Hasta hace muy pocos años, la humanidad ha estado siempre dominada y amaestrada por un poder absoluto masculino. Unos cuantos hombres han llevado las riendas del destino común.

Confinados territorial e intelectualmente, los seres humanos han vivido sometidos, hasta el punto que tener que ofrecer su propia vida a los designios del poder. Sin discusión posible.

En 1945, al término de una guerra horrenda, con el empleo de los más abominables métodos de exterminio, se fundaron las Naciones Unidas –“Nosotros, los pueblos…”- y, unos meses más tarde, la UNESCO, cuya Constitución establece que son los “principios democráticos” –justicia, igual dignidad, libertad y solidaridad- los que deben guiar la gobernación, y que la educación consiste en contribuir a la formación de personas “libres y responsables”. Personas educadas, es decir, que actúan en virtud de sus propias reflexiones y no al dictado de nadie, ni atenazadas y atemorizadas por dogmas, amenazas, ciegas obediencias…

Por eso era tan importante que, al igual que en los países de mayor calidad educativa, se hubiera introducido en España, de forma transversal, la Educación para la Ciudadanía. La gran mayoría de los docentes –en general, excelentes y de una dedicación ejemplar- estaban muy satisfechos de ser, con los progenitores, los que contribuían a la “libertad y responsabilidad”, contrarrestando la uniformización, la gregarización, la sumisión.

Ahora se pretende eliminar la ciudadanía y volver al sometimiento. De un plumazo infausto, volvemos a la condición de súbditos en lugar de pretender alcanzar la de ciudadanos plenos.

Si no reaccionamos, se habrá dado otro paso atrás y nos dedicaremos a observar, obsesivamente, las fluctuaciones de la prima de riesgo (¡fascinante!), las cumbres europeas y las competiciones deportivas… Espectadores impasibles…

Reaccionemos. Impliquémonos. La Educación para la Ciudadanía es esencial para el cambio que, en cualquier caso, es necesario en el proceso educativo, sea cual sea la geometría del gobierno.

¿De verdad quieren que “conozcamos los valores de nuestra civilización occidental”, cuando los hemos sustituido por el mercado y por los valores bursátiles? Todas las civilizaciones y culturas tienen aspectos que conviene retener y generalizar.

No somos ciudadanos “occidentales”. Somos ciudadanos del mundo.
Somos ciudadanos y no súbditos.

http://federicomayor.blogspot.com/

]]> http://www.attacmallorca.es/2012/01/23/gasto-sanitario-publico-en-espana/feed/ 0 http://www.attacmallorca.es/2012/01/20/si-la-sanidad-es-sostenible/ http://www.attacmallorca.es/2012/01/20/si-la-sanidad-es-sostenible/#comments Fri, 20 Jan 2012 09:00:12 +0000 asusini http://www.attacmallorca.es/?p=6481 Fernando Lamata /José Antonio Poncela /Ramón Gálvez – Público

Con la coartada de la crisis económica algunos partidos políticos y fuertes intereses económicos están cuestionando la sostenibilidad de la sanidad pública. En Catalunya, Castilla-La Mancha, Galicia o Baleares han comenzado recortes y copagos, deteriorando la calidad y quebrando la equidad del Sistema Nacional de Salud.

Es preciso insistir en que el gasto sanitario público en España es adecuado a nuestro nivel de renta. Con datos de la OCDE de 2011, referidos a 2009, España gasta el 6,99% del PIB. En Francia, el 9,2%; en Alemania, el 8,9%; en Reino Unido, el 8,2%; en Italia, el 7,4%; en EEUU, el 8,3%. Es decir, nuestro gasto sanitario público no es exagerado. Además, con ese gasto se ofrece una atención de buena calidad (hasta ahora), para toda la población, con unos resultados excelentes (mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil, mejor sistema de trasplantes del mundo, etc.). El gasto sanitario público en España se ha mantenido estable en 2010 y 2011.

El desequilibrio del presupuesto público en España se debe sobre todo a la disminución brusca de los ingresos en los años 2008 y 2009. Para lograr financiar el gasto público es preciso que los ingresos fiscales en España sean similares a los de la UE-27, en torno a 8 puntos más de PIB. Por otro lado, es preciso revisar el sistema de financiación autonómica buscando una financiación suficiente de la sanidad, con un gasto por persona equivalente. Y, en todo caso, se debe seguir mejorando la eficiencia a todos los niveles: potenciando la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, mejorando la coordinación, evitando duplicidades, evaluando la eficacia de las prestaciones y las indicaciones, y gestionando adecuadamente la demanda.

El gasto sanitario total de un país (público y privado) depende de la renta de cada país. Un país más rico puede gastar más y un país pobre, menos. EEUU, con un Ingreso Nacional Bruto per cápita de 37.808 euros gasta 5.850 euros en sanidad; España, con 25.066 gasta 2.427; Argentina, con 6.804 gasta 576; Mali con 474 gasta 30 (Banco Mundial, 2010). En cambio, la proporción del gasto sanitario público no depende tanto del nivel de renta como de la orientación política del Gobierno. La pregunta que se hacen las sociedades es si la atención sanitaria es una cuestión privada, que debe resolver cada uno con su sueldo o sus ahorros, o si es una cuestión que debemos afrontar entre todos, un derecho que debe ser garantizado con fondos públicos, ya que la atención a muchas enfermedades es muy costosa y una familia normal no podría hacer frente a los gastos, se arruinaría o no recibiría atención. En Europa el gasto sanitario público supone un 75% del gasto sanitario total, mientras que en EEUU es un 43%. En España hemos conseguido que la atención sanitaria sea un derecho para todos los ciudadanos. Y hemos de reivindicar que siga siendo así, porque la salud es una condición para la igualdad real de las personas.

La sanidad pública sí es sostenible, pero hay quien quiere aprovechar la crisis para recortar gasto sanitario público y hacer más hueco al gasto sanitario privado. Es preciso recordar que la crisis financiera y el paro no son consecuencia del déficit público, sino que el déficit público y el paro son consecuencia de la crisis financiera. La crisis se originó por un proceso de desregulación de los mercados financieros, que permitió la venta de productos tóxicos en gran volumen y a gran velocidad (globalización) y que se simboliza con la quiebra del Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de EEUU, en septiembre de 2008. A partir de ahí se colapsó la economía al cerrarse el crédito a las empresas y se destruyeron 80 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Como respuesta a la crisis, entre octubre de 2008 y diciembre de 2010, la banca europea ha recibido 1,6 billones de euros en ayudas públicas y, al mismo tiempo, se han impulsado estrategias para reducir el déficit público, con importantes recortes de gasto público.

