]]> http://www.attacmallorca.es/2012/01/23/gasto-sanitario-publico-en-espana/feed/ 0 http://www.attacmallorca.es/2012/01/20/si-la-sanidad-es-sostenible/ http://www.attacmallorca.es/2012/01/20/si-la-sanidad-es-sostenible/#comments Fri, 20 Jan 2012 09:00:12 +0000 asusini http://www.attacmallorca.es/?p=6481 Fernando Lamata /José Antonio Poncela /Ramón Gálvez – Público

Con la coartada de la crisis económica algunos partidos políticos y fuertes intereses económicos están cuestionando la sostenibilidad de la sanidad pública. En Catalunya, Castilla-La Mancha, Galicia o Baleares han comenzado recortes y copagos, deteriorando la calidad y quebrando la equidad del Sistema Nacional de Salud.

Es preciso insistir en que el gasto sanitario público en España es adecuado a nuestro nivel de renta. Con datos de la OCDE de 2011, referidos a 2009, España gasta el 6,99% del PIB. En Francia, el 9,2%; en Alemania, el 8,9%; en Reino Unido, el 8,2%; en Italia, el 7,4%; en EEUU, el 8,3%. Es decir, nuestro gasto sanitario público no es exagerado. Además, con ese gasto se ofrece una atención de buena calidad (hasta ahora), para toda la población, con unos resultados excelentes (mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil, mejor sistema de trasplantes del mundo, etc.). El gasto sanitario público en España se ha mantenido estable en 2010 y 2011.

El desequilibrio del presupuesto público en España se debe sobre todo a la disminución brusca de los ingresos en los años 2008 y 2009. Para lograr financiar el gasto público es preciso que los ingresos fiscales en España sean similares a los de la UE-27, en torno a 8 puntos más de PIB. Por otro lado, es preciso revisar el sistema de financiación autonómica buscando una financiación suficiente de la sanidad, con un gasto por persona equivalente. Y, en todo caso, se debe seguir mejorando la eficiencia a todos los niveles: potenciando la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, mejorando la coordinación, evitando duplicidades, evaluando la eficacia de las prestaciones y las indicaciones, y gestionando adecuadamente la demanda.

El gasto sanitario total de un país (público y privado) depende de la renta de cada país. Un país más rico puede gastar más y un país pobre, menos. EEUU, con un Ingreso Nacional Bruto per cápita de 37.808 euros gasta 5.850 euros en sanidad; España, con 25.066 gasta 2.427; Argentina, con 6.804 gasta 576; Mali con 474 gasta 30 (Banco Mundial, 2010). En cambio, la proporción del gasto sanitario público no depende tanto del nivel de renta como de la orientación política del Gobierno. La pregunta que se hacen las sociedades es si la atención sanitaria es una cuestión privada, que debe resolver cada uno con su sueldo o sus ahorros, o si es una cuestión que debemos afrontar entre todos, un derecho que debe ser garantizado con fondos públicos, ya que la atención a muchas enfermedades es muy costosa y una familia normal no podría hacer frente a los gastos, se arruinaría o no recibiría atención. En Europa el gasto sanitario público supone un 75% del gasto sanitario total, mientras que en EEUU es un 43%. En España hemos conseguido que la atención sanitaria sea un derecho para todos los ciudadanos. Y hemos de reivindicar que siga siendo así, porque la salud es una condición para la igualdad real de las personas.

La sanidad pública sí es sostenible, pero hay quien quiere aprovechar la crisis para recortar gasto sanitario público y hacer más hueco al gasto sanitario privado. Es preciso recordar que la crisis financiera y el paro no son consecuencia del déficit público, sino que el déficit público y el paro son consecuencia de la crisis financiera. La crisis se originó por un proceso de desregulación de los mercados financieros, que permitió la venta de productos tóxicos en gran volumen y a gran velocidad (globalización) y que se simboliza con la quiebra del Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de EEUU, en septiembre de 2008. A partir de ahí se colapsó la economía al cerrarse el crédito a las empresas y se destruyeron 80 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Como respuesta a la crisis, entre octubre de 2008 y diciembre de 2010, la banca europea ha recibido 1,6 billones de euros en ayudas públicas y, al mismo tiempo, se han impulsado estrategias para reducir el déficit público, con importantes recortes de gasto público.

Las reducciones en el gasto público profundizan la crisis y, consecuentemente, incrementan el desempleo. El gasto sanitario en España, y el público en particular, se encuentra en niveles compatibles con un crecimiento económico sano y equilibrado.

