vida política, económica, social, cultural, e informativa en todo el mundo.” Esta tan sólo puede conseguirse a través de una profundización de la democracia participativa, que debe enraizarse en los municipios, en las Administraciones Públicas más cercanas a la ciudadanía que han visto como surgen espacios innovadores desde 1999 como los Presupuestos participativos, políticas de desarrollo participativo de los territorios, técnicas y procedimientos de evaluación participativa de las políticas públicas, etc. El capital financiero internacional siempre lo ha tenido claro. El ataque a la democracia pasa por el alejamiento de la ciudadanía de las instancias decisorias y de la insuficiencia financiera de las entidades locales. No hay otro camino para reapropiarnos del poder de decisión que conseguir la suficiencia financiera de estas Administraciones Públicas locales, fortalecer una economía de cercanía recuperando la soberanía alimentaría y consolidando la democracia participativa en los municipios.

Desde ATTAC Andalucía hemos propuesto como medida urgente y coyuntural la constitución de Consorcios Financieros de las Entidades Locales² con ámbito autonómico con dos fines:

1. refinanciación del endeudamiento financiero
2. sustitución del endeudamiento con acreedores no financiero por endeudamiento financiero, estableciendo la posibilidad de canje de obligaciones de acreedores con deuda pública local.

En dichos Consorcios se integrarían la Administración Central, las Autonómicas y las Locales. Dichas refinanciaciones se articularían mediante la emisión de Deuda Pública y/o operaciones de crédito a largo plazo con las precisas garantías sobre ingresos tributarios locales futuros. Podrían ser las mismas entidades locales las que asumieran la casi totalidad del pago, ya que lo importante de estos Consorcios es la posibilidad de refinanciar las deudas a medio y largo plazo que hoy tienen imposibilitada por la Ley de estabilidad financiera. Es decir, la constitución de un “Banco malo” para liberar del endeudamiento a corto plazo y la falta de liquidez a las entidades locales.

El efecto multiplicador para la economía nacional de esta liberación de deuda de las entidades locales y el correspondiente pago a proveedores sería mucho mayor que la asunción de los créditos fallidos en los balances de la banca privada, ya que los Ayuntamientos son las empresas motoras de la mayoría de los municipios españoles, en mayor medida mientras más pequeño es el municipio. Tan sólo liberando a todos los Ayuntamientos no capitales de provincia el efecto para la economía productiva y la ciudadanía sería mucho más beneficioso y se produciría una reactivación económica fulgurante. Porque la tercera parte de estos están en quiebra técnica sin pagar a proveedores (15.500 millones de euros de deudas pendientes de pago para el conjunto de las Administraciones Públicas) ni parte o la totalidad de las nóminas de los empleados públicos. Inyectar este flujo de golpe y mantener mes a mes la entrada de los nuevos sueldos y pagos a proveedores relanzaría la economía. Hablamos con datos a 30 de junio de 2011, según el Banco de España en el cuadro que se adjunta, de 3.910 millones de euros para la totalidad de entidades locales, y de 1.748 millones de euros si tan sólo lo hacemos con Ayuntamientos no capitales de provincia.

Un Banco bueno en lugar de uno malo, y para las personas y las entidades locales antes que para los avariciosos e insolidarios especuladores financieros que nos extorsionan y nos arrebatan nuestros derechos y bienestar.

Notas:
1. http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/El-60-de-los-vencimientos-de-las-entidades-financieras-espanolas-se-produciran-a-partir-de-2013.html
2. Manifiesto ATTAC ante la crisis de las entidades Locales. Junta Directiva ATTAC Andalucía 17 de noviembre de 2011

]]> http://www.attacmallorca.es/2011/12/17/banco-%e2%80%9cbueno%e2%80%9d-para-las-personas-y-las-entidades-locales/feed/ 0 http://www.attacmallorca.es/2011/12/07/la-deuda-peligrosa-no-es-la-publica-es-la-de-los-bancos/ http://www.attacmallorca.es/2011/12/07/la-deuda-peligrosa-no-es-la-publica-es-la-de-los-bancos/#comments Wed, 07 Dec 2011 09:00:00 +0000 asusini http://www.attacmallorca.es/?p=6209 Xavier Caño Tamayo - ATTAC Acordem

En manos de codiciosos inmorales

En España, el conservador Partido Popular ha obtenido mayoría absoluta en las elecciones; bien es cierto que absoluta por una ley electoral injusta. Semanas antes, periodistas, editorialistas y opinadores profesionales al servicio de la derecha proclamaban que, desaparecido en combate Zapatero, el triunfo del Partido Popular generaría la confianza automática de los “mercados”. Pero los “mercados” han recibido el triunfo de los conservadores españoles con una prima de riesgo más alta y caídas en las Bolsas.

