Daniel Raventós (Barcelona, 1958) preside la Red de Renta Básica, integrada en la International Board del Basic Income Earth Network (BIEN). Doctor en Economía y profesor titular de Economía y Empresa en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona, ha pasado estos días por Bilbo para, entre otras cosas, presentar en Euskal Herria el libro «La renta básica en la era de las grandes desigualdades», de la editorial Montesinos Ensayo, elaborado junto con David Casassas y con la colaboración de otros autores y defensores de la renta básica.

La Red de Renta Básica cumple once años en febrero, ¿qué ha pretendido con el nuevo libro?
Como asociación cumplimos once años. El nuevo libro es una puesta a punto de la renta básica en la actualidad, teniendo en cuenta que la situación económica y social ha cambiado desde hace casi cuatro años.
Hablamos de la era de las grandes desigualdades, porque justamente la crisis ha acrecentado más las desigualdades entre una minoría ultra-rica y la inmensa mayoría de la población empobrecida. Tocamos la crisis y hablamos del incremento de la incidencia de las enfermedades mentales. Organismos internacionales ponen en evidencia ese aumento debido a la depresión. Hay más suicidios, Grecia es un ejemplo.

¿En un escenario de crisis es posible poner en marcha la renta básica universal, cuando en la época de bonanza no se quiso hacer nada desde las administraciones?

Es verdad. Políticamente, para los aires que corren, la renta básica es más difícil de poner en práctica, pero es precisamente por eso más necesaria. La situación económica y, por tanto, social que está provocando la crisis está llevando a muchísima gente a la pobreza y a la miseria.
Mucha gente no pensaba hace dos o tres años que iba a sufrir el paro o la pobreza, pero ahora son sujetos o clientes, si se quiere, de Cáritas, por decirlo de alguna forma. Es ir más contra la corriente, en lo político, pero desde el punto de vista social es más necesario. Otra cosa es que las medidas que se están adoptando en materia económica nos están hundiendo más. En el libro, el mexicano Pablo Yanes y yo, entre otros, una de las cosas que escribimos es que la renta básica generaría un incremento de la demanda y sería una medida no procíclica, mejoraría la actividad económica, sin duda.

¿La propuesta de renta básica universal tiene un apoyo creciente en estos once años?

Si nos retrotraemos a 2001 no podemos hablar de una línea ascendente. En los 4 o 5 años iniciales había más movimiento. En 2003 o 2004 se discutió en el Parlament de Catalunya. Ya dijimos entonces que no nos podíamos animar demasiado, porque sabemos lo que ocurre con las modas.
El PSOE en la oposición veía con simpatía la propuesta, pero llegó al Gobierno, y se olvidó. Creo que el apoyo a esta iniciativa ha sufrido un diente de sierra, pero es algo natural. No obstante, creo que es necesaria, más en esta época de crisis.

En el Congreso español se creó una subcomisión, pero no hizo nada…

Es así. Se aprobó por unanimidad. Digo unanimidad, porque la derecha vasca, catalana y española sabían que salía por mayoría del resto. La apoyaron para que en la fase de discusión poder desmontarla y trasladar la idea de irracionalidad de la misma. Estalló la crisis y nadie puso en marcha esa subcomisión que se creó hace tres o cuatro años.

¿Generó expectación?

Sí, fue una lástima. En ese tipo de encuentros se pueden pedir datos, estudios y podríamos haber obtenido muestras representativas de las declaraciones de IRPF para poder estudiar la extensión de la renta básica. En Catalunya lo hicimos, tras analizar 200.000 declaraciones de la renta, una por una.

¿Se demostró que era factible esa medida?

Así es. Al principio nos quedamos extrañados. Hicimos un estudio profundo en el se concluía que servía para financiar una renta básica de 5.400 euros anuales para los adultos y 2.700 euros anuales para los menores de 18 años. Esa cantidad era similar al salario mínimo interprofesional (SMI) en 12 pagas, no en 14. Los recursos se conseguían mediante la reforma del IRPF y las asignaciones monetarias desaparecían, no las de Seguridad Social y de la Enseñanza pública. Colocamos el tipo marginal del IRPF en el 49%.
No era descabellado. En Estados Unidos hace 30 años los más ricos pagaban hasta el 85% en impuestos. Si actualmente alguien lo propone en la UE casi va a la cárcel. Estados Unidos nunca había conocido una etapa de tanta prosperidad. Las desigualdades no eran tan bestias como en este momento.

¿Qué hace falta para conseguir poner en marcha la renta básica universal?

Dos cosas, que organizaciones nuevas como Bildu y movimientos como el 15-M, que ha tenido su importancia para remover alguna conciencia, se interesen y apoyen su puesta en marcha. En el último simposio de la renta básica que celebramos en Barcelona en noviembre pasado participó el diputado foral de Bildu de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, y también representantes del 15-M. Estuvieron en el debate. No tenemos la misma concepción de renta básica, pero sí muy parecida.

¿A qué se refiere?

La idea esta de garantizar la existencia material a toda la ciudadanía, dada la situación social actual, al menos entre personas con sensibilidad social, va calando, lo mismo que la idea de que uno no puede ser libre si no tiene la existencia material garantizada. Por eso mismo, un pobre no puede ser libre. Esta concepción va calando y creo que seguirá tomando fuerza, más en esta crisis.
¿Si hubiera estado en marcha, el efecto de la crisis en la población hubiera sido menor?
Por supuesto, como mínimo hubiera sido, al menos, para los sectores más vulnerables un auténtico colchón, porque tendrían la existencia material garantizada. No eludo las críticas que genera una renta universal a cada persona por el hecho de serlo. Por ejemplo, en mi Facultad de Economía y Empresa en la Universidad de Barcelona muchos de mis colegas dicen de la renta básica que serviría para mantener a parásitos. O que la gente no trabajaría asalariadamente, cuando estudios empíricos existentes invitan a utilizar esas medidas por lo contrario.

Otra crítica, que se utilizó mucho, es ¿cómo se le va a entregar la misma cantidad al hijo del presidente del BBVA, por ejemplo, que al de un obrero o un parado? ¿Qué opina?

La confusión está en pensar que todo el mundo recibe la renta básica sin tocar nada. El presidente del BBVA, o su hijo, debería pagar muchísimo más en materia de impuestos. Claro. Se puede resumir en que la renta básica la recibe todo el mundo, pero no todo el mundo gana. Los pobres ganan, los ricos pierden. En realidad, la renta básica financiada con una reforma del IRPF, entre otras cosas, sería una gran redistribución de la renta. Por supuesto, los ricos seguirían siendo ricos, a falta de otras medidas, pero las diferencias de renta entre la población serían diferentes.

En Alaska existe algo parecido a la renta básica ¿verdad?

En Alaska cuentan con una renta básica desde hace 30 años, financiada de una manera especial con el petróleo y otras medidas. Desde mi punto de vista, la iniciativa de Alaska no es exacto a lo que proponemos, pero sí ha conseguido que la distribución de la renta de Alaska haya sido muy diferente a los restantes 49 estados de la unión, de Estados Unidos.
Los resultados son tan positivos que nadie se atreve a pedir que la renta básica se suprima. Un profesor universitario me decía que si alguien dice lo contrario, tendría que salir huyendo por el estrecho de Bering. En México DF pasa algo parecido con una pensión básica para los mayores de 68 años. La derecha se opuso hace ocho años, pero los resultados han sido tan positivos que ya nadie se atreve a retirarla. Sin duda, la renta básica permitiría un poder de negociación en distintos órdenes de la vida.

Daniel Raventós es miembro del Consejo Científico de ATTAC España

Nadie trabajaría si se estableciera un ingreso garantizado con carácter universal y no condicional. Esa es una de las objeciones tópicas y típicas a la propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía. Objeción más demagógica que realista. Sin embargo, pocos cuestionan una realidad tangible: hay en el mundo millones de nadies trabajando sin cobrar. Los informes sobre Desarrollo Humano calculan que el 50% del tiempo total dedicado al trabajo en el mundo corresponde a actividades no monetarizadas.

Monetarizar significa traducir un proceso productivo a unidades de cuenta que permitan el proceso de intercambio. Una producción de tipo primitivo, destinada exclusivamente al autoconsumo, es un claro ejemplo de economía no monetarizada. Con el proceso de intercambio aparece la economía monetarizada, donde el valor de los bienes intercambiados puede ser implícito (no monetizado) o explícito (monetizado). Siguiendo a Orio Giarini y Patrick M. Liedtke, autores del informe al Club de Roma El dilema del empleo, podemos distinguir dos categorías dentro del trabajo autoproductivo.

En primer lugar, las actividades no monetarizadas basadas en valores de intercambio implícitos. Que son todas aquellas que podrían remunerarse, es decir, monetizarse, pero que, por una u otra razón, no se remuneran, como el cuidado de niños, ancianos y enfermos y, en general, el conjunto de tareas domésticas. Es decir un conjunto de trabajos desarrollados fundamentalmente por la mujer, en jornadas interminables, sin que se reconozca su condición de trabajadora.

En segundo lugar, las actividades no monetarizadas sin valor de referencia de intercambio implícito o explícito. Entrarían dentro de esta categoría el autoaprendizaje, la autorreparación o la autocuración, es decir, el conjunto de actividades que no pueden delegarse en terceros, pero que añaden valor real a la calidad de vida.

Por desgracia, los instrumentos de la econometría al uso están diseñados para medir el valor del trabajo únicamente cuando interviene una compraventa del mismo en el mercado. Cuando una persona trabaja para sí misma, bien sea atendiendo al cuidado de su hogar, cocinando sus alimentos e incluso produciéndolos en su huerto, reparando su automóvil o pintando su casa, desarrolla un enorme volumen de trabajo socialmente útil que no se encuentra reflejado en los datos de la Contabilidad Nacional.

La economía que hasta ahora se ha considerado políticamente correcta ignora el valor de actividades socialmente útiles que realizan los individuos al margen de los circuitos de mercado. Por ejemplo, el coste de cuidar un niño en una guardería se incorpora al PIB por el importe del sueldo del empleado profesional más el beneficio obtenido por el propietario de la guardería, los alquileres, etc. Sin embargo, si quien se encarga de cuidar al pequeño es su madre, un abuelo o una tía soltera desempleada, pese a que el tiempo de trabajo dedicado a ocuparse del menor sería en principio exactamente el mismo que en la guardería, ni la patronal ni los sindicatos ni los ministerios de Trabajo y Economía se darán por enterados de que ese tipo de trabajo ha sido efectuado.

A propósito de esto, el sociólogo estadounidense Alvin Toffler sugirió de forma irónica una forma de incrementar el PIB: que cada ama de casa realice los trabajos domésticos de su vecina y se paguen mutuamente por ello. “Si cada Susie Smith pagase a cada Bárbara Brown cien dólares a la semana por atender a su hogar y a sus hijos, recibiendo al mismo tiempo una cantidad equivalente por prestar los mismos servicios a cambio, el impacto sobre el PIB sería asombroso. Si cincuenta millones de amas de casa americanas se dedicaran a esta absurda transacción, el PIB de los Estados Unidos aumentaría inmediatamente en un 10%”.

Desde una perspectiva más cercana, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) afirma en un estudio que las tareas domésticas (limpieza, comida, atenciones a los niños, mayores y enfermos) si fueran contabilizadas representarían el 55% del PIB regional de la región madrileña.

Son las mujeres las que, en una proporción de tres a uno, cargan con este trabajo no remunerado sobre sus espaldas. Si cada madre que prepara la comida a sus hijos o atiende a un familiar con Alzheimer recibiera un sueldo por ello, la renta regional aumentaría en 55.500 millones de euros. De éstos, 40.700 irían a parar a manos femeninas, y 14.800, a hombres. Estas son algunas de las conclusiones del estudio La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid.

Aunque el tipo de encuesta realizada sigue la metodología recomendada por Eurostat, el informe también incluye los datos que se obtendrían si se contabilizaran las actividades secundarias. Es decir, las que se realizan simultáneamente a otra que requiere mayor atención; por ejemplo: la persona que está cocinando y, al mismo tiempo, cuida a un niño. Según María Ángeles Durán, catedrática de Sociología que ha dirigido la investigación, la inclusión de las actividades secundarias refleja mejor la realidad del mercado laboral: “A nadie se le ocurre que un taxista que espera en la parada a que llegue un cliente no esté trabajando”. En total, se está hablando de 6.000 millones de horas anuales de trabajo no remunerado. O de 15.000, si se incluyen las actividades secundarias. Considerando este matiz, las actividades domésticas no remuneradas tendrían un valor añadido equivalente al 130,78% del PIB regional.

Un estudio similar fue publicado el 1 de mayo de 2005, con motivo del Día de la Madre en la página web Salary.com En él se llega a la conclusión de que las amas de casa ganarían unos 131.471dólares anualmente, incluyendo las horas extra, si recibieran un sueldo. En un muestreo se le pidió a 5,4 millones de madres amas de casa que identificaran las categorías laborales convencionales podrían encajar con una descripción general de sus rutinas diarias. El sondeo demostró que las categorías que pueden reflejar las tareas que consumen la mayor parte del tiempo de una madre ama de casa incluye, entre otras, las de profesora de guardería, conductora, ama de llaves, cocinera, consejera delegada, enfermera y trabajadora de mantenimiento general.

Ese hipotético salario medio está basado en una semana de 100 horas de trabajo con el cuidado de al menos dos niños en edad escolar. Salary.com que sigue la remuneración de los trabajos, sugirió que el salario base anual para una madre con una jornada semanal de 40 horas en casa sería de 43.461 dólares. Las madres ganarían otros 88.009 dólares adicionales al año por cada 60 horas extras a la semana. No obstante, las madres puntualizaron que no se puede dar una cifra por el tiempo que pasan con sus hijos. Una de ellas, Debra Miley, quien está en casa con su hija de dos años, Olivia, y su hijo Gregory de cuatro meses afirmó: “Les doy el 150 por ciento de mí misma muchas horas al día”.

Toda esta ingente cantidad de trabajo efectivo que realizan las personas fuera de los circuitos del mercado pasa absolutamente inadvertida ante los ojos de las más doctas autoridades académicas, políticas y gubernamentales. Por no hablar de sindicatos y patronales, que pontifican sobre el trabajo pese a tener una óptica limitada al campo de esa subcategoría del trabajo humano que es el que se realiza a través de un empleo por cuenta ajena.

En la homérica Odisea aparece un personaje que también tenía una visión reducida de las cosas: el cíclope Polifemo, que tenía un solo ojo en la frente. Polifemo capturó a Ulises y a sus compañeros con el propósito de comérselos. Antes del festín, el cíclope quiso saber el nombre del jefe de los capturados y el astuto Ulises ideó una estratagema, explicando al cíclope: “Mi nombre es Nadie; y Nadie me llaman mi madre, mi padre y mis compañeros todos”.

