Las políticas de austeridad impuestas por los grandes poderes financieros por intermedio de los gobiernos de Francia y Alemania y del Banco Central Europeo son un fracaso sin paliativos: han llevado a casi toda Europa a otra recesión, han agravado el peso de la deuda, las asimetrías y el paro, están destruyendo la cohesión social de Europa y derechos sociales cuya conquista costó décadas de conflictos y luchas, destruyen miles de empresas, crean pobreza y exclusión, producen un alejamiento, quién sabe si definitivo, entre la población y las autoridades políticas, y están dando alas a la extrema derecha fascista y neonazi que los banqueros y grandes industriales siempre han azuzado en épocas de crisis.

No hay ninguna experiencia histórica ni evidencia empírica que permita afirmar que se puede salir de una crisis como la que estamos (de racionamiento financiero y falta de demanda efectiva) con menos gasto, de modo que insistir en reducirlo sin tomar al mismo tiempo medidas que garanticen de nuevo la financiación y que proporcionen ingresos adicionales a la población consumidora es una vía que solo lleva a la depresión y al desastre. La ceguera ideológica de las autoridades políticas y de los economistas que marcan el camino les impide reconocer esta realidad. Y su sumisión a los poderes financieros (solo interesados ahora en aprovechar la crisis para acrecentar sus privilegios) les lleva a insistir en nuevos recortes, que solo sirven para que los bancos, especuladores y grandes empresas aumenten su beneficios y un poder ya omnímodo que está liquidando a las de por sí débiles democracias que se permite el capitalismo de nuestra época. Los recortes en educación, investigación, innovación, en infraestructuras vitales y en prestaciones sociales solo van a traer años de atraso y una inestabilidad social de terribles precedentes en Europa.

Tan rotunda es la evidencia de todo ello, que desde hace semanas se empezaron a abrir grietas en los bloques políticos dominantes y a filtrarse la idea de que es imprescindible poner fin a esta barbaridad política y económica. La presión de movimientos sociales, de economistas críticos o incluso de las personalidades más sensatas del propio establishment ha contribuido decisivamente a ello y la victoria del socialista Hollande en las elecciones francesas posiblemente sea lo que definitivamente obligue a poner en cuestión las políticas de austeridad.

Pero la alternativa que se está difundiendo frente a ellas es insuficiente e inadecuada: la del crecimiento. Una estrategia que ya ha demostrado que puede ser muy perversa y poco útil si no se matiza claramente lo que implica y a dónde queremos que nos conduzca.

Frenar los recortes de gasto público y en general todas las políticas de austeridad que están impidiendo que se regenere el privado y se recobre el pulso económico es una precondición indispensable para que en Europa se vuelva a crear empleo y para garantizar estándares mínimos de bienestar y protección a toda la población. Pero se trata solo de una precondición para evitar el desastre. Para conseguir que no vuelva a producirse otra crisis mayor y con peores perturbaciones y daños que los que ahora estamos sufriendo hacen falta más cosas.

No basta con hacer que crezca el Producto Interior Bruto de cualquier forma ni con inyectar más dinero aún de cualquier modo.

Aunque la crisis se desencadenó en su superficie por la desregulación financiera y por las estafas continuadas que cientos de bancos llevaron a cabo con la anuencia de las autoridades, sus causas profundas (las que la hicieron sistémica) y las que volverán a provocarla de nuevo si no se resuelven, son otras: la gran desigualdad que deriva rentas sin cesar a la especulación financiera, la utilización intensiva y despilfarradora de recursos naturales y energía que rompe la armonía básica y los equilibrios imprescindibles entre la sociedad y la naturaleza, y una progresiva degeneración del trabajo que empobrece a la población y al tejido empresarial y que frena la innovación y el incremento de la productividad.

Sin afrontar todo eso, promover de nuevo el crecimiento del producto interior “a lo bruto”, a base de gasto público e inyectando recursos para la creación de más infraestructuras y para la provisión de más servicios públicos puede frenar la deriva a la depresión en la que nos encontramos, como ya ocurrió con los planes de estímulo, pero será sin duda algo insuficiente y que terminaría provocando problemas aún más graves que los que tenemos.

El crecimiento entendido como un objetivo en sí mismo, sin más matizaciones, medido a través de un indicador tan perverso como el PIB y sin tener en cuenta los costes sociales, ambientales y antropológicos que lleva asociados, favorece la acumulación y volverá a dar buenos beneficios a ciertas ramas del capital, además de generar algo más de empleo y bienestar. Pero, en esas condiciones, éstos últimos no serán los suficientes para alcanzar niveles mínimos de estabilidad y satisfacción social, como demuestra la experiencia vivida en los últimos treinta años, ni con ello se podrá evitar volver a las andadas más pronto que tarde.