Y es que los “mercados”, que han tomado descaradamente el poder (que la Unión Europea les ha entregado), actúan a su beneficio y antojo. Aunque en vez de “mercados” podemos escribir los nombres de seres de carne y hueso, así como de entidades financieras concretas. Porque -convenzámonos de una vez- los “mercados” son solo unos cientos de grandes grupos industriales, aseguradoras y bancos, entre los que destacan con luz propia Barclays, JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citibank, Bank of America, Axa, Natixis, Société Générale, Banque Populaire-Caisse d’Épargne, BNP-Paribas, Deutsche Bank, UBS, Capital Group, BlackRock, Vanguard... más las dignas de toda sospecha agencias de rating que actúan como sicarios económicos.

Tras la desregulación y el descontrol financieros, y con el secreto bancario elevado a sacramento, la privatización por sistema y la reducción (o desaparición) de impuestos a quienes más tienen y atesoran hemos llegado a la “crisis de la deuda”. Crisis que, como denuncia Susan George, “permite a los acreedores ejercer una especie de colonialismo sin necesidad de recurrir a un ejército ni a una administración imperial; antes en países en desarrollo y ahora en Europa”.

Con el chantaje de la deuda, los “mercados” han llegado a la fase del expolio descarado de lo público. No se trata solo de que las deudas financieras privadas de bancos, aseguradoras u otras entidades financieras devengan públicas, porque se afrontan con dinero público; ahora quieren reducir al mínimo inversiones y gastos sociales para hacer desaparecer el modelo mínimamente social de cierto reparto de riqueza desarrollado desde los años cincuenta. Y puesto que lo privado es lo que priva, educación, salud, distribución de agua, transportes y energía (que antes parecían intocables) han de dejar de estar al servicio de la mayoría para convertirse en fuente de obscenos beneficios de unos pocos.

La austeridad fiscal es ahora el medio para dar el tiro de gracia a lo que resta de estado social en Europa. Pues, como denuncia Susan George, ningún país ha mejorado con la política de austeridad. Por tanto, no es la mejora económica lo que buscan, sino el cambio de modelo social. Por eso, Europa debería mirar a América Latina, que sufrió su crisis de deuda en los ochenta y noventa, pero reaccionó bien.

Brasil, Argentina o Ecuador dijeron no al FMI, a sus pagos de deuda y a sus austeridades. Y hoy, según Michael Reid (editor de The Economist para las Américas), “el buen momento económico de Latinoamérica es una gran oportunidad”. No por una austeridad, sino a menudo lo contrario. Y así la CEPAL testifica que “la pobreza y la indigencia descendieron en América Latina en 2010 gracias a la vigorosa recuperación económica de la mayoría de países de la región”.

En Europa, no cesa la crisis de la deuda y cinco gobiernos han sido descabalgados en elecciones desde 2010. Normal. Lo malo y preocupante es que los presidentes de Grecia e Italia han sido sustituidos sin convocar elecciones. Por decisión del poder financiero.

Si la deuda pública española, por ejemplo, es menor que otras, ¿por qué los “mercados” quieren más ajustes y recortes sociales? La deuda peligrosa de España no es la pública (algo más del 60% del PIB, mientras la alemana es el 83%). La deuda preocupante española es la de sus bancos, que en 2012 deberán pagar 200.000 millones de euros a otros bancos europeos.

Esa parece la razón de tanto ajuste y recorte. ¿Para que el Estado disponga de liquidez y pague su deuda?, con la que, por cierto, los “mercados” especulan y obtienen grandes beneficios. ¿O para ayudar a los bancos a pagar la suya? Quizás para que la señora Merkel duerma tranquila porque sus bancos alemanes cobrarán lo que les deben los bancos españoles.

Parece que la ciudadanía europea está en manos de granujas. Los “mercados”, sus cómplices y sus sicarios.

Publicado por Ellibrepensador

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias

La caída del Muro de Berlín inició una serie de cambios que con el tiempo provocarían una notoria regresión en el equilibro económico y social de posguerra.

Tras la disolución de la URSS (y aventado el miedo de las burguesías), la víctima siguiente será el estado de bienestar, ya que su nacimiento fue producto de aquel temor, y ahora agoniza porque el enemigo murió. Dos crisis, hermanas pero no gemelas, impactan en la Unión Europea y condensan aquellos cambios estructurales.

La primera fue provocada por la paulatina subordinación de la producción industrial al capital financiero. El ejemplo más claro -dice Joseph Stiglitz, premio Nóbel de Economía- es que en 2008, cuando se desmoronan las hipotecas sub-prime, por cada dólar de valores reales como edificios, autos, campos y fábricas (en suma, el PBI mundial) había en circulación 20 dólares de valores simbólicos como dinero, acciones, préstamos, títulos, bonos, derivados, etc. Esta relación de 20 a 1 muestra la escala del sometimiento.

La segunda es la crisis del endeudamiento público de la mayoría de los países europeos, sobre todo de los menos desarrollados, que desbordó la relación entre compromisos estatales y PBI.

Los gobiernos eludieron con subterfugios las duras restricciones del Tratado de Maastrich (fundador del euro) y ahora la relación deuda-producto y déficit-producto se volvió inmanejable. Y como los países ya no cuentan con sus monedas nacionales no pudieron devaluar para eludir de la tormenta. Otra hubiera sido la canción si España seguía con sus pesetas y Grecia con sus dracmas, pero el euro les ató las manos.