Para salir de la crisis o, al menos, para no agravarla innecesariamente, hemos de mantener el gasto sanitario público, no disminuirlo. Es una fuente de empleo, un elemento fundamental de la cohesión social y un sector de innovación privilegiado. La salida de la crisis requiere atacar sus causas. Una nueva regulación de los mercados financieros, con el fortalecimiento de la Unión Europea, para evitar que los productos financieros tóxicos y las operaciones especulativas a gran escala sigan destruyendo la economía real. Políticas de estímulo y de apoyo a las empresas innovadoras, inversión pública y políticas sociales pero, sobre todo, un nuevo marco monetario y financiero. Lo que no tiene sentido es seguir empecinados en recetas que ya han demostrado más que suficientemente en Europa la inutilidad del sufrimiento que causan. La austeridad por la austeridad agrava la crisis, no la combate.

Fernando Lamata es psiquiatra, José Antonio Poncela es economista y Ramón Gálvez es neurólogo

Ya tenemos, también, algunos datos de la repercusión de la crisis económica en nuestro país. Según una encuesta reciente, cerca de un 25% de los españoles consideran que su calidad de vida ha empeorado debido, sobre todo, a que sus ingresos económicos son menores y a que su salud se ha deteriorado. Los problemas de estrés, ansiedad e insomnio ocupan un lugar destacado entre los motivos de este empeoramiento y los atribuyen a la crisis económica. Los datos procedentes de las redes de atención a la salud mental avalan esta encuesta, con un aumento en torno al 15 por ciento de las consultas, debido principalmente a trastornos adaptativos en relación con problemas laborales y otros problemas originados por la crisis económica. Un dato relevante es el de las tasas de suicidio, que venían disminuyendo lenta pero de forma progresiva en los últimos años y que han sufrido un repunte a partir del 2008, especialmente en el caso del suicidio en los varones. Y en la misma línea van los datos que constatan un incremento de la atención en urgencias a casos por intentos de suicidio. Además hay que señalar las repercusiones que está teniendo la precariedad económica y la ausencia de oferta laboral en las personas con enfermedades mentales, con una dificultad creciente para incorporarse al mercado laboral y la consiguiente disminución de los ingresos económicos con sobrecarga para las familias y un incremento significativo de riesgo de exclusión social y situación de calle para esta población.

También los estudios confirman algo que parece evidente: la extensión de las políticas sociales universales dirigidas a los grupos más vulnerables se asocia a una mejor salud global y por lo tanto los efectos de las crisis económicas sobre la salud van a depender en gran medida de las políticas de protección social; sin embargo, las medidas adoptadas por los gobiernos para salir de la crisis económica están teniendo como resultado una disminución de la misma. Las decisiones políticas priorizando el rescate y mantenimiento de los sistemas financieros y la reducción del déficit se están acompañando de recortes importantes en el ámbito sanitario y socio-sanitario. En nuestro país estos recortes empiezan a notarse de manera evidente, y ya no sólo suponen un frenazo al desarrollo de los recursos aún insuficientes, sino una drástica disminución de los que ya existen. Son ya muchos los casos que se van produciendo. En Cataluña se ha reducido un 10 % el presupuesto para sanidad, cifra similar al que están fijando otras Comunidades Autónomas en sus presupuestos para el 2012, y se está produciendo la disminución de los días de actividad asistencial, la supresión de actividad por la tarde, el cierre de centros, la eliminación de prestaciones asistenciales, el despido y la no renovación de personal eventual, la precariedad laboral y reducción del salario de los profesionales y desarrollando planes dirigidos a desregularizar el acceso a los dispositivos sanitarios y a reducir o eliminar la responsabilidad de las administraciones públicas en la provisión y gestión de la atención sanitaria. Esto mismo está previsto que ocurra en otras comunidades autónomas como Galicia y Castilla La Mancha o se lleva desarrollando de una manera lenta y progresiva desde hace varios años, y al margen de la crisis, con resultados similares como en la Comunidad Valenciana o la de Madrid donde el presupuesto para la asistencia concertada se ha duplicado en los últimos cuatros años, acercándose ya al 20% del presupuesto total de la Consejería y se están cerrando dispositivos específicos de salud pública, de atención a las drogodependencias y de salud reproductiva. Los resultados de estas medidas ya están siendo visibles: un aumento de las barreras de acceso al sistema sanitario con un aumento general de las listas de espera tanto médicas como quirúrgicas, un aumento de la insatisfacción de los profesionales de la red sanitaria pública y una disminución de la calidad de la atención prestada a la mayoría de la población.

A los recortes en sanidad hay que añadir los que están afectando al ámbito socio-sanitario como los recursos de rehabilitación psicosocial en salud mental con congelación sine día de nuevos dispositivos, no renovación de conciertos que finalizan contrato y reducción del presupuesto para los conciertos vigentes que están redundando en un aumento de las listas de espera, una peor calidad de la atención y, en muchos casos, en un dejar sin esta prestación a muchas personas con trastornos mentales graves. A esto se suman los obstáculos para acceder a las prestaciones reguladas en la ley de dependencia, donde hay más de 300.000 personas en las listas de espera para evaluación, se aumentan las demoras para acceder a las ayudas o se cancela el pago de las prestaciones durante meses como ha ocurrido en Castilla-La Mancha, factores todos ellos que inciden sobre una población muy vulnerable y que terminan originando un empobrecimiento de su calidad de vida, generando o empeorando problemas de salud e incrementando su mortalidad.