Las reducciones en el gasto público profundizan la crisis y, consecuentemente, incrementan el desempleo. El gasto sanitario en España, y el público en particular, se encuentra en niveles compatibles con un crecimiento económico sano y equilibrado.

Para salir de la crisis o, al menos, para no agravarla innecesariamente, hemos de mantener el gasto sanitario público, no disminuirlo. Es una fuente de empleo, un elemento fundamental de la cohesión social y un sector de innovación privilegiado. La salida de la crisis requiere atacar sus causas. Una nueva regulación de los mercados financieros, con el fortalecimiento de la Unión Europea, para evitar que los productos financieros tóxicos y las operaciones especulativas a gran escala sigan destruyendo la economía real. Políticas de estímulo y de apoyo a las empresas innovadoras, inversión pública y políticas sociales pero, sobre todo, un nuevo marco monetario y financiero. Lo que no tiene sentido es seguir empecinados en recetas que ya han demostrado más que suficientemente en Europa la inutilidad del sufrimiento que causan. La austeridad por la austeridad agrava la crisis, no la combate.

Fernando Lamata es psiquiatra, José Antonio Poncela es economista y Ramón Gálvez es neurólogo

Ya tenemos, también, algunos datos de la repercusión de la crisis económica en nuestro país. Según una encuesta reciente, cerca de un 25% de los españoles consideran que su calidad de vida ha empeorado debido, sobre todo, a que sus ingresos económicos son menores y a que su salud se ha deteriorado. Los problemas de estrés, ansiedad e insomnio ocupan un lugar destacado entre los motivos de este empeoramiento y los atribuyen a la crisis económica. Los datos procedentes de las redes de atención a la salud mental avalan esta encuesta, con un aumento en torno al 15 por ciento de las consultas, debido principalmente a trastornos adaptativos en relación con problemas laborales y otros problemas originados por la crisis económica. Un dato relevante es el de las tasas de suicidio, que venían disminuyendo lenta pero de forma progresiva en los últimos años y que han sufrido un repunte a partir del 2008, especialmente en el caso del suicidio en los varones. Y en la misma línea van los datos que constatan un incremento de la atención en urgencias a casos por intentos de suicidio. Además hay que señalar las repercusiones que está teniendo la precariedad económica y la ausencia de oferta laboral en las personas con enfermedades mentales, con una dificultad creciente para incorporarse al mercado laboral y la consiguiente disminución de los ingresos económicos con sobrecarga para las familias y un incremento significativo de riesgo de exclusión social y situación de calle para esta población.

También los estudios confirman algo que parece evidente: la extensión de las políticas sociales universales dirigidas a los grupos más vulnerables se asocia a una mejor salud global y por lo tanto los efectos de las crisis económicas sobre la salud van a depender en gran medida de las políticas de protección social; sin embargo, las medidas adoptadas por los gobiernos para salir de la crisis económica están teniendo como resultado una disminución de la misma. Las decisiones políticas priorizando el rescate y mantenimiento de los sistemas financieros y la reducción del déficit se están acompañando de recortes importantes en el ámbito sanitario y socio-sanitario. En nuestro país estos recortes empiezan a notarse de manera evidente, y ya no sólo suponen un frenazo al desarrollo de los recursos aún insuficientes, sino una drástica disminución de los que ya existen. Son ya muchos los casos que se van produciendo. En Cataluña se ha reducido un 10 % el presupuesto para sanidad, cifra similar al que están fijando otras Comunidades Autónomas en sus presupuestos para el 2012, y se está produciendo la disminución de los días de actividad asistencial, la supresión de actividad por la tarde, el cierre de centros, la eliminación de prestaciones asistenciales, el despido y la no renovación de personal eventual, la precariedad laboral y reducción del salario de los profesionales y desarrollando planes dirigidos a desregularizar el acceso a los dispositivos sanitarios y a reducir o eliminar la responsabilidad de las administraciones públicas en la provisión y gestión de la atención sanitaria. Esto mismo está previsto que ocurra en otras comunidades autónomas como Galicia y Castilla La Mancha o se lleva desarrollando de una manera lenta y progresiva desde hace varios años, y al margen de la crisis, con resultados similares como en la Comunidad Valenciana o la de Madrid donde el presupuesto para la asistencia concertada se ha duplicado en los últimos cuatros años, acercándose ya al 20% del presupuesto total de la Consejería y se están cerrando dispositivos específicos de salud pública, de atención a las drogodependencias y de salud reproductiva. Los resultados de estas medidas ya están siendo visibles: un aumento de las barreras de acceso al sistema sanitario con un aumento general de las listas de espera tanto médicas como quirúrgicas, un aumento de la insatisfacción de los profesionales de la red sanitaria pública y una disminución de la calidad de la atención prestada a la mayoría de la población.

A los recortes en sanidad hay que añadir los que están afectando al ámbito socio-sanitario como los recursos de rehabilitación psicosocial en salud mental con congelación sine día de nuevos dispositivos, no renovación de conciertos que finalizan contrato y reducción del presupuesto para los conciertos vigentes que están redundando en un aumento de las listas de espera, una peor calidad de la atención y, en muchos casos, en un dejar sin esta prestación a muchas personas con trastornos mentales graves. A esto se suman los obstáculos para acceder a las prestaciones reguladas en la ley de dependencia, donde hay más de 300.000 personas en las listas de espera para evaluación, se aumentan las demoras para acceder a las ayudas o se cancela el pago de las prestaciones durante meses como ha ocurrido en Castilla-La Mancha, factores todos ellos que inciden sobre una población muy vulnerable y que terminan originando un empobrecimiento de su calidad de vida, generando o empeorando problemas de salud e incrementando su mortalidad.

La crisis económica actual pone al sistema sanitario público ante el reto de dar respuesta a un aumento creciente de la demanda asistencial, sobre todo en atención primaria y salud mental, originada por la precariedad económica, por la disminución de los recursos individuales de las personas para dar cobertura a sus necesidades básicas, y por las políticas anti crisis adoptadas por los gobiernos que están conduciendo a una buena parte de la población a una reducción drástica de las medidas de protección social y poniéndola en peligro el acceso a la asistencia sanitaria. Nuestra obligación como profesionales es contribuir a que los recursos que existen se aprovechen lo mejor posible, lleguen a más personas afectadas y sean de la mejor calidad. Pero también es nuestra obligación denunciar que hay muchas personas que no están recibiendo la atención que requieren y señalar las barreras que dificultan su acceso a la misma; como también lo es transmitir a la sociedad y las instituciones públicas la importancia, aún más en esta época de crisis, de la salud y su cuidado y la repercusión global que tiene sobre la ciudadanía y sobre el propio desarrollo económico.