¿Quién estuvo todo el tiempo manejando los hilos? Tanto la primacía de la especulación sobre el PBI como el desmadre de las deudas estatales confluyen para redondear el gran negocio de la banca mundial, convertido, después, en la excusa necesaria para recortar los programas de educación, salud, jubilaciones, etc. “El ajuste es inevitable”, dice Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular español en las próximas elecciones.

La consecuencia es la regresión de las políticas sociales, porque de su recorte salen los fondos con que los gobiernos compensan a los bancos para salir de la crisis… generada por la hegemonía financiera. Los gobiernos recortarán los beneficios que hoy disfrutan los europeos de a pie para compensar a la gran banca por haberlos perjudicado a todos. El capitalismo también tiene su lógica, sólo que no tiene nada que ver con el sentido común ni con la justicia.

Los europeos tendrán que sufrir privaciones para cubrir las pérdidas de los bancos, generadas por las deudas estatales impagas, que son, a su vez, el producto de la escalada especulativa. Los gobiernos de España, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia y los países bálticos repondrán a la banca tanto el capital que prestaron como el interés devengado. Y lo pagará el ciudadano.

Aparte de esta exacción colectiva, la mayoría de los bancos privados de todo el mundo lava el dinero negro de la venta de drogas, de la evasión impositiva mundial y del tráfico ilegal de armas, rubros que suman unos 6 billones (millones de millones) de dólares por año. Es el corazón negro del capitalismo. La comisión anual de la banca por este servicio es del 16 por ciento, casi otro billón, limpio de polvo y paja. Esto deja claro quién manda en los Estados Unidos, en Europa y en el mundo.

Veintidós años después de la caída del Muro se advierte que el estado de bienestar sólo fue un escudo de protección contra el avance (real o imaginario) del comunismo, y que el publicitado “capitalismo con rostro humano” de la socialdemocracia tuvo más que ver con el miedo que con el humanismo. Hay una relación directamente proporcional entre la implosión del llamado socialismo real y la caída progresiva del estado de bienestar en la Unión Europea.

La socialdemocracia no ha podido desarrollar políticas independientes, por eso la crisis la ubicó en la misma trinchera que el liberalismo. Las próximas elecciones europeas medirán el repudio popular ante semejante abandono.

En el capitalismo europeo de las últimas décadas las finanzas mandan, la producción obedece y los políticos siguen aportándole dinero público a la banca privada, mientras que en la otra balanza aumentan los desocupados, se congelan los salarios y se desmonta ladrillo a ladrillo la mayoría de los beneficios sociales acumulados durante más de medio siglo. Alemania reducirá el gasto social en 110 mil millones de euros; Francia en 100 mil millones. Otro tanto harán Italia, España, Inglaterra, todos. ¿A dónde irá a parar ese dinero? Naturalmente, a los bancos.

Miguel Ángel García Vega - El País

A la tierra le duele el capitalismo. Al menos su versión actual, en la que ha decidido que todo es susceptible de ser empaquetado como activo y enviado a los mercados financieros. Nada es ajeno a la fiebre de las plusvalías. Incluso las tierras de labor, vitales para la condición humana, están sufriendo enorme presión. En los últimos tres años, entre 60 y 80 millones de hectáreas (una superficie similar a la mitad de Francia) han cambiado de manos. Incluso hay quienes, como la firma independiente Global Land Project, sitúan esta cifra solo para África en 63 millones. Por si no bastara, el Banco Mundial revela que, en 2010, los inversores extranjeros “han expresado su interés” en 56 millones de hectáreas de tierra de cultivo en todo el mundo. E Intermón Oxfam habla de 67 millones confirmadas. Pues uno de los problemas es “la falta de transparencia. Ya que se ocultan datos e informes”, avisa Lourdes Benavides, responsable de Justicia Económica de esta ONG.

Es imposible que este acoso no tenga consecuencias. La primera es una deslocalización agraria, como antes hubo una industrial y otra del sector servicios. Medio mundo se ha lanzado a comprar tierras fuera de su país de origen. Arabia Saudí (que en 2008 tuvo que cancelar un programa de explotación intensiva de trigo, que buscaba el autoabastecimiento, porque era insostenible desde el punto de vista de consumo de agua), India, China y Holanda están comprando o arrendando importantes extensiones en África, Asia y América Latina. Y lo hacen a través de instrumentos financieros o empresas nacionales. Todos quieren asegurarse los alimentos y sus ganancias. Pero este movimiento plantea una gran inquietud: “Si dejas que este proceso de deslocalización siga su curso, habrá millones de personas desplazadas, perdidas y con hambre”, advierte Henk Hobbelink, coordinador de la ONG Grain.

Desde luego, a los mercados y a los especuladores, esta advertencia les llega con la fuerza de un susurro. Sus cuentas están hechas. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) estima que la producción de alimentos ha de crecer un 50% hasta 2050 para satisfacer la demanda mundial, y esto supone, se vista como se vista, un negocio cautivo.

