Como bien se sabe, empresarios y sindicatos han llegado a un principio de acuerdo sobre la futura reforma laboral que servirá de base para que el gobierno legisle. Será una reforma laboral que, según ha comentado el propio ministro de Economía, se convertirá en el centro de la política económica del gobierno del PP. Mi compañero Coscubiela, diputado de ICV-EUiA y sindicalista de larga trayectoria, ha escrito unas notas de urgencia muy interesantes sobre la reforma. Yo quisiera copiar la idea y plasmar mis primeras impresiones.

Hay varias formas de analizar esta reforma laboral, y sin duda en la izquierda política y sindical vamos a ver ambas. En primer lugar puede analizarse desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista político. En segundo lugar, puede analizarse desde un punto de vista de capacidad de gestión o desde una perspectiva estratégica. Al fin y al cabo, la reforma laboral se enmarca en un determinado momento histórico y en una coyuntura económica muy concreta. Y por lo tanto hay diferentes interpretaciones posibles y todas ellas legítimas.

Como bien se sabe, la primera cuestión a resolver es si es pertinente o no una reforma laboral. Cuestión que engloba unas preguntas aún más importantes: ¿qué objetivo debe tener una reforma laboral? y ¿qué papel juega el mercado de trabajo en el sistema económico?

En la teoría económica el mercado de trabajo puede ser analizado desde diferentes enfoques. Los economistas neoclásicos lo ven como un espacio donde hay demasiadas “interferencias” que obstaculizan la adecuada asignación de trabajadores en los puestos de trabajo. Los sindicatos son uno de esos obstáculos, y en consecuencia también determinadas medidas que han conseguido aplicar y que instauran “rigideces” en la libre asignación de recursos. Esta perspectiva entiende que desregulando el mercado de trabajo (es decir, hacer más fácil en todos los sentidos la contratación y despido de trabajadores) se puede combatir exitosamente el desempleo. Y la variable de ajuste en esta visión es el salario. Cuanto más flexible sea el salario, más fácil será ajustar oferta y demanda de trabajo. Los economistas que se inspiran en esta teoría entienden, en definitiva, que hay que reformar el mercado de trabajo para liberar a los empresarios de sus obstáculos.

Por el contrario, parte de los economistas críticos ven el desempleo no como resultado de desajustes en el mercado de trabajo, sino como desajustes en el mercado de bienes y, concretamente, por falta de demanda. Esto quiere decir que el mercado de trabajo no tiene un papel primordial en la creación de empleo, pero sí lo tiene la actividad económica y el nivel de consumo e inversión (privada y pública). En este sentido y en un contexto de falta de demanda las reformas laborales serían por lo general inocuas. No conseguirían reactivar la economía y amenazarían, si están mal diseñadas, con un empobrecimiento de la población que agudizaría el problema.

Hasta aquí son trazos generales, obviamente. Mi opinión es que en un contexto como el actual el problema de la economía no está en el mercado de trabajo, aunque por otra parte puede aceptarse que tiene sus propios problemas, sino en otras causas que tienen que ver con la desigualdad que conduce a la falta de demanda.

Pero a continuación tenemos que valorar el papel de los sindicatos, y no sólo desde un punto de vista técnico sino también político. Esto quiere decir que no podemos detenernos a saber lo que es conveniente o no bajo la teoría, sino que también tenemos que estudiar las bases políticas que permiten tomar una u otra decisión.

Los sindicatos están hoy desprestigiados y bajo permanente ataque. Como he mencionado anteriormente, la derecha odia a los sindicatos porque en su modelo teórico el papel de los mismos debería ser reducido a la mínima expresión. Resultado de ese ataque y de la nueva configuración económica mundial dominante desde los años ochenta, los sindicatos han sufrido una derrota tras otra. Hasta el punto que muchos sectores han terminado aceptando incluso las tesis de sus adversarios. En esta coyuntura los sindicatos han pasado a una estrategia defensiva, centrando su política en resistir los brutales ataques de la derecha. El objetivo ha sido, desde hace mucho, mitigar los efectos de las políticas impulsadas por los gobiernos y las cuales siempre han atentado contra las condiciones de trabajo de los trabajadores.

Así las cosas, muchos sindicalistas han optado por mantener esa estrategia de lucha ante la reforma actual. Desde un punto de vista técnico esa lucha ha logrado históricamente importantes beneficios, puesto que esa resistencia ha permitido mantener o incluso aumentar derechos en determinadas áreas. Si bien perdiéndolos en otras. La reforma de las pensiones, por ejemplo, tuvo también sus ventajas porque permitió incrementar derechos parciales como la cotización de determinados sectores hasta entonces excluidos. Es decir, la resistencia en la negociación ha permitido mitigar los posibles efectos -aún más perversos- de una reforma laboral impuesta por una de las partes.

En este sentido cabe recordar que el sindicato negocia teniendo presente que ha de hacer presión, para lo cual es importante la movilización y la base social que le apoya. Desgraciadamente tanto el apoyo social como las movilizaciones han ido en retroceso, dejando así al sindicato peor armado.

Si bien lo arriba descrito es perfectamente cierto, hay otros elementos que no podemos olvidar. El primero de ello, que la base social que fortalece un sindicato se nutre de la acción y la coherencia. Con estrategias defensivas los sindicatos pierden poco a poco a sus propias bases, y de vez en cuando aceptando -bajo la lógica del mal menor- burradas como la jubilación a los 67 el apoyo decae en masa. Los sindicalistas se desaniman y la población no sindicada deja de apoyar. De forma que al término de cada negociación de esta naturaleza los sindicatos se encuentran aún peor armados que antes.

Por eso yo veo dos opciones interesantes para los sindicalistas. La primera, aceptar que no hay una relación de fuerzas suficiente como para enfrentar el poder abrumador de la derecha. Eso conllevaría negociar todo lo posible y comenzar una estrategia de reorganización que permita recuperar fuerzas y plantear una ofensiva en los próximos años. La segunda opción, renunciar a negociar y aceptar que es mejor que se gobierne por decreto a participar en un proceso que te hiere. La negociación te hace partícipe, y es una guerra que nunca se ganará en las actuales condiciones. Así, un plan estratégico debería pasar por reconstruir la base social reconciliándote con ella.

Yo no soy partidario de esta reforma laboral, que entre otras cosas centra el papel en la moderación salarial. Soy más bien partidario de fortalecer a los sindicatos lo máximo posible, porque son indispensables para la salida a la crisis y para la superación del sistema político y económico. Pero para fortalecer hay que tomar las decisiones adecuadas, no sólo las técnicas sino también las políticas.

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El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en “Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer“).

Veamos qué hay de verdad en ello.

En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.

En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).

Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.

El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mitad de los 92.000 millones de déficit público de ese ejercicio.
Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.

Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal.

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El gobierno de Portugal ha aprobado una medida, dentro del llamado plan de austeridad, consistente en hacer trabajar media hora más a los trabajadores del sector privado. Al principio me había sorprendido porque lo habitual está siendo incrementar las horas de trabajo en el sector público, como ha hecho Esperanza Aguirre en la CCAA de Madrid o como intentó el gobierno del PSOE en Andalucía en las universidades públicas. Cuando se hace en lo público lo que se está buscando es que los trabajadores fijos asuman esas horas añadidas y así no haya que contratar (o que se deje de renovar) a aquellos trabajadores a tiempo parcial o precarios. El coste de pagar más horas a los fijos, si es que sucede, es mucho menor que el coste de pagar nuevas nóminas. Por eso es consistente con las medidas de austeridad, aunque sea una burrada (aumenta el desempleo y reduce el crecimiento económico). Pero en el caso de Portugal se ha hecho sobre el sector privado.