De todo lo expuesto entendemos que pueden extraerse 3 conclusiones:

1) La crisis es un momento en que se produce un empeoramiento de los niveles de salud de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables, y por lo tanto una mayor necesidad de un servicio sanitario público universal y de calidad.

2)Por eso mismo rechazamos los recortes en los servicios sanitarios públicos y el establecimiento de barreras económicas para el acceso a los servicios sanitarios porque pueden tener efectos devastadores sobre un porcentaje muy amplio de la ciudadanía.

3)Entendemos también que el sistema sanitario público tiene espacios de mejora en su calidad y eficiencia, pero estos deben de ser abordados basándose en la evidencia científica y en el acuerdo con los profesionales y a ciudadanía, y nos brindamos a colaborar en la búsqueda de acuerdos y soluciones siempre que garanticen el mantenimiento y mejora del Sistema Sanitario Público.

Asociación Española de Neuropsiquiatría
(www.aen.es/)

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(www.fadsp.org)

Noviembre de 2011

Los argumentos más habituales para justificar los recortes en la sanidad pública son su poca eficiencia y su alto coste comparado con la sanidad privada. Esto es lo que ha calado en ciertos sectores de la sociedad y que no es difícil oír en boca de ciudadanos de a pie. Vamos a ver cómo estos argumentos son rotundamente falsos con unos pocos argumentos objetivos.

Acabo de encontrar esta página donde se pueden ver unos datos muy interesantes*. Por ejemplo, se puede ver el gasto en salud (en porcentaje de PIB) de todos los países del mundo

El caso de Estados Unidos es especialmente significativo. Es el paradigma de país desarrollado con un sistema de financiación privada único en el mundo. Más desarrollados que ellos en ese aspecto no hay nadie. Veamos cómo les va.

Estados Unidos es el segundo país del mundo que más porcentaje del PIB dedica a sanidad (el primero es Malta). Es lo que dice el mapa de arriba, por eso está tan oscuro. Mientras que Estados Unidos gasta el 16% de su PIB, España gasta el 9,7%. Eso quiere decir simplemente que del dinero total del país, los ciudadanos gastan un 60% más en el cuidado de su salud. Este modelo de sanidad privada es claramente ineficiente porque no usa los mínimos recursos para conseguir sus objetivos.

Uno puede pensar que sí, que se gastan más, pero que tienen la mejor sanidad del mundo. Veamos ahora la calidad de la sanidad de Estados Unidos. La tasa de mortalidad infantil es un buen indicador del nivel de salud de un país. Según los datos de la web, Estados Unidos se codea en este ámbito con países como Hungría, Bielorrusia y Nueva Caledonia. Su tasa es de 6 muertes por cada 1000 nacimientos normales. En España la tasa está en 3,4, casi la mitad e inferior incluso a las de Finlandia, Alemania, Francia y Noruega.

La imagen que tenemos de la sanidad de Estados Unidos está extremadamente mediatizada por las informaciones puntuales que nos llegan, las películas y las series. Sólo sabemos que el famoso de turno se ha ido a operar de una enfermedad incurable a las américas (de lo que no hablan es de la factura) y vemos en la tele grandes y modernísimos hospitales y ambulancias que parecen naves espaciales. La realidad es otra para el que no es millonario (el 99%).

Hay más datos interesantes. Estados Unidos está por debajo de España en número de camas de hospital por habitante y en densidad de médicos por habitante, pero está muy por encima en la tasa de mortalidad matera (la de Estados Unidos es 4 veces más alta, un escándalo) y en obesidad en adultos (el doble). En esperanza de vida, que es una medida general de la calidad de vida de un país, España está en el puesto 12 del mundo, mientras que Estados Unidos está en el 37, siguiéndole de cerca Taiwán y Panamá.

Todo un negocio. Se gastan más para obtener menos. El negocio real no está pensado para los ciudadanos sino para las grandes empresas sanitarias privadas. Ellos saben que todos los ciudadanos necesitamos servicios de salud. Todos sin excepción. Hay gente a la que no le gustan las bebidas con gas y no las compra. Coca-Cola nunca hará negocio con ellos por muchas campañas publicitarias estupendísimas que hagan. Pero todos los ciudadanos, absolutamente todos, necesitamos ir al médico. Si pudieran privatizar un bien tan fundamental como el agua que bebemos también lo harían. ¡Ay qué tonto, que ya lo han hecho!

Ni desde el punto de vista económico ni desde el de calidad, la sanidad privada supera a la pública. Desde el punto de vista de la justicia social tampoco. Si en España vamos por la senda de la privatización, la consecuencia directa es que tendremos una sanidad de peor calidad, aumentará su gasto y podremos invertir menos en otros sectores como la educación, los servicios sociales, la investigación, las pensiones… ¿De verdad queremos ir por ahí? A la vista de este análisis, la estrategia de Mas, Cospedal, Rajoy y compañía es clarísima: hay que desviar el gasto público (que es lo que nos exigen los “mercados”, es decir, los bancos, agencias de calificación y otros) al sector privado. De esta forma el sector privado tendrá acceso a nuevo dinero, fresco y fácil (no hay que olvidar que todos necesitamos sanidad). Y señores de lo privado, les obsequiamos además con otro regalo: la sociedad gastará más dinero con vosotros de lo que gasta actualmente. Es cierto que la calidad empeorará, pero no os preocupéis, nosotros ya nos hemos encargado de convencer a la sociedad de lo contrario. Y en ello seguimos cada vez con más fuerza.

http://www.youtube.com/watch?v=-fr7ntS7SdU&feature=player_embedded

Recomiendo este vídeo de David Hall, Director de la Unidad de Investigación Internacional de los Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich, sobre la inversión pública y su efecto en la sociedad y en la economía. Él lo explica mucho mejor que nosotros:

* Quien tenga dudas del origen de los datos de la página web en la que nos basamos, debe saber que son datos de la Central Intelligence Agency (sí, la CIA), organismo poco sospechoso de maquillarlos en contra de Estados Unidos. Hay otra fuente también poco sospechosa, el Banco Mundial, que coincide con las estadísticas analizadas en este artículo.

Hace tiempo que la sanidad pública está en la mira del capital. No en vano el gasto sanitario constituye una importante partida económica, y por tanto fuente potencial de negocio. La prueba es que una parte del gasto sanitario llena las arcas de las empresas farmacéuticas y proveedoras de equipamiento sanitario, que suelen encontrarse entre los negocios más rentables del planeta. No en vano también allí donde la gestión sanitaria privada está más extendida, los EE.UU., el peso del negocio sanitario constituye la partida más importante del PIB, algo que tiene poco que ver con el nivel de eficiencia del modelo sanitario si se toman como referencia indicadores de esperanza de vida o de desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria.

