Menu

Declaración ante el Foro Mundial de Inversiones de UNCTAD

14 agost, 2016 - Internacional, Justícia Fiscal y Financiera Global, Moviments Socials, TTIP / CETA / TISA, Unió Europea

Declaración ante el Foro Mundial de Inversiones de UNCTAD,

17-21 de julio, Nairobi, Kenya

Ante la reciente avalancha de demandas de corporaciones en tribunales arbitrales contra nuestros países,
¡decimos YA BASTA!
Julio de 2016

Las organizaciones y redes de la sociedad civil que firmamos esta declaración expresamos nuestro rechazo al avance del poder de las empresas transnacionales, que se sustenta en los diferentes tratados de libre comercio e inversiones que existen actualmente en los países de toda América, y que se verán profundizados con el Tratado Transpacífico (TPP), el Tratado de Comercio e Inversiones Transatlántico (TTIP), el Tratado Comercial Canadá – Unión Europea (CETA), además del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA). Sostenemos que estos tratados sólo consolidan el poder de las corporaciones en todo el mundo y en particular en los países adherentes, poniendo en jaque los derechos de los pueblos, así como la preservación del medio ambiente.
Actualmente, la mayoría de los países de nuestro hemisferio, desde Canadá hasta Argentina, están recibiendo de manera explosiva multimillonarias demandas por parte de corporaciones, a raíz de la puesta en vigor de ciertas regulaciones en favor del interés público o del medioambiente. Esto muestra el efecto nocivo que tiene el sistema de protección de las inversiones y el arbitraje internacional sobre las legislaciones nacionales.
El poder corporativo ha cristalizado en un sistema jurídico internacional que les reconoce derechos omnipotentes, abusivos y les garantiza un sistema de impunidad. Esto se plasma en la inclusión de las cláusulas de solución de controversias inversor-Estado, que da a los inversores la posibilidad de recurrir al sistema de arbitraje internacional en lugar de las cortes nacionales. Así, los inversores demandan a los Estados soberanos por millones de dólares ante “tribunales” arbitrales secretos y privados (CIADI del Banco Mundial, ICC, SCC entre otros) que funcionan lejos del alcance de la justicia local. Como contraparte, los gobiernos y ciudadanos no contamos con contrapesos jurídicos, ni con instancias internacionales ante las cuales demandar a las ETN ante la justicia cuando sus actividades violan los derechos humanos y ambientales, o cuando coartan medidas de políticas públicas para el interés general.
Los tratados de inversión y libre comercio atentan contra la posibilidad de los Estados de regular: las reglas de los Tratados de inversión y de libre comercio no son acordes con los derechos humanos y la protección del medio ambiente, ni respetan la capacidad soberana de los países de implementar políticas públicas responsables. Los TBI contienen cláusulas que limitan la capacidad para que los gobiernos receptores actúen en favor del fomento económico y el desarrollo sustentable, protejan el medio ambiente y la salud pública, defiendan a sus países de crisis financieras y hagan valer la primacía de los derechos humanos. Esta lógica se ha hecho evidente en casos resonantes como la demanda que la tabacalera Philip Morris interpuso contra el Uruguay a partir de una política de protección de la salud, argumentando que se violaba la propiedad intelectual de su inversión, derecho incorporado en el tratado de inversiónUruguay-Suiza.
Asimismo, estos tratados son aprovechados de forma masiva por las corporaciones del sector extractivo, como el petrolero y el minero. En uno de los fallos más grandes de la historia, Ecuador está siendo obligado a pagar 1,000 millones de dólares más intereses a la petrolera estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) por haber cancelado un contrato de operaciones en 2006. El mismo país también ha sido sentenciado a pagar 700 millones de dólares a la también estadounidense Chevron.
Más recientementese han recibido una avalancha de demandas del destructor sector extractivo, desafiando políticas públicas tendientes a la preservación del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Aquí mencionamos sólo algunos ejemplos:

 