La crisis económica actual pone al sistema sanitario público ante el reto de dar respuesta a un aumento creciente de la demanda asistencial, sobre todo en atención primaria y salud mental, originada por la precariedad económica, por la disminución de los recursos individuales de las personas para dar cobertura a sus necesidades básicas, y por las políticas anti crisis adoptadas por los gobiernos que están conduciendo a una buena parte de la población a una reducción drástica de las medidas de protección social y poniéndola en peligro el acceso a la asistencia sanitaria. Nuestra obligación como profesionales es contribuir a que los recursos que existen se aprovechen lo mejor posible, lleguen a más personas afectadas y sean de la mejor calidad. Pero también es nuestra obligación denunciar que hay muchas personas que no están recibiendo la atención que requieren y señalar las barreras que dificultan su acceso a la misma; como también lo es transmitir a la sociedad y las instituciones públicas la importancia, aún más en esta época de crisis, de la salud y su cuidado y la repercusión global que tiene sobre la ciudadanía y sobre el propio desarrollo económico.

De todo lo expuesto entendemos que pueden extraerse 3 conclusiones:

1) La crisis es un momento en que se produce un empeoramiento de los niveles de salud de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables, y por lo tanto una mayor necesidad de un servicio sanitario público universal y de calidad.

2)Por eso mismo rechazamos los recortes en los servicios sanitarios públicos y el establecimiento de barreras económicas para el acceso a los servicios sanitarios porque pueden tener efectos devastadores sobre un porcentaje muy amplio de la ciudadanía.

3)Entendemos también que el sistema sanitario público tiene espacios de mejora en su calidad y eficiencia, pero estos deben de ser abordados basándose en la evidencia científica y en el acuerdo con los profesionales y a ciudadanía, y nos brindamos a colaborar en la búsqueda de acuerdos y soluciones siempre que garanticen el mantenimiento y mejora del Sistema Sanitario Público.

Asociación Española de Neuropsiquiatría
(www.aen.es/)

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(www.fadsp.org)

Noviembre de 2011

Los argumentos más habituales para justificar los recortes en la sanidad pública son su poca eficiencia y su alto coste comparado con la sanidad privada. Esto es lo que ha calado en ciertos sectores de la sociedad y que no es difícil oír en boca de ciudadanos de a pie. Vamos a ver cómo estos argumentos son rotundamente falsos con unos pocos argumentos objetivos.

Acabo de encontrar esta página donde se pueden ver unos datos muy interesantes*. Por ejemplo, se puede ver el gasto en salud (en porcentaje de PIB) de todos los países del mundo

El caso de Estados Unidos es especialmente significativo. Es el paradigma de país desarrollado con un sistema de financiación privada único en el mundo. Más desarrollados que ellos en ese aspecto no hay nadie. Veamos cómo les va.

Estados Unidos es el segundo país del mundo que más porcentaje del PIB dedica a sanidad (el primero es Malta). Es lo que dice el mapa de arriba, por eso está tan oscuro. Mientras que Estados Unidos gasta el 16% de su PIB, España gasta el 9,7%. Eso quiere decir simplemente que del dinero total del país, los ciudadanos gastan un 60% más en el cuidado de su salud. Este modelo de sanidad privada es claramente ineficiente porque no usa los mínimos recursos para conseguir sus objetivos.

Uno puede pensar que sí, que se gastan más, pero que tienen la mejor sanidad del mundo. Veamos ahora la calidad de la sanidad de Estados Unidos. La tasa de mortalidad infantil es un buen indicador del nivel de salud de un país. Según los datos de la web, Estados Unidos se codea en este ámbito con países como Hungría, Bielorrusia y Nueva Caledonia. Su tasa es de 6 muertes por cada 1000 nacimientos normales. En España la tasa está en 3,4, casi la mitad e inferior incluso a las de Finlandia, Alemania, Francia y Noruega.

La imagen que tenemos de la sanidad de Estados Unidos está extremadamente mediatizada por las informaciones puntuales que nos llegan, las películas y las series. Sólo sabemos que el famoso de turno se ha ido a operar de una enfermedad incurable a las américas (de lo que no hablan es de la factura) y vemos en la tele grandes y modernísimos hospitales y ambulancias que parecen naves espaciales. La realidad es otra para el que no es millonario (el 99%).

Hay más datos interesantes. Estados Unidos está por debajo de España en número de camas de hospital por habitante y en densidad de médicos por habitante, pero está muy por encima en la tasa de mortalidad matera (la de Estados Unidos es 4 veces más alta, un escándalo) y en obesidad en adultos (el doble). En esperanza de vida, que es una medida general de la calidad de vida de un país, España está en el puesto 12 del mundo, mientras que Estados Unidos está en el 37, siguiéndole de cerca Taiwán y Panamá.