Hace ya tiempo que algunas Comunidades Autónomas, especialmente Madrid y la Comunidad Valenciana, adoptaron un modelo de externalización de la gestión sanitaria cuyos efectos sobre el bienestar de la población y las condiciones de trabajo del personal merecen ser evaluados. Hace unos meses una evaluación de la calidad de los sistemas sanitarios en base a 19 indicadores sitúo a ambas comunidades en la categoría de “deficientes” (junto con Canarias y Galicia, siendo la Comunidad Valenciana la peor calificada. (El País, 2 septiembre 2010).

También en Catalunya ha existido desde siempre un sistema mixto de gestión sanitaria, en parte heredado del modelo sanitario anterior al establecimiento de la seguridad social. Un sistema sanitario donde se combinan hospitales públicos con una extensa red de centros semipúblicos, en manos de patronatos con presencia de instituciones locales, Iglesia Católica y grupos privados. CiU, en su largo mandato en la Comunidad, reforzó este modelo y le dio estructura, algo bastante parecido al doble circuito educativo. El Triparto fue incapaz de cambiarlo y aunque incrementó el gasto sanitario también llevó a cabo una reforma estatutaria del Institut Català de la Salut (el propietario de la parte pública del sistema) que apostaba por una gestión más liberal. La excusa siempre es el alto y creciente coste sanitario y la necesidad de modernizar la gestión. Un alto coste que es difícil de argumentar cuando se contrasta el gasto sanitario español con el de países de la UE (tanto en términos de PIB como de gasto per cápita), como el catalán respecto al resto de España (según el informe citado el gasto per cápita catalán solo está 4 euros por encima del gasto medio y se sitúa en la mitad de la tabla.

El nuevo gobierno de CiU, con el ínclito conseller Boi Ruiz a la cabeza, no ha dudado sin embargo en lanzar una auténtica cruzada en pos de la demolición del sector público sanitario. La política de ajuste presupuestario ha sido la excusa para ello. El cierre de camas y quirófanos hospitalarios, de urgencias en los ambulatorios (especialmente grave en zonas semirrurales donde los hospitales están distantes) han generado cabreo y sentimiento de deterioro, Tras las elecciones, CiU se siente con músculo para seguir su política privatizadora, ya visible en uno de los múltiples apartados de la “ley omnibus” donde se contempla la posibilidad que los hospitales públicos alquilen a operadores privados sus plantas cerradas y sus quirófanos, que han dejado de operar por la tarde. Un regalo al sector privado que podrá ofrecer a quien tenga dinero la alta calidad de la asistencia pública sin tener que pasar por las engorrosas (y al menos democráticas) listas de espera. Ahora se propone otra vuelta de tuerca, primero en forma de un nuevo copago por receta médica (como no se puede cambiar la realidad se crea el neolenguaje y se le llama ticket moderador) y después con la propuesta del siempre contundente Boi Ruiz a favor de crear un seguro privado obligatorio para la gente con recursos y dejar el servicio público para los pobres (aunque al paso que vamos con el paro y los recortes salariales la categoría “pobre” va camino de ser universal).

No deja de ser insólito que en Catalunya se defienda la gestión de las mutuas privadas como una muestra de eficiencia y buen hacer cuando en el pasado la Generalitat dedicó importantes recursos al salvamento de gestiones fallidas y fraudulentas (Hospital General de Catalunya, Mutua l’Aliança) y otras importantes instituciones han entrado en barrena (Agrupació Mútua) o han estado salpicadas por importantes casos de corrupción (Mutua Universal). Si de algo puede presumir el sector privado catalán es de fracasos continuados de gestión.

La propuesta, de ir adelante, significa bastante más que una mera privatización. Significa la ruptura del propio concepto de ciudadanía y de solidaridad social por cuanto se rompe el continuo entre los que pueden pagar y los que no. Si el problema es meramente financiero, y se supone que hay una parte de la población con recursos, bastaría subir los impuestos a esta parte de la población para cubrir el aumento del gasto. Propugnar un doble circuito es sin embargo optar por un modelo dual, uno “de pago” (aunque todo el mundo sabe que al final las mutuas privadas practican todo tipo de discriminaciones para reducir sus costes) y otro para pobres. Una nueva oportunidad para fomentar una cultura de la insolidaridad e incultura fiscal de las clases medias y un desprecio frente a los pobres que se salvan del seguro privado. En un país con elevados índices de evasión fiscal, con un elevado porcentaje de población inmigrante pobre, este modelo es una verdadera invitación a la iniquidad y la xenofobia. Ruiz no es solo un privatizador sino un verdadero agente promotor de la fragmentación social. Algo en lo que se muestra tozudo, pues ya antes de hacer esta propuesta atribuyó los problemas de salud a la genética y los hábitos individuales (otra forma de mentalizar a la población de que la gente enferma lo es por culpa propia, de separar buenos y malos ciudadanos, aunque entre los factores de malos hábitos nunca suelan incluir el del uso intensivo de los vehículos que generan contaminación y accidentes, ni el de las malas condiciones de trabajo).

Boi Ruiz, lo que representa, no es solo un peligro para la sanidad sino también para el mismo sentido de sociedad. No solo promueve negocio sino también división social, clasismo. No es por desgracia el único. Ahí están también los responsables de la sanidad gallega y balear desactivando ilegalmente tarjetas sanitarias a gente desamparada. Hay que pararles los pies: está en juego nuestra salud y nuestro sentido de sociedad.

Artículo publicado en Mientras Tanto Electrónico.

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Banco de Santander han establecido en los últimos años vínculos cada vez más estrechos a través de la firma de convenios generales y específicos de colaboración. Dichos vínculos, de manera resumida, han consistido en que el mencionado banco pone la pasta y la UCLM le abre las puertas de par en par para el desembarco preferente de sus diferentes líneas de negocio dirigidas en la comunidad universitaria.

En el convenio firmado con fecha 11-6-2004 entre el Santander y la UCLM se establecía una cláusula por la que “el Santander Central Hispano se compromete a contribuir con 60.100 euros, al Fondo de Pensiones Colectivo, en el caso de que sea abordado por la Universidad”.

El Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo de la UCLM en 2005 impulsó una Comisión Promotora para suscribir un Plan de Pensiones que finalmente se concertó con el Santander en 2007, integrándose en el Fondo de Pensiones denominado “SANTANDER CENTRAL HISPANO AHORRO 55, F.P”. Existe una Comisión de Control paritaria de dicho Fondo, de la que forman parte 6 representantes del rectorado y 6 de las organizaciones sindicales de la UCLM. El Santander tiene suscritos planes de pensiones privados similares con otras universidades del Estado español.