Según indica la prensa, se trata de una medida que busca incrementar la competitividad de la economía. Como sabemos, un país es competitivo cuando tiene capacidad para vender sus productos en el extranjero a menor precio que los productos de los países competidores. Por lo tanto, es una competición fundamentalmente vía precio. Esto significa que lo que la medida busca es reducir los precios de los productos, entendiendo para ello que el salario es el coste principal. Se deduce que bajando sueldos bajará también el precio. Pero como observamos en Portugal no se han bajado sueldos directamente, sino que se incrementa la jornada laboral. Vamos a intentar entenderlo desgranando los mecanismos que hay detrás de todo esto.

La productividad es una relación confusa que mide la relación de producción con la relación de trabajo necesario. Vamos a comenzar midiendo el trabajo en horas. Así, supongamos que hemos producido 10 camiones y hemos trabajado 2 horas. La productividad es en ese caso de 5 camiones por hora. Si incrementamos las horas de trabajo a cuatro, entonces no podemos saber a priori qué pasará con la producción. Si suponiendo que trabajando el doble podemos producir el doble, entonces en cuatro horas produciremos 20 camiones. Pero, y he aquí la cuestión, la productividad seguirá siendo de 5 camiones por hora. Habremos incrementado la producción pero no la productividad.

Otra forma de medir la productividad es midiendo el trabajo por número de trabajadores. Imaginemos que hemos producido 10 camiones teniendo 2 trabajadores. Nuestra productividad es de 5 camiones por trabajador. Si duplicamos las horas de trabajo deducimos que los trabajadores podrán producir más camiones, por ejemplo 20, pero seguirán siendo 2 trabajadores. Por lo tanto técnicamente la productividad habrá aumentado a 10 camiones por trabajador. En este caso tenemos un incremento de la productividad (1).

Lo que he querido expresar hasta ahora es que la productividad es un concepto relativamente absurdo en economía, y con el que hay que tener mucho cuidado. A veces es más interesante mantener a buen nivel la intuición para comprenderlo y no dejarse llevar por indicadores que pueden servir para manipular. Esto ya lo expliqué con más detalle en este artículo.

La noticia nos dice que los trabajadores portugueses van a trabajar más horas por el mismo sueldo y que eso probablemente signifique mayor producción (aunque no es seguro). Si es así, y medimos la productividad por trabajador, entonces tendremos un incremento de la productividad en la economía portuguesa. Los mismos trabajadores producen más.

Ahora bien, como el objetivo es bajar los precios de los productos (para ser más competitivos) lo que tenemos que ver es cómo un incremento de la productividad se traduce en una bajada de precios. El precio de un producto es la suma de los beneficios y los costes totales. Se asume normalmente que los costes totales se miden por un indicador llamado Costes Laborales Unitarios, que expresa lo que cuesta cada trabajador a la empresa. Y aquí está la clave del asunto.

Los costes laborales unitarios es la relación entre el salario nominal y la productividad. Eso significa que como hemos dicho que los salarios se mantienen (no se suben los sueldos) y sí aumenta la productividad… entonces los costes laborales unitarios caen. El resultado: a la empresa le sale más barato cada trabajador.

Y finalmente tenemos que ver cómo se aprovecha el hecho de que cada trabajador sea más barato para la empresa. Porque como hemos dicho, el precio es la suma de los beneficios y los costes salariales. Si los costes laborales caen pueden ocurrir dos cosas. La primera, que los precios bajen paralelamente a los costes. La segunda, que los precios se mantengan y lo que crezcan sean los beneficios. Y esto segundo es, como explicamos aquí, lo que ha ocurrido en las últimas décadas en España.

Así pues, lo que tenemos es simplemente una bajada de sueldo relativo o un incremento de lo que Marx llamaba la plusvalía absoluta. Es, dicho en términos más grandilocuentes, un incremento de la explotación laboral.

Y además no va a servir para nada. Y no va a servir porque probablemente los empresarios no reduzcan los precios de la misma forma que caen los salarios (no lo han hecho hasta ahora y es improbable que cambien de opinión), de modo que servirá para incrementar los beneficios empresariales y no mejorar la competitividad. Pero además es que si funcionase sería comenzar a caminar en un sentido equivocado: el de un crecimiento orientado a la exportación y basado en mano de obra barata. Por una parte tenemos la alternativa de incrementar la productividad mediante innovaciones (competitividad verdadera, como decían en la CEPAL y como expliqué aquí). Por otra parte, porque no todos los países pueden ser competitivos a la vez y eso es una carrera hacia el desastre para todos, como también vimos aquí.

Notas:
(1) Observemos que cuando hay incremento del desempleo suele incrementarse la productividad. Eso es porque normalmente se despiden a los trabajadores menos productivos, de modo que quedan menos trabajadores y los que quedan son más productivos. Es un efecto estadístico.

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Malas noticias, como es habitual, para las cifras de ese artificio social llamado empleo, consistente en que el trabajo de una persona dependa del beneficio ajeno. El paro sube en 51.185 personas en agosto. La creación de empleo retrocede, con 136.834 afiliaciones a la Seguridad Social menos. Las sucesivas reformas del mercado laboral precarizan las condiciones de trabajo. Y el titular del ministerio de la Impotencia, lo justifica diciendo que “preferimos un contrato temporal a un parado”. Es tal la desmesura de la degradación ideológica a la que ha llegado el partido que representa la socialdemocracia en España, que sólo falta que el ministro Valeriano nos diga que la mejor solución al paro consiste en trabajar gratis.

Anticipándose a los datos oficiales hechos públicos hoy mismo, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ya había afirmado que el paro subiría en agosto. En declaraciones a la cadena Ser, Gómez ha dicho que agosto, desde hace diez años, se ha ido convirtiendo en un mes “malo” para el empleo porque hay “ciertas prácticas” empresariales por las que se rescinden contratos y luego se vuelven a producir. “Es una forma de obtener el pago de las vacaciones a costa de los servicios públicos de empleo”. El ministro ha recordado que esas prácticas están penadas y castigadas.

Que el paro sufra un ligero descenso a principios del verano y un ascenso a finales del mismo es algo normal. Ocurre todos los años, debido a los contratos que se realizan esta época tanto para cubrir vacaciones de empleados fijos como, sobre todo, para realizar trabajos específicos de verano. Especialmente en la hostelería, donde necesitan camareros temporales en hoteles, restaurantes y chiringuitos playeros. Aparte de socorristas, guardas en parques nacionales e incluso miembros de las brigadas de lucha contra incendios.

Ahora bien, que el ministro de Trabajo, un cargo impotente por definición, diga que están penadas esas prácticas empresariales consistentes en rescindir contratos y reanudarlos después para ahorrarse el pago de vacaciones es un absoluto despropósito.

Para empezar, a la gente que se despide, por ejemplo en el sector de la enseñanza privada, no es a finales de agosto. Los colegios privados ponen en la puñetera calle a personal docente y no docente eventual a comienzos del verano, y la vuelven a contratar a comienzos del curso. Y eso ni está penado ni siquiera reprimido en aras de la sacrosanta libertad de mercado. Que en el caso del que estamos hablando se sustancia en libertad de despido perfectamente consentida por las autoridades competentes e impotentes en materia del Trabajo.