Todo un negocio. Se gastan más para obtener menos. El negocio real no está pensado para los ciudadanos sino para las grandes empresas sanitarias privadas. Ellos saben que todos los ciudadanos necesitamos servicios de salud. Todos sin excepción. Hay gente a la que no le gustan las bebidas con gas y no las compra. Coca-Cola nunca hará negocio con ellos por muchas campañas publicitarias estupendísimas que hagan. Pero todos los ciudadanos, absolutamente todos, necesitamos ir al médico. Si pudieran privatizar un bien tan fundamental como el agua que bebemos también lo harían. ¡Ay qué tonto, que ya lo han hecho!

Ni desde el punto de vista económico ni desde el de calidad, la sanidad privada supera a la pública. Desde el punto de vista de la justicia social tampoco. Si en España vamos por la senda de la privatización, la consecuencia directa es que tendremos una sanidad de peor calidad, aumentará su gasto y podremos invertir menos en otros sectores como la educación, los servicios sociales, la investigación, las pensiones… ¿De verdad queremos ir por ahí? A la vista de este análisis, la estrategia de Mas, Cospedal, Rajoy y compañía es clarísima: hay que desviar el gasto público (que es lo que nos exigen los “mercados”, es decir, los bancos, agencias de calificación y otros) al sector privado. De esta forma el sector privado tendrá acceso a nuevo dinero, fresco y fácil (no hay que olvidar que todos necesitamos sanidad). Y señores de lo privado, les obsequiamos además con otro regalo: la sociedad gastará más dinero con vosotros de lo que gasta actualmente. Es cierto que la calidad empeorará, pero no os preocupéis, nosotros ya nos hemos encargado de convencer a la sociedad de lo contrario. Y en ello seguimos cada vez con más fuerza.

http://www.youtube.com/watch?v=-fr7ntS7SdU&feature=player_embedded

Recomiendo este vídeo de David Hall, Director de la Unidad de Investigación Internacional de los Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich, sobre la inversión pública y su efecto en la sociedad y en la economía. Él lo explica mucho mejor que nosotros:

* Quien tenga dudas del origen de los datos de la página web en la que nos basamos, debe saber que son datos de la Central Intelligence Agency (sí, la CIA), organismo poco sospechoso de maquillarlos en contra de Estados Unidos. Hay otra fuente también poco sospechosa, el Banco Mundial, que coincide con las estadísticas analizadas en este artículo.

Hace tiempo que la sanidad pública está en la mira del capital. No en vano el gasto sanitario constituye una importante partida económica, y por tanto fuente potencial de negocio. La prueba es que una parte del gasto sanitario llena las arcas de las empresas farmacéuticas y proveedoras de equipamiento sanitario, que suelen encontrarse entre los negocios más rentables del planeta. No en vano también allí donde la gestión sanitaria privada está más extendida, los EE.UU., el peso del negocio sanitario constituye la partida más importante del PIB, algo que tiene poco que ver con el nivel de eficiencia del modelo sanitario si se toman como referencia indicadores de esperanza de vida o de desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria.

Hace ya tiempo que algunas Comunidades Autónomas, especialmente Madrid y la Comunidad Valenciana, adoptaron un modelo de externalización de la gestión sanitaria cuyos efectos sobre el bienestar de la población y las condiciones de trabajo del personal merecen ser evaluados. Hace unos meses una evaluación de la calidad de los sistemas sanitarios en base a 19 indicadores sitúo a ambas comunidades en la categoría de “deficientes” (junto con Canarias y Galicia, siendo la Comunidad Valenciana la peor calificada. (El País, 2 septiembre 2010).

También en Catalunya ha existido desde siempre un sistema mixto de gestión sanitaria, en parte heredado del modelo sanitario anterior al establecimiento de la seguridad social. Un sistema sanitario donde se combinan hospitales públicos con una extensa red de centros semipúblicos, en manos de patronatos con presencia de instituciones locales, Iglesia Católica y grupos privados. CiU, en su largo mandato en la Comunidad, reforzó este modelo y le dio estructura, algo bastante parecido al doble circuito educativo. El Triparto fue incapaz de cambiarlo y aunque incrementó el gasto sanitario también llevó a cabo una reforma estatutaria del Institut Català de la Salut (el propietario de la parte pública del sistema) que apostaba por una gestión más liberal. La excusa siempre es el alto y creciente coste sanitario y la necesidad de modernizar la gestión. Un alto coste que es difícil de argumentar cuando se contrasta el gasto sanitario español con el de países de la UE (tanto en términos de PIB como de gasto per cápita), como el catalán respecto al resto de España (según el informe citado el gasto per cápita catalán solo está 4 euros por encima del gasto medio y se sitúa en la mitad de la tabla.