Utilizando la información que aparece en el informe del tercer trimestre de 2011 referido a dicho Plan, entre julio de 2008 (fecha en que se constituye el fondo), y septiembre de 2011 cabe señalar que:

• La UCLM ha aportado al mismo 3.147.838 euros en los años 2008, 2009 y 2010.
• El valor de esas aportaciones (derecho consolidado) a fecha 30-09-2011 es de 2.974.360 euros. Es decir, que en 3,25 años de vigencia del fondo, su revalorización ha sido negativa en una cuantía del 5,5%. Si a esto sumamos el aumento del IPC de julio de 2008 a septiembre de 2011 (3,5%), resulta que en términos reales el fondo ha experimentado una merma del 9%.
• Si las aportaciones a dicho fondo se hubieran colocado íntegramente en deuda pública española (obligaciones a 10 años), en el mismo período de tiempo mencionado anteriormente, la revalorización hubiera sido positiva en un porcentaje medio del 4,75% anual (16,3% acumulado en todo el período), con lo que hubiera compensado la erosión del IPC y aún resultaría una rentabilidad positiva del 12,8 % aproximadamente.

En la actualidad, el Patrimonio del Fondo de Pensiones de la UCLM ronda los 3 millones de euros, y el Santander obtiene una retribución como entidad gestora y depositaria del 0,5% anual. Es decir, se embolsa unos 15.000 euros/año por una gestión que produce pérdidas a los partícipes de dicho Fondo: todos/as los/as trabajadores/as de la UCLM.

Si se hubiera estudiado en su momento con más detenimiento este asunto, la UCLM debería haber constituido un Fondo de Pensiones gestionado directamente por la propia universidad, invirtiendo en deuda pública española exclusivamente, ahorrándose costes de gestión desproporcionados y colaborando con la financiación del Estado, que en definitiva es garantía de mantenimiento de servicios públicos de calidad. Puestos a innovar, y tras constatar en los últimos tiempos que las entidades financieras convencionales no nos deben inspirar demasiada confianza, la UCLM podría iniciar un proceso de creación de una cooperativa de crédito, como ya hay muchas en el estado español de carácter laboral y rural principalmente. Ello sería garantía de transparencia y participación democrática de la comunidad universitaria en un tema tan delicado como la financiación, que visto lo visto no podemos dejar en manos de administraciones públicas “que no creen en lo público”, ni en manos de entidades financieras mastodónticas, sin sensibilidad alguna hacia las necesidades de la gente.

Lo de la escasa rentabilidad de los fondos de pensiones privados, incluso negativa en muchos casos, no es nada nuevo. Es algo que viene ocurriendo desde el boom de éstos hace más de 10 años. Los datos son tozudos, y a pesar de ser de conocimiento público, las entidades financieras se siguen encargando de vendernos la moto de los fondos privados de pensiones con campañas de publicidad de color de rosa, y año tras año aumentan las familias, empresas y administraciones públicas que suscriben nuevos planes de pensiones privados. Claro, a ello también contribuyen acuerdos como el “pensionazo” alcanzado a principios de 2011 entre Gobierno y CC.OO-UGT, que reducen las pensiones públicas para el futuro, así como los estudios “independientes” pagados por las entidades financieras que siguen metiendo el miedo en el cuerpo a la gente sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones, prediciendo la quiebra del mismo cada dos por tres con argumentos falsos y mezquinos, a pesar de que nunca aciertan.

Además, si estamos por la defensa de lo público, hemos de denunciar que desde hace años, sucesivos gobiernos del Estado español, en connivencia con las entidades financieras, instauraron y mantuvieron la desgravación fiscal en el IRPF a los partícipes de planes de pensiones privados, para que consiguieran un suculento ahorro a la hora de pagar impuestos, y así, las entidades financieras pudieran captar cuantiosos recursos a largo plazo con los que especular mejor en los mercados financieros. Esta política de desgravación fiscal hace que las arcas públicas dejen de ingresar todos los años alrededor de 2.000 millones de euros, justo en unos tiempos en los que se están viniendo abajo los servicios públicos y los derechos sociales. ¿A qué esperamos a cambiar esta normativa que sólo beneficia a un pequeño porcentaje de población con rentas medias-altas? Quien quiera tener un plan de pensiones privado, que lo tenga, pero el Estado que no deje de recaudar ni un euro por desgravaciones fiscales.

http://gregoriolopezsanz.blogspot.com

El documento titulado Proyecto IB 2020 Promoción de la Salud se presenta como la hoja de ruta de la gestión sanitaria en Baleares para los próximos 8 años, lo que supone una declaración de intenciones de este gobierno para hacer una política sanitaria que, utilizando la crisis como telón de fondo, expone en el apartado 3.1 que la decisión política que está adoptando España respecto a las medidas a tomar es la de restringir el gasto en lugar de aumentar los ingresos vía impuestos o estimulando la economía. No puede estar más claro qué es lo que se pretende hacer en estos próximos 8 años.

Este modelo de gestión de la sanidad es el que se está implantando en el resto de las CCAA con un objetivo común: cambiar nuestro sistema público de sanidad, uno de los más eficientes del mundo, por otro sistema con participación del sector privado, obviando que todas las experiencias conocidas, tanto a nivel internacional como ensayadas en nuestro país, terminan siendo más costosas para las administraciones públicas y para los propios usuarios. Este nuevo sistema discriminará a los ciudadanos que padecen situaciones más difíciles, al tratarse la salud como una mercancía más con la que hacer negocios, en lugar de como un derecho que venimos disfrutando desde hace 25 años.

El IB 2020 PS es un documento donde no se distingue el análisis de la reflexión ni la propuesta de la opinión o la intención. Palabras como eficiencia, calidad, sinergias, equidad y hasta promoción de la salud, pierden su significado cuando la única justificación para su implantación es la reducción del gasto y no la inversión en mejoras sociosanitarias. Dicha reducción es absolutamente inadmisible en las Illes Balears, la CA con menor dotación económica por habitante de todo país y con una disminución del gasto en los últimos años. Esta CA debe exigir , como mínimo, situarse en la media estatal de gasto por persona.

Resulta inadmisible la conceptualización que se hace del gasto, al culpar al ciudadano acusándolo de abusar de este bien preferente que es su salud o afirmando que estamos inmersos en la “cultura del despilfarro”; “despilfarro conductual, despilfarro clínico y despilfarro en la gestión”. Siguiendo este argumento quieren conseguir la contención del gasto debido a este “despilfarro” influyendo sobre las conductas de las personas mediante la implantación de coordinadores de salud municipal que impartirán cursos en los ayuntamientos. Nosotros creemos que estas actividades se deberían integrar en los centros de salud de Atención Primaria, que es donde se conoce la situación sanitaria de los ciudadanos adscritos al centro. Si la administración local asume otra vez responsabilidades sanitarias volveremos a la sanidad de hace 40 años, con una asistencia de beneficencia en las casas de socorro. Otra posibilidad es que, con la culpabilización de estos “sobrecostes conductuales”, se quiera caminar hacia la penalización por el hecho de tener ciertas enfermedades teniendo que pagar por ello, sin considerar la evidencia existente en materia de salud pública que asocia comportamientos con condición social. En definitiva no se acometen los problemas en su origen, y se establecen, por el contrario, penalizaciones sobre el ciudadano consumidor de modelos de vida que impone la propia sociedad en la que estamos inmersos.

