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El síndrome de Davos

7 febrer, 2010 - Estatal

José María Zufiaur – Consejo Científico de ATTAC España
Durante el primer año de la crisis, casi todos los políticos (incluso aquellos que desde sus responsabilidades de gobierno hicieron todo lo posible para liberalizar el movimiento de capitales y entronizar los mercados) han venido clamando por la “vuelta de la política”. Y por la recuperación de la primacía de las decisiones políticas sobre las exigencias de los mercados.
Pese a todas las bellas palabras y pese a todos los planes del G-20 y de otras varias instituciones internacionales, incluida la UE, al día de hoy vuelven “los mercados” a imponer sus dictados. Sin ningún complejo por los desastres causados en el pasado, más agresivos si cabe y con el firme de deseo de seguir imponiendo sus recetas a los gobiernos. Vuelven, como decía el querido y desaparecido David Anisi, los “creadores de escasez”. Los fundamentalistas liberales discípulos de Milton Friedman partidarios de la autorregulación de los mercados, de los recortes permanentes y, sobre todo, de acabar con el legado socialdemócrata. Las luchas del movimiento obrero y la actuación de los partidos socialdemócratas, socialistas y comunistas consiguieron que, superando el Estado liberal, se implantara el Estado Social y Democrático de Derecho. Con su consiguiente ciudadanía social, pasando de esta forma las clases populares del miedo ante los principales avatares de la existencia a la seguridad, al amparo del Estado de Bienestar.
Los gurús neoliberales que, contra toda justificación, siguen dominando la doctrina económica y las instituciones que gobiernan la economía quieren, aprovechando la crisis de la que ellos son los principales responsables, dar otra marcha atrás: desde lo que queda de bienestar hacia el miedo. El miedo al paro, a la enfermedad, a la vejez, a la ignorancia, al desamparo, a la indigencia
El tan imprevisto como brusco giro de las posiciones del Gobierno español en el tema de las pensiones, y veremos hasta que punto en el de la reforma laboral, no parecen tener mejor explicación que la de realizar una concesión a los mercados, a las instituciones financieras internacionales, a las agencias de calificación. El Foro de Davos ha sido la oportunidad elegida para dar carnaza a la fiera, para tratar de calmarla. La imagen del Presidente del Gobierno, junto al Presidente griego, Papandreu, insistiendo en la seriedad y la trayectoria de nuestro país en el cumplimiento de los “compromisos” (se entiende que con la ortodoxia reclamada por los mercados) era una imagen que no reflejaba precisamente el triunfo de la política sobre los mercados.
Sin esperar a que el Pacto de Toledo emitiera sus conclusiones sobre el futuro del sistema de pensiones, sin ningún consenso previo – ni siquiera, según se deduce por lo conocido, en el propio Gobierno –, en un intento de dar una imagen de estar dispuestos a romper con todos los limites marcados anteriormente por el propio Ejecutivo, éste se ha lanzado a calmar a los mercados con un mensaje explícito e implícito de dureza en el frente presupuestario, en el laboral y en el de la protección social. Anunciando para ello las reformas – unas concretadas y otras pendientes de concretar – que venían desde hace tiempo pidiendo “los de economía”: tanto de fuera como de dentro del Gobierno.
En el terreno de los bonos, la maniobra ha tenido un cierto éxito coyuntural: los bonos españoles a 10 años se han recuperado algo y la prima de riesgo ha mejorado. Aunque ya se sabe que esa es una soga que se aprieta o afloja a conveniencia del que la maneja. En otros terrenos, en cambio, el giro adoptado puede tener altos costes para el Gobierno. En primer lugar, si se llevan a cabo, en su propia lógica, las reformas anunciadas o presumidas, las expectativas electorales del gobierno, que ya estaban bastante debilitadas por las cifras de paro y por unas medidas fiscales cuyos damnificados son mayoritariamente las rentas medias, pueden venirse abajo de forma profunda y hasta irreversible Si las opciones de Zapatero de ganar sus primeras elecciones comenzaron cuando, en 2002, apoyó la huelga general contra el decretazo de Aznar, las reformas (¿porqué ahora se llaman reformas a los retrocesos sociales cuando antes reformar era sinónimo de avances?) en cuestiones tan sensibles para los ciudadanos como las pensiones y los derechos laborales – a lo que hay que añadir las cifras de paro que seguirán muy probablemente aumentando durante este año a falta de estímulos fiscales – pueden darle la puntilla electoral a la izquierda en el gobierno.