Mucho antes de que empezara la actual crisis económica, las patronales vienen reclamando continuas facilidades para despedir a sus empleados. Facilidades que el Gobierno de Rodríguez Zapatero les ha servido en bandeja con sus continuas reformas laborales. Sin ir más lejos, la que acaban de aprobar, extendiendo la precariedad del becariado hasta los treinta años. En la nueva reforma se suspende por dos años el límite de encadenamiento de contratos temporales para hacer fijo a un trabajador y se promueve un nuevo contrato de formación para jóvenes de hasta 30 años. “Preferimos un contrato temporal a un parado”, decía hace unos días ese mismo Gómez que hoy se rasga las vestiduras por las prácticas empresariales.

Es una verdadera lástima la situación de degradación ideológica, reflejada en su praxis, a la que ha llegado el partido que representa a la socialdemocracia en España. Es tal la desmesura, que sólo falta que el ministro Valeriano nos diga que la mejor solución al paro consiste en trabajar gratis.

Desde luego, ideas no le van a faltar. “Quienes trabajan gratis tienen más ambición, más hambre que aquellos que perciben un salario. Y además son más creativos“… Esta es una de las afirmaciones recogidas recientemente por la revista Fortune para documentar una tendencia esperanzadora o peligrosa (según se mire) del mercado de trabajo que surge tras unos cambios vertiginosos: Cada vez más gente está dispuesta a trabajar sin percibir un sueldo. No se trata de pasantías, prácticas o jóvenes recién licenciados que buscan su primer empleo. Hablamos de profesionales, más o menos cualificados, que persiguen la promesa de un puesto futuro, una experiencia profesional o un impulso a su autoestima, sobre todo en tiempos difíciles. Y están dispuestos a hacerlo sin cobrar.

Según Fortune, algunos expertos [se autoconsideran así] hablan del trabajo gratis como “una corriente de futuro en recursos humanos. Algo que en una década será la norma”. Paco Muro, presidente ejecutivo de Otto Walter España, cree en la llegada de tendencias que nos llevan hasta el ajuste de los sueldos en función de la productividad, en vez de asociarlos a índices externos: “El gran salto que podría comenzar es aún mayor. Se trata de ‘trabajar gratis’ o, dicho de otra forma, cobrar en función de los resultados aportados“.

El presidente de Otto Walter recuerda que “esta fórmula ya existe desde hace muchos años en otros formatos, y alguno de ellos es un gran éxito de empleabilidad en países como Inglaterra. Es el caso de los vendedores, de los autónomos y de los freelance, una solución muy extendida en Reino Unido que implica que un profesional trabaje sin sueldo para proyectos concretos y sólo cobre en función del resultado. La gran ventaja es que encuentran puestos con suma facilidad, ya que no existe compromiso de continuidad; su productividad y orientación a la aportación de valor es total y las empresas están encantadas de darles diversos trabajos, por lo operativo de esta alternativa”.

Como resulta vomitivo para los propósitos de este blog seguir citando esta basura ideológica, los lectores con estómago apto para olisquear estas ideas pueden ampliar el contenido en el reportaje publicado en Expansión, diario del mundo de los negocios que, en su momento, aplaudió con entusiasmo a Díaz Ferrán un genuino representante del empresariado español, que consideró oportuno ponerle al frente de la presidencia de la patronal CEOE.

Carnet de paro

Una recaída en la recesión económica está en marcha en el mundo industrializado. Los niveles reales de desempleo en Estados Unidos están por las nubes. No se trata ya de cesantía a corto o mediano plazo, sino del aumento de un desempleo crónico, que supera los dos años y alcanza hasta los cuatro años y que rememora los niveles de desempleo durante la Gran Depresión de los años 30 del siglo 20, y quizás por eso la Oficina de Estadísticas Laborales de Washington ha decidido reincorporar en sus estadísticas a los cesantes que están más de dos años sin empleo (1). En junio pasado la tasa oficial de desempleo en Estados Unidos fue de 9.2 por ciento. La tasa ampliada, llamada U6, estaba por encima del 17 por ciento, y si se utiliza la antigua definición de desempleo del Departamento del Trabajo estadounidense (SGS-Alternate, abandonada en 1994 pero utilizada aún por economistas para calcular la cesantía a corto, mediano y largo plazo) es de 22.8 por ciento de la fuerza laboral del país (2).  Y dejaremos de lado el subempleo o empleo a tiempo parcial, que afecta a una creciente proporción de trabajadores y en las estadísticas oficiales es considerado como “empleo” a tiempo completo.   La situación es similar en países europeos no afectados directamente por la “crisis de la deuda”, como Francia o Gran Bretaña, donde las estadísticas oficiales tampoco computan el desempleo a largo plazo, la exclusión definitiva del mercado laboral y el subempleo. Pero la situación laboral es y será mucho peor en los países afectados por la crisis de la deuda y que están siendo obligados a aplicar severos programas de austeridad, como Grecia (16 por ciento de cesantía sin computar el desempleo a largo plazo y la imposibilidad para los jóvenes de incorporarse al mercado laboral) o España (21 por ciento de desempleo oficial), para citar dos casos.   Y el crecimiento anémico de la economía real apunta a que lejos de disminuir la cesantía aumentará en los meses venideros.

Más desempleo, mayores ganancias

El 5 de julio pasado el diario The Wall Street afirmaba que mientras la economía estadounidense está pasando por una de “sus más lentas recuperaciones desde la Gran Recesión”, las grandes empresas están listas para reportar “sólidos ingresos para el segundo trimestre, exponiendo una dicotomía entre el comportamiento de las corporaciones y la salud general de la economía”.   Dicho de otra manera, mientras que los salarios y beneficios laborales constituyen actualmente el 57.5 por ciento de la economía –en baja respecto al 64 por ciento que esta parte representaba hasta mediados de la década pasada, según la agencia AP-, y el desempleo se mantiene o es superior a los niveles de la Gran Recesión del 2008-2009, las grandes empresas están ya en la fase de auge que en la salida de recesiones anteriores manifestaban una fuerte recuperación económica.   A esta presentación de aumentos en las ganancias trimestrales se añade el hecho de que en Estados Unidos las empresas están ‘sentadas” en más de un billón y medio (1 500 000 000 000) de dólares porque –según el economista y Nóbel Paul Krugman (3)- no “ven” una demanda de parte de los consumidores. Mientras tanto los bancos disponen de reservas excedentes por otro 1.5 billón que no están prestando.   El analista Stephen King escribe en The Independent (4) sobre la falta de creación de empleos y el anémico crecimiento (2.0 por ciento) de la economía estadounidense que persiste desde la presidencia de George W. Bush en Estados Unidos, y señala que las empresas que están “sentadas” en ese billón y medio de dólares prefieren ahorrar ese capital en lugar de invertirlo, destacando que cuando deciden invertir prefieren hacerlo en China y Brasil en lugar de su propio país.   En el caso de las “economías avanzadas”, exceptuando el especifico caso alemán, no se trata de una “recuperación económica sin creación de empleos”, como avizoraban algunos economistas para la “salida” de la Gran Recesión del 2008 y 2009, sino de una vigorosa “recuperación de beneficios” de la clase capitalista en medio de un evidente estancamiento económico que amenaza convertirse en una nueva recesión global por la aplicación generalizada de políticas fiscales de austeridad, por el creciente desempleo y subempleo, y la consiguiente baja del consumo.

¿Por qué las economías capitalistas no crean empleos?