La incorporación de la figura de “yoko teacher” o enfermera de salud en los colegios es otro ejemplo de cómo desvirtuar la promoción de la salud y debilitar la Atención Primaria, argumentando que se va a contener el gasto porque los niños irán menos al pediatra. Esto no se sostiene en un entorno en el que profesores y familia disponen de una atención primaria de salud, con programas de atención al niño sano que canalizan toda la asistencia que necesite cualquier niño.

Pretender que desde los hospitales se haga promoción de la salud es algo novedoso y hasta ahora discordante con las funciones propias de los hospitales, que son fundamentalmente dispositivos asistenciales de tercer nivel. La formación de los profesionales hospitalarios y las inversiones que se realizan están orientadas a la curación y la aplicación de tecnologías sanitarias complejas de diagnóstico y tratamiento, y no a la promoción de la salud. Esta función debería estar más cerca del ciudadano, y eso se consigue orientando la promoción de la salud a través de los recursos que están en la Atención Primaria. Resulta preocupante en todo el documento el olvido, probablemente intencionado, de las funciones actuales de la Atención Primaria, difícilmente asumibles por este nuevo sistema que quiere caminar hacia la privatización.

Con el IB 2020 PS los actuales responsables de la Conselleria de Salut han demostrado qué línea pretenden seguir en materia sanitaria, con una total indiferencia hacia los profesionales sanitarios, hacia la protección de la salud de los ciudadanos y hacia el conocimiento científico y el respeto a la evidencia que se debe tener cuando se elabora un documento de estas características.

Llama poderosamente la atención el hecho de que el título que aparece en el lector de Adobe (el documento está en formato “pdf”) sea “Soporte a la elaboración del primer informe de la Fundación IDIS sobre el sector sanitario privado”. “El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) tiene como objetivo ser una representación institucional de la sanidad privada, un órgano interlocutor ante la administración”, según consta en su página en internet.

Por todo ello las organizaciones firmantes agradecen esta oportunidad de ser escuchadas, pero reclaman una participación real en la elaboración de un nuevo documento que defienda la salud de los ciudadanos como derecho y que proponga un plan basado en estrategias y acciones basadas en modelos sanitarios que hayan comprobado ser costo-eficientes y promotores dela salud.

Entidades firmantes:

ADSP Mallorca, ATTAC Mallorca y DRY Mallorca

Cinco argumentos contra aquellos que dicen que el gasto sanitario español es desmesurado o que son inevitables los recortes y el copago.

1. España es de los países desarrollados que menos invierte en salud: sólo el 9,7% del PIB, entre sanidad pública (6,6%) y privada (3,1%). Francia gasta el 11,7%; Alemania, el 11,3%; Holanda, el 10,8%; y Estados Unidos, el 16,2%.

2. El sistema público de salud le cuesta a cada español unos 1.500 euros al año, que salen de sus impuestos. La media europea ronda los 2.100 euros. Francia (2.500), Alemania (2.600) o Reino Unido (2.100) también pagan más por habitante.

3. Por 1.500 euros al año, España consigue una cobertura pública, gratuita y universal (a partir de enero de 2012) con unas prestaciones muy superiores a la media de la UE: la prueba es que tantos europeos vengan a operarse a España. En los países sin sanidad pública, no hay seguro privado que ofrezca unos servicios sanitarios de la misma calidad a un precio tan bajo.

4. La inversión es pequeña, pero la rentabilidad es muy alta. España está entre los mejores países en casi todos los indicadores de salud: en esperanza de vida, en tasas de vacunación infantil o en trasplantes. Gracias a los sistemas de prevención, la mortalidad por cáncer de mama, por ejemplo, es casi un 24% inferior a la media de la UE.

5. Que nuestra sanidad pública sea tan eficaz como barata significa que es uno de los mejores sistemas de salud del planeta, como así se reconoce fuera de España. Su eficiencia desmiente también dos falsedades: que el sistema sanitario español sea un lujo insostenible y que lo privado funcione siempre mejor que lo público.

Fuente: OMS y Eurostat , año 2009.

Antonio Fuertes Esteban – ATTAC ACORDEM

Un sistema educativo democrático, que se precie, necesariamente ha de establecer un marco legislativo adecuado y posibilitar los recursos y las condiciones ambientales para que todas las personas, sin excepción, puedan adquirir los conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para poder articular un proyecto de vida, o bien reconstruir nuevos proyectos en cualquier momento de su desarrollo vital.

Uno de los desarrollos del poder en la modernidad incipiente (finales del S. XVIII y principios del XIX) estuvo marcado por la construcción del conocimiento y el acceso al mismo. Otro por favorecer las condiciones que hicieran posible el desarrollo de las identidades nacionales en las naciones- estado. Fue el liberalismo político, desde el poder, quien lideró ambos desarrollos. La democracia se va conformando como un nuevo orden liberal que instituye nuevos mecanismos de control y dominación. La función de la educación se erige como central entre los instrumentos de reproducción social. Necesariamente en la educación residía la clave para el control del conocimiento y para el desarrollo del proyecto identitario y de solidaridad nacional al que apelar en los momentos precisos y en función de los intereses de las elites.

El “sueño de la ilustración”, se vincula al predominio de la razón y al progreso. Pero es a este sueño de la razón al que Goya, y en cierta medida Niestzche, se refieren como “creador de monstruos” y esto sucede en la medida en que se consolida y hace hegemónico, en el seno de la Ilustración, el proyecto liberal: En su vertiente económica del mercado libre que se autorregula y en su vertiente político-filosófica como el legítimo derecho de los individuos “más aptos” para hacer prevalecer sus intereses, bajo el dominio del mérito, la selección natural y la lucha por la vida que caracteriza al darwinismo social. Atrás quedaban relegados al olvido discursos que contribuyeron a “las luces” como el criticismo kantiano, la crítica al dominio absoluto de la razón instrumental, el “no todo vale” en lo que respecta al progreso. No eran justificables desde la ética kantiana ni el dominio absoluto de la razón instrumental, ni el progreso por sí mismo y como único fin y en contra muchas veces del interés humano.

