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Dos mentiras sobre la reforma laboral

5 març, 2012 - Estatal

Albert Recio Andreu – Consejo Científico de ATTAC España
Los partidarios de las reformas estructurales están exultantes. Por fin una reforma del nivel que pedían desde hace tiempo. El gobierno de Rajoy sí que está a la altura de lo que piden los neoliberales; no le tiembla el pulso a la hora de aplicar medidas impopulares ni de poner firmes a los asalariados. Salvando las distancias, estamos en una situación que rememora viejos tiempos, los del Bienio Negro de la Segunda República, con una derecha dispuesta a demoler todas las reformas progresistas y, en especial, a poner de rodillas a las clases trabajadoras. Más o menos lo que hicieron tres décadas atrás Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que al fin y al cabo son el modelo en el que se ha orientado la derecha española.
La reforma laboral es uno de los ladrillos importantes de este proyecto reaccionario. No es tampoco sorprendente el apoyo de los líderes internacionales al proyecto, puesto que estos participan mayoritariamente de la misma visión del mundo y de los mismos intereses que el gobierno actual (y buena parte del anterior). No se podía esperar otra cosa de gente convencida de que los mercados solo funcionan adecuadamente allí donde los asalariados no tienen capacidad de acción colectiva y los derechos de los empleados se reducen a poco más que recibir un salario en compensación por las horas que son contratados. De gente que ha hecho un esfuerzo político, cultural y propagandístico para expulsar del debate público (y del académico) cualquier referencia a las desigualdades estructurales características de las sociedades capitalistas y para reducir el debate económico al tramposo tema de la competitividad. Han conseguido sacar de plano la lucha de clases y han trasmutado la rivalidad capitalista en una especie de inocua competición deportiva. Por esto ahora se atreven a presentar las reformas estructurales como meras soluciones técnicas y los planes de ajuste como sacrificios inevitables. Sin replantear el contexto, la reforma laboral era una cuestión cantada.
No voy a entrar a analizar los detalles de la reforma laboral. En parte por falta de espacio y, en parte, porque este cometido ya lo realizan en esta entrega otros artículos. Resulta evidente que, más allá de los aspectos específicos de la reforma, su contenido esencial se reduce a un reforzamiento de los derechos y el poder de los empresarios que se traducirá muy posiblemente en un descenso de los costes laborales, una mayor variabilidad de condiciones laborales y un debilitamiento de la presencia sindical en la empresa. Me voy a limitar a discutir dos de las justificaciones con las que se ha venido demandando la reforma laboral: la de su necesidad para generar empleo y la de reducir la segmentación de las condiciones de trabajo de los asalariados.