En segundo lugar, el giro del gobierno le ha dado una baza impagable al PP. Se termina asumiendo partes significativas de sus enunciados sin que ni siquiera haya tenido que “mojarse” para ello con un pacto. Es más, hasta se puede permitir ser menos extremo que los portavoces gubernamentales en cuanto a la prolongación de la edad de jubilación. Desde un punto de vista táctico, sólo un obsesión por llegar con algo contundente al santuario capitalista de Davos puede explicar que el Gobierno se haya metido en el tema del retraso de la edad de jubilación por su cuenta y riesgo en lugar de haber dejado, si esa era su intención, que la derecha, o las derechas, lo propusieran en el seno del Pacto de Toledo. Sólo falta que ahora, en la reforma laboral, abarate y facilite aún más el despido o que, lo que tampoco seria mucho menos dañino, siga las demandas del Gobernador del Banco de España y reduzca la negociación “colectiva” al ámbito de cada empresa. ¿Se imaginan qué clase de “negociación colectiva” puede realizarse en unas empresas cuya plantilla media es de 7 trabajadores? Con este tipo de regalos no sólo puede ganar las elecciones un político como Rajoy: incluso podría haberlas ganado Hernández Mancha.
A los sindicatos, el volantazo les ha dejado a los píes de los caballos. Sin la aportación por parte del Gobierno de medidas suficientemente efectivas para crear masivamente empleo – ni gasto público, ni créditos a precios accesibles, ni capacidad de consumo – y con propuestas de reforma encima de la mesa con las que no pueden estar de acuerdo, salvo que donde se dijo Diego se termine diciendo digo. Y este es, con seguridad, el peor de los errores. Porque aunque todos los partidarios de las reformas más duras digan que ahora, con la crisis y el paro masivo, es el momento de hacerlas, la realidad es que no puede haber nada peor desde cualquier punto de vista, precisamente en las circunstancias que atravesamos, que perder la paz social. Si se deteriora como consecuencia de la reacción sindical, siempre será un escenario peor que el de haberlo evitado. Pero si terminara deteriorándose como consecuencia de reacciones espontáneas o incontroladas, aún sería peor.
El Gobierno da la impresión de haber interiorizado el llamado “dilema de Krugman”. Es decir, que el problema de competitividad que afronta España sólo puede solventarse de dos maneras. Una, con la salida del euro y realizando una “devaluación monetaria” para recuperar competitividad, con todo el coste político, las dificultades técnicas y las repercusiones económicas que ello conllevaría. Dos, mediante la puesta en práctica de una “devaluación real” en salarios y en la protección social lo que, según el premio Nóbel norteamericano, pudiera implicar empobrecer un 15 o un 20% el país. Está, a mi entender, fuera de toda duda que el Gobierno sólo puede optar por la segunda vía. La argentinización – la desvinculación de la paridad con el dólar a la que se vio abocada Argentina – es impensable en España, al margen de cualquier especulación teórica.
Los datos no avalan tampoco que el problema de la falta de competitividad de la economía española provenga de sus niveles salariales ni de protección social, sino más bien del poco valor añadido que genera su modelo productivo y por el lastre que la economía española viene acarreando desde hace varios años por el déficit de la balanza con el exterior. Y que, ahora, recae sobre las cuentas públicas y sobre la deuda del Estado. No es cuestionable, en cambio, que el problema de competitividad existe. Pero España en lugar de salir de este atolladero “por abajo” tendría que intentar una salida “por arriba”. En lugar de escoger la vía de la reducción de sus ya bajos niveles salariales y de protección social debería orientarse a modificar su modelo productivo, que incluye un modelo laboral precario y de baja calidad, y a acercar sus estándares sociales a los europeos.