Los ilustrados liberales idearon unas ciencias sociales a su imagen y semejanza. El saber científico quedaría establecido por la ciencia positiva como verdad objetiva y desde este nuevo paradigma se leen a su vez los discursos sociales. A partir de August Compte se establecen las bases por donde, en lo sucesivo, habrían de discurrir las ciencias sociales, y entre ellas las ciencias de la educación. Es Compte el primero que extiende el método positivo a lo social. Este interés en Compte y en sus continuadores, ha sido causante de que durante mucho tiempo y hasta nuestros días algunas políticas sociales, y entre ellas algunas educativas, hayan reducido a la persona a la categoría de objeto, cosificándolo y sentando las bases bien del proteccionismo paternalista, bien de la culpabilización de este sujeto. Del determinismo divino o destino, se pasa al determinismo humano, la persona no sería la medida de todas las cosas, sino que será la ciencia la que hará de las personas el objeto de su análisis. También en las llamadas ciencias de la educación sucede lo mismo, la persona no es sujeto de la educación sino objeto de ella, un recipiente de asimilación. Esta perspectiva impediría realizar el principal fin de una educación de carácter democrático, que sería la socialización crítica del sujeto; la educación de un sujeto autónomo ante la educación y ante su propia vida, con derechos y responsable de sus actos, sujeto de derechos y deberes sociales. Con el positivismo en educación los seres humanos estarán en disposición para ser barajados, clasificados, normativizados, adoctrinados o adiestrados, como objetos de la ciencia positiva. El interés en Compte era la predicción y el empleo de la ciencia para el control de la naturaleza, incluida la humana. El círculo lo cierra el concepto de “utilidad” (introducido por utilitaristas), que justificaría el mayor bien para el mayor número, la eficacia social había de someterse así a la satisfacción de las mayorías que cuentan, en las democracias actuales los que cuentan en el mercado del voto y del trabajo. A la clasificación y selección se añadiría la segregación del “material” (humano) considerado no útil en un momento determinado.

Hoy, en la denominada por Manuel Castells “Sociedad de la información” y ante el nuevo paradigma globalizador, el sistema educativo formal ha dejado de significar el principal sistema generador del conocimiento y conformador de las adscripciones e identidades nacionales. Es este profundo cambio de contexto histórico, en el que se desarrolla el conocimiento, uno de los factores que han originado lo que desde medianos de los 70 se viene denominando “crisis de la educación”, (Junto a este se pueden citar la revolución en las telecomunicaciones y el desarrollo de internet, los cambios efectuados en la familia y en sus roles tradicionales, la creciente importancia de la llamada educación no formal e informal y la preocupante falta de vínculo entre el desarrollo de una determinada formación académica y la consiguiente promoción laboral, entre otros), y que al mismo tiempo ha propiciado que se hable, cada vez más de sociedad educadora.

Es importante, para poder ejercer una visión crítica de la educación actual, conocer cuáles son los mecanismos por los que ésta sirve, bien a la democratización social orientada al cambio, o bien a la reproducción del sistema social. Sutiles mecanismos de reproducción social se ofrecen a menudo bajo discursos que pretenden promover una pretendida “igualdad de oportunidades” que en teoría, y bajo el valor del mérito, posibilitaría las condiciones necesarias para una pseudo- democratización del sistema. Esta fue la principal baza de la democracia liberal para justificarse socialmente, apelando a la capacidad de las clases populares de promocionarse en el escalafón social, lo que se ha llamado movilidad social ascendente. Desde la perspectiva de la filosofía política (Althusser), de la sociología (Bordieu, Bodelot, Establet), o de la semiología (Berstein) diversos autores probaron en los años 70 y 80 la falsedad de este enunciado: En realidad a través de la educación, las clases, fundamentalmente, se perpetuaban a sí mismas.

En la actualidad existen interesantes corrientes de pensamiento crítico, dentro del campo de la educación, que tratan de ofrecer alternativas a la educación reproductora, especialmente en lo que respecta al tratamiento educativo actual de las diferencias de tipo cultural y a la marginalización de las diferencias socialmente no bien toleradas. Desde una perspectiva que persigue crear las condiciones necesarias para que se dilaten los márgenes de admisión social de la diferencia cultural, a través del conocimiento del “otro”, Henry A. Giroux habla de la necesidad de reconsiderar las relaciones de dominación entre el centro y los márgenes. Para ello desde la educación cabría defender una auténtica igualdad de oportunidades, reinterpretando las formas en que el conocimiento puede ser reorganizado para facilitar la reescritura de los límites. No podemos olvidar la llamada ya Pedagogía de la Liberación, especialmente en lo que tiene que ver con la educación de adultos y con las “comunidades de aprendizaje”, cuyo máximo representante e impulsor ha sido Paulo Freire.

En una educación de carácter democrático, por medio de las leyes, recursos e itinerarios educativos, habrían de crearse las condiciones necesarias para una mayor igualdad atendiendo la diversidad, ya que lo que hace a las sociedades democráticas es aquello que contribuye a hacer a las personas más iguales y reconocidas socialmente. Sin embargo los sistemas educativos, en mayor o en menor medida siguen sirviendo al mantenimiento de una sociedad jerarquizada y estratificada y en ocasiones sirven para segregar, estigmatizar o excluir a determinadas personas o grupos sociales. Pero los “restos” que el sistema genera producen marginación, exclusión y conflicto social, ante dichos conflictos el poder no responde con más y mejor educación, ni en general con políticas que den pie a mayores oportunidades sociales, sino que desde la óptica de la culpabilización del sujeto, se responde con más control y/o represión.

Ante la dificultad, expresada por determinados líderes de elites culturales identitarias, para que puedan convivir “bajo el mismo techo” diversos mundos; hemos de reivindicar una vez más una educación que eduque a y para una ciudadanía cosmopolita. Este tipo de educación, no debería servir para conformar identidades definidas y permanentes, sino para posibilitar procesos de relación e identificación que facilitaran a todas las personas el vínculo social necesario para sentirse miembros, de pleno derecho, de una comunidad abierta y acogedora. Una educación democrática ha de proporcionar al sujeto el aprendizaje del conjunto de saberes y formas de interpretación de la realidad que coexisten en la sociedad. En ese sentido educar no debe constituir la base de inoculación cultural o adoctrinamiento de una cultura dominante. La educación ha de contemplar dos supuestos básicos: La universalidad, y ello entraña la comprensión de la diferencia cultural, y por otra la configuración particular de lo social, las representaciones culturales plurales propias del contexto donde la persona desarrolla su socialización, que proporcionan al sujeto el anclaje en su mundo y que alimentan su particular forma de humanidad. También ha de proporcionar a los sujetos de la educación el necesario espíritu crítico para el progreso y perfeccionamiento de lo social, para posibilitar el cambio y romper así el círculo mágico de reproducción de “lo dado”.