Con ánimo cruel, el gigantón le respondió: “A Nadie me lo comeré al último, después de sus compañeros, y a todos los demás antes que a él: tal será el don hospitalario que te ofrezca”. Durante el resto de la velada, Ulises sirvió vino en abundancia al gigantón y cuando éste cayó en sopor etílico, aprovechó para endurecer al fuego una estaca de olivo cuya punta aguzada que, entre todos, hincaron en el único ojo de Polifemo. “Dió el Cíclope un fuerte y horrendo gemido, retumbó la roca, y nosotros, amedrentados, huimos prestamente; mas él se arrancó la estaca, toda manchada de sangre, arrojóla furioso lejos de sí y se puso a llamar con altos gritos a los Cíclopes que habitaban a su alrededor, dentro de cuevas, en los ventosos promontorios”.

Alarmados por sus voces acudieron otros cíclopes que, parándose junto a la cueva, le preguntaron qué era lo que tanto le angustiaba: “¿Por qué tan enojado, oh Polifemo, gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos? ¿Acaso algún hombre se lleva tus ovejas mal de tu grado? ¿O, por ventura, te matan con engaño o con fuerza?” A lo que respondióles desde la cueva el robusto Polifemo:

—¡Oh, amigos! Nadie me mata con engaño, no con fuerza.

El resto de gigantones, le contestaron con estas aladas palabras:

—Pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus, pero, ruega a tu padre, el soberano Poseidón.

Y se despreocuparon del asunto, circunstancia que el astuto Ulises y sus compañeros aprovecharon para huir agazapados debajo de las reses que Polifemo dejó salir de la cueva no sin antes acariciar sus lomos una a una.

Gracias a la estratagema de Ulises, estos nadies salieron bien librados de la peligrosa aventura. No así los millones de nadies que trabajan sin cobrar para que el mundo esté ordenado, limpio y alimentado. Pero la visión que tiene la economía oficial es tan corta como la de Polifemo. Como señaló Arthur Pigou, para las estadísticas de la Renta Nacional sería catastrófico el hecho de que un hombre soltero se casara con su ama de llaves. En efecto, bajo los roles clásicos, la feliz casada seguiría realizando exactamente el mismo trabajo que antes, sólo que sin percibir una retribución monetaria.

Carnet de paro

Antoni Domenech / Daniel Raventós – Consejo Científico de ATTAC

En el debate sobre el estado de la nación se repitió una vez más el viejo mantra: no hay alternativa a las suicidas políticas procíclicas de austeridad fiscal neoliberal impuestas a los pueblos y a los Parlamentos europeos por los mercados financieros internacionales y la incompetente troika del BCE, el FMI y la Comisión Europea. A despecho del afán por desmarcarse de las políticas que llevaron al PSOE a la catástrofe electoral del 22 de mayo, el nuevo candidato, Rubalcaba, no pudo menos repetir la misma cantinela: en lo fundamental, no había otra opción. ¿Es verdad?

Supongamos que lo fuera. Eso significaría, por lo pronto, que todas las revueltas y protestas sociales presentes y venideras, pacíficas o violentas, que están creciendo aceleradamente en todo el continente -acampadas, manifestaciones, huelgas generales-, estarían condenadas a estrellarse contra una pared inamovible. Y significaría que cualquier posible decisión parlamentaria contraria al dictado de la troika se estrellaría contra la misma pared.

Quedaría, a lo sumo, tratar de “explicar” al pueblo doliente, y pretendidamente ignorante, la idoneidad de esas políticas sin alternativa posible; “hacer pedagogía”, como les gusta decir de consuno a tertulianos y políticos de orden, esos de los que, como diría nuestro fallecido amigo Manolo Vázquez Montalbán, nunca se sabe de dónde sacan pa’ tanto como destacan.

¿Qué hay que explicar? Que la política sin alternativa es ella misma, y por sí misma, y por eso mismo, una amenaza a la pervivencia de la democracia en Europa, como acaba de advertir el nada alarmista premio Nobel de Economía Amartya Sen desde las páginas del diario The Guardian el 22 de junio de 2011. Que la sola idea de una austeridad fiscal “expansiva” es una ignorante ilusión nacida de la destrucción de la teoría macroeconómica acometida por académicos a sueldo y cabilderos varios en las tres últimas décadas, ese “periodo oscuro”, de olvido premeditado y banderizo de conocimientos sólidamente adquiridos por las generaciones anteriores, como han repetido hasta la saciedad otros dos premios Nobel, Paul Krugman y Joseph Stiglitz.

En suma: que la política económica “sin alternativa” no es propiamente una alternativa creíble -ni siquiera desde sus propios supuestos normativos-, sino una ofensiva en toda regla contra la soberanía y el bienestar de las poblaciones trabajadoras europeas e incluso, posiblemente, como ha advertido la ONU a propósito de Grecia, contra los derechos humanos tout court. Una ofensiva que no puede sino traer consigo ruina, dolor, desigualdad y conflictos sociales de creciente pugnacidad y consecuencias imprevisibles. Un año después del giro del 9 de mayo -cuando supuestamente estuvimos “al borde del abismo”- y del inicio de las contrarreformas “salvadoras”, el desempleo y la precariedad laboral están peor, no mejor. La recaudación fiscal cae. Las ventas minoristas se han desplomado en el primer semestre de este año. Crecen la morosidad y las ejecuciones hipotecarias. Se dispara la pobreza. Los mercados financieros, lejos de “calmarse”, parecen exigir con redoblada ferocidad ulteriores sangrías: nuestra prima de riesgo es ahora indeciblemente más alta. La derecha política hostil al Estado social anda recrecida; la izquierda social, desengañada de la política. Y toda Europa se halla en zozobra: cayó Irlanda, luego Portugal, y ahora se ciernen negras amenazas sobre la tercera economía europea, Italia, y con ella, nuevamente sobre España.

La política “sin alternativa creíble” es ella misma increíble: eso es lo que han entendido los millones de indignados que se lanzan a la calle en Grecia, en España, en Italia, en Portugal o en Gran Bretaña. ¿Por qué, pues, parece no haber alternativa? Primero, claro, porque el establishment lo repite sin cesar, en todos los grandes medios de comunicación, públicos y privados: a veces, hasta fingiendo lamentarlo. Y porque se ningunea a las voces discordantes, a las moderadas no menos que a las radicales. Un día, un redicho locutorcillo de tres al cuarto de la televisión pública catalana se permite hablar con displicencia del premio Nobel Krugman: “Sus propuestas keynesianas contra la crisis ya fracasaron”. Otro, un sociólogo electoral, se permite glosar con cuatro tonterías superficiales desde las páginas de EL PAÍS la teoría cognitiva de las metáforas -de la que, obviamente, no entiende una palabra- y a cuenta de eso, despachar sin mayor argumentación, además de a los indignados, a todos los economistas y científicos sociales críticos de ATTAC, a los que nos llama sin más “colectivistas” trasnochados. Y así sucesivamente.

La impresión dominante es que cualquier alternativa imaginable a la política “sin alternativa” habrá de estrellarse contra el pétreo muro de una troika empeñada ahora en destruir la democracia europea con el mismo celo dogmático con que llevó incompetentemente a nuestra economía a la catástrofe en 2008. Contestando a Llamazares, el presidente Zapatero lo expresó con patetismo en el debate parlamentario: “No ha sido un giro a la derecha”, sino… un “paso atrás” (verosímilmente, ante fuerzas políticamente insuperables). La “edad oscura de la macroeconomía” lamentada por Krugman parece haber nublado también las cabezas de muchos políticos de centro-izquierda, lo que, en convergencia con la sensación de impotencia política, les hace ver como radicales o como implausibles, o aun como técnicamente inviables, medidas que, razonabilísimas y dignas cuando menos de ser debatidas, no tendrían, en principio, mucho de tales. Por ejemplo, la reivindicación de una renta básica universal de ciudadanía ligada a un nuevo robustecimiento del Estado social y democrático de derecho, una reivindicación que ahora mismo está abriéndose, vigorosamente, paso entre los indignados europeos y que no hace tanto mereció el respeto y la simpatía de la izquierda y del centro-izquierda parlamentarios españoles.

Dos cosas están claras, cuando menos. La primera: que en la raíz de los males económicos que aquejan a la eurozona hay un problema de diseño institucional básico, cual es la carencia de una autoridad fiscal capaz de lidiar con la crisis a través de políticas de estímulo fiscal, en vez de limitarse a las erráticas y vergonzantes semimedidas camufladas de política monetaria del BCE (como el amago, este 12 de julio, de compra de deuda soberana de Estados miembros por parte del BCE, para frenar in angustiis el desplome de la renta variable y la espiral del riesgo país en España y en Italia). La segunda: que quienes de verdad parecen mandar en la UE no tienen la menor voluntad política de cambiar el diseño. Y eso es lo que parece condenar, quieras que no, al conjunto de la eurozona a una carrera hacia el abismo de la deflación competitiva y la destrucción salarial, y a los países periféricos, a la austeridad fiscal neoliberal, a la progresiva puesta en almoneda de todo su patrimonio público y al suicidio económico sin esperanza.

Eso tal vez no tiene remedio a corto plazo, salvo que la amenaza de un gran -y cada vez menos improbable- movimiento de contestación social fuerce a las élites europeas a otro camino (para empezar, a algo tan sencillo como que el BCE emitiera eurobonos respaldados de consuno por los miembros de la eurozona). Aun así, seguiría habiendo alternativas estrictamente nacionales harto menos traumáticas que una posible -y al paso que vamos, quizá inevitable- salida del euro. Hace meses, por ejemplo, que el sólido Marshall Auerback viene proponiendo a Grecia un camino alternativo de salvación nacional y de preservación de los derechos humanos y sociales de su población. Incluso en su actual situación límite, Grecia -como la República de Irlanda, como la república portuguesa, como el Reino de España- podría perfectamente colocar con éxito en mercados financieros privados bonos públicos emitidos con la cláusula de que, en caso de declararse en quiebra, sus tenedores podrían usarlos para pagar impuestos al Gobierno griego. Un expediente que haría inmediatamente obvio a los inversores que los nuevos títulos públicos serían “moneda buena”, valedera mientras el Estado griego sea capaz de exigir y recaudar impuestos.

Es solo un ejemplo, entre muchos. ¿No es sospechoso que, mientras abundan la conspiración del silencio y la gratuita descalificación de quienes se oponen al desastre anunciado, escasee en los grandes medios de comunicación establecidos la discusión sobre propuestas alternativas de este tipo?

Antoni Domènech es catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Daniel Raventós es profesor titular en esa misma facultad y presidente de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org y redactores de la revista política SinPermiso

Artículo publicado en El País

Con la crisis económica y las medidas de política económica posteriores puestas en marcha por el Gobierno a partir de mayo de 2010, el debate sobre la Renta Básica en el Reino de España ha sufrido un curioso desplazamiento. Por una parte, la Renta Básica ha prácticamente desaparecido incluso de la discusión parcial entre los partidos parlamentarios, pero por otra ha suscitado un mayor interés entre activistas de distintos movimientos sociales. Para entender y contextualizar el verdadero alcance de esta nueva situación, creo que es imprescindible hacer un poco de historia de la Renta Básica en el Reino de España. Antes aún deberá dibujarse muy lacónicamente la situación de crisis económica en esta economía y, más importante todavía, las políticas económicas puestas en funcionamiento a partir de mayo de 2010. Sin estos dos preámbulos, es difícil entender y justificar este desplazamiento del interés por la Renta Básica de los partidos políticos parlamentarios a los movimientos sociales.

La crisis y la política económica en el Reino de España

Hasta bien entrado 2009 el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero negó que estuviéramos sumidos en una crisis económica. Habían pasado casi dos años del estallido de una crisis económica que, no es preciso insistir, ha sido considerada con razón como la más importante de los últimos 80 años. Una de las consecuencias más devastadoras de la crisis en la economía española ha sido un incremento del desempleo muy superior a otras economías. Ya hace mucho tiempo que se supera una tasa de desempleo del 20%. Ningún país de la Unión Europea tiene una proporción tan alta de personas oficialmente en el paro. Entre la juventud esta tasa se acerca cada vez más al 50%. Cabe añadir que el 63% de la población trabajadora empleada, es decir, 18,3 millones de personas, cobra menos de 1.100 euros brutos mensuales, y forma este gran grupo de los llamados “mileuristas”.

El 12 de mayo de 2010, el presidente Zapatero compareció ante el Congreso de los diputados para anunciar que, como consecuencia de los ataques especulativos masivos registrados durante la semana precedente contra la deuda pública de los Estados miembros de la UE y de los acuerdos que se acababan de alcanzar en el ECOFIN, se iba a poner en marcha un Plan de Choque. Entre las medidas que se aprobaron pocos días después cabe destacar: la reducción en un 5% de los salarios de los funcionarios públicos, la congelación de las pensiones, la reducción en 6.000 millones de la inversión pública en infraestructuras y el recorte de 1.500 millones en el gasto público de las administraciones autonómicas y municipales.

Zapatero también mencionó tres importantísimas reformas estructurales previstas y exigidas por el Banco de España, el BCE y el FMI: la del mercado de trabajo, la reforma de las pensiones y, finalmente, la reestructuración de las Cajas de Ahorro.

Desde mayo de 2010 se han ido aplicando esas y otras (contra)reformas ) que muchos han calificado con sobrada razón como la mayor ofensiva contra los derechos sociales y económicos de las clases trabajadoras que se registra en el Reino de España desde el final del franquismo, es decir, desde hace más de 30 años. Así lo entendieron, por ejemplo, los sindicatos, al menos en un primer momento, cuando organizaron una huelga general contra la reforma laboral el 29 de septiembre de 2010.

Ante esta situación, una primera impresión quizás sería suponer que la Renta Básica debería haber cobrado un mayor protagonismo en el debate político y social. Y, como se mencionaba al principio, así ha sido el caso entre algunos movimientos sociales, pero no entre el debate parlamentario en donde la Renta Básica ha desaparecido casi completamente.

Los inicios

En febrero de 2001, se iniciaron los trámites legales para la creación de la asociación Red Renta Básica. Hasta aquellos momentos, el conocimiento de la propuesta de la Renta Básica en el Reino de España por parte de los políticos, los sindicatos, los movimientos sociales y la ciudadanía en general, era realmente pequeño. Antes de 2001 se habían publicado algunos artículos, muy pocos libros y la Renta Básica era conocida y defendida por algunas personas provenientes del campo académico y por algunos activistas que militaban en distintos movimientos sociales. Todo sumado, se trataba de algo muy reducido.