El nuevo gobierno de CiU, con el ínclito conseller Boi Ruiz a la cabeza, no ha dudado sin embargo en lanzar una auténtica cruzada en pos de la demolición del sector público sanitario. La política de ajuste presupuestario ha sido la excusa para ello. El cierre de camas y quirófanos hospitalarios, de urgencias en los ambulatorios (especialmente grave en zonas semirrurales donde los hospitales están distantes) han generado cabreo y sentimiento de deterioro, Tras las elecciones, CiU se siente con músculo para seguir su política privatizadora, ya visible en uno de los múltiples apartados de la “ley omnibus” donde se contempla la posibilidad que los hospitales públicos alquilen a operadores privados sus plantas cerradas y sus quirófanos, que han dejado de operar por la tarde. Un regalo al sector privado que podrá ofrecer a quien tenga dinero la alta calidad de la asistencia pública sin tener que pasar por las engorrosas (y al menos democráticas) listas de espera. Ahora se propone otra vuelta de tuerca, primero en forma de un nuevo copago por receta médica (como no se puede cambiar la realidad se crea el neolenguaje y se le llama ticket moderador) y después con la propuesta del siempre contundente Boi Ruiz a favor de crear un seguro privado obligatorio para la gente con recursos y dejar el servicio público para los pobres (aunque al paso que vamos con el paro y los recortes salariales la categoría “pobre” va camino de ser universal).

No deja de ser insólito que en Catalunya se defienda la gestión de las mutuas privadas como una muestra de eficiencia y buen hacer cuando en el pasado la Generalitat dedicó importantes recursos al salvamento de gestiones fallidas y fraudulentas (Hospital General de Catalunya, Mutua l’Aliança) y otras importantes instituciones han entrado en barrena (Agrupació Mútua) o han estado salpicadas por importantes casos de corrupción (Mutua Universal). Si de algo puede presumir el sector privado catalán es de fracasos continuados de gestión.

La propuesta, de ir adelante, significa bastante más que una mera privatización. Significa la ruptura del propio concepto de ciudadanía y de solidaridad social por cuanto se rompe el continuo entre los que pueden pagar y los que no. Si el problema es meramente financiero, y se supone que hay una parte de la población con recursos, bastaría subir los impuestos a esta parte de la población para cubrir el aumento del gasto. Propugnar un doble circuito es sin embargo optar por un modelo dual, uno “de pago” (aunque todo el mundo sabe que al final las mutuas privadas practican todo tipo de discriminaciones para reducir sus costes) y otro para pobres. Una nueva oportunidad para fomentar una cultura de la insolidaridad e incultura fiscal de las clases medias y un desprecio frente a los pobres que se salvan del seguro privado. En un país con elevados índices de evasión fiscal, con un elevado porcentaje de población inmigrante pobre, este modelo es una verdadera invitación a la iniquidad y la xenofobia. Ruiz no es solo un privatizador sino un verdadero agente promotor de la fragmentación social. Algo en lo que se muestra tozudo, pues ya antes de hacer esta propuesta atribuyó los problemas de salud a la genética y los hábitos individuales (otra forma de mentalizar a la población de que la gente enferma lo es por culpa propia, de separar buenos y malos ciudadanos, aunque entre los factores de malos hábitos nunca suelan incluir el del uso intensivo de los vehículos que generan contaminación y accidentes, ni el de las malas condiciones de trabajo).

Boi Ruiz, lo que representa, no es solo un peligro para la sanidad sino también para el mismo sentido de sociedad. No solo promueve negocio sino también división social, clasismo. No es por desgracia el único. Ahí están también los responsables de la sanidad gallega y balear desactivando ilegalmente tarjetas sanitarias a gente desamparada. Hay que pararles los pies: está en juego nuestra salud y nuestro sentido de sociedad.

Artículo publicado en Mientras Tanto Electrónico.

El documento titulado Proyecto IB 2020 Promoción de la Salud se presenta como la hoja de ruta de la gestión sanitaria en Baleares para los próximos 8 años, lo que supone una declaración de intenciones de este gobierno para hacer una política sanitaria que, utilizando la crisis como telón de fondo, expone en el apartado 3.1 que la decisión política que está adoptando España respecto a las medidas a tomar es la de restringir el gasto en lugar de aumentar los ingresos vía impuestos o estimulando la economía. No puede estar más claro qué es lo que se pretende hacer en estos próximos 8 años.

Este modelo de gestión de la sanidad es el que se está implantando en el resto de las CCAA con un objetivo común: cambiar nuestro sistema público de sanidad, uno de los más eficientes del mundo, por otro sistema con participación del sector privado, obviando que todas las experiencias conocidas, tanto a nivel internacional como ensayadas en nuestro país, terminan siendo más costosas para las administraciones públicas y para los propios usuarios. Este nuevo sistema discriminará a los ciudadanos que padecen situaciones más difíciles, al tratarse la salud como una mercancía más con la que hacer negocios, en lugar de como un derecho que venimos disfrutando desde hace 25 años.