Ya no se puede dudar de los efectos que sobre el empleo produjo la revolución informática y la automatización de la producción, que en las últimas cuatro o cinco décadas permitieron aumentos inimaginables en la “productividad” -la producción de bienes o servicios respecto a la cantidad de mano de obra empleada en ella- y aseguraron la rentabilidad de las empresas transnacionalizadas en sectores cada vez más concentrados y sometidos a una competencia extrema.   La contraparte de esta revolución en el modo de producir fueron los despidos masivos en los centros industriales del capitalismo y, con la liberalización del comercio y las inversiones desde hace poco más de una década, la mudanza también masiva de la producción industrial de artículos de consumo hacia países de Asia, en particular China.   Este proceso para reducir los costos de mano de obra, que al comienzo afectó a la producción industrial de bienes de consumo directo, se ha ido propagando a ramas de la producción de bienes de capital, como las maquinarias y componentes de los mecanismos destinados a la producción.   En los países avanzados, como puede observarse desde hace más de tres décadas en Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Francia, entre otros más, la carrera de las empresas por reducir costos laborales para obtener la máxima rentabilidad posible llevó inexorablemente a reemplazar donde fuera posible los trabajadores y los empleados de servicios por la maquinaria e informática de todo tipo imaginable: las sofisticadas excavadoras, grúas, topadoras, los camiones gigantes y demás maquinarias sustituyeron a millones de trabajadores de la construcción, la minería y la explotación forestal, para citar tres casos.   Esto podría extenderse a prácticamente todas las ramas del sector primario, de la minería a la pesca y la agricultura, que tuvieron que adaptarse a la aplicación de métodos industriales generados por esta revolución científico-técnica, lo que explica que para crear un empleo real en esas ramas se requiere de una millonaria inversión en maquinaria y equipos. Y lo mismo sucedió con el sector secundario, las industrias productoras de bienes.   El sector terciario, los servicios, se suponía iba a ser la panacea del empleo que reemplazaría con salarios decentes y empleos estables a los desaparecidos empleos industriales. En efecto, durante las últimas décadas el crecimiento de ese sector fue reemplazando en términos de creación de empleos a los declinantes sectores, como la agricultura, minería y la industria.   Pero en realidad la informática se infiltró en todas las esferas de los servicios -con las computadoras, impresoras, copiadoras y sofisticados sistemas de telecomunicación que multiplicaron la capacidad de trabajo en las oficinas de todo tipo; en los bancos con la recepción y el retiro de dinero a través de “cajeros automáticos” y no de las cajeras o cajeros de carne y hueso; lectura óptica de precios que redujo el número de cajeras en los centros de comercio, por ejemplo- con el consiguiente efecto de reducir el número de puestos y el nivel de los salarios. Y el alto desempleo unido al empobrecimiento de la clase trabajadora hizo que se multiplicaran en la última década los empleos muy mal pagados en los McDonald y Wal-Mart de este mundo.

La retroalimentación de los efectos coyunturales y estructurales

En suma, en los países capitalistas avanzados donde las grandes empresas privadas están “sentadas” en billones de dólares no hay demanda  de los consumidores que permita la reactivación de la economía real porque no es posible ni rentable, en términos capitalistas, generar una masa crítica de nuevos empleos con salarios decentes, o aumentar los salarios en términos generales, para elevar el consumo de bienes.   Y como no hay falta de capitales para inversiones en el sector privado se puede dudar de la coherencia de querer aplicar, como proponen muchos respetados economistas, las recetas keynesianas, de que las inversiones públicas sustituyan la ausencia de inversiones de capital del sector privado.   Más aun, las inversiones públicas para la construcción y reparación de las infraestructuras no tienen efecto multiplicador en materia de empleos porque esa rama de la construcción, que hace tiempo ha pasado a manos del sector privado en todo el mundo capitalista, ha hecho todo lo posible para aumentar al máximo el empleo de maquinaria y reducir al mínimo el número de trabajadores empleados. Y a menos que el sector público se involucre en le reactivación de otras ramas y sectores dominados por la inversión privada, asumiendo un papel gestor de la economía como se está viendo el países de Sudamérica, la creación de empleos seguirá siendo un objetivo ilusorio.   A los problemas estructurales del capitalismo avanzado se unen los problemas coyunturales, la deuda pública producto de la socialización de las pérdidas del sector financiero y de los planes de reactivación de la economía durante la pasada Gran Recesión, y el papel dominante que está jugando el capital financiero para apropiarse de una renta en todas las situaciones posibles.   En suma, el capitalismo y el trabajo asalariado son inseparables. El trabajo asalariado permite al capitalista crear la plusvalía y los salarios constituyen el único medio por el cual, a través del consumo, los capitalistas pueden realizar esa plusvalía. No hay capitalismo sin trabajo asalariado, y menos aun puede pensarse en un capitalismo pujante con tasas de desempleo crónico, con un empobrecimiento creciente de todas las clases trabajadoras y los jubilados, y perspectivas nulas de trabajo para los jóvenes como las actuales.   Si los partidos políticos tradicionales “no quieren ver” esta situación, porque están aliados con la oligarquía financiera y los monopolios de los grandes medios de comunicación, como dice el analista Max Keiser (5), los jóvenes y menos jóvenes indignados y por indignarse están empezando a verla muy claramente, como lo expresan sus frases en las recientes manifestaciones en España: “Tu ‘Botín’, mi crisis”; “Democracia ¿dónde estás?”; “Esta crisis no la pagamos”; “Zapatero, lacayo de los banqueros”;”Contra la privatización de los servicios públicos”; “Tejiendo barrios, cambiando el presente”; “Manos arriba esto es un contrato”; “La patronal nos quiere esclavizar”; “¿Izquierda o derecha? Este país está envejecido. Busquemos una alternativa”; “Un banquero se balanceaba sobre la burbuja inmobiliaria…”; “Se vende: Estado del Bienestar”: “Pienso, luego me indigno”; “Me gustas cuando votas, porque estás como ausente”, “Sin vivienda no hay viviendo”, “Se alquila esclavo económico”, “Rebeldes sin casa”, “Sin miedo habrá futuro”, “Más educación, menos corrupción”.

La Vèrdiere, Francia – Alberto Rabilotta es periodista argentino.

Notas:

1.- http://www.usatoday.com/news/nation/2010-12-28-1Ajobless28_ST_N.htm
2.- http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts
3.- http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/07/02/cash-is-not-the-problem/
4.- http://www.independent.co.uk/news/business/comment/stephen-king/stephen-king-unemployment-picture-shows-that-the-us-economy-has-lost-its-vigour-2311791.html?service=Print
5.- http://maxkeiser.com/tag/keiser-report/

Una de las leyendas negras que los detractores (destructores) del Estado del Bienestar hacen circular es la de que las prestaciones por desempleo, aparte de fomentar la vagancia, son percibidas de manera fraudulenta. Sin embargo, son esos altos directivos que tanto pontifican a la hora de pedir el retraso de la edad de jubilación, quienes no aplican la regla en casa propia. En las grandes empresas, las prejubilaciones siguen estando a la orden del día, recurriendo, entre otros trucos, a enviar a la gente a cobrar la prestación de paro. O sea, que la operación se carga al presupuesto público por partida doble.

A principios de 2010, el ex vicepresidente del Gobierno, ex director del Fondo Monetario Internacional y a la sazón presidente de Caja Madrid, echaba su particular cuarto de espadas en la monserga neoliberal sobre las pensiones públicas: El sistema público de pensiones dejará de ser viable a partir de 2022 si no se acomete cuanto antes una reforma.

Esta era la principal conclusión del informe elaborado por un comité de “expertos” presidido por Rodrigo Rato. El comité estaba integrado por Juan Chozas (ex secretario de Empleo), Juan Manuel Eguiagaray (ex ministro de Industria y Administraciones Públicas), José María Fidalgo (ex secretario general de CCOO), Víctor Pérez Díaz (catedrático), Xavier Sala-i-Martín (economista) y Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras que financió a este comité.