El educativo no es un sistema aislado al que venerar o culpabilizar. La educación se desarrolla en el conjunto de la sociedad y el fracaso de la educación es el fracaso de la sociedad y de su escasa cultura democrática. Es por ello, que es apremiante para una sociedad educadora, que se implique activamente y se comprometa con la educación de las futuras generaciones. Para ello la ciudadanía habría de responsabilizarse, en principio exigiendo a los poderes públicos una educación pública de calidad, plural, laica y abierta a lo diverso. Capaz de promover valores democráticos, de compensar las desigualdades y de aumentar las oportunidades para todas las personas sin excepción. Este es el primer reto si no queremos quedar a merced de los adoctrinadores y del mercado. La educación privada realmente existente hoy día, que en su mayoría es religiosa, selecciona y educa en función de una ideología instituida y de las diferencias de estatus y de riqueza- hay una educación para ricos y una educación para pobres-, con lo cual no puede servir a la causa democrática.

A quien no haya tenido oportunidad de ver la película “Hoy comienza todo” de Bertrand Tavernier, le recomiendo la vea en cuanto pueda. La acción transcurre en una escuela infantil francesa y en ella se van desgranando los peores perfiles del sistema neoliberal, en cuanto a los procesos de segregación, marginación, culpabilización, exclusión y conflicto social. Perfiles en los que sólo el compromiso con la escuela y la comunidad de un director de escuela, los maestros y maestras, una puericultora y una artista, logran dibujar una ventana de esperanza. Sólo a través del cariño, hacia los niños y niñas, del conocimiento de la realidad y del compromiso, surge la esperanza, el día en que todo puede volver a empezar. En una fusión de la creación artística y el compromiso con los mejores sueños de una comunidad. Preciosa, colosal, inabarcable en toda su humanidad.

Y es en la película donde a un inspector se le escapa aquello de la curva de Gauss. Los científicos sabrán a qué me refiero y tiene que ver con el estado de naturaleza o con la selección natural, cuantos quebraderos de cabeza nos ha dado a tantos y tantos estudiantes. Yo tuve un profesor de biología que estaba empeñado en demostrarnos, que el universo se rige por la curva de Gauss. Todo en la naturaleza es aleatorio y estadísticamente se distribuiría según una curva normal, él empleaba cultivos microscópicos, que según él se ordenaban y disponían normalmente. Lo que constituiría la norma, lo que se espera de las cosas se situaría en el centro de la curva, lo que no se comprende muy bien, se situaría al margen, hacia los extremos, aislado. Yo no comprendía nada, pero como nos caíamos bien, me aprobó. Cuando más tarde estudié pedagogía me di cuenta de que toda la vida me habían estado tratando como un ser aleatorio en movimiento y ora bien me situaban unas veces en el centro, ora bien otras veces al margen, fuera de la norma, del canon de lo que se espera de uno. Muchos profesores distribuían las notas según la norma de la clase ¿Qué quiere decir esto? Pues que hacían la media aritmética de las notas de todos los alumnos y a los que tenían la nota que se correspondía con esta media los situaban en el centro de la curva, eran los alumnos normales, los demás se alejaban o acercaban de esta norma en función de su nota, pretendido reflejo de las capacidades, motivación y conducta de los alumnos. Eso sí, de ningún modo medía esta nota la adecuación y actualidad de los planes de estudios, ni la formación del profesorado, la actitud, el compromiso y las metodologías empleadas, ni mucho menos las dificultades de origen sociocultural en los alumnos. Las políticas normativas basadas en la eficacia y eficiencia y que se vuelven a poner de moda, impelen a los enseñantes a ser sólo enseñantes, no educadores. Desde una nueva apelación a la “autoridad” y a la meritocracia, se comienzan a cuestionar los avances de la educación activa, laica y de los movimientos de renovación pedagógica. Quien no se adapta a unos límites normativos, en cuanto a rendimientos, cada vez cuenta menos a la hora de la programación de los planes de estudio y de la planificación de los enseñantes, esto lleva progresivamente a algunos alumnos a una temprana situación de retraso e inadaptación escolar y a la segregación o al temprano abandono del sistema educativo.

Los test de inteligencia que se desarrollan desde el famoso de Binet (1905) y muchas de las escalas de personalidad, inventarios, que han continuado empeñándose en clasificar, distribuir y seleccionar a la gente, se guían por una norma muchas veces cultural, ya se sabe, el anglosajón, blanco de clase media… etc,…… , si algún niño o niña se desliza un poco hacia abajo por cualquier motivo el día de la prueba, lo tildaban de deficiente en una buena temporada!!!! de ese círculo ya difícilmente se salía. Imaginaos si le llegan a hacer una prueba a algunos de esos maravillosos, pero maltratados por la vida, niños de la película, seguro que les sacan algo “feo”…. En fin, vaya con la campanita de gauss o curva de distribución normal, ¡cómo persigue a algunos!, sólo con que alguien con poder y/o influencia social o científica, se haya tomado la pequeña molestia de definir una norma. Los tecnócratas de la educación son tan peligrosos como los de la economía. El inspector de enseñanza, en la película defendía la norma como necesaria para el buen hacer de la clase, porque eso le habría de posibilitar poder tratar, con garantía de éxito a una mayoría de alumnos, pero obviamente el director de escuela y parvulista responsable, y que amaba igual a todos los niños y quería no marginar a ninguno con sus sistemas didácticos, no aplicaba los procedimientos normativos como el inspector.

También en un momento de la película el director de la escuela, cabreado por la falta de presupuesto en la escuela para cosas imprescindibles, y ante uno de los recortes presupuestarios, se dirige al despacho del alcalde, el cual le explica que el presupuesto en educación y en asuntos sociales se lleva un buen porcentaje del presupuesto de la República. Es obvio que la media y los porcentajes sirven como justificación de todo, es el dominio de los números estadísticos, el funcionalismo en educación o en política o en medicina…., de sobras sabemos lo que significan estos números cuando tratamos de enfrentarnos en nuestra profesión a un problema concreto educativo o social. Es como la teoría del pollo, cuando yo hice la mili (no había objeción posible entonces, sino deserción y declaración de prófugo si no se incorporaba uno) a los mandos les gustaba decir que todos éramos iguales porque comíamos pollo, se les olvidaba decir que la tropa rasa comía los cuellos, alas y vísceras y las piernas y pechugas se cocinaban en la cantina de oficiales. Lo mismo podríamos decir de la renta per cápita, el PIB y otras lindezas…

En fin, para los que hayan leído este artículo les sugiero imaginación, creatividad, y compromiso. Y hoy puede empezar todo o ser un gran día, plantéatelo así.

Rex Pública Global