Pero lo inesperado no es que se especule con las tierras, sino quiénes lo hacen. Los fondos de pensiones están destinando entre 5.000 y 15.000 millones de dólares a la compra de fincas de cultivo, afirma un trabajo publicado por Grain. Ya no son solo los fondos de inversión o de private equity los que buscan esos beneficios, ahora, grandes fondos estatales suecos, estadounidenses, daneses y holandeses han visto la posibilidad de negocio. Y, claro, a muchos les rechina, desde una mirada ética, que instrumentos pensados para asegurar la jubilación de trabajadores terminen buscando ganancias en esas tierras.

Tal vez rechine aún más que universidades como Harvard, Spelman o Vanderbilt estén en este negocio. Así lo ha evidenciado el think tank Okland Intitute en un informe de conclusiones inquietantes. Asegura que fondos de pensiones, hedge funds (vehículos de alto riesgo) y especuladores europeos y americanos están comprando enormes extensiones agrícolas en el continente africano. Muchas de ellas se destinan a la producción de biocombustibles o flor cortada en vez de alimentación básica. En Mozambique, según el periódico The Guardian, de las 433.000 hectáreas aprobadas para inversión agrícola entre 2007 y 2009, solo 32.000 se destinaron al cultivo de alimentos.

Por si fuera poco, parece que algunas lecciones no se terminan de aprender. “Las mismas compañías financieras que nos metieron en una recesión global inflando la burbuja inmobiliaria con arriesgadas maniobras ahora están haciendo lo mismo con el suministro mundial de alimentos”, afirma, en una clara alusión a multinacionales y bancos de inversión, a través de una nota, Anuradha Mittal, director ejecutivo del Okland Institute.

Buscar un punto de equilibrio entre alimentación y compañías financieras es muy complicado. El banco holandés Rabobank es una de las entidades con más presencia en este sector. Su fondo Rabo Farm Europe (gestiona 315 millones de euros) invierte en tierras de cultivo y en granjas con una “visión de largo plazo”, dicen. “El rendimiento esperado es doble”, afirma desde Holanda Stefan Baecke, su consejero delegado. “Estamos pidiendo un precio de arrendamiento razonable a los granjeros por nuestras propiedades e intentamos lograr beneficios indirectos a largo plazo: entre 10 y 15 años”. Ambas fuentes de ingresos deberían dar una rentabilidad superior en un par de puntos a la inflación.

Otro jugador de peso es DWS Investments, la gestora de fondos de Deutsche Bank. Su “estrategia para la agricultura mueve 4.000 millones de dólares”, confirma, desde Nueva York, Ralf Oberbannscheidt, gestor del fondo DWS Invest Global Agribusiness (3.018 millones de dólares en agosto de este año). Eso sí, son conscientes de manejar un material delicado y sometido a una elevada presión. “Hay que invertir de una forma muy cuidadosa para minimizar cualquier tipo de impacto negativo”, apunta. “Por eso es necesario conocer el entorno rural en el que se invierte y a la vez desarrollar infraestructuras para que esa producción sea sostenible”.

No solo los instrumentos financieros han visto la oportunidad de hacer negocio, también los inversores particulares. Sai Ramakrishna Karaturi es el mayor productor de rosas del mundo. Hizo fortuna con ellas en Kenia, y ahora explota, según Grain, 300.000 hectáreas de tierra en Etiopía por las que paga una renta ínfima. El Gobierno etíope las está arrendando a los inversores extranjeros a veces por menos de 10 dólares por hectárea y en plazos de 20 a 45 años ampliables a 99. En el vecino Sudán apenas llega a los 25 céntimos de dólar por año y acre (4.406 metros cuadrados) en un periodo de ocho a 32 años.

En gran parte de África, la propiedad de la tierra es estatal y los pequeños agricultores (responsables del 80% de la producción agrícola mundial) son desplazados de unas tierras sobre las que no tienen ningún derecho escrito. Una desprotección que choca contra la fortaleza económica de países como India. No es de extrañar que empresas radicadas allí pensemos en Olam International (que ha comprado 17.000 hectáreas en Argentina para cultivar cacahuetes y 16.000 en Uruguay para explotación láctea); Varun International (se ha hecho con 230.000 hectáreas para arroz y maíz en Madagascar) o KS Oils (plantará palmeras en 130.965 hectáreas en Indonesia), que son muy activas en la compra de terrenos.

Puesto que no existe actuación sin reacción, hay que preguntarse de qué manera afecta esta tensión compradora al coste de los alimentos. “No es fácil saber si la adquisición de tierras agrícolas y la especulación en materias primas aumenta los precios. Podría ser, pero también hay influencias positivas”, dice Gertjan van der Geer, gestor del fondo Pictet Agriculture. Menos dudas tiene Stefan Baeck, responsable de Rabo Farm: “Invertir en tierras de cultivo sin la estrategia adecuada acerca de cómo abordar las sensibilidades y los requerimientos de los grupos de interés se traducirá en una inversión fallida con impacto negativo en los precios de los alimentos”.

El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).

Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.

Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.

Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.