Naturalmente, quien paga los violines escoge la música, y a las aseguradoras les interesa mucho quedarse con el negocio de las pensiones privadas. Bailando al compás marcado por Unespa, Rato aconsejó entonces que se prolongue la vida laboral efectiva de los españoles. Y el principal camino para conseguirlo es eliminar las prejubilaciones masivas que se están acometiendo, que “utilizan al sistema público de pensiones para ajustar el mercado laboral” y para sacar del sistema de empleo a personas a partir de los 50 años, dijo Rato.

A finales del verano, en septiembre de 2010, el mismo Rodrigo que con tanto empaque se había pronunciado contra las jubilaciones anticipadas, no tenía el menor empacho en promoverlas en su propia empresa. Dentro del proceso de fusión de cajas de ahorro, la creación del SIP liderado por Caja Madrid y Bancaja contemplaba prejubilaciones a partir de los 55 años. Aparte de las entidades madrileña y valenciana, integran esta fusión virtual las cajas de Ávila, Segovia, Rioja, Insular y Laietana.

Fuentes del SIP estimaron entonces que: “Tienen que salir 3.800 personas, 1.600 de las cuales vienen de Caja Madrid, y 53 años es la edad mínima para que salga justo esa cifra. Ahora bien, lo que van a hacer las entidades es alargar las prejubilaciones durante varios años. De esta forma, empezarán por los empleados mayores de 55 años el primer año, seguirán al siguiente por los que cumplan esta edad y así sucesivamente”.

Al llegar las navidades de 2010, Rodrigo Rato ofreció a los sindicatos (que también mantienen un discurso de boquilla contra las prejubilaciones) las mejores condiciones de todas las cajas de ahorros para los empleados afectados por los recortes de plantilla.

Este acuerdo supone, en primer lugar, que todas las salidas se harán mediante prejubilaciones como pedían los sindicatos. La edad de salida será de 55 años en 2011 (54 en 2010). Los que tengan que irse lo harán con el 95% de su salario fijo neto (80% del bruto), el porcentaje más alto de todas las fusiones de cajas. Aparte de llevarse ese porcentaje del sueldo, los trabajadores mantendrán el derecho a cobrar el plan de pensiones que les hubiera dotado su caja.

Para llevar esto a cabo, las entidades se han buscado un truco, idea del despacho laboral Sagardoy según las fuentes consultadas: a cambio de estos privilegios, los trabajadores afectados tendrán que pasar dos años cobrando la prestación del paro antes de prejubilarse. De esta forma, las cajas no les pagan un euro durante los dos próximos años, ya que todo corre a cargo del Estado y de las contribuciones de los trabajadores.

A todo esto, la opinión pública parece haber olvidado que la reforma de las pensiones está ‘cociéndose’ en el Congreso de los Diputados en el mayor de los sigilos.

NOTA: Sobre estas cuestiones hablaremos el próximo viernes 29, a las 17 h, en la Asociación Cultural Cibeles, Plaza Santa Ana nº 4- 2º Madrid, teniendo como eje del debate el libro ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe.

Carnet de Paro.

“Recuperaremos la competitividad perdida a lo largo del tiempo en la medida en que seamos sensatos salarialmente.” -Valeriano Gómez, ministro de Trabajo-

De tanto pedirnos moderación salarial, hemos acabado admitiendo que nuestros sueldos son excesivos, que durante años hemos cometido excesos salariales. Nos ha costado admitirlo, porque la nómina nos dice lo contrario, pero tanta insistencia en que nos moderemos sólo puede significar que antes se nos ha ido la mano, que hemos abusado de la buena fe de los empleadores y hemos cobrado de más.

Ahora, a la moderación se añade otra petición: la sensatez, tenemos que ser salarialmente sensatos. Como con la moderación, si nos lo piden será porque hasta ahora no hemos sido sensatos sino lo contrario: insensatos, irreflexivos, locos, según el diccionario de antónimos que tengo a mano.

Se ve que los trabajadores hemos sido unos inconscientes durante mucho tiempo, y por eso ahora el ministro de Trabajo nos promete “lustros de moderación y sensatez”. Tan inconscientes hemos sido que ni nos dábamos cuenta de nuestros excesos y de nuestra insensatez: nosotros creyendo que éramos un país marcado por el mileurismo y el submileurismo, donde el paro y la precariedad tiraban hacia abajo de los sueldos y donde la mitad de trabajadores perdía poder adquisitivo año tras año por no tener cláusula de revisión, y resulta que no. Qué equivocados estábamos, qué insensatos.

Según Trabajo, hace falta una temporada larga de salarios creciendo por debajo de la productividad, para que así las empresas tengan más margen para invertir, y creen empleo. Está bien como planteamiento, pero para que este cuento de la lechera se cumpla no hacen falta lustros, sino siglos de moderación salarial.

Porque si hay algo inmoderado en este país son los beneficios empresariales. Visto el crecimiento que las compañías del Ibex tuvieron el año pasado, ya podían moderar un pelín lo que destinan a retribuir a los accionistas, y reinvertir más en la propia empresa. Pero ocurre lo contrario: cuando una gran empresa como Telefónica bate su record de beneficios, envía una comunicación bursátil anunciando que va a reestructurar sus costes laborales para seguir aumentando el beneficio. Toma moderación.

Artículo publicado en Público.

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Los economistas neoliberales, representados en España por los que trabajan alrededor de FEDEA financiados por la banca y las grandes empresas, vienen afirmando que es preciso llevar a cabo reformas laborales para combatir el desempleo.

Normalmente presentan sus propuestas como si fueran el resultado de análisis científicos rigurosos y fuera de toda duda pero es importante que la ciudadanía sepa que no cuentan con más evidencia empírica que la que tienen otros análisis que proponen fórmulas alternativas para combatir el desempleo. Y, en consecuencia, que siguiendo sus propuestas, como se viene haciendo, es completamente improbable que se pueda reducir la tasa de paro que sufrimos.

Los economistas neoliberales afirman que las instituciones del mercado de trabajo (salarios, mecanismos de negociación, sindicatos, costes de despido, formas de contratación…) son las que determinan que haya más o menos facilidad para crear empleo y que, por tanto, son las determinantes de las tasas de paro existentes. Afirman que en países como España esas instituciones constituyen rémoras que impiden que las empresas contraten a más trabajadores y que, por tanto, hay que reformarlas para hacerlas más flexibles, es decir, menos costosas y más favorables a las estrategias empresariales.

El punto de partida de estas formulaciones es considerar que el trabajo es una mercancía más, y que el paro simplemente refleja un exceso de oferta en el mercado que se puede resolver si se baja el precio del trabajo, el salario. Cuando las instituciones son rígidas o inadecuadas (como entienden que ocurre en España) no se producirá ese descenso del salario y por tanto perdurará el paro. Un paro que estos economistas denominan voluntario porque sería el resultado de que los trabajadores no aceptan otras condiciones más flexibles o menos onerosas para las empresas. Las propias clases trabajadoras, y más concretamente los sindicatos que se suponen que son quienes representan sus intereses, serían los culpable de que hubiese desempleo, de lo cual también deducen que lo deseable sería que la presencia sindical fuese mínima, bien haciéndolos desaparecer o reformando la negociación colectiva para lograr que tengan la menor influencia posible en la determinación de las condiciones de trabajo

Hace ya uno sesenta años que economistas como Keynes o Kalecki pusieron de relieve que este enfoque contenía errores de partida esenciales y que la evidencia empírica más bien mostraba que eran otros factores los que actuaban como determinantes de la tasa de paro. Pero, pese a ello, los economistas neoliberales siguen manteniendo esas hipótesis, lo que no se puede explicar sino como el resultado de una opción ideológica, legítima, pero ideológica al fin y al cabo y no científica, como siempre quieren hacer creer cuando presentan sus propuestas.