Si hay que poner una fecha para situar un punto de inflexión en este proceso de difusión social de la propuesta, éste es junio de 2001, cuando se realizó el primer simposio de la Renta Básica. Es cierto que poco antes, en el año 2000, algunos periódicos de gran tirada (El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, Gara, La Gaceta de los Negocios, y el desaparecido Egunkaria), así como también algunas prestigiosas revistas de cierta difusión (Claves de Razón Práctica, El Viejo Topo) habían dedicado algunos artículos a explicar la propuesta de la Renta Básica, así como realizado entrevistas a algunos de sus valedores. También muchas emisoras de radio y, menos, de televisión habían dedicado espacios a entrevistas a defensores de la Renta Básica. Pero con el I Simposio de la Renta Básica realizado en Barcelona el 8 de junio el conocimiento y debate sobre la Renta Básica inicia su despegue. En el I Simposio, participaron algunos académicos, representantes de los principales sindicatos y miembros de algunos movimientos sociales, así como tres diputados (José Luis López Bulla, Carme Porta y Jordi Sevilla) de tres fuerzas políticas de izquierdas: Iniciativa per Catalunya-Verds, Esquerra Republicana de Catalunya y Partido Socialista Obrero Español, respectivamente.

Precisamente, los dos primeros diputados expusieron en el I Simposio parte del contenido de la propuesta de ley que estaban elaborando estos dos partidos para presentar en el Parlamento de Catalunya unos meses después.

Desde aquel I Simposio se han realizado 9 más, uno cada año, siendo el último hasta el momento el celebrado en Gijón el pasado año 2010. El II Simposio se realizó en Vitoria-Gasteiz. El III Simposio se realizó en Barcelona, así como el IV que tuvo lugar en el marco del X Congreso del Basic Income European Network que aquel año organizó nuestra sección (que había sido reconocida sección oficial del BIEN en el Congreso de Ginebra de 2002). El V se realizó en Valencia, el VI en Santiago de Compostela, el VII otra vez en Barcelona, el VIII en Madrid, el IX en Bilbao y el X, como queda dicho, en Gijón. El XI se realizará en Barcelona el 22 de octubre. Todos los simposios, en mayor o menor medida, han significado un incremento del conocimiento de la propuesta de la Renta Básica, especialmente en aquellas localidades en donde se celebraba, debido al impulso de los organizadores locales y a las coberturas en general correctas que han realizado algunos medios de comunicación.

Proyectos de ley

Se han presentado, a lo largo de lo que llevamos transcurrido del actual siglo, varios proyectos de ley en distintas comunidades autónomas y dos en el parlamento español. Me referiré a estos dos últimos si bien el proyecto de ley pionero fue el que se debatió ya en mayo de 2002 en el parlamento catalán. En realidad, el proyecto de ley presentado en Catalunya sirvió de referencia a los posteriores proyectos presentados en el Parlamento español. La propuesta de ley catalana fue presentada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya-Verds.

El primer proyecto de ley que se presentó en el Parlamento español fue en abril del año 2005. Puede leerse ya en el primer artículo:

Artículo 1. Objeto de la protección

La presente Ley de creación de la Renta Básica tiene por objeto el establecimiento de una prestación económica, una Renta Básica de Ciudadanía, que se hará efectiva a cada ciudadano y a cada ciudadana de pleno derecho que pueda acreditar su residencia habitual en el territorio del Estado español, independientemente de su relación pasada, presente o futura con el trabajo remunerado, independientemente de otras posibles fuentes de renta que pueda poseer y sin importar con quien conviva.

En cuanto al nacimiento del derecho y la duración del mismo, esta proposición de ley es meridianamente clara:

Artículo 7. Nacimiento del derecho

El derecho a percibir la prestación económica de la Renta Básica se inicia con el nacimiento o la obtención de la condición de ciudadano de pleno derecho.

Artículo 8. Duración del derecho

El derecho a la Renta Básica se mantendrá a lo largo de toda la vida del perceptor.

Y sobre las características de la Renta Básica que se propone tampoco se ofrece la menor ambigüedad:

Artículo 5. De los principios generales orientadores

Los principios básicos de la Renta Básica serán:

a) El carácter universal de la prestación económica.

b) Su carácter individual.

c) El carácter no condicionado al hecho de haber trabajado remuneradamente o de estar dispuesto a hacerlo.

d) El carácter no condicionado a los ingresos económicos o rentas que se tengan, ya sean personales o familiares, sin perjuicio de que estos ingresos estén gravados por los impuestos correspondientes que la normativa fiscal establezca.

En la sesión plenaria del 2 de octubre de 2007 tuvo lugar la discusión del segundo proyecto de ley presentado al Parlamento español. La proposición de ley estaba redactada en unos términos muy parecidos a la presentada dos años antes. El interesante debate parlamentario puede seguirse en el Diario de sesiones del Congreso de los diputados. La vigorosa defensa que el diputado Joan Tardà, de ERC, hizo de la propuesta incluía afirmaciones como las siguientes:

Permítanme mencionar todavía otra consecuencia benefactora para quienes aspiramos a un modelo de sociedad bien distinto del actual. Nos referimos al incremento del grado de autonomía y de libertad de la población en la elección del trabajo. A grandes trazos, debo decirles que nuestra proposición de ley pretende reconocer un nuevo derecho de ciudadanía. Todos los ciudadanos recibirían una cuantía no sujeta a fiscalidad, no inferior a la que marca el umbral de la pobreza, aun cuando se podrán establecer diferentes cuantías en función de la edad del perceptor.

Y un poco después:

Hablamos pues de la renta básica universal como elemento constitutivo de un derecho de ciudadanía. La renta básica es la concreción política de los valores republicanos a los que debe aspirar ver culminados nuestra actual democracia, es decir, los de libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad en cuanto a que la sociedad reparte una porción de la riqueza que genera entre toda la ciudadanía como manera de garantizar su derecho a la existencia, a la vida. Igualdad porque se otorga a toda la ciudadanía, independientemente de cualquier otra condición socioeconómica. Libertad a garantizar unas condiciones de vida mínimas que permita a las personas decidir verdaderamente sobre su desarrollo personal o sobre las condiciones de acceso al mercado laboral, sin tener que hipotecar estos derechos ante el chantaje permanente de los poseedores de la riqueza, que la utilizan como una herramienta de sumisión.

Una de las consecuencias de los dos debates sobre la Renta Básica en el Parlamento español, fue el desencadenamiento de un gran interés por conocer la propuesta. La malévola cobertura posterior al debate parlamentario de esta propuesta de ley que realizó el periódico de mayor difusión (El País), motivó que se publicara posteriormente un artículo de opinión en defensa de la Renta Básica que tuvo repercusiones en distintos medios electrónicos. Otra de las consecuencias fue la creación con posterioridad, exactamente el 28 de abril de 2009, de una subcomisión parlamentaria con el objetivo de estudiar la viabilidad de la implantación de una Renta Básica para el conjunto del Reino de España. Joan Herrera, uno de los diputados que la defendió, argumentó que:

Espero que en la subcomisión, así como en el debate de hoy no se reproduzcan los argumentos que se produjeron entonces. Se puede estar matizadamente en contra, se puede estar radicalmente a favor, pero, en cualquier caso, no se puede despachar esta propuesta ni estas reflexiones que se producen en España, pero también a lo largo y ancho del planeta, con la descalificación que tuvo en el Pleno de octubre de 2007. No se trata de una paga para que la gente no trabaje, como se llegó a plantear entonces, se trata de una cantidad de recursos humildes, que permitan tener mayor libertad para elegir qué hacer. Quiero dejar claro que lo que hoy discutimos es, en primer lugar, la creación de una subcomisión para el estudio de la renta básica y, en segundo lugar, que el objetivo final que se plantea incluso cobra mayor vigor en la situación actual de crisis, porque hoy precisamente existe mayor riesgo de exclusión.

A día de hoy, esta subcomisión parlamentaria no se ha puesto en funcionamiento. Y por el poco tiempo que queda de la mortecina legislatura actual, es razonable pensar que nunca llegará a hacerlo. En la fecha en la que aprobó la formación de esta subcomisión, la crisis económica ya estaba golpeando con particular saña la economía española.

La Renta Básica como derecho humano emergente

En el primer Simposio aludido de la Renta Básica, unos de los oradores, Miguel Candel, dijo de forma acertada:

Veo la Renta Básica como un corolario necesario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ello, sin necesidad de apelar al ‘derecho natural’, que es un concepto difícilmente aprehensible. Más bien, hay unos derechos que son el resultado de un consenso social y que, por ello, son aceptados por todos, al menos desde el año 1948. De esos derechos se desprende que la especie humana ha decidido que la vida es sagrada o, dicho en términos más laicos, que todos los miembros de la especie humana tienen un derecho incondicional a la vida. Si esto es así, entonces las estructuras sociopolíticas deberían garantizar esos derechos, porque todo derecho genera deberes correlativos. Y para garantizar ese derecho, parece claro que no se puede –si es un derecho incondicional- condicionar la asignación de recursos, al menos de una cierta cantidad de recursos necesarios para la vida, a ningún tipo de iniciativa, de acción o de prestación por parte del individuo.

Con motivo del primer Fórum Universal de las Culturas, realizado en Barcelona en el año 2004, dentro del marco del cual se realizó el X Congreso del BIEN, se confeccionó, por parte de diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, un borrador que luego fue conocido por Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. Este mismo borrador fue discutido y corregido en el segundo Fórum Universal de las Culturas realizado en la ciudad mexicana de Monterrey en el 2007. En el tercer punto del primer artículo puede leerse:

El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal, que asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso monetario e incondicional periódico sufragado con reformas fiscales y a cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas.

Los temas relacionados con la Renta Básica que han suscitado más debate

Los debates que se han producido en el transcurso de estos últimos 10-11 años han surgido principalmente con motivo de la presentación de los proyectos de ley y en los simposios anuales de la Renta Básica mencionados. También se han reproducido en algunos seminarios o jornadas organizadas por algún partido político, sindicato, movimiento social o universidad. Para exponer un más que escueto repertorio de estos debates, será de utilidad hacer una distinción sobre los argumentos que se han esgrimido por parte de los contrarios a la Renta Básica y entre las diferencias que se han producido dentro de los partidarios de la Renta Básica.

Entre las personas contrarias a la Renta Básica, los argumentos más repetidamente expuestos son los siguientes. El primero de ellos es que la Renta Básica ocasionaría que se mantuviera a vagos (esta crítica tiene variantes: “nadie trabajaría asalariadamente” o “se incentivaría el parasitismo”). Este argumento ha sido el preferido por los que han opinado en algún momento sobre la Renta Básica y que provienen políticamente de la derecha. El segundo argumento es que la Renta Básica es muy costosa y de imposible financiación. Este argumento, si bien también preferido por los contrarios a la Renta Básica que provienen de la derecha política, también ha sido considerado por algunos miembros de la izquierda. Finalmente, y aunque no tan extendido como los dos anteriores, surge habitualmente un tercer argumento y es que la Renta Básica favorecería una mayor inmigración de la población pobre. Aquí tanto los políticamente situados a la izquierda como a la derecha y que han participado en el debate han utilizado este argumento en una proporción parecida. Como puede apreciarse no son argumentos distintos de los que habitualmente pueden leerse en muchos otros ámbitos geográficos.

Entre los favorables a la Renta Básica en el Reino de España, se ha producido al menos tres debates más o menos explícitos y una aportación muy propia. El primero haría referencia a la táctica más conveniente para la implantación de la Renta Básica: la conveniencia o no de la táctica de la puerta de atrás (backdoor strategy). El segundo, sobre distintas formas de financiación. El tercero hace referencia a la incompatibilidad o no de la Renta Básica con la centralidad del trabajo. Y la aportación se refiere a la justificación normativa de la Renta Básica. Mi opinión sobre los tres debates apuntados es la siguiente. El primer debate creo que es muy poco interesante y, al fin y al cabo, solamente traduce las distintas opiniones políticas generales de los distintos participantes en el debate. La táctica de la puerta de atrás o cualquier otra debe estar, si se quiere huir de la especulación más o menos fantasiosa, fuertemente enraizada en la coyuntura social y política del momento. En cambio, la financiación ha motivado elaboraciones realmente útiles. Las propuestas que se han realizado para financiar una Renta Básica en el Reino de España (o en Catalunya, en algún caso) ya se remontan a principios de la década del 2000. Deberá proseguirse en el próximo período la profundización de cómo financiar una Renta Básica. Apunto lo que pueden ser ejes especialmente interesantes y fructíferos: deberá gravarse especialmente las ganancias improductivas (la Renta Básica debería financiarse especialmente a costa, para utilizar la famosa expresión keynesiana, de la “eutanasia del rentista”), las provenientes de la especulación financiera e inmobiliaria de forma notoria; deberá servir como gran redistribución de la renta de los más ricos, especialmente de los grandes detentadores de rentas no trabajadas, a buena parte del resto de la población, es decir, de forma completamente contraria a la que se ha venido realizando a lo largo de las últimas décadas. Finalmente, el tercer debate, sobre la supuesta incompatibilidad de la Renta Básica con la centralidad del trabajo, creo que es equívoco. Más bien al contrario, la Renta Básica podría ser un medio para aumentar el poder negociador de la clase trabajadora para rechazar puestos y condiciones de trabajo que actualmente muchas personas se ven obligadas a aceptar para poder sobrevivir. En definitiva, para conseguir un trabajo con mejores condiciones o, en caso contrario, para poderlo rechazar.

Pero si quizás hay una aportación a la Renta Básica específicamente propia del territorio comprendido en el Reino de España, con un claro componente catalán, es la fundamentación filosófica-política a partir del republicanismo histórico. Para evitar confusiones, debe hacerse una aclaración para apreciar la particularidad filosófica a la que me estoy refiriendo. El neorepublicanismo académico debido, entre otros, a Quentin Skinner, J.G.A. Pocock y, quizás especialmente, a Philip Pettit, hace una conocida distinción entre interferencia en general e interferencia arbitraria, para defender que la concepción republicana de la libertad se apoya en la ausencia de interferencia arbitrarias. En opinión de los defensores de la concepción de la libertad del  republicanismo histórico,  esta concepción diluye la relación entre propiedad y libertad republicana. También queda diluida la relación entre democracia y propiedad. Pettit razona la libertad republicana como un concepto disposicional, en contraste con la libertad negativa liberal de pura no interferencia. La libertad republicana sería ausencia de dominación, de interferencia arbitraria de otros particulares (o del Estado). Aquí hay una diferencia fundamental puesto que, para el republicanismo histórico, la fuente fundamental de vulnerabilidad e interferibilidad arbitraria es la ausencia de independencia material. Para la tradición republicana el conjunto de oportunidades de cualquier persona está claramente delimitado por aquellas propiedades que posibilitan que disponga de una existencia social autónoma. No se trata de un conjunto de oportunidades cualquiera, sino de éste en concreto. La ciudadanía plena no es posible sin independencia material o sin un “control” sobre el propio conjunto de oportunidades así concretado. Si se descuida esa raíz institucional fundamental del papel histórico de la propiedad y la capacidad para sus detentadores de dominar, entonces la “dominación” se diluye y desinstitucionaliza, y caen también bajo ella aspectos de las relaciones humanas que el republicanismo histórico jamás habría considerado pertinentes políticamente, por ejemplo: el engaño y el timo podrían llegar a ser una forma de “dominación”, pues quien engaña y tima interfiere arbitrariamente en la vida del engañado y del timado.