Artículo publicado en la revista digital SISTEMA

Eduardo Garzón – Saque de esquina

Tal y como se expuso en el artículo anterior, los gobiernos de los países denominados PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) – aunque no son los únicos – están llevando a cabo recortes en el gasto público como vía para reducir el déficit – a pesar de que existen otras alternativas – y así equilibrar las cuentas públicas para poder pagar en un futuro a todos los inversores que prestaron su dinero a estos estados.

La opinión generalizada – o al menos la opinión que se transmite fundamentalmente mediante los grandes medios de comunicación – considera que este proceder de los gobiernos es razonable, o cuanto menos, lógico. La esencia del pensamiento sería algo así como: “es normal que si alguien te presta dinero tengas que hacer lo que sea para devolvérselo”. Sin embargo, en ocasiones conviene analizar el asunto utilizando una perspectiva diferente para obtener una visión más completa de la realidad. A menudo la adopción de un determinado enfoque puede condicionar profundamente el resultado del estudio. Día a día nos bombardean con el mismo punto de vista y poco a poco vamos adoptándolo hasta pensar que es el único posible. Por ello hay que estar siempre prevenido ante cualquier afirmación, y estar dispuesto a descubrir y utilizar otras formas de analizar las cosas.

Por ejemplo, si nos centramos básicamente en las transferencias monetarias o de recursos que se están produciendo con estos acontecimientos, encontramos un modo diferente de ver las cosas. Hemos dicho que para que todos esos inversores – que prestaron fondos a los PIIGS – puedan cobrar lo acordado y no sufran ningún percance, los estados están recortando gastos que favorecen a la inmensa mayoría de la población. De esta forma el riesgo de quiebra por parte de los países disminuye, y por lo tanto se asegura que los prestamistas vayan a recibir el dinero que prestaron y además que cobren los intereses que se acordaron. Es decir, lo que está ocurriendo es que para asegurar que los prestamistas no salgan perdiendo en esta etapa de la crisis se está empobreciendo a una buena parte de la ciudadanía que se beneficia del gasto público a través del Estado de Bienestar. Al recortar salarios, educación, pensiones, sanidad, etc, se están recortando recursos que antes pertenecían a la mayoría de la población. Algunas personas, aunque están perdiendo recursos, pueden lidiar con su nueva situación. Pero en otras ocasiones muchas personas están siendo empujadas a la pobreza más absoluta, que les lleva incluso a cometer actos de suicidio.

El dilema se debe a la existencia actual de un problema económico grave que exige que haya que “pagar” parte de los platos rotos para solucionar el problema en la medida de lo posible. Alguien debe pagar esos platos rotos, y la decisión de quién o quiénes los tienen que hacer corresponde a los círculos de poder. Si estas personas utilizaran un enfoque neutral para señalar las posibles combinaciones de reparto de los costes de la crisis, podrían sugerir varias opciones:

1) La opción que los dirigentes políticos han escogido en la actualidad. Es decir, los prestamistas no pierden nada y continúan en la misma situación que estaban (recordemos que son personas y empresas que están haciendo un negocio) y los ciudadanos que se benefician del gasto público renuncian a ciertos derechos y recursos que antes tenían. En este caso todo el coste se transmite a esa parte de la población mientras que los prestamistas no contribuyen en ninguna medida con el pago (de hecho, con el tiempo saldrán ganando gracias al cobro de los intereses).

2) Una especie de equilibrio en el reparto de los costes. Los prestamistas podrían ceder y dejar de recibir una parte del dinero que prestaron y al mismo tiempo los ciudadanos podrían renunciar a ciertos derechos y recursos. De esta forma el coste se repartiría entre los prestamistas y los ciudadanos que se benefician del gasto público. Las dos partes saldrían perdiendo con respecto a su situación inicial, pero esta vez los ciudadanos perderían menos que en el caso de escoger la primera opción.

3) Los prestamistas no recuperan una buena parte del dinero que prestaron y los ciudadanos no ven alterados sus recursos. Esta opción plantearía que el coste recayera exclusivamente en los prestamistas, mientras que los ciudadanos verían intacto el gasto público que les provee recursos. El coste a pagar por los prestamistas no tendría por qué ser el máximo posible, sino una cantidad razonable. La clave reside en que los ciudadanos no tendrían que pagar nada.

Decidirse por una u otra opción depende de los principios que se mantengan como base.

Si atendemos, por ejemplo, al principio de “justicia”, entonces tendremos que valorar ciertos factores. Por ejemplo, deberíamos preguntarnos qué nos parece más justo: que salga perdiendo la mayoría de la población que se beneficia del gasto público – que es un grupo heterogéneo pero en el que se encuentran personas con recursos muy limitados –; o que salga perdiendo una minoría de la población que se está lucrando gracias a un negocio particular y cuyos integrantes tienen suficiente capacidad económica como para permitirse tener pérdidas sin tener que caer en la pobreza. Porque hay dos cosas muy evidentes: 1) los prestamistas son una minoría y los ciudadanos son la inmensa mayoría; y 2) los prestamistas tienen muchísimos recursos, mientras que los ciudadanos son más pobres en relación a los prestamistas, y muchos de ellos necesitan hasta el último recurso proveniente del Estado del Bienestar para vivir con dignidad (1).

