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Ciudadanos europeos de tercera: deportación masiva de gitanos rumanos en Francia

23 agost, 2010 - Unió Europea

¿Cómo puede legalmente el Gobierno de Sarkozy llevar a cabo la mayor deportación conocida desde la 2ª Guerra Mundial? ¿Realmente es sólo una cuestión interna del orden público francés, o estamos ante una quiebra definitiva del estatuto de ciudadano europeo? CARLOS A. MONTOUTO, Secretario de la Sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia, trata de dar respuesta jurídica a estas cuestiones.
Carlos A. Montouto
Este verano las asociaciones europeas de defensa de los derechos civiles se han visto asaltadas por una paradoja altamente denunciada ya, pero que no hubiera alcanzado el revuelo mediático que las medidas del gobierno francés contra los asentamientos de gitanos rumanos en la periferia de París han levantado, si no fuera por la lucha de poder existente en el partido de gobierno galo, entre el sector encabezado por Dominique de Villepin y el núcleo duro del gobierno Sarko, dirigido por el Ministro del Interior Brice Hortefeux.
Acostumbrados a los conflictos en las fronteras exteriores de Europa, como el que sucede en Melilla con las acusaciones de racismo a las fuerzas de seguridad fronteriza españolas, el descubrimiento mediático de que también existen fronteras interiores en el reglamentista paraíso europeo ha despertado el asombro hasta de los veraneantes.
En realidad el problema es tan viejo, como la habilidad de los políticos para aplicar la legalidad vigente a su antojo, con cierta connivencia de los Tribunales que deberían garantizar la proscripción del abuso de poder de los gobiernos frente a sus ciudadanos. Un problema que se reduce al inflamante concepto de “orden público” que tanto gusta a la derecha europea.
El artículo 48.3 del Tratado de la UE ya se refería a los términos de orden público, seguridad y salud públicas como fundamento de las medidas limitativas al derecho de estancia y libre circulación de los nacionales comunitarios. Conceptos tan subjetivos e interpretables como esos, ya movieron al propio Consejo Europeo a promulgar una Directiva en 1964, que en previsión de la arbitrariedad venidera ya declaraba entonces tener por objeto “proteger a dichos nacionales contra un ejercicio de los poderes que derivan de la excepción relativa a las limitaciones justificadas por dichas razones, que fuesen más lejos de las necesidades que constituyen la justificación de una excepción al principio fundamental de libre circulación de las personas” (en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE), en su Sentencia de 1977 sobre el asunto “Regina/Boychereau”).
El TJCE siguió cumpliendo su función depuradora del ejercicio abusivo por los Estados miembros de los conceptos de orden público y seguridad y salud públicas, y en Sentencia de 12-3-1999 en el asunto Donatella Calfa, abundó en su propia doctrina al afirmar que “el concepto de orden público puede invocarse para justificar la expulsión de un territorio, sólo en el caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, sin que la mera existencia de condenas penales constituya por sí sola motivo para la adopción de dicha medida…situación que no es equiparable al defecto de integración social de una persona ni a su conflictividad indefinida”.
Estaba recordando así el TJCE, a los Estados miembros, que la única razón para permitir la excepcionalidad interna al principio fundamental de libre circulación de las personas en el espacio de la UE que permite el Tratado Fundacional, estaba pensada para defender a las sociedades europeas de riesgos graves contra su seguridad, básicamente el terrorismo y el crimen organizado, y no para penalizar a los europeos por su falta de integración social o económica en otro país de la Unión o incluso por sus antecedentes delictivos, aunque fueran reiterados, para lo que la legislación penal de cada país, ya tiene sus propios medios de represión.
Sin embargo, con la expansión de los matrimonios mixtos entre europeos y extracomunitarios como forma de obtener la residencia en Europa de estos últimos, y sobre todo con la ampliación de la Unión a partir de 2004, esa doctrina ha sido abiertamente orillada por todos los Estados Miembros, e incluso por el propio Consejo, al promulgar la vigente Directiva 38/2004 que dedica ineficazmente todo su Capítulo VI a tratar de compensar las exigencias de la doctrina del TJCE con el interés de los gobiernos por mantener las manos libres a la hora de restringir e incluso expulsar a ciudadanos europeos de otros estados miembros.
La Directiva que además fue aprobada, con un amplio margen de adaptación tanto en el plazo como en el texto, a favor de los Estados miembros, establece no obstante en sus artículos 27 y 28, que además de exigirse la observancia de los principios de proporcionalidad, audiencia y responsabilidad personal del interesado (como en cualquier procedimiento sancionador), reservando un importante papel a la acreditación del arraigo del mismo para enervar la expulsión o la falta de admisión y registro en el país de acogida; prohibe expresamente la expulsión de los menores de edad y de los que acrediten residencia por más de 10 años, salvo si trata de motivos imperiosos de seguridad pública.