La crisis económica y la Renta Básica

En mayo de 2009, la asociación Red Renta Básica publicó un manifiesto en varios idiomas titulado: “Una Renta Básica en la actual situación de crisis económica”. Allá se decía de forma premonitoria:

En una situación de crisis económica, los ataques a los puestos de trabajo y a los salarios son frecuentes: el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria o la patronal CEOE, entre otros organismos, se han manifestado sin la menor brida por la moderación salarial, el despido procedente, el abaratamiento del “factor trabajo” y el recorte de las pensiones y de la protección social.

(…)

La precariedad y la inseguridad económica se extienden a diestro y siniestro, hasta el punto de alcanzar sectores sociales que, en un pasado no lejano, gozaban de grados relevantes de seguridad socioeconómica. En este contexto, la renta básica, en tanto que red material garantizada universalmente a través de una reforma del sistema impositivo, aparece como una vía para reforzar y mejorar la seguridad material del conjunto de la población, condición necesaria para el ejercicio de la ciudadanía.

Con la crisis económica, también se produce en relación con la Renta Básica una situación que se podría caracterizar así: si bien las razones a favor de una Renta Básica se incrementan, las dificultades políticas para su consecución también aumentan. Efectivamente, las razones que se han ofrecido para una Renta Básica en situación de grave crisis económica están apuntadas en el mencionado manifiesto y en artículos anteriores y posteriores.

1) La pérdida involuntaria del empleo provoca una situación de gran inseguridad económica y vital. Perder el puesto de trabajo, pero disponer de una Renta Básica supondría afrontar la situación de forma menos angustiosa. En una situación de crisis, en donde la cantidad de desempleo es mucho mayor y más prolongada, el acceso a una Renta Básica cobra mayor importancia social. Más aún con la creciente debilidad o directa inexistencia de seguros de desempleo amplios y de larga duración.

2) La Renta Básica podría cumplir un papel muy importante en la recomposición del interés colectivo de la clase trabajadora y en las luchas de resistencia tanto para quienes cuentan con representación organizada como para quienes están mal librados a una lucha personal. En la crisis se puede observar perfectamente que la Renta Básica no es una alternativa sustitutiva del salario y no debilita la defensa de los intereses de la clase trabajadora, sino que aparece como un instrumento que fortalece la posición de toda la fuerza de trabajo tanto en el mismo puesto de empleo como en la propia búsqueda de ocupación. Además, la Renta Básica supondría, en caso de huelgas, una especie de caja de resistencia incondicional cuyos efectos para el fortalecimiento del poder de negociación de trabajadoras y trabajadores son fáciles de evaluar. La disponibilidad de una Renta Básica permitiría afrontar el conflicto laboral de una forma mucho menos insegura: al día de hoy, dependiendo de los días de huelga, los salarios pueden llegar a reducirse de forma difícilmente soportable si, como acostumbra a ocurrir para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, no se dispone de otros recursos.

3) También la Renta Básica posibilitaría la reducción del riesgo a las personas que hubieran emprendido proyectos de auto-ocupación. En una situación de crisis económica, la Renta Básica, además de suponer un instrumento que facilitaría las tareas de auto-ocupación, incluso la organización cooperativa de sus beneficiarios, representaría una mayor garantía para poder hacer frente, aunque fuera parcialmente, a quienes no tuvieran éxito con su pequeño negocio.

4) Una de las consecuencias más señaladas de la Renta Básica sería la gran mitigación de la pobreza. Inclusive permitiría de manera realista plantearse su efectiva erradicación. No sólo posibilitaría sacar a millones de personas de la pobreza, sino que construiría un soporte de protección para no recaer en ella. En el Reino de España el porcentaje de personas pobres es superior al 20%.

5) Un tema muy debatido frente a la crisis es la necesidad de sostener el consumo de las personas. De hecho, muchas personas tuvieron en los años del boom una capacidad de consumo por encima de sus ingresos laborales gracias a la inflación de precios de activos financieros y de créditos, especialmente hipotecarios pero también de consumo. Este consumo por endeudamiento en general no favorece a los grupos más pobres. Además, con el ajuste no sólo se terminan esos ingresos extras sino que los reducidos ingresos laborales tendrán que utilizarse en parte para pagar la deuda acumulada. La Renta Básica sería un estabilizador del consumo fundamental para sostener la demanda en tiempos de crisis, especialmente para los grupos más vulnerables.

Pero estas razones que nos hablan de una mayor necesidad de una Renta Básica en una situación de crisis económica, chocan con la prioridad de los grandes partidos parlamentarios para adaptar las políticas económicas a la reducción del déficit público cuyo contenido puede resumirse en un gran aumento de los recortes de las partidas dedicadas a gastos sociales y servicios públicos.

Mayor interés por la Renta Básica fuera de los parlamentos

Quizás sea ese el principal motivo de porqué la Renta Básica resulte más atractiva desde que estamos inmersos en la crisis a personas que provienen fundamentalmente de los movimientos sociales. Y, a su vez, goce de un menor interés práctico entre los partidos políticos parlamentarios. Así, mero dato, puede apreciarse un mayor afán para organizar charlas o debates sobre la Renta Básica entre asociaciones de derechos humanos, defensores de la cancelación de todas las deudas hipotecarias una vez el piso se queda en manos de bancos o cajas, profesores y activistas en defensa de la salud pública, y más recientemente, entre muchos activistas del movimiento del 15-M.

Es precisamente este movimiento del 15-M que puede revitalizar el papel de la Renta Básica. La suerte de la Renta Básica en el Reino de España dependerá, como toda medida social que pretenda ser seria y no mera especulación más o menos ingeniosa, de la calidad de sus análisis y, principalmente, de que pueda ser contemplada por parte de gran parte de la población como una de las medidas capaces de hacer frente a su situación social. La suerte de la Renta Básica dependerá, en fin, del número de personas que quieran defenderla y estén dispuestas a luchar por ella.

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de Sin permiso y presidente de la Red Renta Básica.

La petición de restablecer un subsidio de 426 euros para los parados de larga duración en el programa de Democracia Real Ya no es una medida muy revolucionaria que se diga. Pide que se restablezca una prestación situada por debajo del umbral de pobreza. Lo revolucionario, conceptual y políticamente hablando, sería abogar por la instauración de una Renta Básica de Ciudadanía.

Aunque no es el programa que yo personalmente apetecería para enfrentarse a una crisis sistémica del capitalismo, tampoco tengo porqué oficiar de aguafiestas poniéndole muchas pegas. Si estos jóvenes necesitan inventar ahora un programa es porque se han encontrado con la pizarra vacía. La Izquierda Establecida, en su conjunto, lleva años dedicada a discutir cuestiones del tipo género de los ángeles, en vez de consolidar un programa (programa, programa, programa, que decía Julio Anguita) que aplique la experiencia de años de luchas obreras. Hablando en plata, la cuestión social -el reparto de la riqueza socialmente generada-, ha sido ostensiblemente aparcada durante los años de bonanza económica.

Años en los que, salvo el Instituto Nacional de Estadística (INE) que los registraba, nadie hablaba de los 8.500.000 de pobres. Es decir, de las personas situadas por debajo del umbral de pobreza. Entre las cuales figuran muchos jubilados con pensiones bajísimas y desempleados obligados a sobrevivir con un subsidio de 426 euros. No se hablaba en el debate político, pero tampoco en las tertulias habituales de los medios de comunicación. Por no hablar, apenas se hablaba de ello en el seno de los movimientos alternativos. Se podía hablar de precariedad, pero sin analizar al detalles las políticas oficiales que fijaban la pobreza por Decreto.

¿Por qué 426 y no 420 o 240 euros? Por qué no los 465 euros que les corresponderían conforme a lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores, que fijaba el subsidio en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Para no repetir aquí la historia algo cutre de esta prestación, si alguien desea conocerla puede recurrir a leer La insoportable levedad del IPREM, un artículo que escribí hace ya tiempo.

Volviendo al programa elaborado en la Puerta del Sol, hay un aspecto que considero que debe ser reconsiderado. En concreto, el que, dentro de la rúbrica “Contra el desempleo”, solicita el Restablecimiento del subsidio de 426 euros para todos los parados de larga duración.

Si los lectores se han molestado en leer el mentado artículo sobre la génesis del actual subsidio, habrán comprobado que ya en su origen llevaba implícito un recorte a la baja de la cuantía de la prestación anterior. Pero no radica ahí mi principal objeción a que esa reivindicación figure, tal cual, dentro del programa de la Spanish Revolution. Considero que aspirar a una prestación situada por debajo del umbral de pobreza es bastante poco revolucionaria. Les recuerdo que el INE establece ese pórtico en un ingreso inferior a los 646 euros x 12 mensualidades.

Además, un subsidio (subsidium) tiene connotaciones cuasi ortopédicas, algo que literalmente te ponen debajo (sub) de la silla (sedes) para ayudarte a sostenerte en caso de minusvalía económica. Y en una crisis como la actual, generada por la delincuencia financiera internacional, en un sistema incapaz de crear empleo, pedir ayudas de este tipo no se corresponde con la dignidad a la que debe aspirar un movimiento que aspira a mejorar la calidad de nuestra democracia .

Lo revolucionario, conceptual y políticamente hablando, sería abogar por la instauración de un Ingreso Universal Garantizado, lo que en la jerga habitual llamamos Renta Básica de Ciudadanía. Y para no cansarles en su descripción, me remito igualmente a otro artículo previo que encontrarán aquí.

No permitamos sequedad de miras en las reivindicaciones del movimiento DRY.

Carnet de paro.

Cuando hablamos de Renta Básica ¿de cuánto dinero estamos hablando?

Se han propuesto distintos criterios: pensión media, algún porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional, umbral de la pobreza… Personalmente, creo que el umbral de la pobreza es un buen criterio. Como se sabe, existen dos conceptos de umbral de la pobreza. El llamado “absoluto” que se calcula por medio de estimaciones de lo que cuesta la alimentación necesaria que precisa una persona para cubrir sus necesidades energéticas, más el coste de otros productos considerados básicos que no son alimentarios. El segundo concepto de umbral de pobreza es el llamado “relativo”.

El Instituto Nacional de Estadística lo define así: “La tasa de pobreza relativa es el porcentaje de personas que está por debajo del umbral de pobreza, medido éste como el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Por tanto, por tratarse de una medida relativa, su valor depende de cómo se distribuya la renta entre la población.” Pero hay que contar también el número de personas que viven en el hogar. 4 personas que viven en el mismo hogar gastan más que 1, pero no 4 veces más. Por esa razón se utiliza una escala (llamada de la OCDE) por la cual se otorga un peso de 1 al primer adulto, un peso de 0,5 a los demás adultos y un peso de 0,3 a los menores de 14 años. En el año 2009, si en un hogar vivían 2 adultos y 2 menores de 14 años, se estaba por debajo del umbral de la pobreza si se disponía de menos de 4.170 euros anuales por persona. En un hogar en donde solamente viviera una persona, el umbral de la pobreza estaba situado en 7.945 euros. Con datos de 2009, según el INE, el 19’5% de la población estaba situado por debajo del umbral de la pobreza. Y, sea dicho de paso, más de un tercio de la población no tenía capacidad el año pasado para afrontar pagos imprevistos. Así que unos 500 euros mensuales por persona adulta y la mitad para los menores, de seguir cercanos al criterio del umbral de la pobreza, sería hoy la cantidad aproximada de una renta básica.

Tomemos el caso hipotético de su aplicación en España ¿de dónde saldría el dinero para financiar una Renta Básica?

Puede salir de dos sitios: de una redistribución del gasto público y de una reforma impositiva. No hay secretos al respecto.

Toda propuesta de RB debe especificar la cantidad y, tan importante o más que lo anterior, de dónde va a salir el dinero. Una financiación de una RB supone una redistribución de la renta. Se puede financiar una RB redistribuyendo la renta a favor de los ricos, o a favor de los pobres. Proponer una financiación de la RB que beneficie a todos es simplemente no entender gran cosa de la RB. En buena parte de las propuestas hasta hoy realizadas de financiación de una RB, los ricos pierden y los pobres ganan. Indeseable sería una propuesta de RB en que estos términos se invirtieran. Sería una RB desastrosa, en mi opinión.

Una RB que favorezca a los sectores pobres y con menor renta es una opción de política económica. Es una opción diferente a la de rebajar los impuestos de los más ricos, o a la de facilitar legalmente a las empresas el despido de los trabajadores así como contratarlos de forma más barata, o a la de permitir las operaciones económicas altamente especulativas, o a la de distribuir la renta de los más pobres a los más ricos, o a la de permitir la existencia de los paraísos fiscales. Como también es una opción diferente a la de congelar las pensiones y eliminar la retroactividad en el cobro de las prestaciones de la Ley de Dependencia, por citar algunas de las medidas que el Gobierno del PSOE anunció a mediados de mayo. O, por apuntar una de las últimas aberraciones de desigualdad social que he leído recientemente, que se permita en EEUU que John Stumpf, presidente de Wells Fargo, se agencie en 2009 una cantidad de dinero equivalente a 53 años de trabajo del Presidente de aquel país o a 665 años de trabajo de alguien que cobre el salario medio de los trabajadores de EEUU.

La Renta Básica ¿No sería una invitación a dejar de trabajar?

¿Dejar de trabajar? Precisemos algo los términos. Hay una serie de actividades (trabajos) por los que no se percibe ninguna remuneración monetaria a cambio. La tipología que me parece mejor establecida es la que distingue entre trabajo con remuneración monetaria, trabajo doméstico y trabajo voluntario. Si el trabajo con remuneración monetaria fuera el único trabajo, entonces tantas mujeres que realizan trabajo doméstico no estarían trabajando. Punto que nos permite enlazar con otra confusión, según la cual no estar realizando un trabajo con remuneración monetaria equivale a no estar haciendo nada. Es una posibilidad, pero puede ser perfectamente posible que se esté desarrollando trabajo doméstico o trabajo voluntario. Observemos que existen muchos “trabajos” por los que se percibe una remuneración a cambio, a menudo muy generosa, respecto a cuya conveniencia social sería fácil ponerse de acuerdo en que es bien escasa si no inexistente. En muchos casos, se trata de actividades incluso socialmente contraproducentes o nefastas. Piénsese, por ejemplo, en las ocupaciones que tienen que ver con los ejércitos (muchos de los cuales han dirigido sus armas contra sus propias poblaciones) o, por otro ejemplo, en las de determinados altos cargos tanto del sector privado como del público, muchas veces simbólicos, muy generosamente remunerados.

Si usted se refiere más concretamente entonces a si la RB sería una invitación a dejar de trabajar remuneradamente, algunos trabajos de simulación que citaba en mi último libro permiten justamente sospechar lo contrario.