Es cierto que la justicia suele ser un atributo muy difícil de medir desde la objetividad, pero hay ocasiones en las que decidir si una acción es más justa que otra se convierte en el dilema más sencillo del mundo.

Sin embargo, parece evidente que en la actualidad no se ha escogido la opción más justa. Y esto ha sido así porque no se ha utilizado como guía el principio de “justicia”, sino más bien otros principios muy diferentes. El establishment político y económico, haciendo uso de su poder, ha venido escogiendo la primera de las opciones con la principal intención de que la élite financiera no salga perdiendo con los ajustes que se están produciendo a merced de la crisis actual. Esta actuación arroja muchas preguntas pertinentes con respecto al verdadero papel que tienen los representantes políticos así como la verdadera esencia de la democracia actual que tienen los países occidentales, donde no parece cumplirse la máxima del “gobierno para el pueblo”.

Las decisiones adoptadas son una clara estafa a los ciudadanos. Es inadmisible que una crisis de la que se han beneficiado principalmente las élites financieras y que ha sido provocada e intensificada por estos mismos actores, esté siendo costeada por la inmensa mayoría de la población a favor de estas élites económicas y financieras. Actualmente se está produciendo un terrible y colosal trasvase de los recursos públicos a las manos privadas de unos pocos para tapar los agujeros que ellos mismos crearon en su euforia financiera. No es de extrañar, entonces, que miles de personas en todo el mundo se hayan percatado de esta estafa y hayan salido a la calle a mostrar su total indignación.

Es necesario que todos los ciudadanos hagamos un esfuerzo por abandonar ese discurso maquillador que nos han impregnado desde las altas esferas del sistema y pasemos a emplear un punto de vista realista sobre los últimos acontecimientos. Desde los círculos de poder se nos dice que están “rescatando” a los países, que los recortes son necesarios, que no hay alternativas, que es la opción menos mala… se trata de palabras bien medidas para ocultar la verdadera situación en la que nos encontramos: el traspaso de recursos públicos a unas pocas manos privadas.

La realidad es que los ciudadanos estamos rescatando el negocio de las grandes compañías financieras, y no al revés.

Notas: (1) Aun siendo un factor de enorme relevancia, para simplificar la comparación se ha dejado de lado la responsabilidad que han podido tener estos inversores en la causa, propagación e intensidad de esta crisis económica. Nótese que la inclusión de ese factor dejaría aún en peor lugar a los prestamistas.

Saque de esquina

F. Fafatale – Diagonal

Goldman Sachs, Bank of America o Deutsche Bank, bancos que sembraron el planeta de hipotecas basura, mutan ahora en fondos de capital riesgo o fondos buitre que especulan con las viviendas de los desahuciados, que revenden más caras de lo que les costaron. A esta práctica se están sumando últimamente grandes bancos españoles, según publica el portal inmobiliario Idealista.com.

En el Estado español se cuentan por miles las hipotecas morosas que están siendo objeto de mercadeo por parte de bancos o cajas incapaces de asumir su coste. Se las venden a fondos buitre –que son sociedades dependientes de grandes bancos– que las compran por entre un 20%y un 30% de su valor. Cuando se produce el embargo –con la necesaria complicidad del sistema judicial español– estos fondos la revenden por más dinero de lo que costó comprar la hipoteca. “Se está produciendo un ‘trading’ [un conjunto de operaciones financieras] con viviendas como si fuera la bolsa, en el que se están moviendo miles y miles de operaciones en los últimos meses”, asegura Idealista, que cifra en 8.000 las hipotecas objeto de estas operaciones en el mercado, basándose en “fuentes cercanas a estos procesos”.

Pero ninguna víctima es tan jugosa para los fondos buitre como los países endeudados. Según Nick Dearden, de Jubilee Debt Campaign (JDC) UK, el FMI registra 54 casos de fondos buitre sobrevolando 12 países. Renaud Vivien, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), calcula que el número de casos en los tribunales contra países deudores se ha doblado desde 2004. De media, se inician ocho procesos cada año.

Vivien pone un ejemplo: “FG Hemisphere, con sede en un paraíso fiscal (Delaware, EE UU), en 2004 recompró viejas deudas de la República Democrática del Congo de los años ‘80, por un valor real de 37 millones de dólares, y después se agarró a la justicia anglosajona, el Tribunal de Jersey (EE UU), con el fin de obtener el reembolso del valor nominal de dicha deuda, añadiendo los intereses de demora y otras penalizaciones, por un importe total de unos 100 millones de dólares. Y todos los días esa deuda crece 27.500 dólares debido a los intereses”, denuncia Renaud Vivien. Para garantizar el pago de la deuda, el Tribunal de Jersey ha concedido a FG Hemisphere el derecho a quedarse con una parte de los futuros beneficios de la joint venture Groupement de Terril de Lubumbashi (GTL). Esta empresa “cuenta entre sus accionistas con FG Hemisphere y el Gobierno congoleño a través de Gécamines, una empresa pública. FG Hemisphere, recuerda este miembro de CADTM, ya consiguió en 2008 el derecho a cobrar durante los próximos 15 años las rentas de la venta de electricidad a Sudáfrica, y en febrero de 2010 este fondo buitre fue autorizado por el Tribunal de Apelación de Hong Kong a tomar una parte de los derechos pagados por China a la República Democrática del Congo por la explotación de un yacimiento minero.

