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Como si no hubiese pasado nada: el Parlamento Europeo frente a la crisis

16 novembre, 2010 - Unió Europea

Matteo Guainazzi – ATTAC-Madrid
El Parlamento Europeo reafirma su fe en la “Estrategia UE 2020”, que es la continuación de la Estrategia de Lisboa. Como subraya una nota de la red ATTAC-Europa, se trata de promover las famosas reformas estructurales: “la liberalización de los mercados financieros, de los servicios públicos, la flexibilización del mercado de trabajo … las mismas políticas neo-liberales, llevadas a cabo en nombre de la competencia” libre y no falseada “que nos han levado hasta aquí.”


P7_TA(2010)0376. Esta sigla misteriosa no pasará a la historia; y es una pena ya qué detrás de ella se esconde un documento de envergadura aprobado recientemente por el Parlamento Europeo. Es una resolución “sobre la crisis financiera , económica y social: recomendaciones para medidas e iniciativas a tomar”. En otras palabras, se trata nada menos que de las sugerencias sobre cómo salir de la crisis por los representantes elegidos a la máxima instancia democrática europea. Claro está: en la democratiquísima Unión Europea (UE) los representantes de los ciudadanos solo pueden “proponer” y “sugerir” a quien de verdad decide: la Comisión y el Consejo.
Este documento expresa un consenso casi unánime. Lo han votado el 95% de los Populares, el 97% de los Liberales, y el ¡100%! de los Socialistas y de los Verdes. Solo los diputados del Grupo Confederal de la Izquierda Europea se ha decantado mayoritariamente (94%) para votar en contra.
Entonces, ¿qué propone la inmensa mayoría de nuestros representantes para salir de la crisis? Pues, ¡profundizar en las políticas que nos han llevado a la crisis! El leit-motiv es el rigor fiscal. A pesar de que la resolución reconozca que la UE se ha gastado “sólo” el 1.6% de su Producto Interno Bruto en planes de rescate y estímulo económico (frente al 5% de China, o al 6.6% de Estados Unidos), insta a que los gobiernos “pongan orden en su hogar fiscal y reduzcan significativamente su déficit y nivel de deuda”. Se trata de los planes de austeridad con recortes de los Servicios Públicos (SSPP), las prestaciones sociales y la inversión productiva que están, al mismo tiempo, obstaculizando la recuperación económica y sumiendo a más y más ciudadanos en la pobreza en España, Grecia, Lituania o próximamente Reino Unido: 80 millones de pobres en la UE en 2007, antes de la crisis, como la resolución nos recuerda. Claro, se podría también pedir a los bancos que devuelvan parte del dinero que se les ha dado para sanear sus cuentas, hechas polvo a raíz de sus maniobras especulativas. De este dinero el Parlamento, empero, se olvida.
Los parlamentarios saben que estos planes no son populares, que la gente se resiste tozudamente a ser impulsada a la pobreza y a la precariedad, y que exige, en manifestaciones masivas en España, Francia, Grecia o Hungría, que la crisis la paguen sus responsables: los bancos, los especuladores y el mundo de las finanzas desregulado. Los gobiernos podrían ceder a la tentación de escuchar más a sus ciudadanos. Para evitar estas tentaciones democráticas la resolución pide que la Comisión “hinque más los dientes” en contra de los gobiernos indisciplinados, y propone un mecanismo de sanciones automáticas para los gobiernos que no sigan el rigor fiscal obligatorio.
Entre tanto, debe desaparecer cualquier medida extraordinaria de estimulo de la economía, y el Banco Central Europeo debe volver a su tradicional independencia de cualquier control político democrático. Su único objetivo tiene que ser la estabilidad de los precios y la disciplina fiscal, aunque a costa de ahogar la economía productiva y los gastos sociales. En este marco se insta a los gobiernos a la moderación salarial (“mantener los incrementos salariales en línea con la productividad y las previsiones de inflación”), asegurándose el apoyo previo de los sindicatos (“importante mejora del dialogo social sobre temas macro-económicos”) para evitar estallidos y turbulencias sociales. El Parlamento Europeo acusa a los trabajadores, envalentonados por años de derechos laborales fatigosamente conquistados, de ser otro enemigo de la estabilidad económica. Insta, entonces, a implantar la flexibilización de las condiciones de empleo y despido para los emprendedores. Pero la reducción de derechos laborales no ayuda a crear empleo, como se ha demostrado con el nulo efecto sobre el número de parados que ha tenido la reforma laboral hecha por el gobierno socialista en España. Al mismo tiempo, en la resolución del Parlamento Europeo no faltan palabras que expresan una preocupación para los “más desfavorecidos” y “la clase media [que quiere vivir] con dignidad de los frutos de su trabajo.” El Parlamento insiste en “reducir la pobreza en la UE en el 50%”, así como la desigualdad y la exclusión social, y “promover la eficiencia de la protección social y de los SSPP”. Pero, ¿cómo conseguir este objetivo en un marco de disciplina fiscal, a decir de menores gastos públicos? La solución son los “partenariados público-privados”, en particular en la gestión de los SSPP. En el lenguaje aséptico del mantra económico dominante esta es la forma de invocar una creciente privatización. Así se remarca que la “financiación de las pensiones no puede ser dejada solo al sector público”. El Parlamento Europeo se decanta por un papel creciente de los fondos de pensiones privados, lo que conlleva una transferencia neta de recursos de los sistemas de reparto de prestación fija a los sistemas de capitalización –el mismo tipo de reforma de las pensiones que el Fondo Monetario Internacional pide a gritos al Gobierno de España. Se pide un papel más activo del sector privado en la educación, la que conllevaría una mayor influencia de las empresas privadas en la gestión de la escuelas de formación superior o universidades; y la generalización de “cheques-bebés” (child allowances) para que las familias puedan gastarse libremente en el mercado de las escuelas privadas y concertadas (o en los centros comerciales), en vez de garantizar un sistema de guarderías y escuelas públicas de acceso gratuito. De los servicios “públicos”, sólo las líneas de trenes de alta velocidad salen bien consideradas. El Parlamento insta a que para este tipo de grandes obras estructurales se pueda hasta incrementar la deuda pública a través de la emisión de Eurobonos: siempre hay recursos para ayuda a las grandes empresas de la construcción aún en tiempos de disciplina fiscal y rigor presupuestario.
El Parlamento Europeo reafirma su fe en la “Estrategia UE 2020”, que es la continuación de la Estrategia de Lisboa. Como subraya una nota de la red ATTAC-Europa, se trata de promover las famosas reformas estructurales: “la liberalización de los mercados financieros, de los servicios públicos, la flexibilización del mercado de trabajo … las mismas políticas neo-liberales, llevadas a cabo en nombre de la competencia” libre y no falseada “que nos han levado hasta aquí.”
También hay algunas pequeñas luces en este panorama tan sombrío. El Parlamento hace suyas algunas de las peticiones históricas de ATTAC, que la realidad de la crisis parece haber impuesto a la agenda política como auto-evidentes: un “impuesto a las transacciones financieras para […] reducir la especulación” (y, de paso, contribuir a la financiación de las arcas públicas) y un plan para conseguir el “cierre de los paraísos fiscales”. También es positiva la propuesta de una directiva que fije una armonización en toda la UE de los impuestos a las empresas para impedir el dumping fiscal entre los países de la UE, o la de un salario mínimo comunitario armonizado. Sin menospreciarlos, se trata de pequeños avances, que cambian muy poco la filosofía neoliberal que la abrumadora mayoría de nuestros representantes electos piden siga inspirando la política económica de la UE.

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