La objeción de que se invitaría a dejar de trabajar remuneradamente no es exclusiva de la RB. Ante casi toda medida social y económica que mejore la situación de los que no son los más ricos, acostumbran a salir unas objeciones de la misma ralea. Por poner solamente un ejemplo, en los debates en EEUU acerca del seguro de desempleo sucedió algo muy parecido. Obsérvese lo que dijo el conocido historiador Arthur M. Schlesinger, Jr. cuando se debatía a finales del primer tercio del siglo pasado acerca de la conveniencia o no del seguro de desempleo: “Con el seguro de desempleo, nadie trabajaría”.

En cualquier caso, oficialmente (subrayo lo de oficialmente) a principios de mayo de 2010 hay oficialmente en el Reino de España más de 4.600.000 personas que quieren trabajar remuneradamente y no pueden. Éste sí es un problema muy real.

¿Y qué pasa con los trabajos que nadie quiere?

Pues que tendrían una presión muy grande para o bien mecanizarse o bien aumentar los salarios para hacerlos apetecibles, aunque fuera temporalmente, para algunas personas. Consecuencias, de ser efectivamente así, muy saludables.

¿No frenaría la RB el proceso de incorporación de la mujer al mundo del trabajo?

Al mundo del trabajo asalariado, supongo que se refiere, porque trabajar domésticamente lo hacen muchas mujeres, como anteriormente he tenido oportunidad de apuntar. No acabo de ver por qué una RB debería frenar la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado. En todo caso, al igual que muchos hombres, con una RB ganarían en libertad para poder elegir cuándo y en qué términos quieren incorporarse al trabajo asalariado. Ya en el siglo XVIII la pionera Mary Wollstonecraft dijo que los derechos, la ciudadanía y la posición de las mujeres requerían además de otros cambios radicales, independencia económica tanto para las casadas como para las solteras. Como ha subrayado una de las más conocidas filósofas feministas del mundo anglosajón, Carole Pateman, una RB sería importante, cito textualmente, “para el feminismo y la democratización precisamente porque está pagada no a los hogares sino a los individuos como ciudadanos.” Francamente, creo que una RB aumentaría la libertad de muchas mujeres al no tener que depender materialmente de sus maridos o parejas de convivencia. Además, me gustaría recordar que una mujer no es necesariamente más libre si trabaja asalariadamente que si no lo hace. El trabajo asalariado en general es un trabajo que se hace a cambio de un salario para poder sobrevivir. En un puesto de trabajo puede haber por parte de los superiores jerárquicos, además, acoso, grosería, etc. ¿No es más libre una mujer que, gracias a la RB, puede plantearse cambiar de trabajo asalariado o, incluso, permanecer un tiempo fuera del mercado laboral?

Y con la RB ¿No habría una subida generalizada de precios que invalidaría la propuesta?

No. Una RB teóricamente puede financiarse de formas inflacionarias y de formas no inflacionarias. Habría que optar por alguna modalidad de financiación no inflacionaria.

En cualquier caso, la RB sólo sería posible en los países ricos, lo que invalida su principio de universalidad

Otra vez no. Cada vez hay más propuestas y simpatías por algunas versiones de la RB en países que no pueden ser incluidos dentro del grupo de los ricos. Por ejemplo, hay un indudable y creciente interés por la propuesta de la RB en países como Argentina, Namibia, Brasil, Sudáfrica, México, Uruguay y Colombia, por citar tan sólo 7. Es más, como algunos autores han apuntado, la propuesta de la RB quizás sea aún más pertinente en los países que no forman parte del distinguido club de los países ricos puesto que la pobreza alcanza a la mayor parte de sus poblaciones.

La adopción de una RB ¿No provocará un aumento del “efecto llamada” de la inmigración procedente de los países pobres?

Los pobres de los países pobres emigran hacia los países ricos porque tienen el convencimiento de que es imposible poder llevar una vida en su propio país que les aparte de la penuria más extrema. Si esto es así, y estoy convencido de que lo es, las supuestas consecuencias en términos de “efecto llamada” de la introducción de una RB deben rebajarse. El “efecto llamada” seguirá existiendo mientras no existan posibilidades reales para gran parte de sus poblaciones de poder vivir en los países pobres. Con RB o sin ella. Muchas de las tradicionales formas de existencia de estas poblaciones han sido esquilmadas por las grandes multinacionales de los países ricos.

Además, la argumentación contra la RB por el supuesto efecto llamada tiene un componente que me parece políticamente tenebroso.

La lógica de la argumentación, como ya he dicho en otras ocasiones, puede ser reformulada así: intentar mejorar mediante la RB la situación de los sectores más pobres y dominados de los países ricos agranda las diferencias con respecto a la población pobre de los países pobres. Siguiendo la lógica de esta argumentación, bien podría decirse que cualquier medida que suponga una mejora de la situación de los sectores más pobres, aunque no únicamente de estos sectores, de los países ricos ensanchará estas diferencias. Las reformas sociales que en los países ricos se considere que deben ponerse en práctica pueden tener argumentos favorables o contrarios, pero es de dudosa coherencia el argumento según el cual “puesto que los habitantes de los países pobres no la tienen… no se ha de poner en práctica”.

Precisamente la situación de miseria extrema en la que viven muchas personas en los países pobres (a veces malviviendo al lado de grandes opulencias) creo que es una poderosa razón para implantar también en los países pobres una RB.

Garantizar la existencia ¿generaría libertad o control político sobre la población por parte del Estado?

La RB garantizaría, siempre que fuera al menos igual al umbral de la pobreza, la existencia material a la población que la recibiera. Sin la existencia material garantizada no puede existir libertad. Si tengo que pedir aquiescencia a X para poder vivir cotidianamente, mi existencia material depende de X.

Soy partidario de la libertad republicana. Junto a otros amigos, especialmente con María Julia Bertomeu, Antoni Domènech, Jordi Mundó y David Casassas, he estudiado la posible justificación republicana de la RB. Pero como con el republicanismo hay una gran confusión, creo que vale la pena dedicarle algunas palabras. Tenemos, por un lado, el republicanismo histórico, que a su vez hay que diferenciar entre el oligárquico y el democrático, y por otro, el que se conoce como neorepublicanismo académico, que se ha puesto en boga en algunos medios universitarios y, aunque con menor intensidad, también en determinados entornos políticos. Para este neorepublicanismo académico, una persona sería libre en ausencia de dominación, es decir, de interferencia arbitraria de otros particulares (o del Estado). En cambio, para el republicanismo histórico (cuyos inicios se encuentran en la democracia ática), el origen principal de la interferibilidad arbitraria es la privación de independencia material. Si no se tiene este punto presente, entonces la “dominación” se hace vaga y se desinstitucionaliza, y puede incluirse bajo ella aspectos de las relaciones humanas que el republicanismo histórico en ninguno de los casos habría considerado adecuados políticamente. Para el republicanismo histórico, no puede entenderse la libertad republicana al margen de la existencia material en sociedad. Fue el republicano Robespierre quien por vez primera habló de “derecho a la existencia”. Defendía de forma inigualable que la sociedad debe garantizar a todos sus miembros, como primer derecho, el de existir material y socialmente. Fue otro republicano, Thomas Paine, quien en un celebérrimo texto de 1796 -Agrarian Justice- defendió la necesidad y la justicia de crear un “fondo nacional” mediante impuestos a la propiedad privada de las tierras, a fin de introducir una pensión vitalicia para “toda persona actualmente viva” (mayor de cincuenta años) de “10 libras esterlinas anuales”.

Las propuestas de Robespierre y de Paine pueden verse como precedentes, en un sentido muy laxo, de la RB. Como también puede verse como precedente, mucho antes aún, el misthon, la remuneración que las reformas democráticas áticas idearon en tiempos de Efialtes para permitir el desempeño de cargos públicos por parte de los pobres libres, que difícilmente hubieran podido aceptar tales cargos sin esta remuneración pública.

Si se tiene una concepción republicana de la libertad se entenderá rápidamente que a la pregunta formulada solamente se puede responder: sin la garantía de la existencia material no puede haber libertad.

Si el trabajo debido a la proporción fija de parados ya no puede ser el vínculo que integra al individuo en sociedad ¿cuál es la alternativa?

Si entiendo bien la formulación, debo decir que no hay una proporción fija de parados. Actualmente, por ejemplo, hay exactamente el doble que al inicio de la crisis económica que todavía padecemos a mediados de 2010. Pero atendiendo a la alternativa al trabajo (remunerado) que integra al individuo en sociedad, creo que está contestada en la pregunta anterior: garantizando la existencia material a toda la ciudadanía y residentes acreditados.

El único país donde se aplica una RB es en Alaska, gracias a la explotación del petróleo cuyo beneficio se reparte entre la población. ¿Qué ventajas y desventajas se han constatado en estos años de aplicación?

Desventajas no conozco. La principal ventaja ha sido haber convertido Alaska en el Estado más igualitario de EEUU. En Alaska existe una RB desde 1982. La historia de su implantación es muy curiosa. En todo caso, son casi 30 años de experiencia. Así como en los inicios generó muchas dudas, actualmente no hay nadie que proponga su desaparición. Todas las personas que residen en Alaska, reciben un dividendo anual calculado a partir del rendimiento medio, a lo largo de los 5 años anteriores, del fondo creado a partir de los ingresos de la explotación petrolífera. Me decía hace poco un profesor de Alaska que si algún político se atreviera a pedir la supresión de la RB, tendría muchos problemas y, en cualquier caso, tendría asegurada la derrota.

La forma de financiarse la RB en Alaska no me parece la más adecuada. Prefiero una financiación pública no sujeta a los vaivenes de los precios del petróleo ni a la coyuntura bursátil.

Pero una financiación pública significa intervenir en la economía. Comentabas antes que en algunas propuestas de financiación de la RB “los ricos pierden y los pobres ganan”. ¿Cómo se combinan ambas afirmaciones?

La RB es una opción social y económica. Significa intervenir económicamente en un sentido muy preciso: mejorar la situación de los más pobres y de los que tienen menos renta. El mercado siempre ha estado intervenido. La diferencia entre partidarios de los ricos y de los pobres, para decirlo de forma simplificada, no es que los primeros defiendan el mercado libre y los segundos quieran intervenirlo. La diferencia exacta es la siguiente: los primeros quieren intervenir el mercado para favorecer sus intereses y los segundos quieren intervenir el mercado para favorecer los suyos. Los bancos europeos han logrado recibir préstamos oficiales por una cantidad superior a 500.000 millones de euros a un 1% de interés (en el Reino de España más de 75.000 millones). Los mismos que reclaman contenciones en las pensiones y salarios, despidos más baratos, etc. ¿No es eso intervención de los mercados para unos intereses claramente definidos? Hace pocas semanas, el economista Dean Baker escribía en la revista Dissent (puede leerse la traducción en www.sinpermiso.info): “El rescate del sector financiero ha constituido la más obvia intervención reciente del sector público para redistribuir el ingreso hacia los más ricos. Cuando a finales del año 2008 Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley y el resto de grupos financieros se veían abocados a una quiebra irremisible, en ningún momento se enrocaron exigiendo que el sector público les dejara solos. No, esos gigantes financieros pordiosearon para que la administración pública les prestara dinero a tipos de interés inferiores a los del mercado y para que garantizara sus activos. Entidades como Goldman Sachs incluso insistieron en que el sector público debía participar en el aval de las deudas de sus socios en la quiebra bancaria, como en el caso de AIG.”

Difícilmente podría expresarse esta idea con mayor claridad. Recientemente se ha publicado que los 7 mayores bancos de EEUU han ganado 18.715 millones de dólares, es decir, un ¡50% más! que en el mismo período del año anterior. Y también muy recientemente, con las pérdidas que han tenido las aerolíneas, debido a la interrupción de vuelos con motivo de las toneladas de ceniza lanzadas a la atmósfera por la erupción de un volcán islandés, ¿qué es lo que han pedido estas aerolíneas? Ayudas al sector público, por supuesto.

Así que la RB, al menos en mi forma de entenderla (y hay muchas otras maneras perfectamente legítimas harto diferentes de hacerlo) es una opción social y económica que supone la intervención del mercado de manera que favorezca a la mayor parte de la población. No a los más los ricos. Exactamente lo contrario de lo que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos 35 años, si atendemos a ingredientes centrales como la distribución de la renta que se ha producido en este tiempo. El que fue ministro del presidente Clinton, Robert B. Reich, escribía en el diario The Washington Post del pasado 1 de febrero de 2009 que si en 1976 el 1% más rico de EE UU acaparaba el 9% de la renta nacional, en el 2006 ya acumulaba el 20%. Eso fue escrito justamente antes de la crisis. Veremos cuando salgan datos que ya incluyan el desastre para gran parte de la población que vive de su salario. Veremos, repito, cuando salgamos de la actual situación de crisis económica que fue provocada y ahora está siendo perfectamente aprovechada por los especuladores y banqueros que saben perfectamente, por decirlo en palabras del gran economista Michael Hudson, que “para que pueda gobernar el capital financiero primero deben saquearse a fondo las economías”.

Entrevista realizada por Fidel Naranja para la revista “El estado mental”

Entrevista a Martín Hopenhayn, director de Desarrollo Social de la CEPAL

Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y hasta Brasil están cerca de poder instaurar un ingreso mínimo universal o ciudadano sin condicionamientos y dar así el salto del sistema básico de protección social al de bienestar, aseguró Martín Hopenhayn.

“La premisa es que al ciudadano, por ser tal, le corresponde un umbral mínimo de subsistencia”, explicó el director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para quien este sistema es la forma de “hacer transferencias en serio” a los sectores más vulnerables y abatir así la desigualdad.

Pero para sustentar esta asignación hace falta una reforma profunda al sistema fiscal, dijo Hopenhayn a IPS durante el seminario organizado por la Cepal a finales de noviembre en la sudoccidental ciudad estadounidense de La Jolla, como cierre de los cinco años de su proyecto “Experiencias en innovación social”.

Las condiciones para asegurar un ingreso mínimo parecen consolidarse, según el reciente informe anual Panorama Social de América Latina y el Caribe de la Cepal, con la pobreza en franco retroceso pese a la grave crisis global que hoy hiere a Europa y Estados Unidos.

IPS: ¿Cómo evalúa la situación social regional, tras un lustro de bonanza, interrumpida por la crisis global de 2008?

MH: Comparado con los años 80 y 90, hay una clara mejora de los indicadores sociales. Desde 2002 a la actualidad, la pobreza pasó de afectar a 44 por ciento de la población regional a 32,1 por ciento. La creación de empleos y al aumento de los ingresos familiares por salarios o programas sociales rompió con el estancamiento o tendencia en contrario de décadas.

Aunque parezca increíble por la tremenda crisis que soportamos, también se verificó un retroceso general de la pobreza e indigencia, aunque pequeño, en 2009 y este año. Los gobiernos han adoptado, a diferencia del pasado, criterios contracíclicos ante las crisis, se lanzaron a invertir y a proteger el empleo y los ingresos de los hogares pobres.

