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En quiebra

7 juny, 2012 - Estatal

Antonio Aramayona – ATTAC  CHEG Aragón
En otra vuelta de tuerca, Bruselas parece insistir en que la jubilación en España sea a las 67 años. Ya le tocó proponerlo otrora al Gobierno de Rodríguez Zapatero y entonces votó en contra el Partido Popular, aún en la oposición. Ahora el Gobierno de Rajoy puede decir “Diego” donde había dicho “digo”.
Vamos camino de ser un país de retirados sin jubilación, pues una buena mayoría carecerá del suficiente número de años cotizados. Los mercaderes y sus acólitos imponen más ajustes, haciéndonos olvidar de paso que ajustar viene de “justo” y consiste en “conformar, acomodar algo a otra cosa, de suerte que no haya discrepancia entre ellas”. Llaman ajuste a la imposición y la coacción en perjuicio de los que menos tienen, mientras hacen que gobiernan mediante una calculadora tramposa. Lo sorprendente es que los perjudicados aún no se hayan levantado contra tanto abuso de poder y tanta razón de la fuerza.
No hay dinero para pensiones, para sanidad pública, para educación pública, para desempleados, para dependientes, etc., pero sí para rescatar y sanear bancos hasta dejarlos relucientes y listos para volver a manos privadas. Sube el IVA, pero dejan intacta la exención del pago del IBI y otros muchos impuestos a la Iglesia Católica y otras confesiones, así como a las Fundaciones y Asociaciones pertenecientes a ese saco sin fondo denominado “de utilidad pública” o “sin ánimo de lucro”. Lo más indignante del asunto es que quien promueve la campaña del pago del IBI por parte de la Iglesia Católica es quien no ha movido un dedo durante ocho años para rescindir el Concordato y los Acuerdos del Estado con la iglesia católica y hacer realidad el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles ante la ley, eliminando toda suerte de privilegios: el Partido Socialista Obrero Español (¡ay, cuánto duele a los ojos hallar allí aún “socialista” y “obrero”).
Nos hablan de quiebra económica del país, pero ya nos ha llegado una quiebra aún más grave: la del poder judicial. Puede fallar la mismísima Jefatura del Estado, puede caer en un descomunal descrédito un Gobierno y ser sustituido por otro en las siguientes elecciones, pero si el sistema judicial quiebra ante la ciudadanía, el país queda a merced de los aprovechados y los matones. Lo peor de lo acontecido, por ejemplo, alrededor de las “semanas caribeñas” del Presidente del TS y del CGPJ, Carlos Dívar, no es el dinero público destinado a ocios privados, sino su prepotente negativa a dar cuentas a nadie (no hablo de dimitir en un país en que apenas nadie dimite ni con agua hirviendo) y sobre todo el respaldo mayoritario obtenido de los vocales miembros del CGPJ.
Recordamos a este respecto las prisas de esos mismos órganos judiciales por echar del Cuerpo Judicial hasta 2022 a Baltasar Garzón. Contemplamos el penoso marasmo en que se halla el caso Gürtel, con la consiguiente posible financiación irregular del PP en Madrid y Valencia, la no imputación de una infanta real casada con Urdangarín y la imputación, en cambio, de la esposa del socio de Urdangarín. Son unas cuantas gotas de agua en un inmenso estanque de aguas sospechosamente fecales. Incluso es posible que la gran mayoría de jueces y juezas sean trabajadores, honrados y cumplidores de sus funciones, pero a través de la quiebra del poder judicial parece que nos deslizamos hacia la quiebra moral de todo el país.
Al igual que ocurre con el actual sistema electoral, tan beneficioso para ellos, los partidos mayoritarios mantienen una postura similar en el asunto del nombramiento de los miembros del TC. Ya nos parece normal leer una y otra vez que este juez es conservador y aquel, en cambio, progresista. Salvo excepciones, los jueces suelen quedar asociados a posiciones conservadoras, pero poco remedio tiene la cosa mientras sean el Congreso y el Senado (es decir, los partidos políticos) quienes nombren a los magistrados miembros del CGPJ; es decir, mientras la composición de los tribunales sean un reflejo de la composición política del Congreso y el Senado, ya que, de hecho, una misma mayoría parlamentaria controla el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
¿Qué se puede esperar de un Tribunal Constitucional cuyos miembros son nombrados por el Rey, a propuesta del Senado, el Congreso, el Gobierno y el CGPJ? Pues bien, siguen pendientes de resolución, por ejemplo, los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP contra la Ley del Matrimonio Homosexual, la actual Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, el Código de Consumo y la Ley del Cine de Cataluña o el Recurso de Amparo de Sortu. Difícil esperar que la justicia se dedique a hacer justicia con tal quiebra de la justicia.
Menos mal que tenemos la dosis de morfina necesaria para superar cualquier quiebra económica o moral: el viernes llega la Eurocopa de fútbol.
 Antonio Aramayona es Profesor de Filosofía
 

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