El IB 2020 PS es un documento donde no se distingue el análisis de la reflexión ni la propuesta de la opinión o la intención. Palabras como eficiencia, calidad, sinergias, equidad y hasta promoción de la salud, pierden su significado cuando la única justificación para su implantación es la reducción del gasto y no la inversión en mejoras sociosanitarias. Dicha reducción es absolutamente inadmisible en las Illes Balears, la CA con menor dotación económica por habitante de todo país y con una disminución del gasto en los últimos años. Esta CA debe exigir , como mínimo, situarse en la media estatal de gasto por persona.

Resulta inadmisible la conceptualización que se hace del gasto, al culpar al ciudadano acusándolo de abusar de este bien preferente que es su salud o afirmando que estamos inmersos en la “cultura del despilfarro”; “despilfarro conductual, despilfarro clínico y despilfarro en la gestión”. Siguiendo este argumento quieren conseguir la contención del gasto debido a este “despilfarro” influyendo sobre las conductas de las personas mediante la implantación de coordinadores de salud municipal que impartirán cursos en los ayuntamientos. Nosotros creemos que estas actividades se deberían integrar en los centros de salud de Atención Primaria, que es donde se conoce la situación sanitaria de los ciudadanos adscritos al centro. Si la administración local asume otra vez responsabilidades sanitarias volveremos a la sanidad de hace 40 años, con una asistencia de beneficencia en las casas de socorro. Otra posibilidad es que, con la culpabilización de estos “sobrecostes conductuales”, se quiera caminar hacia la penalización por el hecho de tener ciertas enfermedades teniendo que pagar por ello, sin considerar la evidencia existente en materia de salud pública que asocia comportamientos con condición social. En definitiva no se acometen los problemas en su origen, y se establecen, por el contrario, penalizaciones sobre el ciudadano consumidor de modelos de vida que impone la propia sociedad en la que estamos inmersos.

La incorporación de la figura de “yoko teacher” o enfermera de salud en los colegios es otro ejemplo de cómo desvirtuar la promoción de la salud y debilitar la Atención Primaria, argumentando que se va a contener el gasto porque los niños irán menos al pediatra. Esto no se sostiene en un entorno en el que profesores y familia disponen de una atención primaria de salud, con programas de atención al niño sano que canalizan toda la asistencia que necesite cualquier niño.

Pretender que desde los hospitales se haga promoción de la salud es algo novedoso y hasta ahora discordante con las funciones propias de los hospitales, que son fundamentalmente dispositivos asistenciales de tercer nivel. La formación de los profesionales hospitalarios y las inversiones que se realizan están orientadas a la curación y la aplicación de tecnologías sanitarias complejas de diagnóstico y tratamiento, y no a la promoción de la salud. Esta función debería estar más cerca del ciudadano, y eso se consigue orientando la promoción de la salud a través de los recursos que están en la Atención Primaria. Resulta preocupante en todo el documento el olvido, probablemente intencionado, de las funciones actuales de la Atención Primaria, difícilmente asumibles por este nuevo sistema que quiere caminar hacia la privatización.

Con el IB 2020 PS los actuales responsables de la Conselleria de Salut han demostrado qué línea pretenden seguir en materia sanitaria, con una total indiferencia hacia los profesionales sanitarios, hacia la protección de la salud de los ciudadanos y hacia el conocimiento científico y el respeto a la evidencia que se debe tener cuando se elabora un documento de estas características.

Llama poderosamente la atención el hecho de que el título que aparece en el lector de Adobe (el documento está en formato “pdf”) sea “Soporte a la elaboración del primer informe de la Fundación IDIS sobre el sector sanitario privado”. “El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) tiene como objetivo ser una representación institucional de la sanidad privada, un órgano interlocutor ante la administración”, según consta en su página en internet.

Por todo ello las organizaciones firmantes agradecen esta oportunidad de ser escuchadas, pero reclaman una participación real en la elaboración de un nuevo documento que defienda la salud de los ciudadanos como derecho y que proponga un plan basado en estrategias y acciones basadas en modelos sanitarios que hayan comprobado ser costo-eficientes y promotores dela salud.

Entidades firmantes:

ADSP Mallorca, ATTAC Mallorca y DRY Mallorca

Cinco argumentos contra aquellos que dicen que el gasto sanitario español es desmesurado o que son inevitables los recortes y el copago.

1. España es de los países desarrollados que menos invierte en salud: sólo el 9,7% del PIB, entre sanidad pública (6,6%) y privada (3,1%). Francia gasta el 11,7%; Alemania, el 11,3%; Holanda, el 10,8%; y Estados Unidos, el 16,2%.

2. El sistema público de salud le cuesta a cada español unos 1.500 euros al año, que salen de sus impuestos. La media europea ronda los 2.100 euros. Francia (2.500), Alemania (2.600) o Reino Unido (2.100) también pagan más por habitante.