Lo otro positivo en este tiempo de cambios es que por primera vez en muchísimos años se registró una mejora en la distribución de la riqueza, aunque sigue siendo la región más desigual del mundo. Pero el índice de Gini mejoró en casi todos los países, en especial en Brasil y Venezuela.

IPS: ¿Por qué la desigualdad resulta el hueso más duro de roer, pese a la instalación de gobiernos de izquierda con esa premisa en sus programas?

MH: El mayor problema es que hay mucha dificultad para reducir brechas salariales, en parte por la alta incidencia del sector informal de la economía, donde, pese a los avances, aún trabaja la mitad de la población urbana. Además, todavía subsiste un enorme aparato productivo rezagado, sin acceso a mercado, y baja especialización.

IPS: También el crecimiento se basa en las materias primas, que no generan demasiado empleo…

MH: Ahí hay un dilema muy grande. El aumento notable de los precios internacionales de las exportaciones agrícolas y de recursos naturales ha sido un gran aliado para el crecimiento de muchos países, como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pero el problema es que son áreas que generan muy poco empleo y que son concentradoras de riqueza.

El gran desafío para la región es diversificar la producción de riqueza.

IPS: Además el incremento de los precios agrícolas se replica en el mercado interno…

MH: Ese es un gran problema. En este periodo analizado se habría podido aminorar todavía más la extrema pobreza si no fuera por la inflación en los precios de los alimentos, pues en ello este sector social gasta casi todos sus ingresos.

Hay casos excepcionales como el de Argentina, donde el gobierno desacopló los precios domésticos de los internacionales en un alimento básico para este país como es la carne vacuna.

IPS: Pero esa política fue muy criticada adentro y fuera de Argentina…

MH: Es problemático. Pero debo decir que Argentina no tuvo un impacto demasiado negativo en sus exportaciones por esa medida y, en cambio, sí mejoró la posición interna.

IPS: ¿Qué recomienda la Cepal a los gobiernos para combatir la desigualdad, cuando se augura un nuevo periodo de bonanza?

MH: La primera recomendación es lo que nosotros llamamos el pacto fiscal. América Latina tiene en promedio una carga tributaria en torno al 17 por ciento del producto interno bruto (PIB), que es muy baja. En México, por ejemplo, no se pasa de 12 por ciento.

Para peor, la estructura de impuestos que, a diferencia de Europa, son indirectos, es muy injusta, porque hace que paguen todos por igual, ricos y pobres. Son tributos al consumo. En cambio son muy bajos los que se cobran a los ingresos de las personas y a las utilidades empresariales, además de haber muchas exenciones.

Entonces, una reforma al sistema tributario se hace vital. La combinación de crecimiento económico con mayor carga fiscal y más redistributiva se traduce en aumento de recursos para las políticas sociales. Para hacer transferencias en serio, desde lo social.

IPS: ¿Es decir un aumento mayor del gasto social?

MH: Actualmente la transferencia a los sectores pobres, con planes como el brasileño Bolsa Familia o el mexicano Oportunidades, es de apenas 0,5 o 0,6 por ciento del PIB. Sigue siendo muy bajo, pese al esfuerzo.

¿Qué pasa si podemos transferir recursos a todas las familias con cierto grado de vulnerabilidad social que los coloquen por encima de la línea de la pobreza? Ello permitirá un desarrollo positivo de la infancia y mejorar así rendimientos educativos y reducir la desnutrición.

Es decir, encaminar la situación a romper la reproducción intergeneracional de la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

IPS: ¿La opción es instaurar un ingreso mínimo a las familias sin las contrapartidas exigidas hoy?

MH: Hay una gran discusión en la región en cuanto a si vamos a pasar o no de los programas de transferencia condicionada hacia un ingreso ciudadano. Hasta ahora han sido con contraprestaciones y montos muy bajos.

El condicionamiento tiene una cierta lógica. Mata dos pájaros de un tiro: las familias tienen más ingresos y, a cambio, los hijos tienen una mayor continuidad educativa. Sin embargo, otra vez el ejemplo brasileño nos indica que el programa Bolsa Familia mejoró el ingreso, pero no ha variado la escolaridad de la infancia, porque ya es casi universal en primaria.

El punto es si vamos a pasar del sistema básico de protección social al de bienestar, y ahí está el concepto de ingreso ciudadano.

Tenemos que ver qué economías de la región están en condiciones de avanzar hacia un ingreso mínimo garantizado. La premisa es que al ciudadano, por ser tal, le corresponde un umbral mínimo de subsistencia.

IPS: ¿Qué países están en condiciones de hacerlo?

MH: Se deben combinar al menos cuatro variables: el ingreso por persona producto de la capacidad productiva del país, la carga tributaria, la cobertura de la seguridad social y el nivel educativo medio. En ese plano, los que más cerca aparecen son Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica, aunque Brasil no está tan lejos.

Si algo caracteriza al republicanismo democrático es la defensa de un concepto de ciudadanía plena y la afirmación del monopolio del poder civil para la determinación del interés público, frente a la pretensión de disputárselo por parte de poderosos grupos privados, económicos o ideológicos.

Son los viejos principios republicanos que se basan en la identificación de la libertad con la ausencia de dependencia o dominación y de su fundamento en la independencia material o en el autogobierno en lo público y en lo privado. Y en que la libertad así entendida, la libertad republicana, no podrá mantenerse si la propiedad estuviera desigual y polarizadamente distribuida, en exceso.

Así, un Estado republicano tiene que favorecer formas alternativas de propiedad colectiva y todos aquellos mecanismos institucionales que doten de seguridad material y económica a todos los ciudadanos sin exclusión.

Esos principios se materializan en el jacobino derecho a la existencia social públicamente garantizado (Robespierre) o en un ingreso material incondicionalmente asignado a todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo (Tom Paine), conceptos ambos que hoy están presentes en lo que llamamos renta básica de ciudadanía o ingreso ciudadano.

El empleo como eje del Estado social

Es indudable que en el siglo XX ese derecho a la existencia de todos tuvo un importante avance, al menos desde un punto de vista formal, con la constitucionalización del Estado social, en sus distintas formas, en las Constituciones del periodo de entreguerras y en las normas fundamentales posteriores a al fin de la II Guerra Mundial.

Sobre este trasfondo de la postguerra mundial, justamente se consolida el Estado Social como una especie de acuerdo o compromiso implícito de clases, expresado en un pacto asimétrico entre capital y trabajo: lo que se ha llamado pacto keynesiano o fordismo.

A tenor de dicho pacto que permitió al capitalismo disfrutar durante tres décadas de una expansión sin precedentes, el trabajo acepta la lógica de la ganancia y del mercado, a cambio de un capitalismo regulado, la consolidación del derecho del trabajo y la seguridad social, límites a la autonomía contractual civil, el desarrollo de criterios objetivos de responsabilidad, la previsión de riesgos y la juridificación de intereses colectivos hasta entonces excluidos del contrato social mediante el reconocimiento constitucional de los derechos sociales clásicos (sanidad, seguridad social, vivienda, educación, etcétera)

No obstante, como es sabido, el carácter meramente programático de los derechos sociales, da un sentido “débil” a su constitucionalización en comparación con las garantías jurisdiccionales que se otorgan a los derechos y libertades políticos “clásicos”, esto es, los derecho sociales son mandatos políticos o normas de efecto indirecto, no verdaderos derechos subjetivos, que requieren la intervención del legislador ordinario para su efectividad. Todo ello multiplica los espacios de legalidad atenuada y de preponderancia del decisionismo administrativo y, por tanto, de la discrecionalidad en el desarrollo y aplicación de los derechos sociales (Pisarello).

Por otra parte, aunque son evidentes las conquistas y mejoras sociales que en el Estado del bienestar se obtienen por los trabajadores y otros sectores vulnerables que hasta entonces estaban privados del ejercicio real y efectivo de la ciudadanía, es un hecho que el contexto de capitalismo fordista en el que se desarrolla implica que la protección de los derechos sociales se subordine en gran medida a la garantía de los derechos laborales, esto es, los derechos sociales se convierten objetivamente en un medio de costear la reproducción y cualificación de la fuerza de trabajo a través de las prestaciones sanitarias, educativas, de vivienda o de seguridad social y, únicamente, se obtienen si se ha participado en el proceso productivo como trabajador.

El empleo se configuraba así como la principal garantía del derecho a la inserción y del reconocimiento social.

De tal manera que en los llamados Estados del bienestar el reconocimiento formal de derechos no ha comportado la igualdad real de las condiciones de vida de los ciudadanos, sobre todo, de quienes no consiguen acceder, o acceden de forma limitada, a la ciudadanía a través del trabajo formal: mujeres fuera del mercado laboral o en la economía informal, desempleados de larga duración, discapacitados o extranjeros. Y las políticas asistenciales no han sido capaces de de acabar con la exclusión social, ni romper los espacios de dominación privados, económicos, culturales o de género, creando los subsidios de cobertura de mínimos a los más necesitados una importante espiral de dependencia en muchas personas, que les impide desarrollar sus respectivos planes de vida y, en ocasiones, les estigmatiza como culpables de su propia exclusión.

Neoliberalismo y crisis del Estado del bienestar

Estas tendencias del Estado social se ponen de manifiesto con más crudeza a partir finales de los años setenta del siglo pasado, con el inicio de la hegemonía del neoliberalismo que viene a romper el consenso fondista de postguerra. Dicho proceso caracterizado por la extensión de la economía financiera en detrimento de la productiva y la desenfrenada carrera por la reducción de costes sociales contribuye a socavar la base del contrato constitucional del Estado social.

Y así los derechos sociales y el bienestar material (“de la cuna la tumba”) que gran parte de la población trabajadora occidental parecía haber logrado irreversiblemente, como consecuencia de las luchas obreras de finales del siglo XIX y del primer tercio del XX y del compromiso de clases alcanzado después de 1945 se han visto seriamente amenazados en los últimos años de “globalización neoliberal”, en los que se han invalidado nexos causales como el de producción-ocupación, salario-productividad y ha disminuido el papel del Estado nación como agente del proceso de acumulación y como regulador, mediante la política fiscal, de la distribución de la renta.

La eliminación de controles políticos a los mercados, las políticas indiscriminadas de privatización y reducción de servicios públicos y la “rebaja” de los derechos laborales han acabado por desatar un aumento de las desigualdades sociales, más acentuado en estos tiempos de crisis económica aguda, que reduce la autonomía individual y colectiva de amplios sectores de la sociedad.

Paralelamente este capitalismo desregulado ha ocasionado la división de las clases trabajadoras, con un sector de obreros con empleos estables cada vez más minoritario, un creciente número trabajadores con empleos precarios, sin derechos ni garantías, cuando no en situación de exclusión como los asalariados con sueldos bajo el umbral de pobreza (working poors), en cuyo caso “el derecho al trabajo es el derecho a la miseria” (Lafargue).

Esta fragmentación y flexibilidad del mundo laboral, el cambio de la tipología tradicional de las formas de empleo y de las relaciones de producción, provocan una vuelta a la negociación individual de las condiciones de trabajo frente a la negociación colectiva, retrocediendo nuevamente la ficción jurídica de raíz liberal, contenida ya en el Código Civil napoleónico, de acuerdo con la cual los trabajadores son propietarios libres de su fuerza de trabajo y, por tanto, con la misma capacidad jurídica que el resto de propietarios para realizar actos y negocios jurídicos, sin coacciones, ni condicionamientos.

Por el contrario, para la tradición republicana el trabajo asalariado es una forma de esclavitud a tiempo parcial o una especie de esclavitud limitada (Aristóteles) del trabajador respecto de los empleadores, propietarios de las condiciones objetivas de trabajo, ya que sólo puede trabajar con el permiso de estos (Marx). Y es indudable que la subordinación imperante en las relaciones laborales, a pesar de la constitucionalización de los derechos sociales y de los principios del derecho del trabajo, se ve incrementada en el caso de la contratación y negociación individual cuando carece de los contrapesos adecuados y de los vínculos de solidaridad de clase, articulados como formas colectivas de representación y mediación, como sucede con la actual crisis de los sindicatos obreros clásicos.

Hay que ser conscientes que en estas circunstancias el empleo ha dejado de ser la principal forma de integración social, al haberse roto el modelo de pleno empleo sobre el que giraba el Estado del bienestar. La situación actual del mercado laboral se caracteriza por una inseguridad que no tiene sólo que ver con la disminución del volumen de trabajo, sino también por el dominante principio neoliberal de abaratar para las empresas los costes sociales, lo que lleva inevitablemente a la precarización de la situación de los trabajadores y al deterioro de los derechos laborales.

En este contexto, el desempleo es un ya un fenómeno estructural, acentuado en estos tiempos de crisis. Ningún trabajador activo tiene la certeza de disfrutar de un empleo para toda la vida, ni de cotizar la suficiente para generar el derecho a una pensión de jubilación en el futuro, ya que las trayectorias laborales son fragmentarias e inciertas y los gobiernos tienden a recortar las prestaciones públicas y endurecer los requisitos para acceder a las mismas. Al mismo tiempo los índices de pobreza aumentan y por debajo de su umbral están muchos asalariados.

Por tanto, más que reivindicar el derecho al empleo habría que reivindicar el derecho al trabajo en un sentido amplio (José Luis Rey), como derecho a la inclusión y reconocimiento social, como el derecho que toda persona tiene a desempeñar una tarea en la que aporte su creatividad, sus dotes psicológicas y sus aptitudes físicas. El empleo o trabajo asalariado es pues un subtipo de trabajo, junto a otras ocupaciones de igual relevancia social, aunque no lo suficientemente valoradas o reconocidas, como el trabajo voluntario, el trabajo doméstico o el trabajo en el cuidado de otros.

¿Cómo se garantizan los derechos sociales en el marco de la crisis del Estado social o del Estado del bienestar?

Aparte de la extensión a los derechos sociales, en la medida de lo posible, de las garantías jurisdiccionales que ya tienen los derechos políticos “liberales”, vinculando a los poderes públicos, pero también a los poderes sociales y económicos, al cumplimiento, en esta materia, de las obligaciones de respeto promoción y no discriminación, la izquierda debe seguir reivindicando la necesidad del gasto público y del gasto social, financiado con un sistema tributario progresivo, para mantener los servicios públicos y la universalidad e incondicionalidad de las prestaciones sanitarias, educativas, sociales, culturales y económicas públicas.

Pero con eso no basta, también el Estado ha de asegurar a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad su derecho a la existencia social mediante una renta básica universal de ciudadanía, incondicionalmente garantizada a todos de forma individual, independientemente de otras fuentes de renta, sin necesidad de una comprobación de recursos y sin requerir el desempeño de algún tipo de trabajo o aceptar un empleo ofrecido.

La Renta Básica de Ciudadanía se configura así, no sólo como un derecho subjetivo, sino también como una “garantía primaria” (Ferrajoli) en cuanto aplicación de una política de igualación social, sustancial y universal, que aunque, aparentemente más costosa, a la larga resulta más legítima y eficaz. Por un lado, permitiría ampliar la autonomía individual y colectiva de las personas, ayudando a erradicar las situaciones de pobreza y conjurando la estigmatización y clientelismo que suponen las políticas sociales condicionadas a pruebas de recursos. Por otro, simplificaría la gestión y reduciría los costes de la mediación burocrática de los regímenes asistenciales tradicionales.