Renaud Vivien advierte que los ataques no se limitan a África. “Argentina se halla en la actualidad en las garras de dos fondos buitre, Elliott Capital y EMLimited, que intentan apoderarse de los fondos depositados por el Estado argentino en el Banco de Pagos Internacionales por un importe que sobrepasa los mil millones de dólares”. Según este activista, de momento no hay obstáculos para que los fondos buitre ataquen a los países del norte, “teniendo en cuenta las prácticas especulativas sobre sus deudas”.

¿Cómo cortar las alas a los fondos buitre? Según Vivien, “es necesario cambiar las reglas del juego, ya que su actividad, de momento, es legal. Los poderes públicos deben convertir en ilegal su actividad prohibiendo pura y simplemente la especulación sobre las deudas de Estado, que sólo beneficia a un puñado de individuos. A la espera de una iniciativa internacional de este tipo, los Parlamentos, en el Sur y en el Norte, deben adoptar inmediatamente de forma unilateral leyes para limitar la acción de los fondos buitre”.

Por el momento, el Gobierno Zapatero, de acuerdo con el PP, ha modificado el artículo 135 de la Constitución para elevar a categoría constitucional que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.

Back in Bussines

Uno de los fondos buitre que está operando en España es Back in Business, que se hizo con varias sociedades de Nueva Rumasa en una operación “poco transparente”, según el sindicato UGT valorada en 1.500 millones de euros. Esta empresa, propiedad del empresario Ángel de Cabo, dueño del bufete de abogados Aszendia, se quedó con Viajes Marsans, de Gerardo Díaz Ferrán, a través de otra sociedad, denominada Posibilitum Business.

FONDITEL

El fondo gestor de los planes de pensiones de Telefónica, Fonditel, es uno de los principales inversores españoles en sociedades de terceros. Entre los productos que maneja este fondo están los llamados “fondos de fondos” y las operaciones de capital riesgo. En mayo de 2011, Beatriz González, hija del presidente de BBVA, Francisco González, dimitió como directora del área de capital riesgo de Fonditel, un fondo que está gestionado por Telefónica, con una participación del 15% de los sindicatos CC OO y UGT.

El fondo del Botín

RentaMarkets Arbitrage Fund es el hedge fund de Emilio Botín O’Shea, hijo del presidente del Santander cuya actividad es “la generación y estructuración de operaciones, creación de mercado y asesoramiento en la gestión de fondos”, según recoge Cotizalia. El 35% de este fondo de capital riesgo es propiedad de Renta4. En febrero, Renta4 adquirió el Banco Alicantino de Comercio a Banesto (propiedad al 97% del Santander) por un importe de 15 millones de euros.

El 13 de junio de 2007 la prensa anunciaba que el Banco de Santander ponía a la venta todos sus edificios: “El Santander prepara la mayor operación inmobiliaria realizada jamás en España. El banco venderá todos sus inmuebles (excepto la sede social en el paseo de Pereda, en Santander, la única concesión romántica) para ocuparlos en alquiler, con posibilidad de recompra”, decía El País.

¿Fue casualidad que hiciese eso justo meses antes de que empezase a estallar la burbuja inmobiliaria y a caer el precio de las viviendas? Cuesta trabajo creer que fuese así. Primero, porque lo normal no es que el Banco de Santander tuviera menos información de la que disponían muchos economistas que estábamos aventurando que eso iba a ocurrir pronto. Y segundo porque los bancos, y por supuesto mucho más el Santander, tienen capacidad para influir en los precios de la vivienda, de modo que incluso saben mejor que nadie cuál va a ser su evolución a corto, medio y largo plazo.

Lo cierto fue que poco después de poner en marcha esa operación los precios se derrumbaron y los directivos del Santander sabrán las pérdidas de valor en balance que pudieron evitar o las plusvalías que obtuvieron.

Lo curioso es que a pesar de estas “casualidades” que claramente revelan que los grandes agentes económicos sabían lo que se venía encima, todavía haya gente que se cree que nadie pudo anticipar la crisis o dirigentes dispuestos a hacérselo creer.

Pues bien, ahora nos encontramos en una situación que podría tener muchas similitudes.

Los bancos, los economistas y políticos neoliberales, los dirigentes de la Unión Europa y las grandes patronales nos vienen diciendo que para salir de la crisis hay que reformar el mercado de trabajo, privatizar, recortar derechos y gasto público, etc., es decir, todas las medidas que hemos visto tomar en estos últimos meses.

Muchos economistas, premios Nobel como Krugman o Stiglitz, decimos, por el contrario, que de esa forma no se va a salir de la crisis sino que se va a producir una recaída quizá aún más grande porque ni esas son las medidas adecuadas ni van acompañadas de las reformas financieras que se debieran tomar para no caer en los mismos problemas que la provocaron.