El hecho de que esta tesis haya sido sostenida por los grandes organismos económicos internacionales, por las patronales y por los grandes centros de poder es lo que ha permitido que, a pesar de su falta de fundamento científico, se haya convertido en la inspiradora de las políticas laborales y económicas de los últimos años, orientadas, como se sabe a flexibilizar y liberalizar los mercados laborales.

La consecuencia de ello ha sido que, unidas estas políticas a otras igualmente desalentadoras de la actividad económica, no se han podido crear los puestos de trabajo necesarios y, sobre todo, que el empleo generado ha sido más barato y de peor calidad, lo que ha redundado en el incremento de las rentas de capital frente a las salariales.

Recientemente, mientras que los economistas neoliberales continúan insistiendo en sus propuestas de reforma laboral, se acaba de publicar un artículo en el Cambridge Journal of Economics (2011, 35; pp. 437–457) en el que de nuevo se demuestra (en este caso para la experiencia de 20 países de la OCDE incluida España) que la evidencia empírica no da apoyo a sus tesis.

En su trabajo Capital accumulation, labour market institutions and unemployment in the medium run los economistas Engelbert Stockhammer y Erik Klär demuestran que los factores que tienen que ver con la acumulación de capital y con las variables macroeconómicas que actúan sobre el lado de la demanda tienen una influencia mucho más significativa que las instituciones del mercado laboral sobre las tasas de paro a medio plazo.

Se evidencia así una vez más que las propuestas de reforma de los economistas neoliberales no son las más adecuadas para generar empleo y que, por el contrario, lo mejor que se puede hacer para conseguir crear puestos de trabajo es actuar sobre el mercado de bienes y servicios para lograr que haya demanda efectiva suficiente.

La reforma laboral que proponen y que en parte ha aceptado nuestro gobierno no solo no permitirá generar más empleo (en realidad, así lo reconocieron los defensores más honestos de la propuesta) sino que, a la vista de evidencias como las que muestra este artículo, lo que hará será dificultar que se cree a medio plazo.

Las reformas laborales que plantean los neoliberales y aplicadas en los últimos años perjudican a la creación de empleo porque deprimen la demanda efectiva y, por tanto, empeoran las condiciones de la acumulación del capital. Al igual que sucede con la política monetaria que se ha venido llevando a cabo por el Banco Central Europeo y con el conjunto de políticas que han aplicado los gobiernos.

Para crear empleo hay que hacer otra cosa, según nos sugieren trabajos empíricos como el que acabo de mencionar. Hay que estimular la inversión productiva, hay que crear capital social y sostener una demanda efectiva potente que principalmente puede provenir de la masa salarial, puesto que las rentas del capital y las más altas tienden a dedicarse al ahorro en mucha mayor proporción y éste, en ausencia de las reformas necesarias del sistema financiero, es absorbido por éste último y derivado hacia la inversión especulativa.

La receta más adecuada para combatir el paro facilitando la generación de puestos empleo es crear condiciones macroeconómicas que dinamicen el mercado de bienes y servicios. Actuar sobre el mercado laboral para abaratar el empleo y para proporcionar condiciones más favorables de contratación para la gran empresa no lo garantiza a medio plazo. Podría ser una buena solución para la empresa considerada aisladamente pero no para el conjunto de ellas y, sobre todo, para las pequeñas y medianas que no disponen de la válvula de escape de los mercados globales.

Artículo publicado en Sistema Digital

Ganas de escribir

Uno de los mayores logros del neoliberalismo, con el que ha cimentado en gran medida su hegemonía ideológica, es la manipulación del lenguaje. Entre las principales tareas a las que dedican sus esfuerzos los numerosos think tanks que trabajan al servicio del nuevo capitalismo se encuentra la de generar la mixtificación de sus mensajes ideológicos mediante una utilización fraudulenta del lenguaje. Los partidos de gobierno usan la misma técnica que tales centros de alimentación ideológica neoliberal: es más, no pocos de los responsables de las áreas económicas de los gobiernos proceden de tales núcleos de pensamiento.

Por ejemplo, la palabra reforma ya no quiere decir mejora sino retroceso. La solidaridad no consiste en redistribuir desde los ricos hacia los pobres, sino en favorecer a los ricos a costa de los pobres o, en todo caso, en una solidaridad entre pobres. La igualdad es cada vez menos una igualdad entre clases para devenir casi en exclusiva en una igualdad entre sexos. La empleabilidad no quiere decir que el Estado y la sociedad vaya a favorecer con políticas estructurales, más allá de las subvenciones que hacen modificar el lugar que los parados ocupan en la fila del desempleo, el empleo de los sin empleo sino que cada desempleado y cada trabajador (potencial desempleado) se convierta en “empresario de sí mismo”. Garantizar las pensiones no quiere decir que en el futuro los pensionistas tengan una tasa de sustitución, respecto al último salario, igual o mejor que la actual, sino que las pensiones públicas no hayan desaparecido, aunque el porcentaje de las mismas que se sitúen por debajo del umbral de pobreza supere, dentro de 40 años, el 50 o el 60% de los pensionistas.; algunas previsiones ya calculan que en 2030 el porcentaje de pensionistas pobres en la UE será del 40%. Hace un par de años era del 20% y, en España, del 28%. También significa que crezcan, al mismo tiempo, las pensiones privadas subvencionadas con fiscalidad pública

Tampoco una “salida social” de la crisis consiste en que quienes salgan mejor parados de la misma sean los trabajadores y las clases medias, sino los grandes patrimonios. “Privilegio” se considera ahora un derecho laboral de los trabajadores “normales” pero no la utilización que los grandes directivos realizan del derecho laboral o mercantil para gozar de bonos, jubilaciones o contratos blindados de escándalo, lo que se entiende como una “justa remuneración”. Así mismo, se admite como lógico, en lugar de sarcástico o ignominioso, proponer a los parados, a los precarios, a los que tienen un contrato a tiempo parcial porque no pueden tener uno a tiempo completo, a los jóvenes que siguen siendo becarios a los treinta y tantos años, “trabajar más para ganar más”.

En fin y entrando en el tema que quiero abordar, se llama segmentación (del mercado de trabajo) a la precariedad. En lugar de llamarla, en una versión actualizada, ejército de reserva del capitalismo.

Una segmentación que, faltaría más, es producida por los obstáculos que los trabajadores que ya están dentro del sistema de trabajo (insiders) ponen a la entrada de los que están fuera (outsiders). De acuerdo con el pensamiento económico dominante, los primeros, con sus privilegios, protecciones y derechos adquiridos impiden entrar en el mercado de trabajo a los segundos.

La primera manipulación del planteamiento es la afirmación de que tal segmentación laboral la ha creado el supuesto egoísmo de los trabajadores y no los intereses del capital. Lo cierto es que quienes han creado la segmentación y dualidad – la precariedad, en realidad – del mercado de trabajo, en España y en otros muchos países, han sido los Gobiernos con sus políticas. Unas políticas que han alimentado un segundo mercado de trabajo con el objetivo último de hacerlo mucho más barato (en salarios, en prestaciones sociales, en costes de despido). Mediante normas y subvenciones de las que se han aprovechado masivamente las empresas. Hay que decir que con muy pocos resultados sobre la durabilidad a largo plazo del empleo y con nefastas consecuencias sobre la estructura y la productividad de nuestro sistema económico. Sin que ninguna de las sucesivas reformas que se han realizado, supuestamente para acabar con dicha dualidad, haya variado la situación salvo para empeorarla.