En ningún caso, los partidarios de la Renta Básica creemos que esta sea un sustituto del Estado social o una coartada para recortar más derechos y avanzar en su desmantelamiento. Por el contrario la creemos que un ingreso ciudadano universal puede ser una medida eficaz y, desde luego, no la única para consolidar y preservar los derechos sociales.

En lo que concierne a las relaciones laborales y el mercado de trabajo, un ingreso básico ciudadano universal facilitaría incondicionalmente a todos los individuos un umbral mínimo de autonomía material, de manera completamente independiente de su condición laboral y familiar, y constituiría un freno a la dominación social y económica que padecen la mayoría de los ciudadanos.

La seguridad en los ingresos, que la garantía de una renta básica comportaría, impediría que los trabajadores se viesen impelidos a aceptar una oferta de trabajo a cualquier condición, lo que dotaría a los trabajadores de una posición de resistencia mayor de la que poseen ahora (Raventós).

Y en el actual proceso de “individualización” de las relaciones laborales y de producción, la disponibilidad de una renta independiente de la actividad laboral y, por tanto, desconectada del chantaje de la necesidad incrementaría indudablemente el poder de negociación de los trabajadores, no sólo en el plano individual, sino también en el colectivo, ya que la renta básica podría favorecer el desarrollo de nuevas formas de reivindicación social y ayudar a recomponer la unidad de acción de las distintas subjetividades en que se divide hoy las clases trabajadoras. Incluso se ha dicho que la renta básica podría ser en caso de huelga, una especie de caja de resistencia incondicional e inagotable (Wright).

Por otra parte, un ingreso básico garantizado, en una cuantía suficiente, permitiría afrontar la actual tendencia al incremento de la jornada laboral, ya que los trabajadores dependientes, en general, y los especialmente afectados por el resucitado principio de disponibilidad laboral, como los precarios o los “autónomos por cuenta ajena”, podrán optar por trabajar menos horas, sin que ello comporte necesariamente una disminución de sus ingresos, con una simultanea mejora en su calidad de vida, ofreciendo a todos la posibilidad de combinar el tiempo dedicado a la actividad laboral o profesional con el dedicado a las tareas de estudio, al cuidado de otros, a la formación o a la participación cívica.

Asimismo, entre otros efectos positivos, el establecimiento de una Renta Básica de Ciudadanía:

Favorecería la auto-ocupación y la economía social.

Reconocería a aquellos que realizan trabajos distintos del remunerado, pero de igual utilidad social, como el trabajo voluntario, los cuidados de otros o el doméstico.

Potenciaría la elección de trabajos a tiempo parcial o la reducción de la jornada, estimulando un reparto del trabajo y la creación de nuevos empleos.

Ayudaría a acabar con la “trampa de la pobreza” provocada por lo subsidios condicionados, ya que la renta básica se percibiría se trabaje o no, por lo que hasta un empleo escasamente retribuido podría mejorar la renta neta con respecto a una situación de inactividad (Van Parijs/Vanderborght).

Equivaldría a transferir los subsidios al empleo que hoy van a manos de los empresarios (bonificaciones en las cotizaciones sociales, deducciones fiscales, etc.) a las de los trabajadores para que ellos puedan decidir que empleos merecen ser subsidiados (Van Parijs).

Bibliografía de referencia:

Gerardo Pisarello. Del Estado social legislativo al Estado social constitucional. Isonomia nº 15, octubre de 2001.

Antoni Doménech y Daniel Raventós. La renta básica de ciudadanía y las poblaciones trabajadoras del primer mundo. Le Monde Diplomatique (edición española), número 105, julio de 2004.

Gerardo Pisarello y Antonio de Cabo (eds.). La renta básica como nuevo derecho ciudadano. Trotta 2006.

Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght. La renta básica. Una medida eficaz para luchar contra la pobreza. Paidos 2006.

Daniel Raventós. Las condiciones materiales de la libertad. El Viejo Topo 2007.

José Luis Rey Pérez. El derecho al trabajo y el ingreso básico. ¿Cómo garantizar el derecho al trabajo? Dykinson 2007.

José Miguel Sebastián es Coordinador del Observatorio de Renta Básica de Attac-Madrid

El neoliberalismo, doctrina creada por los bien pagados marmitones que trabajan en las cocinas de los think tanks subvencionados por el mundo de los negocios ensalza la fábula del mercado como supremo organizador de la vida de las personas. Friedrich von Hayek, detractor de toda forma de socialismo y planificación de la economía, Ludwig von Mises y el inspirador de la escuela monetarista de Chicago, Milton Friedman, proporcionaron el fondo teórico. Aprovechando que Hayek vuelve a ser un éxito de ventas, debería ser leído sin prejuicios, comprobando que es partidario de proporcionar a todo el mundo un ingreso básico: lo que hoy llamamos Renta Básica de Ciudadanía.

Aderezando las ideas de estos economistas con apropiadas dosis de darwinismo social, los bien pagados cocineros se sacaron del mandil el neoliberalismo. Un plato de nouvelle cuisine para ricos que tenía la ventaja de aprovechar el viejo y proverbial caldo de la tacañería y servirlo con tres ingredientes novedosos: liberalización, privatización y desregulación.

Liberalización no debe confundirse con liberación: acción y efecto de liberar, es decir, poner en libertad, hacer que alguien o algo quede libre. Liberalizar significa, lisa y llanamente, adaptar las cosas a lo que propugna la doctrina económica del neoliberalismo, que preconiza levantar las restricciones estatales que regulan una determinada actividad.

Privatización equivale a traspasar la titularidad de los bienes de carácter público al capital privado con el argumento de que la iniciativa privada gestiona los asuntos económicos con mayor eficacia que el Estado. Se oculta celosamente que, cuando un servicio adquiere carácter de negocio, sólo se presta a aquellos que pueden pagarlo, de manera que la privatización de servicios esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones de jubilación rompe la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. La política de privatizaciones roza el latrocinio organizado.

Desregulación significa suprimir las intervenciones administrativas o legales que regulan un ámbito determinado de la actividad social o económica. Una construcción ideológica viciada, que acaba mordiéndose la cola como una pescadilla. En general, cuando el discurso político habla de desregular alguna cosa, el objetivo suele ser la remuneración o condiciones de los trabajadores (salarios directos, subsidios por desempleo o pensiones) o los servicios públicos.

Según las listas de éxitos que publican Amazon y Barnes&Noble, las dos mayores librerías del mundo en Internet, el libro más comprado en la última semana es la última edición de Camino de servidumbre, (The Road to Serfdom) de Friedrich A. Hayek, que se publicó por primera vez en 1944.

En esta obra, de obligada referencia para los entusiastas del neoliberalismo, Friedrich A. Hayek (1899-1992), Nobel de Economía en 1974, realiza una durísima crítica contra todo tipo de planificación económica, que en su opinión significa el fin de la libertad individual. Sin embargo, Hayek, que no sucumbe a la ingenuidad de identificar libertad económica con libertad efectiva, piensa que una sociedad que ha alcanzado un elevado nivel de riqueza, puede perfectamente ofrecer la garantía de un sustento mínimo para todos. Sin que ello ponga en peligro la libertad general.

Lean a Hayek, por favor:

Igual que la espuria “libertad económica”, y con más justicia, la seguridad económica se presenta a menudo como una indispensable condición de la libertad efectiva. Eso es, en un sentido, tan cierto como importante. [...] Será bueno contraponer desde un principio las dos clases de seguridad: la limitada, que pueden alcanzar todos y que, por consiguiente, no es un privilegio sino un legítimo objeto de deseo, y la seguridad absoluta, que en una sociedad libre no pueden lograr todos, y que no debe concederse como un privilegio -excepto en unos cuantos casos especiales, como el de la judicatura, donde una independencia completa es de extraordinaria importancia-. Estas dos clases de seguridad son: la primera, la seguridad contra una privación material grave, la certidumbre de un determinado sustento mínimo para todos, y la segunda, la seguridad de un determinado nivel de vida o de la posición que una persona o grupo disfruta en comparación con otros. O, dicho brevemente, la seguridad de un ingreso mínimo y la seguridad de aquel ingreso concreto que se supone merecido por una persona. [...] No hay motivo para que una sociedad que ha alcanzado un nivel general de riqueza como el de la nuestra, no pueda garantizar a todos esa primera clase de seguridad sin poner en peligro la libertad general.

Pues bien, esa es precisamente la propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía, de la que ya he hablado en este blog, y que tendré el placer de exponer hoy viernes, a las 20h en el Instituto de Estudios Transnacionales de Córdoba.

Carnet de paro

Según estadística de la Unión Europea, tenemos en este Reino de España hoy mismo más de 9 millones de personas viviendo con alguna renta correspondiente a situaciones oficialmente considerados para nuestra sociedad de pobreza relativa. Su reparto es muy desigual tanto por regiones o CC.AA. como dependiendo del tipo de hogares y unidades de convivencia: peor entre familias monoparentales u otras circunstancias, agravantes, como la inmigración ‘sin papeles’ con ‘ocupaciones basura’, paro y subempleos o pensiones mínimas de jubilación e invalideces, por ejemplo. En general, entre nosotros ahora se ven afectadas 1 de cada 5 personas adultas (algunos menos hombres y un poco más de las mujeres), si bien la incidencia asciende a 1 de cada 4 para los niños y en su ‘tercera edad’ hasta ya casi 1 de cada 3 conciudadanos mayores han llegado a ser pobres…

Aunque raramente se haya dicho, los porcentajes de las pobrezas relativas “antes de toda intervención redistributiva por el Estado del Bienestar” –según Eurostat- son análogos de partida tanto en España como, de media, para la restante UE-27 ampliada. Pero lo que, luego, el Estado español logra salvar con transferencia social del Gasto Público es manifiestamente inferior a una mitad de lo por dicha Unión Europea promediado sobre sus tasas totales.

La propuesta de una Renta Básica —en adelante RB— se define como un ingreso pagado a cada miembro pleno de la sociedad por el Estado, pero sin exigirle ninguna contrapartida a cambio, es decir: a) incluso si ‘no quisiere’ trabajar, b) sin tener en cuenta si es rico o pobre, c) no importando con quienes viva, y d) con independencia de la parte del país en donde resida. Es decir, un ingreso incondicional que entra en abierta contradicción con los cánones del sacrosanto código del trabajo que, durante la segunda mitad del siglo XX, ha informado las reglas del contrato social vigentes entre los países más industrializados del Norte rico del planeta. De ahí que, a primera vista, la propuesta levante suspicacias en distintos sectores del espectro político.

Las críticas a la Renta Básica

Un rápido inventario de las críticas a la RB ha de comenzar por esa objeción, más truculenta que realista, que plantean los que suponen que con un ingreso mínimo garantizado nadie trabajaría. Así, la patronal, sus partidos y medios de comunicación, se oponen a toda RB por “temor –dicen- a que con ella pudiera propiciarse una huida en masa del trabajo asalariado”… Y, en el extremo opuesto, a quienes persiguen la justicia social desde perspectiva genérica de las izquierdas, les resulta difícil digerir ideas de que una RB se pague también a los ricos, sumando ese ingreso adicional (nimio) sobre riqueza que ya tienen.

Por su parte, los exigentes con los principios generales de justicia objetan que otorgar un derecho “sin contrapartidas” violaría el principio de reciprocidad, por lo que rechazan de plano la RB con una lapidaria sentencia: nada a cambio de nada… No faltan quienes muestran su temor al hipotético “efecto llamada” que podría suscitar una implantación de RB en un (solo) país, provocando aluviones con inmigrantes desde todos los puntos del planeta… Y, por último, los partidarios de las cuentas bien hechas se preguntan por vías para financiar la medida.

A estas alturas, todas las objeciones éticas, normativas y económicas a ingresos de tal tipo han sido ya más que satisfactoriamente resueltas con el transcurso de amplísimas controversias celebradas por ámbitos de la filosofía política.

Por cuanto a exclusión social, dado su carácter de derecho ciudadano universal y equiparable a los del sufragio, una Renta Básica no tendría el menor déficit en coberturas al abarcarse todas las ciudadanías como conjunto garantizándoseles el derecho a la existencia, especialmente para los sectores más vulnerables.

Tampoco son de recibo las alegaciones sobre inviabilidad para una Renta Básica por los altos costes de su financiación. Ya numerosos estudios y simulaciones [**] nos mostraron cómo pueden financiarse Rentas Básicas hoy y aquí. Obviamente, como medida económica, su instauración implicaría tomar una determinada opción política y social; precisamente la contraria a esas que se adoptaban en la presente crisis económica y financiera cuando han podido ya inyectarse a los bancos más de 150.000 millones de euros, lo que supone hasta un 15 % del PIB.

Renta Básica y fiscalidad

Para cualesquier casos, instaurar la Renta básica implicará la necesaria efectividad de una imposición sobre todo tipo de renta, poniendo fin tanto al tratamiento discriminatorio ante la de carácter salarial como a excesivas permisividades frente a los fraudes fiscales, que hoy nos distancian de converger con las medias europeas correspondientes: como recordaron Técnicos Fiscales del Ministerio asociados en Gestha, si tan sólo se cobraran efectivamente los actuales impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social que son evadidos por el más de 23% del PIB en la economía sumergida para España, nuestras Haciendas públicas podrían financiar otros 90.000 millones anuales; y si, al menos, redujésemos el fraude a una tasa de la mitad (como es ya el promedio en la UE), contaríamos con 45.000 millones de euros adicionales manteniéndose intocadas las normas fiscales.

Además, esto sucede aquí pese a tener una presión fiscal conjunta respecto al PIB por debajo de las medias en la UE y de Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Suecia, Países Bajos o el Reino Unido.

Así nuestro IRPF se acaba configurando dualmente, como un impuesto ‘progresivo’ (con tipos de 24% al 43%) basado en las rentas del trabajo y otro –menor- ‘proporcional’ (para tipo único de 18%) sobre plusvalías personales de capital, siempre que no se hallen acogidas a tributar (¡el 1%!) por SICAV… A eso se sumaría una supresión el pasado año del Impuesto de Patrimonio que, desde hace 31 años, venía gravándoles en exclusiva sus mayores propiedades a tan sólo menos del 10% de nuestros contribuyentes. Y en cuanto al Impuesto de Sociedades, según informes de AEAT, el tipo real o efectivo pagado como media tras aplicarse diferentes desgravaciones en 2008 no llegó ni a 20%.

En definitiva, lo que se propone supondría el garantizar a todos un balance neto resultante al darles ciertas prestaciones universales e incondicionadas, mínimas y garantizadas; a la vez de hacerles pagar –también a todos…- aquella “cuota fiscal” que corresponda por algún prorrateo, progresivamente proporcional a sus posibilidades respectivas, para sostenimiento del Estado de Bienestar colectivo.