3. Por 1.500 euros al año, España consigue una cobertura pública, gratuita y universal (a partir de enero de 2012) con unas prestaciones muy superiores a la media de la UE: la prueba es que tantos europeos vengan a operarse a España. En los países sin sanidad pública, no hay seguro privado que ofrezca unos servicios sanitarios de la misma calidad a un precio tan bajo.

4. La inversión es pequeña, pero la rentabilidad es muy alta. España está entre los mejores países en casi todos los indicadores de salud: en esperanza de vida, en tasas de vacunación infantil o en trasplantes. Gracias a los sistemas de prevención, la mortalidad por cáncer de mama, por ejemplo, es casi un 24% inferior a la media de la UE.

5. Que nuestra sanidad pública sea tan eficaz como barata significa que es uno de los mejores sistemas de salud del planeta, como así se reconoce fuera de España. Su eficiencia desmiente también dos falsedades: que el sistema sanitario español sea un lujo insostenible y que lo privado funcione siempre mejor que lo público.

Fuente: OMS y Eurostat , año 2009.

No sé ustedes, pero yo me estoy poniendo malo con las noticias que llegan de la sanidad catalana. Se me dispara la hipocondría cuando pienso en hospitales a medio gas, con quirófanos y plantas enteras cerradas, médicos sometidos a presión laboral y con los sueldos recortados, listas de espera disparadas y tijeretazos presupuestarios a discreción. Ya digo, me enfermo sólo de pensarlo.

Hace unos días los médicos pusieron números a la ofensiva de la Generalitat contra la sanidad pública. Un representante del hospital de Vall d’Hebron, por ejemplo, decía que este año el centro operará a 5.000 personas menos de lo habitual, que no es que hayan sanado de repente, sino que quedan en lista de espera. Lo mismo con los 1.200 pacientes que aguardan pruebas diagnósticas, en un hospital que ha cerrado 120 camas, y no por falta de uso.

Deberíamos ponernos todos malos con lo que está pasando, no sólo los catalanes. Porque lo que el gobierno de Mas está haciendo es un anticipo de lo que puede pasar en el resto de comunidades tras el 20-N. A diferencia de CiU, que no teme tanto el desgaste electoral (pues saque lo que saque no será muy decisiva en la próxima legislatura, con un PP con mayoría absoluta), en otras comunidades aguardan a que pasen las elecciones antes de meter mano a la sanidad, pero ya verán.

Porque además, lo de Cataluña puede ser visto por otros gobernantes como un ensayo general. Si hasta ahora creíamos que había líneas rojas que ni la crisis podía traspasar, en Cataluña se pisotean sin miramientos. Sí, con resistencia de trabajadores y ciudadanos, pero no tanta como para dar marcha atrás.

De paso que se deteriora la sanidad pública, nos machacan el mensaje de que el sistema es insostenible, que no puede financiarse, lo que abre la puerta a que luego nos cuelen el copago, una mayor participación privada y lo que haga falta, una vez todos convencidos de que esto no hay quien lo pague.

Sí, seguramente la sanidad tiene problemas de financiación. Pero es que la sanidad no es un negocio, no tiene que dar beneficios económicos ni vivir de sus propios recursos, sino dar beneficios sociales, sanitarios, que por supuesto cuestan dinero. ¿No rescatamos corriendo a bancos y grandes empresas cuando no se sostienen solos? Pues ya estamos tardando en rescatar a la sanidad pública. Y aquí lo dejo, que me sube la fiebre.

Artículo publicado en Diario Público

Marcos Roitman Rosenmann – Consejo Científico de ATTAC España

En España asistimos a una bochornosa situación, el recorte en los presupuestos generales del Estado destinados a sanidad. El problema se llama externalización, eufemismo para negar que asistimos a una privatización de recursos fiscales. Financiamiento público para lucro privado. Ese es el misterio. Hacerlo posible supuso crear una ley ex profeso, conocida como ley 15/1997, aprobada por el PSOE y el PP, y la complicidad de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. Dicha ley autoriza la gestión y administración de la salud a cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho; ese es el quid de la cuestión, facilitar la provisión de servicios sanitarios a cualquier empresa privada.

Cabría esperar vergüenza torera cuando el objetivo apunta a desmantelar la sanidad pública. Pero se regodean, siendo habitual escuchar a los dirigentes de los grandes partidos políticos declarar con la boca chica que la sanidad pública no está en peligro, mientras a espaldas de la ciudadanía abren las puertas a entidades financieras y empresas constructoras, que espantadas de la crisis prefieren invertir sobre seguro en el área de la salud.

Varias son las formas utilizadas para legitimar el desembarco de los especuladores en sanidad. La primera, una tríada, señalar el colapso, la ineficacia y la insostenibilidad del actual modelo de salud pública, obliga a una reforma en profundidad si se quiere gozar de un sistema eficiente y seguro. Una vez introducido el tridente argumentativo, se habla del despilfarro y el gasto compulsivo fruto de una mala gestión. Lo mejor es racionalizar los recursos. palabra mágica. Lo dicho justifica cerrar los centros menos rentables y vender las instalaciones para recaudar fondos y aminorar el déficit público. Edificios, centros de salud, laboratorios, incluso hospitales son rematados o alquilados. Sólo en Cataluña se han clausurado las urgencias nocturnas en más 40 centros de asistencia primaria, todos ellos en barrios populares.