Lo que Europa necesita no son planes de crecimiento del PIB sino una estrategia global para la igualdad, el bienestar y la responsabilidad ambiental basada en la promoción de nuevos tipos de actividad, de propiedad y de gestión empresarial, en la generalización del empleo decente, en el uso sostenible de las fuentes de energía y de los recursos naturales que modifique radicalmente el actual modelo de metabolismo socioeconómico, y en la promoción de una ciudadanía democrática, plural, protagónica y cosmopolita. Y también, valga la paradoja, basada en la austeridad pero en lo que ésta tiene de respeto al equilibrio natural y personal y al buen uso de los recursos, y de rechazo al despilfarro; pero no de renuncia a los derechos sociales y a la igualdad, como la entienden los neoliberales.

Y además de ello, son imprescindibles reformas políticas e institucionales que frenen el poder de los grandes grupos oligárquicos y que permitan que las autoridades representativas sean quienes de verdad adopten las decisiones en función de los mandatos de la mayoría social en un marco de una auténtica democracia. Sin crear un auténtico poder público en Europa, sin someter la actuación del Banco Central Europeo a las exigencia de los intereses sociales y sin acabar con su complicidad con los intereses bancarios privados, sin sanear el sistema financiero europeo declarando la financiación de la vida económica como un servicio de interés público esencial, nacionalizando los bancos que no se sometan a él y fomentando nuevos tipos de finanzas descentralizadas y de proximidad, sin disponer de un auténtica hacienda europea y sin replantear el diseño de la unión monetaria, por no mencionar sino las cuestiones más urgentes, Europa seguirá balanceándose irresponsablemente al borde del precipicio y las llamadas al crecimiento solo servirán, si se me permite la expresión, poco más que para marear a la perdiz y engañar otra vez a los pueblos.

La cuestión que hay que poner sobre la mesa en Europa no es si recortamos un poco menos los gastos e inyectamos algo más de recursos a las mismas actividades e infraestructuras de siempre (otra vez carreteras, viviendas, más trenes de alta velocidad… y siempre casi todo en masculino), sino si rompemos o no con el poder de las finanzas privadas y de las grandes corporaciones empresariales y oligárquicas que nos dominan y que son las que nos han llevado a la situación en la que estamos.

Ganas de escribir

La victoria del Partido Socialista en Francia representa una oportunidad para cambiar las grandes líneas de la política macroeconómica frente a la crisis en Europa. Más aún, puede significar la apertura de un nuevo espacio político para redefinir los términos del pacto social que será el sustrato de la integración europea en el futuro. Mucha esperanza, y no sólo en Francia, rodea el ascenso de Francois Hollande a la presidencia.

Desde que estalló la crisis, el vendaval político ha llevado a cambios en Grecia, Holanda y ahora en Francia. No son los primeros gobiernos en caer por la crisis (recordemos a Berlusconi y Zapatero). Pero los tiempos están cambiando y detrás de estos remplazos comienza a asomar una nueva discusión de fondo sobre la integración europea. Quizás ya se agotó el tiempo de la austeridad, pero falta definir el perfil de una nueva discusión sobre la integración europea.

¿Qué puede hacer el nuevo presidente de Francia en la coyuntura actual? Para responder hay que reconocer que enfrenta dos grandes obstáculos. El primero es la serie de candados existentes en Europa para el manejo de la política macroeconómica. El segundo es la estrecha visión que tiene Berlín sobre la crisis y la integración europea.

Europa se instala en la recesión y el fracaso de la austeridad fiscal es evidente. Es normal porque el primer efecto de la austeridad es reducir el empleo, las prestaciones y la demanda. Eso disminuye el crecimiento y los ingresos fiscales, lo que agrava el problema del endeudamiento. El mejor ejemplo de la fallida receta de austeridad es Grecia: tiene dos años de aplicarla, la economía se colapsó y el endeudamiento no se redujo. La recesión parece irse extendiendo y llegará inevitablemente a Francia y Alemania.

En su primer discurso como presidente electo, Hollande afirmó categórico que la austeridad había dejado de ser una fatalidad. Pero enfrenta las restricciones impuestas por el Tratado sobre estabilidad (que entró en vigor en marzo). Ese pacto fiscal reduce el límite del déficit estructural de 1 a 0.5 por ciento del PIB, fija un mecanismo de corrección automática y consagra sanciones en caso de incumplimiento (multa de hasta 0.1 por ciento del PIB). Es la regla de oro neoliberal para constreñir la política fiscal. Ya Merkel advirtió a Hollande que no podrá renegociarse dicho tratado.