II

El argumento de que la reforma laboral va a permitir la recuperación del empleo es realmente sorprendente. Sobre todo en un país que, en el pasado reciente, si por algo se ha caracterizado ha sido por la sucesión de períodos de fuerte ajuste del empleo con otros de enorme crecimiento. Un país donde parte del elevado desempleo actual ha sido provocado por el enorme ejército industrial de reserva que se movilizó en la anterior fase de auge de los negocios, en forma de inmigración masiva, y que, ahora que se ha derrumbado la actividad, queda como una masa de población excedente. Si algo ha caracterizado al empleo en España ha sido su elevada elasticidad al ciclo, algo que se explica mucho menos por las regulaciones del mercado laboral y mucho más por el papel crucial que en nuestra historia reciente han desempeñado una serie de actividades, en especial la construcción, en la configuración de nuestros particulares ciclos económicos. Tanto en las fases de crecimiento del empleo como en las de hundimiento del mismo, el peso de la construcción ha sido crucial, y en la última recesión explica, por sí sola, más de la mitad de la destrucción de empleo, sin contar el efecto arrastre que tiene en otras muchas actividades. Si se quiere plantear en serio el tema del empleo en España hay que abordar la cuestión de nuestra estructura productiva, la composición sectorial de la producción. Pero este es un tema tabú que aparece solo de refilón en los debates económicos, sobre todo porque nadie sabe cómo resolverlo. Y porque su análisis conduce a cuestiones que no les interesa debatir: el papel de la internacionalización, el de las élites económicas locales y foráneas, el del sistema financiero frente a las estructuras productivas. Siempre es más fácil culpar de los problemas del empleo a las regulaciones del mercado laboral, en especial a los mecanismos de protección de los derechos laborales, que analizar las responsabilidades que atañen al capital. Siempre es más sencillo proponer formulas simples encaminadas a demoler los derechos de los que tienen pocos, que remover enquistadas estructuras de poder.
El argumento de que facilitando el despido se promueve el empleo es falaz. En una fase de recesión, abaratar el despido puede traer consigo más destrucción de empleo, puesto que su facilidad la convierte en la primera línea de respuesta. Y es asimismo improbable que las empresas vayan a crear más empleo en el futuro por el simple hecho de que sea fácil y barato despedir. La creación de empleo es el resultado de un proceso complejo en el que cuentan más las expectativas de negocio futuras y la demanda que otras consideraciones. De hecho, se sabe incluso que las suculentas subvenciones al empleo, como las introducidas en los nuevos contratos de emprendedores, son casi siempre una transferencia de rentas sin contrapartidas, puesto que las empresas no crean empleo porque haya subvenciones sino a la inversa: si estas existen las piden cuando se plantean contratar a alguien. (De la misma forma que uno no se cambia de coche porque exista un plan “Renove”, pero si hay uno no va a ser tan tonto como para perdérselo cuando se compre un vehículo nuevo.) Es lo que en el argot técnico se llama “peso muerto”, simple transferencia de rentas al capital alegando la creación de empleo.
Y es también incierto que la disminución de los salarios que van a provocar el desmantelamiento de la negociación colectiva y la flexibilidad impuesta unilateralmente por las empresas vayan a ser una gran fuente de competitividad. En un mundo con tantos bienes heterogéneos y mercados tan complejos, las posibilidades de las empresas dependen menos de los costes salariales que de su capacidad para situarse en un “nicho” de mercado en función de su especialización, calidad, innovación, sistema de comercialización, etc. La industria de muy bajos salarios hace ya tiempo que ha emigrado y, dada la cantidad de países que ofrecen salarios muy bajos, es improbable que vayan a volver a corto plazo (otra cosa es que el alza del precio del petróleo modifique las pautas de especialización territorial). La búsqueda de la especialización requiere menos autoritarismo y más cooperación, menos rebajas salariales y más innovación. Es incluso falso que Alemania haya conseguido mantener mercados con rebajas salariales, por cuanto el sector manufacturero exportador no ha experimentado rebajas salariales, sino que estas se han producido sobre todo en los sectores de servicios ajenos a la competencia internacional. Provocar una caída sostenida de los salarios constituye una forma de devaluación competitiva que, a la larga, lo único que genera es más depresión y paro. Y es que los economistas que solo ven los salarios como un coste a reducir ignoran que estos garantizan dos tercios de la demanda de bienes y productos y que los recortes salariales acaban por traducirse en una caída de la actividad.