La Renta Básica, las ayudas finalistas y los subsidios condicionados

Esa es la única manera precisa de lograr que con certeza queden cubiertos esos más necesitados a quienes siempre se les viene dejando fuera en todas las pretendidas ‘ayudas finalistas pero no universalizadas’ que hasta este momento son paradigma de nuestra infructuosa protección social; por poner solo algún ejemplo: los “421 euros del paro” están aprobados para desempleados que hayan agotado la prestación contributiva en este año, pero dejan excluido de su percepción a quien lleve sin lograr ningún ingreso laboral ni de la Seguridad Social desde antes; aquellos “400 euros del I.R.P.F…” se pagaron a unos 12 millones de contribuyentes nada más, según datos de Hacienda; o el anuncio de que “van a subirse las pensiones mínimas hasta un 4%” significa que a quien ya cobra hoy una del SOVI seguirán todavía pagándole algo menos de los 385 euros/mes, como su Jubilación, en 2010.

Ante posibles objeciones a la Renta Básica basadas en la reciprocidad, con las que tanto insisten partidarios de unos programas o ayudas del ‘workfare’ condicionado al trabajo y en lo que se basan para imponer a “desempleados” su aceptación de cualquier contrato bajo amenaza de perder todo el subsidio, creemos que no es aceptable que a los más desfavorecidos se les impongan controles o condiciones con más rigor del que nunca se aplica sobre otros mejor afortunados.

Y lo que jamás podría tener ningún sentido es condicionar ese derecho fundamental a una vida digna al que se consiga “tener empleo” (cuando según últimas E.P.A, entre más de 45’7 millones de personas, no llega ni a 15’5 millones la cifra de quienes logran ser asalariadas hoy; ni pasa de 18’6 millones el total con las que pudieron ser ‘ocupadas’, en cualquier modo, por el mercado laboral “aunque fuera una hora solamente, durante la semana”)… Todo derecho a -un mínimo de- subsistencia debe ser incondicional, no sujeto a ninguna ‘reciprocidad’; otra perspectiva contraria, en las palabras de Philippe Van Parijs desde la Universidad de Lovaina, “no es muy atractiva para nadie que crea que el igualitarismo puede y debe ir de la mano con emancipación; más que al liberticidio de los pobres.”

Por otra parte, frente a la insuficiencia de los programas asistenciales de ayudas condicionadas o con cobertura parcial como ese subsidio del desempleo extendido más recientemente por el Gobierno, la instauración de una renta básica universal como derecho de ciudadanía, además del ahorro en los costes administrativos que aquellos implican, evitaría las ‘trampas del paro y de pobreza’ por ser compatible con la percepción de algún otro ingreso; suponiendo incluso un incentivo para desarrollar determinados tipos de trabajos y cierto reparto en el empleo, pues a muchas personas les facilitaría un Trabajo Fijo a Tiempo Parcial, modalidad de contratación que, a pesar de nuestro elevado porcentaje de paro, hasta la fecha no llega al 8%, mientras en Holanda (donde casi no hay desempleo ni aún en crisis) alcanza cerca del 50%.

Pero la realidad es que, a pesar de tantas contundencias en esta refutación de las objeciones a una RB, sus opositores más furibundos —que generalmente escriben a sueldo de los poderes económicos— utilizan la caricatura del “surfista de Malibú”. Es decir, ese hipotético individuo que con alguna renta mínima utilizaría su libertad para vivir, sin hacer otra cosa que disfrutar de olas en tabla de surf.

Esgrimir ese argumento del surfista es un ejercicio de cinismo o cuando menos de inconsciencia moral, desde momentos en que lo que más abundan hoy entre nosotros no son precisamente hordas de felices holgazanes. La descripción real de nuestra sociedad pone de relieve una existencia para grandes capas de trabajadores (cualificados, o no) pero con su salario y las condiciones laborales precarios; jóvenes excluidos de unos empleos estables; esposas dependientes; padres que trabajan a doble turno y, sobre todo, para legiones de personas desempleadas durante períodos de larga –o larguísima…- duración.

Sin embargo, esas críticas a la RB se desvanecen desde el momento en que nos tomemos la molestia de no discutir sobre surfistas, sino considerar una situación real de tres importantes sectores en esta sociedad a los que se podría aplicar ya mañana mismo ‘su RB’ sin suscitar ninguna de las objeciones antes apuntadas.

a. Mayores de 60 años sin derecho a pensión.

Aunque la modalidad de pensiones no contributivas cubra en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la jubilación ordinaria, en realidad no es aplicable a cónyuges (mujeres por lo general) de los jubilados con derecho a pensión normal. Esto, en el caso de matrimonios o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene pensión, y aun ésta por su cuantía mínima, significa en la práctica condenarlos a situación de pobreza legal y realmente decretada.

En 2009, la pensión mínima para jubilado de hasta 64 años con cónyuge a cargo está fijada en 651’63 euros mensuales. Habida cuenta de que con ese dinero debe mantenerse un hogar de dos personas, la renta per cápita en cada una de ellas es de 325’81 euros. Es decir, una renta situada por debajo del ‘umbral de la pobreza’ (según el INE, hoy: 600’3 euros). Situación moralmente inaceptable, se mire por donde se mire, por lo que la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, como derecho individual de toda persona mayor con 60 años, puede ser asumida sin temor a suscitar las sospechas por estar favoreciéndose holgazanerías ni ese “surfing” improductivo.

b. Desempleados de larga duración perceptores del subsidio.

Un mínimo decoro moral debería hacer que tampoco nadie cayera en la tentación de tachar como vividores a esas personas que, al llegar a su madurez después de haber entregado toda una vida de trabajo a la sociedad, se quedan en situaciones del irremisible paro… Si alguna violación del principio de reciprocidad existe los perjudicados son esos ciudadanos que no sólo no ven recompensado su esfuerzo sino que, para más inri, les condenan a vivir encadenados del “subsidio a mayor de 52 años”; prestación que, como es sabido, constituye callejón sin salida.

Toda trampa para inactividades (“trampas del desempleo y de la pobreza”) se refiere tanto a la posibilidad, como al hecho cierto, de que alguna persona que recibe ayuda sujeta a test de recursos quede atrapada por propia condicionalidad en su prestación. Trampas de pobreza se generan a partir de unas ‘rentas mínimas’ que los Servicios Sociales conceden en ciertos casos por pobreza severa mostrada bajo el oportuno ”test de recursos”, pues están sujetas a la condición de no tener ningún acceso a otras fuentes de ingresos.

Si a una persona en estas circunstancias le ofrecieren oportunidades de desarrollar actividad laboral escasamente remunerada pero que permitiera complementar su ingreso, se enfrentaría con un grave dilema: por un lado, si acepta el trabajo perderá la ayuda sin conseguir salir del estado de pobreza; mientras que, por otro lado, si no aceptase tal trabajo sí mantendría la ayuda, con lo que tampoco conseguirá ‘salir de pobre’, dado que las cuantías para estas prestaciones son lo suficientemente bajas como para mantener al individuo por debajo del umbral de pobreza.

De manera similar opera la trampa del desempleo que acecha a los perceptores del Subsidio por desempleo para mayores de 52 años; dado que también este subsidio está sujeto a la condición de que la persona que lo percibe no pueda efectuar ninguna modalidad de trabajo remunerado, se desincentiva la búsqueda de un empleo cuya remuneración no sea bastante superior a la del mismo…

Y como señala el mentado Philippe van Parijs: “Estudios de campo han señalado cómo lo que hace que muchos excluidos no acepten un empleo o no lo busquen más activamente, a menudo no es tanto la ausencia de una diferencia entre los ingresos obtenidos del trabajo y los que ya se obtienen sin trabajar, como el temor a perder dicha relativa seguridad por un flujo regular de beneficios, en aras de la incertidumbre con un empleo que puede pagar tarde o resultar demasiado exigente. Y esto porque ese riesgo de un período sin ningún ingreso es algo que los hogares en el límite de la solvencia no pueden permitirse responsablemente”.

Parece, pues, que sería –razonablemente- posible abrir esta trampa y liberar a las personas atrapadas en ella a través de algún Ingreso mínimo incondicional, no sujeto a la condición del trabajar pero tampoco a prohibiciones de hacerlo, con lo que se reemplazaría el formato actual del Subsidio.

c. Niños menores de 3 años.

Desde 2003 un gobierno del PP concedió a las madres empleadas por cuenta ajena su paga de 100 euros mensuales, con forma de bonificación fiscal, para cada hijo situado en esa franja de las primeras edades. El posterior gobierno del PSOE añadió al inicio de la presente legislatura su ayuda –del nuevo “cheque bebé”- con 2.500 euros por nacimiento, pero reconociéndole a ésta plena universalidad, ya incondicional…

Se trataría de universalizar aquí –como alguna ‘RB parcial’- dicha prestación del “cheque mamá” (hasta los 3.600 euros, acumulados durante 3 años) y poner fin a esa discriminación que sufren por excluidos aquellos hijos cuyas madres carecen de ocupaciones como asalariadas, lo cual no significa que nada trabajen; algo que parece una obviedad a estas alturas.

Unos costes perfectamente asumibles

El número de mujeres subvencionadas por esos “100 euros” mensuales como consecuencia de lo aprobado hace dos legislaturas para madres trabajadoras con hijo menor de 3 años —aunque sólo cuando además tengan una “ocupación en el mercado de trabajo”— ha venido oscilando, según las muy volátiles condiciones de precariedad generalizada dominantes sobre contrato laboral en la actualidad, hasta alcanzar totales máximos algo por encima de los 400.000 durante cada uno de los últimos años… Sin embargo, tal cifra no representaría nada más que un tercio aproximado del total de niños comprendidos en ese primer tramo de edades, entre 0 y 2 años cumplidos. Por ello, la extensión de dichos cobros ya garantizados para todo hijo menor de una madre con sueldo debería generalizarse a los restantes casos en iguales edades —incluyendo también aquéllos de los que cualesquier progenitores A o/y B, sin distinción alguna de géneros, pudieran hallarse en peor situación económica como personas desempleadas e incluso faltarles por unos u otros motivos— cabe valorarla en solo un importe total levemente inferior a los 1.000 millones.

A comienzos del presente año 2009, el número de perceptores de las pensiones mínimas fijadas para todos los “jubilados con un cónyuge a cargo” ascendió a muy poco más de 295.000, y cobraban sendas cuantías algo diferentes dependiendo de si la edad en sus titulares era —o no, aún— mayor ya de 65 años. Los montantes del “Complemento” que —añadido a cuanto tendrían ya como alguna prestación mínima en caso de que fueran solteros, separados, divorciados o viudos…— reciben por su pareja quedan, para todos, debajo de los 160 euros. Y, como media, la diferencia respecto al igualar dichas bases de jubilaciones individuales viene situándose en unos 390 euros por cada paga. Así pues, la partida para homologar a todos esos miembros de cuantas parejas reciben las mínimas pensiones de jubilación, ahora establecidas debajo del umbral oficialmente reconocido de “pobreza”, sin más discriminaciones contra “cónyuges a cargo” —muy mayoritariamente femeninos— frente a los definidos como únicos titulares del derecho en la actualidad… se cifra mediante presupuesto no superior a 1.500 millones de euros.

Con independencia de a cuántos ciudadanos pudieren alcanzar estos capítulos de nuestra propuesta respecto a los mayores de 52 años que –tras su expulsión como “parados de (muy) larga duración”- ya se reconocen excluidos hoy definitivamente por el mercado laboral, la correspondiente medida planteada para liberarles al menos de un estigma añadido actual que supone ‘trampa del paro’ tiene costes directos para la Hacienda pública que obviamente resultarían nulos. La aplicación de una RB a ese sector de subsidiados no habrá de suponer ningún coste adicional, pues se emplearían las mismas partidas presupuestarias que actualmente ya se dedican a sufragar Subsidios… El cambio aquí no es monetario sino de mentalidad, pues parece absurdo que a una persona que ha ya sido expulsada de los mercados del trabajo —y existen suficientes convencimientos de ser harto “improbable” que pudiese regresar en condiciones de un empleo digno— se la castigue, negándole posibilidades de complementar ese ingreso mínimo con algún otro trabajo ocasional siempre que lo añadido no supere límites cuyo control puede técnicamente hacerse a través de formato similar al del ‘Impuesto Negativo’.

En consecuencia, los recursos presupuestarios que son precisos para llevar a cabo estas alternativas totalizarían 0’2% del PIB aprox, o sea, unos 2.500 millones de euros. No es tampoco una propuesta descabellada: el ‘plan E’ que aun estamos pagando importa más de 8.000 millones; un ‘Superávit’ de la Seguridad Social en últimos cierres del ejercicio recién pasado ha quedado todavía sobre 14.000 millones; y los montantes totales que la Memoria Tributaria contabilizó por ‘Rebajas fiscales’ de sólo hace doce meses estaban encima de otros 19.000 millones; mas todo ello se hizo, ya, sin declarar que hubiera de subirse para nada ningún impuesto…

En el Observatorio de la Renta Básica de Attac Madrid hemos llegado a la conclusión de que –sin renunciar a las universalidades de la RB- es posible iniciar ya una implantación gradual de la misma, comenzándose por lo más urgente. A estos 3 sectores mencionados les podremos pagar perfectamente con las formas indicadas, no precisándose de nueva presión impositiva ni más endeudamientos públicos. Y sería el primer paso en la aplicación de Renta Básica de Ciudadanía con la que se puede garantizar el derecho a la existencia de toda la gente.

Según el último anuario del Eurostat, y tras haber retrocedido varias posiciones desde hace diez años: España tan solo era ya el 17º entre todos los Estados europeos ordenados por sus ‘gastos de protección social per capita’ totales (con unos 10’7 euros/día, frente a otros 16’2 promedios en la UE); por ejemplo, cuando dedicamos a pensiones únicamente 9% del PIB para gasto público, como República Checa, Malta o Luxemburgo; en Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Hungría y Reino Unido destinaban del 10 % al 11%; Grecia, Holanda, Polonia, Suecia, Alemania, el promedio de la UE o Suiza entre 12% y 13%; Austria, Francia y Portugal del 13% al 14%, e Italia cerca de un 15 %.

Frente a precariedad establecida por un neoliberalismo cuya obsesión es “liberalizar” las mercancías, “otras prioridades de acción social” se deberán orientar hacia liberar unas personas atrapadas en las indeseables trampas de la pobreza y del desempleo. De los ricos ya hablaríamos… pero, ahora y aquí, cabe acometer estas medidas conforme al clásico principio en emergencias que nos exige salvar siempre “a niños –o personas excluidas (del mercado) e inhábiles- y mayores” primero.

* Informe, ante la nonata Subcomisión Parlamentaria que aprobó constituir el Congreso de Diputados, del ‘Observatorio por Renta Básica de ATTAC Madrid.