Estrechamente vinculada a la anterior, la segunda manipulación de esta presentación del problema es que, precisamente porque la segmentación responde a los intereses del capital y no a los “privilegios” de los trabajadores con empleo, gran parte de los denominados “outsiders” no están, en realidad, fuera sino dentro del mercado de trabajo. Forman parte, una parte muy deliberadamente buscada, del mismo. Aunque constituya la parte más débil del mercado laboral, su principal variable de ajuste.

Veinticinco años después de venir practicando tal política, se utiliza ahora el argumento de la segmentación, de la dualidad laboral para extender la inestabilidad, y el correspondiente abaratamiento del coste del trabajo, al conjunto de los trabajadores. Una igualdad por abajo. Con el evidente objetivo de que todos pasen a ser inestables: a todos se les podrá despedir con la misma facilidad y con el mismo coste (esa es, al menos, la pretensión) de los que “disfrutan” los temporales. Lo que, por otra parte, no hará sino aumentar el ya enorme volumen de trabajadores con bajos salarios. Todo gracias a los sobrevenidos defensores de los trabajadores dualizados y segmentados. Estos esclarecidos defensores de los trabajadores precarios ya reconocen que la reforma realizada no es para crear empleo sino para igualar a unos y otros haciéndoles a todos indefinidos precarios. Cuestión que, para cuadrar el objetivo, requiere de una reforma de la negociación colectiva que, a lo breve, la haga menos colectiva.

También en esto, como en tantas otras cosas, la “salida social” de la crisis tiene una cierta similitud con la mutación que se está produciendo desde el “Consenso de Washington” (neoliberalismo con reconocimiento, al menos teórico, de los derechos laborales) hacia el “Consenso de Pekín” (neoliberalismo con puesta en cuestión o, simplemente, negación de derechos laborales y sindicales fundamentales). Las políticas de algunos Estados de la Unión, en Estados Unidos, contra la negociación colectiva y las propuestas de gobierno económico y social y del pacto de competitividad europeos, pretendiendo interferir en los salarios y la autonomía colectiva, es una muestra de ello.

La publicación en los últimos días de un estudio por parte del instituto francés de estadísticas (Insee) ha desvelado algunas características poco publicitadas del mercado de trabajo en Francia. Y ha puesto en evidencia que la segmentación del mercado laboral encierra algo más que la diferente estabilidad en el empleo entre trabajadores temporales y fijos. El dato (correspondiente a 2008) de que 6.250.000 trabajadores franceses ganan menos de 750 euros netos al mes, es decir 25 euros al día, o menos, ha ocupado las portadas de periódicos y revistas del país vecino. De pronto, líderes políticos y editorialistas han “descubierto” que un cuarto de los trabajadores franceses es precario. Que más de 6 millones de personas que trabajan no llegan ni de lejos al salario mínimo (1.365 euros brutos).

Este conjunto de trabajadores está compuesto de estudiantes que trabajan, personal de acogida, empleados de empresas de trabajo temporal puestos a disposición en el sector industrial, contratados a tiempo parcial, personas que alternan empleo con situaciones de paro o quienes trabajan en actividades, públicas o privadas, con contratos subvencionados. Tal universo de sub-empleo lo integran, fundamentalmente, mujeres (58%) y jóvenes (37%). Dos tercios de estos trabajadores ocupan un trabajo a tiempo parcial y el tercio restante trabajan a tiempo completo pero durante un corto período de tiempo. Gran parte de este tipo de trabajadores se concentran en el sector de servicios (cajeras de supermercados, asistencia a domicilio para personas dependientes, portadores de pizzas) pero un 15% de los mismos trabajan para el sector público.

En fin, esta primicia del servicio estadístico francés ha permitido poner de relieve – allí y, en lo que nos puede afectar, también aquí – varias cuestiones importantes. La primera y fundamental es que tras el eufemismo de la segmentación se quiere ocultar una gran precariedad del mercado de trabajo. Precariedad que va más allá de los contratos temporales a tiempo completo y que se extiende a otras situaciones de subempleo, de las que se habla muy poco. Aún menos se hace referencia al tema fundamental de nuestro mercado de trabajo: su gran porcentaje de bajos salarios. Más de un 68% de nuestros asalariados, según estudios del profesor Carlos Prieto, ganaban al mes, hace un par de años, menos de 1.100 euros brutos. En este tema lo fundamental es saber cómo afecta el modelo laboral que tenemos y cómo va a afectar la reforma que se ha puesto en marcha, y la que queda por concretar sobre la negociación colectiva, en el nivel de ingresos de los trabajadores y en su protección social presente y futura. Pues, tras todos los maquillajes verbales, ésta es la cuestión central que está en juego.

El caso francés ha puesto, además, en evidencia que las estadísticas oficiales solo resaltan los salarios medios de los trabajadores a tiempo completo. Es la primera vez en Francia que se ha realizado un estudio público de los ingresos de este universo de sub-empleados y no sería nada ocioso que se hiciera algo similar en España. Esa invisibilidad de los trabajadores precarios no sólo es producto de la estadística. Es también consecuencia de la falta de difusión de casos reales, del anonimato de quienes viven en la precariedad. Y de la incapacidad sindical, con sus estructuras tradicionales, de representar a este tipo de trabajadores temporales, precarios, con empleos parciales y horarios u organización del trabajo totalmente desestructurados.

En fin, según uno de los especialistas franceses en organización del trabajo y en economía del empleo, Philippe Askenazy – que acaba de publicar un libro titulado Les décennies aveugles. Emploi et croissance 1970-2010 – esta situación francesa es el resultado de tres décadas de políticas de empleo que él denomina contra-productivas y que “han ayudado, juntamente con los 3 millones de desempleados, a crear un nuevo ejército de reserva del capitalismo, un papel jugado en los años 1960 por la inmigración”.

Entre las políticas de empleo ensayadas en Francia, Askenazy hace referencia a la puesta en marcha por Raymond Barre: los contratos de duración determinada subvencionados (algo similar a nuestro Contrato de Fomento del Empleo, de 1984). Y a la que Martine Aubry, quien, además de implantar la jornada semanal de 35 horas, puso en marcha: el “modelo polders” holandés. Es decir, la subvención de los contratos a tiempo parcial (algo similar a lo que se ha puesto ahora en circulación en nuestro país). La conclusión de este profesor francés es que tal tipo de iniciativas han creado, en unos casos, un “efecto ganga” (las empresas se benefician de subvenciones por contrataciones que, de todas formas, iban a realizar); y que en otros, como la subvención del tiempo parcial, pudieron crear más puestos de trabajo (aunque estadísticamente es difícil determinar si el incremento fue debido a las subvenciones a los contratos a tiempo parcial o a la ley de reducción de jornada) pero no el volumen global de horas trabajadas. Lo que, entre otras cosas, se ha traducido en un beneficio para los grandes supermercados, cuya política consiste en cubrir los horas punta de los hipermercados (25 horas por semana) con contratos a tiempo parcial de 26 horas semanales.

Askenazy concluye que el coste de ese tipo de políticas (veinte mil millones de euros) hubiera tenido un mejor destino creando empleos directos en servicios públicos deficitarios en efectivos, como la enseñanza o la sanidad. Y termina afirmando que la primera medida para cambiar de rumbo al mercado laboral precario tendría que consistir en que la propia Administración Pública dé ejemplo no realizando contrataciones de esa naturaleza.

