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España: una política económica controlada

19 juny, 2010 - Estatal

Julio Rodríguez López – Comité Científico de ATTAC España
El Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo (BOE de 24 de mayo de 2010) ha recogido el paquete de medidas aprobado por los pelos por el Congreso de los Diputados el pasado 27 de mayo. El Gobierno pretende acentuar la disminución prevista del déficit público de España actuando sobre el gasto público. Ello afecta, sobre todo, al gasto correspondiente a la Administración General del Estado, en especial a la partida de sueldos y salarios públicos y a la inversión pública.
Tras la implantación del contenido de dicho Real Decreto Ley, el Gobierno ha actualizado a la baja las previsiones de crecimiento de la economía para el periodo 2011-2013, así como las correspondientes al déficit público en cada uno de los años de dicho periodo. El logro de un déficit del 3 por ciento del PIB en 2013 sigue siendo el objetivo final. Por los días del debate parlamentario se conoció un anticipo de tres páginas del Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía española.
El contenido de dicho resumen, junto a los comentarios que han acompañado la menor valoración de la deuda pública española establecida por la agencia FitchRating, se ha convertido en una especie de catecismo de la política económica española. Dicha política parece haber entrado en una senda de ortodoxia, celosamente vigilada por las valoraciones que sobre la misma realicen los organismos internacionales y dichas agencias de valoración.
Las medidas citadas han llegado en un momento de amplia incertidumbre sobre la capacidad de la eurozona para resolver los problemas de los elevados niveles de déficit y deuda pública de algunos de los países miembros de dicha área económica. Grecia concentra los máximos problemas de iliquidez (déficit fiscal), insolvencia (deuda pública), falta de competitividad (déficit comercial) y vulnerabilidad (deuda externa), mientras que Irlanda, Portugal y España vendrían detrás en cuanto a intensidad de dichos problemas (Nouriel Roubini, Back to the future? The shape of reforms to come, RGE, 1.6.2010).
La inestable cotización del euro frente al dólar refleja el clima de incertidumbre sobre el futuro del euro y de la Eurozona. Las fluctuaciones de dicha moneda están afectando a las cotizaciones bursátiles. Noticias tales como la intervención de CajaSur por parte del Banco de España o los anuncios de fusiones de cajas de ahorros en España se interpretan en los mercados internacionales como reveladores de debilidades adicionales de la economía española. El eco de las medidas de política económica de España no puede ser, pues, más elevado.
El Consejo de Ministros de 28 de mayo de 2010 conoció los cambios en las previsiones para el periodo de ajuste 2010-2013. Se ha acelerado el ritmo de reducción del déficit público previsto en febrero de 2010 en el Programa de Estabilidad. Así, en 2011, dicho déficit no deberá pasar del 6 por ciento del PIB, frente al 7,5 por ciento hasta ahora previsto. Como consecuencia de las medidas de ajuste citadas, se ha previsto una reducción de cuatro décimas porcentuales en el ritmo de crecimiento de la economía española, que sería del 2,2 por ciento entre 2011 y 2013, frente al 2,6 por ciento inicial. El menor crecimiento del PIB afectará negativamente al empleo, cuyo aumento medio anual no llegará a medio punto porcentual en 2010-2013, frente al 0,7 por ciento previsto al comienzo de este año.
Tras la aprobación del primer paquete de medidas de política económica está a la espera de las reformas adicionales a introducir por el Gobierno en algunos elementos básicos de dicha política (mercado de trabajo, fiscalidad, sistema financiero). El FMI ha insistido en recetas que ya eran tradicionales en sus informes. Así, en el de 2010 destaca la insistencia en actuaciones tales como la flexibilización del mercado de trabajo, la reforma de las pensiones, la despolitización de las cajas de ahorros y su posible conversión en sociedades de capital por acciones.
Supone una cierta novedad la sugerencia introducida en 2010 por el FMI de asegurar que el gasto de la comunidades autónomas experimente el necesario ajuste, por corresponder a dichas administraciones el mayor componente del gasto público en España. En este sentido dicho informe coincide con el de FitchRating agencia que dice tener algunas dudas sobre la viabilidad de los recortes que necesitan realizar las comunidades autónomas, que pueden sufrir alguna reducción en las transferencias procedentes del presupuesto estatal.
En el pasado, las recomendaciones del FMI y de otros organismos internacionales se comentaban y se olvidaban más bien pronto. La crisis financiera y económica de 2007-2009 ha dejado a la economía española a los responsables de la política económica en una posición sumamente debilitada. Como indicó el director gerente del FMI, Strauss-Khan, en un reciente entrevista (ABC, 31.5.2010 “es el Gobierno el que debe decidir qué medidas tomar… Nosotros apenas elaboramos estudios sobre los diferentes sectores y recomendamos las medidas en cada área”.
Artículo publicado en Revista el Siglo.

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