Lamentablemente las medidas de protección de la propia Directiva contra el abuso de poder de los Estados miembros, son ignoradas sistemáticamente, incluso en España. Acabamos de ver como los niños gitanos son separados por la fuerza de sus padres en Francia y deportados con sus madres. Acabamos de ver como el desmantelamiento de los campamentos de gitanos rumanos en Francia y los vuelos de la vergüenza se efectuaron sin respetar el principio de responsabilidad personal de cada ciudadano, detenido, retenido y deportado (¿dónde está la hoja histórico-penal de cada uno que lo justifique?). Sin valorar sus circunstancias concretas de arraigo (“su edad, estado de salud, situación familiar y económica, su integración social y cultural en el Estado miembro de acogida y la importancia de los vínculos con su país de origen”, en palabras del artículo 28.1 de la Directiva vigente). Muchos gitanos llevaban más de 10 años en Francia y tenían hijos nacidos y escolarizados en Francia. Acabamos por último, de contemplar con sonrojo la connivencia de las autoridades del Estado de origen, con el Presidente de Rumanía, Traian Băsescu, declarando públicamente “comprender” los motivos del Gobierno Galo.
Para saltarse la aplicación de la Directiva sobre ciudadanos comunitarios, el Gobierno Sarkozy ha recurrido el viejo truco de no aplicar las leyes que le son molestas. Dado que el Tratado de Adhesión de Rumanía y Bulgaria a la UE permitía a los países miembros adoptar moratorias y periodos transitorios hasta la total integración, Francia acordó una moratoria que limitaba la consideración como comunitarios de los ciudadanos búlgaros y rumanos hasta 2012, que probablemente prorrogará hasta 2014, mientras que en España sólo duró 2 años. De esta forma evita considerar a los nacionales rumanos y búlgaros como ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea y los sigue considerando como extracomunitarios, evitando de este modo la aplicación de la Directiva de 2004, mientras que las empresas y empresarios franceses siguen haciendo negocios en Rumanía sin pago de tasas ni aranceles por la circulación de mercancías y capitales. Otro ejemplo más del cinismo más absoluto al que nos tienen tan acostumbrados los líderes europeos, de un tiempo a esta parte.
Pero sin ir tan lejos, en la misma España socialista, sin un espectáculo tan marcadamente xenófobo como el francés, la Directiva y doctrina del TJCE se ignora sistemáticamente pero caso a caso, por tanto de forma más silenciosa, dañina y sutil. Sin una determinación clara del concepto de “orden público” en el contexto democrático, que supere la rancia doctrina del nunca bastante vituperado Tribunal de Orden Público del Franquismo, la interpretación del concepto para excepcionar la libre circulación en España de ciudadanos de otros países miembros y sus familiares, se aplica de manera totalmente arbitraria en función de la autoridad policial, funcionarial o judicial que revise el expediente. Transpuesta la Directiva de 2004 en nuestro derecho interno por el Real Decreto 240/2007, todas las garantías del ciudadano que contenía el Capítulo VI de la Directiva han sido condensadas de forma confusa en el artículo 15 de nuestro Reglamento de Comunitarios, dejando las manos libres a la autoridad para interpretar cuando existe una afectación grave al orden público o seguridad y salud públicas de España.
Así, resulta que según el Abogado del Estado o el Juez que le toque al ciudadano con antecedentes penales, resultará denegado en su derecho de residencia en España o incluso expulsado, una veces en función de la duración y clase de pena que se le haya impuesto, otras en función del tipo de delito cometido (lo que deja la puerta abierta a las veleidades de la opinión pública y la manipulación populista, por ejemplo en materias como el maltrato familiar o la seguridad vial), y otras en función simplemente de la mera tenencia de antecedentes penales. Si cometiste un error, aunque pagues por él, no mereces vivir en España por muy comunitario que seas, sobre todo si eres pobre o sólo eres familiar extracomunitario de un comunitario, es el razonamiento más extendido entre las autoridades españolas, violando abiertamente la Sentencia del TJCE de 1999 por la que las meras condenas penales no justifican la amenaza suficientemente grave de afectación de un interés fundamental de la sociedad.
La arbitrariedad es tan rampante en la materia, que a petición de algunos colegios profesionales de abogados, que hasta la Abogacía del Estado se ha visto obligada a solicitar dictamen a Madrid para que aclare con qué criterios debe aplicarse el concepto de “orden público”, tan peligroso para la salud democrática de cualquier sociedad moderna. Incluso, el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 1 de Junio de 2010 ha declarado ilegal buena parte de la transposición española de la Directiva de 2004, gracias al empeño solidario de asociaciones como “Andalucía Acoge”, pero ha dejado en pie el artículo 15 del Real Decreto 240/2007, puesto que no se trata tanto de un texto inapropiado sino de una aplicación abusiva y arbitraria del mismo, lo que deja abierta la puerta a la discriminación continuada de los ciudadanos europeos y sus familiares, que no nos gusten, durante largo tiempo.
En una sociedad igualitaria, como se proclama la europea, la existencia de fronteras interiores con prohibiciones de entrada o de estancia de unos ciudadanos en los estados de otros, de restricciones, persecuciones y mermas de garantías ante la ley por razón de costumbres, procedencias o modos de vida, no hace más que consolidar la idea de que la construcción europea no sólo se encuentra en punto muerto desde hace al menos una década, sino que se ha convertido en un mero templo de mercaderes, en el que las grandes declaraciones sobre altos principios y superioridad moral frente al resto del mundo, hace tiempo que sobran. ¡Que pena!

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