En lugar de sacarnos de la crisis lo que se está consiguiendo, con el único objetivo de aumentar el poder de negociación de la gran empresa y la liquidez y rentabilidad de las entidades financieras, es disminuir el combustible que necesitan las economías para funcionar y crear empleo: el gasto privado y público y la financiación. Y de esa manera es inevitable que vuelvan a pararse. Ya lo henos visto en Irlanda, en Portugal, en Grecia y en otros países del este europeo de los que nadie habla o, de momento en menor grado, en España, Italia y los demás países de la Unión.

Salvo que uno quiera engañarse, no se debería tener la más mínima duda: es imposible que las economías europeas se recuperen con las medidas restrictivas que se vienen tomando y mientras se siga permitiendo que el dinero sin límites que se pone en manos de los bancos se dedique a que éstos especulen con la deuda de los estados en lugar de destinarlo a financiar a empresas y consumidores.

Las pequeñas y medianas empresas que crean empleo están agonizando por falta de crédito y de demanda y los gobiernos cada vez tienen menos margen de maniobra para evitarlo porque están cada vez más endeudados ya que las entidades financieras les encarecen continuamente su deuda y tienen que pagar más intereses y porque con las políticas restrictivas que aplican también caen sus ingresos.

Para salir de la situación hay alternativas muy claras que podrían tomarse rápidamente si las autoridades fuesen capaces de pararle los pies a los financieros y a los responsables de las grandes empresas que se están obteniendo beneficios extraordinarios con las políticas que están llevando a Europa a un desastre sin parangón. Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo proponemos 115 medidas concretas en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España de inmediata aparición, pero de entre ellas destacaría como extraordinariamente urgentes a tres de ellas.

- Parar la sangría de la deuda obligando al Banco Central Europeo a tomar las riendas y a plantear una quita o reestructuración generalizada y a hacerse cargo de su financiación difiriendo el pago y devolviendo los intereses a los estados.

- Crear una banca pública y obligar a la banca privada a financiar a las empresas y ciudadanos que necesiten crédito para llevar a cabo actividades productivas.

- Poner en marcha un plan de estímulo paneuropeo que garantice demanda suficiente, en lugar de recortar salarios y gasto público, como se viene haciendo, y que se centre en “salvar” a las empresas que crean empleo en lugar de contemplar inactivos la desaparición de miles de ellas por falta de financiación y demanda.

Avanzar por otro camino, por el que se empeñan en llevarnos, solo va a conducirnos, como venimos diciendo muchos economistas, a otra recesión y a nuevos problemas financieros, seguramente mucho más graves.

Y si se quiere un vaticinio más concreto quizá sirva las noticias que circulan por la red: el Banco de Santander y el BBVA ponen a la venta toda su cartera inmobiliaria (Banco Santander venderá toda su cartera inmobiliaria aunque le provoque pérdidas; ¿Operación liquidación?: BBVA coloca a un peso pesado al frente de su cartera inmobiliaria).

Y ahora empiecen a leer de nuevo el artículo por el principio.

Artículo Publicado en Sistema Digital
Ganas de escribir

El Banco de España ha propuesto en una circular reciente que los préstamos hipotecarios dejen de estar referenciados en el Euribor para “reducir la dependencia de nuestro sistema financiero respecto a los tipos de interés interbancarios a un año”.

¡Hay que tener cara dura!

Con el proceso de desaparición o fusión de las cajas de ahorros desparecen algunos de los índices que se pueden tomar como referencia a la hora de revisar el tipo de interés de los préstamos variables. Los reconocidos ahora por el Banco de España son los siguientes:

a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por el conjunto de entidades de crédito (3,533% en agosto).

b) Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años (4,272% en septiembre).

c) Referencia interbancaria a un año (EURIBOR, 2,082% en octubre).

d) Tipo de permuta de intereses a 5 años.

e) El MIBOR, exclusivamente para los préstamos hipotecarios formalizados con anterioridad al 1 de enero de 2000 (2,208% en octubre).

Pues bien, de todos ellos resulta que el Euribor es el índice más bajo. Es decir, que lo que se busca de verdad por más excusas que se den revestidas de tecnicismos es hacerle un nuevo regalo a la banca privada, ahora mediante un nuevo índice que automáticamente eleve los tipos que cobra a sus clientes.

El gobierno y los partidos representados en el Consejo del Banco de España callan y otorgan.

Una vergüenza más y ya no sé cuántas van por parte de nuestra máxima autoridad monetaria que presume de independiente.

Si el Banco de España quiere reducir la variabilidad de los tipos de interés lo que tiene que hacer es obligar a los bancos privados a ofrecer tipos de interés fijos reducidos y a facilitar la conversión en ellos de los actuales de tipo variable para aliviar el peso que soportan las familias y que directamente se traduce en beneficios para la banca.

Y para no tener que depender de estas entidades que se dedican a especular tan irresponsablemente lo adecuado es crear una banca pública que financie urgentemente a las empresas que crean empleo y riqueza y a las personas. Claro que para ello es necesario también que haya nuevas normas de regulación del sector público y de la clase política para impedir que quienes deben servir a toda la sociedad estén solo al servicio de los intereses privados. Cuanto antes.

Ganas de escribir