Se despiden médicos, enfermeras y personal auxiliar o bien no se convocan nuevas plazas. Muchos galenos y enfermeras emigran. Alemania, Gran Bretaña y Suecia son destinos preferentes. El deterioro provocado de la Sanidad Pública se explica por la anteriormente citada ley 15/1997, que incorpora el concepto beneficios privados en la gestión y administración de la salud. La ecuación ya no tiene secretos. La incógnita se despeja fácilmente. Una sociedad enferma es rentable para los empresarios.

Un informe elaborado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS) descubre qué empresas invierten en salud, y no son otras que Dragados-ACS, SACYR, Accciona, Begar-Plader, FCC-Madrid, Hispania y Apax-Partners. Antes de la crisis lo hacían en instalaciones deportivas, carreteras, torres de apartamentos, complejos turísticos, campos de golf; hoy sus ganancias provienen de la gestión y explotación de la sanidad pública. El negocio es redondo. Las cifras cantan. En Majadahonda, un pueblo de Madrid, el coste de construcción más equipamiento de un hospital con capacidad para 615 camas suma la cantidad de 221 millones de euros. La Comunidad de Madrid pagará durante 30 años a sus constructores, Dragados, un alquiler anual de 45 millones. Finalizado el periodo, Dragados se habrá embolsado la suma de mil 350 millones de euros, sin contar los beneficios por explotación de servicios complementarios, cafetería, aparcamiento, lavandería y otros. En siete años, los inversores recuperan costes y los otros 27 representan beneficios brutos. Pero nadie repara en la corrupción. El costo económico del proyecto ha superado en cuatro veces el valor real de haber sido construido por la comunidad. Y lo más grave, su puesta en funcionamiento, coincide con el cierre de otros servicios y camas en hospitales públicos aledaños, con lo cual no hay una mejora de atención para la ciudadanía y los pacientes.

La decisión política de privatizar se centra en una frase: no hay dinero público para obras de infraestructura sanitaria. Sin embargo, otro informe señala la falsedad del argumento. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, gastó 620 millones de euros en publicidad institucional entre 2008 y 2011. Cifra equivalente al costo global de los ocho hospitales que se han levantado durante su mandato, recurriendo a la iniciativa privada. En definitiva ha entregado la hacienda pública para ser esquilmada por constructores sedientos de dinero. En los hechos, el pueblo madrileño pagará cinco veces el valor real de las instalaciones.

Hacer de la salud un negocio ha llevado a introducir criterios perversos como el copago. Además de los impuestos que todo ciudadano paga en su declaración de la renta, se cobra una tasa cada vez que se acude al médico, sea general o especialista. Los verdaderos beneficiados de este sistema son las compañías privadas de seguros médicos. El argumento es pueril: es preferible pagar a una empresa privada y garantizarse la cobertura total y no depender de un sistema público colapsado e ineficiente. Para el capitalismo todo puede calcularse en términos de costes y beneficios. Si la salud da dividendos, debe ser privatizada. Por esta razón y no otra, altruista o de compromiso social, los dueños del dinero invierten en la construcción de hospitales, su gestión y administración.

En España, desde hace más de una década, se ha apoderado de la sanidad pública un grupo de 10 constructoras privadas. Saben dónde está el dinero y entran a saco. Años atrás su fuente de ingresos provenía de la construcción de autopistas de peaje, aeropuertos y viviendas de lujo. Hoy son megaproyectos y las inversiones en sanidad lo que les ofrece pingües beneficios. El resultado de privatizar la sanidad es nefasto. Las desigualdades se amplían, y la brecha entre ricos y pobres se profundiza. Así, pasamos de un Estado del bienestar con servicios de salud de amplia cobertura a un Estado de beneficencia con salud para ricos y pobres. Unos podrán pagar y acceder a mejores servicios y la mayoría de las clases populares deberán conformarse con una sanidad degrada por voluntad política. La sociedad será injusta, enferma y débil. Pero ese no es un problema para los coyotes de la sanidad, al contrario, es la solución perfecta para seguir ganando dinero, esta vez a costa de la salud.

Artículo publicado en La Jornada

En su web dicen lo siguiente:

“Desde hace meses arrecian los mensajes interesados en la construcción de un tópico: “La Sanidad Pública resulta tan costosa que no podemos sostenerla”. Recortes en las prestaciones, copagos y privatizaciones son las recetas propuestas por los corifeos de las empresas de seguros, de tecnologías sanitarias y por los partidos de derechas, que desearían poder repartir como beneficios parte de los miles de millones que mueve la financiación, contratación y provisión de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).”

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