III

La otra gran coartada de la reforma laboral ha sido la de recortar la enorme segmentación del mercado laboral español; esto es, las enormes desigualdades de condiciones laborales entre grupos diferentes de trabajadores. La idea de que tenemos un mercado laboral dual, con un núcleo de trabajadores altamente protegidos gracias a las costosas indemnizaciones por despido, y una periferia de temporales, siempre sobreviviendo entre el empleo y el paro, surgió a principios de los años noventa, cuando la evidencia de la elevada tasa de temporalidad hacía insostenible mantener que el mercado laboral español era particularmente rígido. Los partidarios del dualismo sostenían que se mantenía la rigidez en el caso de los trabajadores fijos, difíciles de despedir. Y esta rigidez se traducía en una brutal diferenciación de condiciones de trabajo entre fijos y temporales. Cualquiera que lea las páginas económicas de El País habrá podido leer este argumento muchas veces en los últimos meses.
Es cierto que el mercado laboral español se caracteriza por un elevado grado de desigualdades en muchos campos: salarios, estabilidad, condiciones de trabajo, etc. Pero es más que discutible que ello se explique solo por esta dualidad entre tipos de contratos. Cuando se analiza con detalle el mercado laboral, se percibe que hay otros muchos mecanismos de diferenciación, especialmente el tipo de convenio colectivo que se aplica en cada empresa, el grado y tipo de presencia sindical, el reconocimiento formal de las cualificaciones, el género de las personas, su situación legal en función de las leyes de extranjería, la diferenciación entre empleo a tiempo completo y a tiempo parcial… Y que el núcleo de estas desigualdades no está en un pretendido enfrentamiento entre sectores de trabajadores, sino en las políticas empresariales de diferenciación, división y elusión de riesgos. Y que las desigualdades se han ampliado significativamente a través de las estrategias empresariales de externalización de tareas, recurriendo a subcontratas que habitualmente operan con convenios que establecen peores condiciones de trabajo. También puede observarse que el apego empresarial a los contratos temporales no es solo una cuestión del coste del despido, sino también un medio de control y presión sobre el trabajador individual, al que se le amenaza con la no renovación del contrato si no cumple los estándares que se le exigen.
La nueva reforma laboral lo que va a provocar es un crecimiento insoportable de los mecanismos por los que las empresas podrán diferenciar y degradar las condiciones de trabajo. En primer lugar, por la primacía de los contratos de empresa que abren la vía tanto a la destrucción de condiciones marco (comunes a todos los trabajadores de un sector) como a la profusión de convenios con escaso contenido en derechos. En un mundo empresarial tan fragmentado, se abre a las pequeñas empresas la posibilidad de negociar convenios con trabajadores de confianza, sin tutela sindical, que degraden claramente las condiciones de trabajo. Lo cual, además, abre la vía a profundizar en las dinámicas de externalización: las grandes empresas podrán reducir costes encargando nuevas tareas a pequeñas subcontratas que operen con convenio propio. En segundo lugar, por todas las prerrogativas concedidas a los empresarios a la hora de introducir cambios en las condiciones de trabajo de los empleados individuales. Una cesión de poder que va a hacer mucho más difícil la acción colectiva y que favorecerá la discriminación de condiciones de trabajo entre personas de la misma empresa. Y, en tercer lugar, la cesión completa de la intermediación del mercado laboral a las empresas de trabajo temporal, algo que abre claramente la puerta a que estas empresas practiquen una gestión autoritaria de la intermediación, diferencien entre trabajadores “buenos” y “malos”, condicionen el reconocimiento de derechos, etc. La cesión de mucho más poder a los empresarios siempre se ha traducido en fragmentación y división de la clase obrera. Y la nueva ley contiene todo un arsenal de medidas para que ello sea posible.

IV

La reforma radical que ha impuesto Mariano Rajoy significa, además, una impugnación completa de la política de pactos por medio de los cuales los sindicatos trataron de capear la situación. De hecho, no es una novedad completa: las principales reformas laborales se han aprobado en España con la oposición sindical, pero ahora la apuesta es mucho más fuerte que nunca, aprovechando la crisis y confiando en que una población aterrorizada será incapaz de ofrecer una respuesta social contundente. La reforma puede ser el principio de un desmantelamiento completo del marco laboral, pues aún quedan piezas por tocar, algunas ya apuntadas por los voceros del Partido Popular: una ley antihuelga, la reforma de la ley orgánica de libertad sindical, una nueva reforma del sistema de protección al desempleo y una nueva reforma del sistema de pensiones públicas. Esta última puede estar ya prefigurada en el generoso sistema de bonificaciones de cuotas a las empresas que se incluye en las medidas de “promoción del empleo”, y que pueden ayudar a desestabilizar el marco presupuestario del sistema de pensiones.
El marco que prefigura esta reforma es el de la devastación de los derechos laborales y sociales. Y se ha aplicado en un momento en que la capacidad de resistencia social parece limitada. Se requerirá mucho esfuerzo de explicación, de educación colectiva, de organización social, de iniciativas reivindicativas y políticas para cambiar la dirección de los cambios. Los sindicatos tienen ante sí una enorme amenaza y una enorme responsabilidad. Pero también la mayoría de la población que experimenta un saqueo de sus derechos. Por todo ello, lo realmente necesario es encontrar vías de acción que realmente generen una fuerza social capaz de impugnar el modelo social que los reaccionarios tratan de imponernos.
Artículo publicado en Mientras tanto electrónico
 

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