Todos estos casos son sólo ejemplos. Las demandas inversionista – Estado han detonado en las últimas dos décadas: de un total de 6 casos conocidos bajo tratados en 1995, a 696 casos conocidos hoy en día. Solamente en el 2015 se entablaron 70 nuevos casos de demandas inversor-Estado en base a Tratados de Proteccion de Inversiones. Por ejemplo, sólo en el CIADI en 2015, los países americanos en su conjunto representaban el 35% de las demandas. Argentina, México, Ecuador y Venezuela han sido los países más demandados.
Es importante recalcar que en el sistema de arbitraje internacional,los Estados siempre pierden, ya que aun cuando no sean condenados a compensar al inversor, las demandas les cuestan millones dólares en gastos de defensa y de proceso. Aun si en algunos casos los paneles de arbitrajeno fallan contra el Estado, la propia demanda implica un gasto excesivo en contratación de firmas de abogados que pueden cobrar hasta USD 1000 la hora de asesoramiento. Perú lleva gastados USD 53 millones en la contratación de dos estudios de abogados estadounidenses para su defensa en las cuatro demandas a las que está siendo sometido; Ecuador gastó más de 100 millones de dólares en su defensa y en los gastos del arbitraje; por su parte, El Salvador ha gastado más de 12 millones de dólares sólo para defenderse de la minera Pacific Rim. Esos montos siderales podrían ser utilizados en los gastos públicos más urgentes, en lugar de ser destinado a cubrir los gastos de las demandas. Por otra parte, en los casos donde sí se ha fallado en contra del Estado, las demandas representan montos gigantes que se convierten en nuevos mecanismos de deuda externa para los países. El reciente anuncio del gobierno argentino de que avanzará en el pago de nueve demandas de empresas en el CIADI con bonos pagaderos al año 2024 es una muestra de esto.
Asimismo, Bolivia, Ecuador y Venezuela salieron del CIADI y comenzaron un proceso de denuncia de algunos de sus tratados de inversión. No obstante esto, continuaron recibiendo demandas de inversionistas que se ampararon en las cláusulas de remanencia de los tratados de inversión. Los tratados permiten que los inversores continúen presentando demandas por un periodo residual que en muchos casos supera  los 10 años.
Por lo tanto, es urgente que se desmantele el poderde las corporacionestrasnacionales. Esta necesidad de regular el poder corporativo yano sólo es planteada desde los movimientos sociales, sinopor diversos gobiernos y parlamentos eincluso organismos internacionales.En ese sentido, es indispensable contar con uncódigo internacional vinculante para lasempresas transnacionales (y otras empresas de negocios) que las obligue a respetar los derechos humanos y dote a los afectados y a los Estados de losmecanismos e instituciones para hacerlovaler.
Demandamos que todos los gobiernos de nuestro hemisferio:

 
 

      BASTA YA DE DEMANDAS CORPORATIVAS CONTRA NUESTROS PUEBLOS

  EN TODO EL CONTINENTE, DECIMOS NO A LOS TLC

  RECHAZAMOS EL TPP, TISA, TTIP y CETA

 
Grupo de Trabajo continental sobre Inversiones:
ATTAC – Argentina
Democracy Center – Bolivia
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) – Ecuador
Comisión Nacional de Enlace (CNE) – Costa Rica
Ecuador Decide – Ecuador
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derechos Alternativos (ILSA) – Colombia
Instituto EQUIT, Gênero, Economia e Cidadania Global – Brasil
Institute for Policy Studies (IPS) – Estados Unidos
REDES / Amigos de la Tierra – Uruguay
Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)
Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio (RMALC) – México
Réseau québécois sur l´integration continentale (RQIC) – Quebec
Transnational Institute (TNI) – Amsterdam
Organizaciones adherentes:
Asamblea “Argentina mejor sin TLC” – Argentina
Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT) – México
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) – Ecuador
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) – México
ATTAC BIZKAIA
BASE Investigaciones Sociales (BASE IS) – Paraguay
Brigadas Populares – Brasil
Campaña “Chile Mejor sin TPP” – Chile
Campaña EH TTIP EZ – País Vasco
Centro de Estudios del Trabajo – Colombia
Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS) – Argentina
Colectivo Viento Sur – Chile
ColetivoPassarinho – Brasileirxs en Argentina
Comisión Nacional de los Derechos Humanos – República Dominicana
Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas – CADTM Internacional
Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas AbyaYala /Nuestra América (CADTM – AYNA)
CommonFrontiers– Canadá
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) – Ecuador
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) – Ecuador
Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE)
Convergencia México mejor sin TPP – México
Ecologistas en Acción – España
Escuela Sindical Nuestra América (ESNA)
Espazo de Contradicurso, Construción e Coordinación de Alternativas e Resposta Social (ECOAR) – Galicia
Etica en los Bosques – Chile
Federación Judicial Argentina (FJA) – Argentina
Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV) – Italia
FOCO – Argentina
Food First Information and Action Network (FIAN) – México
Foro Salud Pública – Ecuador
Fundación de estudios para la aplicación del derecho (FESPAD) – El Salvador
Instituto de Estudios y Formación (IEF)- CTA Autónoma – Argentina
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) – EEUU
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica – El Salvador
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) – Chile
Plataforma de Defensa del Haití para el Desarrollo Alternativo (PAPDA) – Haití
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Plataforma Jerez contra el TTIP – España
Rede Brasileira pela Integraçao dos Povos (REBRIP) – Brasil
Red de Ambientalistas Comunitarios (RACDES) – El Salvador
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) – Chile
Red de Acción por los Derechos Ambientales – Chile
Red Nacional Género y Economía (REDGE) – México
Secretaría de Derechos Humanos –CTA Autónoma – Argentina
Siglo XXIII – El Salvador
Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico Latinoamericana (SEPLA)
Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) – Ecuador
UNI – Sindicato Global Américas

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.