Para ello, el Gobierno, como decía el eslogan del último Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) celebrado en Sevilla, tendría que “pasar a la ofensiva”. Y estar dispuesto a ser más heterodoxo. Serlo supondría, en el ámbito externo, exigir apoyo, solidaridad, medidas concretas por parte de la UE – algunas de las cuales, propiciadas por la entidad financiera Natixis, enumeré en mi artículo del pasado 7 de enero en estas páginas – superando así, de facto, el compromiso impuesto en Maastricht, sobre todo por Alemania. En efecto, para permitir la entrada en la moneda única de los países del sur europeo, esos países “manirrotos” y “recolectores de aceitunas”, se estableció la prohibición expresa de que la UE pudiera ir en auxilio de cualquier país que se encontrara en riesgo de insolvencia. La airada reacción del ministro alemán de finanzas, ante la pretensión de la Presidencia española de la UE de establecer una Unión Económica con reglas o compromisos vinculantes – equivalentes a las que existen en la Unión Monetaria – y el posterior rechazo de Francia y de Alemania a apoyar a Grecia o la imposición a éste país de un drástico plan de austeridad, muestra que tal compromiso sigue vigente.
Pero nadie puede asegurar que la evolución de los acontecimientos no pueda obligar a las instancias europeas a cambiar las cosas. Como ha diagnosticado el gurú económico Roubini, la hipotética salida de Grecia del euro supondría un grave problema; la salida de España representaría un desastre. No sólo para los países afectados sino para el propio euro. De hecho, la cotización de la moneda europea viene descendiendo desde hace algunas semanas. Por todo ello, España debería exigir un cambio profundo en el comportamiento de la UE, para que la zona euro pueda ser realmente una zona monetaria óptima. Es decir, para hacer que el euro funcionara como el marco unificado, tras la transformación en un solo Estado de las dos Alemanias. No sería esta, desde luego, una tarea nada sencilla pero todo es imposible hasta que no hay más remedio que hacerlo posible. Edgar Morin recordaba recientemente una sentencia del poeta Hölderlin: “donde crece el peligro, crece también la salvación”.
Una mayor heterodoxia en el campo interno, implicaría actuar sobre materias hasta ahora consideradas intocables: entre otras, una reforma fiscal progresiva que grave a determinados activos del capital, a los bonos y a prebendas del tipo Goirigolzarri, al patrimonio, a las rentas más altas; un control público de entidades de crédito – las Cajas, por ejemplo – para asegurar crédito más barato a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas; la sustracción del cálculo del déficit público de determinadas inversiones de futuro. Ello permitiría mantener una política de inversión generadora de empleo, invertir en el cambio del modelo productivo, la recuperación del consumo y la reanimación de la actividad económica. Y reducir el déficit por la vía de mayores ingresos en lugar de sólo por la aminoración de los gastos. ¿No es bastante estúpido que se considere absolutamente normal y lógico que las empresas se endeuden para financiar inversiones que acrecentarán sus resultados e ingresos futuros y que, en cambio, se anatematice como una aberración que el Estado haga lo mismo?
Reformar la protección social o la legislación laboral, en la línea de los primeros mensajes del gobierno, quizá pudiera tranquilizar a los mercados y sostener el riesgo país ante las agencias de calificación. Lo que es seguro es que con ello gran parte de la población se haría más pobre. Es, en cambio, muy dudoso que de esa manera se reduzcan los años que han de transcurrir todavía hasta que recuperemos las tasas de empleo que teníamos antes de la crisis. O que retrasar la edad de jubilación vaya a contribuir a un tirón de la demanda, del crecimiento y del empleo. Pero de ello, de la reforma de las pensiones y de la reforma laboral, tengo intención de escribir en la próxima colaboración.

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