Frente a este panorama la derecha europea debe haberse percatado del fracaso de la austeridad. Pero se resiste a rectificar. Por eso hoy su discurso es el de las reformas estructurales para recuperar crecimiento y competitividad. La más importante de esas reformas es la laboral para poder contratar y despedir a la gente como si fueran cosas. En el corto plazo esas políticas son de corte recesivo pues conducen a mayores despidos y una caída de la demanda agregada. En el largo plazo consagran un desolador paisaje social de desigualdad.

Hollande ofrece un proyecto fiscal de fomento al crecimiento y el empleo. El financiamiento proviene, entre otros puntos, de una reforma fiscal progresiva importante: propone gravar con tasa de 75 por ciento los ingresos más altos (por arriba del millón de euros anuales) y las empresas más poderosas. Las cuentas le permiten reducir el endeudamiento y el déficit fiscal. Para ello necesita el respaldo del poder legislativo.

El segundo desafío de Hollande se relaciona con la estrategia de Alemania frente a la crisis y el modelo de integración europea. Es claro que la economía alemana ha mejorado con la crisis. El desempleo está por debajo de 6 por ciento, los salarios han comenzado a mejorar (se mantuvieron largos años por debajo de los aumentos de productividad), los ingresos fiscales van bien y el déficit público se redujo por debajo de las exigencias de la UE. El abultado superávit comercial no se acompaña de una apreciación de la divisa europea gracias a la crisis en el Mediterráneo. Y las bajas tasas de interés del BCE permiten mantener tasas reales negativas en Alemania.

Para Merkel, Alemania no sólo debe superar la crisis, sino salir en una posición dominante. Pero al imponer la austeridad a su alrededor, Berlín debería saber que su mercado en Europa acabará por derrumbarse. Habrá que ver si esa política mercantilista puede ampliarse para abarcar otros mercados. Aun en ese caso, el sentimiento anti-germano en Europa puede exacerbarse y llevar a nuevas alianzas políticas para compensar el poderío alemán.

Hollande enfrentará grandes dificultades convenciendo a los alemanes de las bondades de un proyecto de integración diferente, uno basado en la solidaridad como eje rector del pacto social. Pero el desafío comienza en casa: tendrá que persuadir al electorado francés para que le otorgue una mayoría en el congreso en las elecciones de junio. La credibilidad y el poder de negociación que tanto va a necesitar Hollande deben serle entregados primero por sus compatriotas. Habrá que ver si los tiempos políticos favorecen a la izquierda en las legislativas en Francia.

Artículo publicado en La Jornada.

En España, Rajoy prometió no abaratar el despido, pero lo ha abaratado; además, deja desprotegidos del todo a los trabajadores.

¿Quieren saber la verdad sobre la “elogiada” reforma laboral española? La revela la publicidad de una empresa que organiza seminarios para empresarios. Su jubiloso anuncio dice: “Saque para su empresa el máximo partido a la Reforma Laboral de 2012. ¿Despido más barato? Ahora sí que sí. Despidos colectivos solo por decisión del empresario. Reducción de salarios, por fin una posibilidad real. Despidos objetivos por causas económicas, fáciles de justificar…” Literal. No es broma.

Rajoy aseguró que no subiría impuestos, pero enseguida aumentó el impuesto sobre la renta y subirá el IVA. Rebaja el presupuesto para medidas contra el desempleo y las ayudas para acceder a la vivienda. Se congela el sueldo de los funcionarios, se recortan los presupuestos de sanidad y educación, expulsan de la Sanidad pública a inmigrantes y jóvenes en paro de más de 26 años, suben las tasas universitarias, menos dinero para becas, 34% menos para investigación… Y además “liberalizarán” servicios, infraestructuras y transportes. Es decir, privatizarán o entregarán lo que es de todos a la minoría de siempre a precio de saldo. El colmo ha sido que el presidente español haya reconocido que “si tengo que subir el IVA, lo subiré aunque haya dicho que no lo iba a hacer”. ¡Increíble!

Lo único importante es reducir el déficit, hacer reformas “estructurales” (retrocesos sociales y violación masiva de derechos) y ayudar al sector financiero. A la ciudadanía, que le den morcilla.

El Partido Popular ha incumplido por completo el programa electoral que “vendió” en campaña. Pero no es el único. Y, en democracia, un programa electoral es un contrato con la ciudadanía.

El incumplimiento del programa electoral y la ocultación de qué hace y piensa hacer este gobierno lo aparta de parámetros democráticos y lo priva de cualquier legitimidad.

La democracia no es ni puede ser un ritual de mercadotecnia. Se vota para delegar el poder de la ciudadanía a representantes que, a su vez, eligen un ejecutivo. Y este ha de cumplir su compromiso electoral sobre la base del respeto de los derechos de la ciudadanía. No hay otra.