En suma, la segmentación, la precariedad, no es un “mal español”, aunque el nuestro sea uno de los casos más extremos, sino que afecta, de distintas formas, a la mayor parte de los países europeos. Es un mal del nuevo capitalismo. Cabe sacar igualmente la conclusión de que los “decenios ciegos” en políticas de empleo no parece que, desgraciadamente, estén a punto de acabar. En lugar de preguntarnos en qué sectores o productos puede ser nuestro país más competitivo y con qué tipo de desarrollo económico se puede crear empleo sostenible, seguimos insistiendo en que las soluciones nos van a venir de una mayor desregulación de las normas laborales y de la negociación colectiva. Están por ver los resultados de la nueva reforma laboral, pero durante esta crisis ha quedado bastante claro que los países que han tenido peores resultados en términos de empleo han sido aquellos que tienen un mercado de trabajo más desreglamentado o donde, como en España, además la norma va, para más INRI, por un lado y la práctica por otro: Estados Unidos, Irlanda y España.

Artículo publicado en Sistema Digital

Primero intentaron colar de rondón en el Parlamento Europeo la ampliación de la jornada de trabajo a 65 horas semanales. Ahora pretenden que la edad de jubilación se alargue hasta los 67 años. Y los trabajadores de Nissan, aparte de congelar el sueldo, aceptan trabajar 12 sábados obligatorios al año. Bienvenidos al paraíso neoliberal.

Resulta cuando menos chocante que hoy, pese al gran desarrollo tecnológico, trabajemos muchas más horas que nuestros antepasados cazadores recolectores. En la sociedad actual, una persona debe trabajar como mínimo una media de ocho horas diarias para cubrir sus necesidades. Lo que supone unas 100.000 horas de trabajo al año. A lo que hay que sumar las horas empleadas en los desplazamientos hasta el lugar de trabajo.

Los trabajadores de la planta que la japonesa Nissan tiene en Barcelona se han visto obligados a aceptar un duro ajuste de sus condiciones para lograr que la empresa mantenga la producción de una nueva furgoneta en esa planta. A cambio, los operarios han aceptado congelarse el sueldo en 2012 y una subida del 0,5% para 2013 sea cual sea el IPC. A partir de abril de 2011, habrá 15 sábados laborables al año, 12 obligatorios y una bolsa de horas extra de 40 horas, 32 obligatorias.

Al estudiar la economía de los pueblos que viven todavía de la caza y la recolección tal como se hacía hace 20.000 años, el investigador Marshall Shalins, demostró que los pueblos primitivos, pese a tener una “economía subproductiva” -sólo trabaja una parte de la sociedad en tiempos breves y con baja intensidad-, satisfacen siempre las necesidades del grupo social. Es el caso de los bosquímanos o de los australianos de la Tierra de Arhem, descritos en su estudio Edad de piedra, edad de la abundancia.

Estos primitivos grupos sociales no dedican todo el día a luchar contra la escasez de alimento. Por el contrario, una media de cuatro horas al día les basta para asegurar su subsistencia y la de los suyos. En su clásico estudio sobre los bosquimanos !Kung San del Kalahari, el canadiense Richard B. Lee señala que las mujeres encargadas de la recolección de alimentos dedican tan sólo poco más de doce horas semanales para reunir las fuentes calóricas necesarias para la subsistencia del grupo; los hombres, que aportan alrededor del 30% de las necesidades energéticas de éste, dedican unas 21 horas a la semana al suministro de carne. Otro investigador, R.Rappaport, ha calculado que los Tsembaga de Nueva Guinea, con un sistema productivo basado en una agricultura primitiva de tala y quema, dedican al trabajo algo más de siete horas semanales (1).

Sobre todo en economía política necesitamos contar con un nuevo paradigma que nos permita cambiar la lógica del sistema. El mundo no siempre ha funcionado bajo la lógica del modo de producción capitalista. Pues, de haber regido éste en la Edad de Piedra, al día siguiente de que uno de los genios paleolíticos inventara el hacha de sílex, nuestros dignos antepasados se habrían topado de bruces con el desempleo y la crisis del sistema de pensiones. El escenario, más o menos habría sido el siguiente:

La ventajosa eficacia de esta nueva tecnología de corte aumentó la productividad de forma espectacular. Por ejemplo, incrementando la eficacia de la tarea de recolección de leña. Ésta se realizaba inicialmente cogiendo las ramas secas caídas en el suelo. Con un hacha en la mano, un leñador podía cortar en una jornada pongamos que el doble de leña de la que antes recolectaba a mano. De manera que, al precisarse ahora sólo la mitad de hombres que antes del invento, la otra mitad de hombres habría quedado automáticamente desempleada. Sin embargo, puesto que el volumen de leña acopiado en cada corta seguía siendo el mismo que hasta entonces, la intensidad del fuego en las hogueras se mantendría constante, impidiendo que los miembros más viejos de la horda, imposibilitados para buscar leña, perecieran de frío.

Todo hubiera ido bien hasta que, un aciago día, hubieran entrado en juego los servicios de estudios económicos para examinar la situación y aguarles la fiesta. Estos expertos rupestres, tras ejecutar una serie de cálculos con abstrusos signos trazados con un tizón en la pared de la caverna, habrían reunido a la horda para comunicarles su fatal conclusión: “El sistema de calefacción social no puede mantenerse dado que ahora, entre desocupados y ancianos, el número de personas que se calientan es mayor que el número de leñadores cotizantes al fondo de madera”.

Afortunadamente, a la vista de que las paredes de Altamira y Lascaux fueron decoradas con magníficas pinturas de bisontes, y no con aburridas tablas econométricas, podemos inferir que no había economistas entre la horda que habitó en ellas. Señal, por otra parte, de que nuestros tatarabuelos paleolíticos disponían de inteligencia suficiente para convertir el aumento de productividad en ganancia de ocio creativo, y no en cifras oficiales de desempleo. Una tendencia que, miles de años después, mantuvo la población humana del Neolítico, que ya contaba con una tecnología mucho más avanzada.

Del sílex utilizado en su más primaria forma de pedernal, hemos pasado a las tecnologías basadas en el chip de silicio. En principio, la desaparición de las cadenas que nos ligan al trabajo debería ser una excelente noticia para la humanidad, pues vendría a significar que la especie terráquea que comenzó tallando rudimentarios utensilios de piedra, que “inventó” luego la ominosa institución de la esclavitud, y que impulsó revoluciones para librarse de la opresión por el trabajo, habría conseguido, por fin, erradicar una de las principales causas del sufrimiento al que se vieron sometidas sus generaciones precedentes.

Escribo estas líneas cuando todavía me embargan las sensaciones producidas por reciente visita a dos cavidades: una, la Cueva de los Letreros, en Vélez Blanco, que conserva, pese a los expolios y barbarie, hermosas pinturas neolíticas; otra, la cueva de Fuentemolinos, en Puras de Villafranca, un río subterráneo que discurre por un cauce espectacular que alcanza dimensiones catedralicias, magnífica y profusamente decorado con bellas formaciones por Mamy Gaia. Este planeta es demasiado hermoso para perder lo mejor de nuestra breve existencia fabricando y consumiendo furgonetas.

(1) Lee, R.B.: The !Kung San: Men, Women and Work in a Foraging Society, Cambridge and New York, 1979; Rappaport, R.: Pigs for the Ancestors: ritual in New Guinea ecology, Yale Univ, 1983.

Carnet de Paro.