Por supuesto no es solo un problema español. No recordaremos qué ocurre en Grecia, Portugal, Italia o Irlanda para demostrarlo; solo una declaración a The Wall Street Journal de Draghi, presidente del BCE, que deja muy claras sus intenciones: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados”. Una auténtica declaración de guerra.

Ni soberanía, ni constituciones, ni parlamentos, ni derechos, ni democracia. Solo mercados con sus obscenos beneficios. Como dice Ignacio Ramonet, en la Unión Europea hoy no existe voluntad alguna de enfrentarse a los mercados. No solo es mediocridad e incompetencia de los gobiernos, que también, sino servidumbre a esos mercados. En Europa se gobierna para servir a los intereses de los bancos de inversión, compañías aseguradoras, fondos de pensión, fondos especulativos de alto riesgo, grandes corporaciones y grandes fortunas. Esos son los mercados.

Europa era la región donde el salvajismo del capitalismo se frenaba y atemperaba con las políticas sociales del llamado estado de bienestar. Pero los mercados han decidido que eso se acabó. Y se pasan por el arco de triunfo soberanías, parlamentos y la democracia misma con la servil complicidad de gobiernos y la de los grandes partidos que los sostienen.

En tal situación de agresión contra la ciudadanía, esos gobiernos pierden toda legitimidad. Y, ante gobiernos sin legitimidad que violan derechos solo cabe resistencia ciudadana no violenta y desobediencia civil. E insumisión ante los nefastos acuerdos intergubernamentales que han impedido construir la Europa de la ciudadanía y de los pueblos desde el tratado de Maastrich de 1992 hasta el de Lisboa de 2009.

¿O dejan otro camino?

Escritor y periodista
Publicado en Analítica.com

Las autoridades europeas se empeñan en hacer creer que el principal problema que tienen que resolver es el de la deuda pública y afirman que ésta se ha generado por el excesivo gasto de los gobiernos en servicios públicos, y porque las personas normales y corrientes hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Por eso dicen que su único remedio es aplicar las durísimas políticas de austeridad que proponen.

Se trata de un juicio que no responde a la verdad y que está llevando a los países europeos al desastre porque los efectos de los recortes de inversión pública y gasto social que aplican está destruyendo la capacidad de generar ingresos, no solo a corto sino a medio y largo plazo, y eso va a dar lugar, si no se cambia de rumbo urgentemente, a muchos años de penurias y grandes sufrimientos y convulsiones sociales.

Con independencia de que en la mayoría de los países el problema es la deuda privada y no la pública (un asunto que no voy a tratar ahora) la realidad es que las causas verdaderas de ésta última son otras distintas a las que proclaman las autoridades y, por tanto, requieren un tratamiento diferente. Las más importantes son la siguientes:

- En primer lugar, haber prohibido la financiación a los gobiernos por el banco central y obligar a que se financien por la banca privada. Eso ha producido un encarecimiento extraordinario de la deuda traducido, paralelamente, en enormes beneficios para los banqueros privados. Los economistas franceses Jacques Holbecq y Philippe Derudder  han demostrado en su libro La dette publique, une affaire rentable: A qui profite le système?( Ed. Yves Michel 2009) que Francia ha tenido que pagar 1,1 billones en intereses desde 1980 a 2006 para hacer frente a la deuda de 229.000 millones existente en ese primer año. Es decir, que si hubiera sido financiada por un banco central sin pagar intereses se hubiera ahorrado 914.000 millones de euros. Sabemos que España ha pagado ya tres veces la deuda que tenía en 2000, Agustín Turiel ha demostrado que solo en 2008, 2009, y 2010 ha tenido que pagar 120.842 millones de euros para hacer frente a la deuda en las condiciones que le imponen los mercados (La deuda ilegítima del Estado Español) y que en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se consignan más de 28.876 millones de euros de intereses. En toda la Unión Europea los dos investigadores citados muestran que se pagan anualmente unos 350.000 millones de euros a la banca privada por este mismo concepto. Es evidente, pues, que el factor principal que ha encarecido la deuda pública, el que la mantiene hoy día en sus niveles desorbitados, es el que haya sido financiada por la banca privada a intereses de mercado.

Si el Banco  Central Europeo hubiera actuado como un auténtico banco central, en lugar de ceder la financiación a la banca privada para que esta hiciera un negocio descomunal, las economías europeas no estarían en la situación calamitosa en la que están y los pueblos europeos no tendrían que estar soportando los sacrificios tan grandes que ahora soportan. Además, de esta forma se habría evitado no solo tener que gastar mucho más en la financiación sino también el sufrirla en las condiciones tan volátiles que generan los inversores especulativos que predominan en los mercados. Y así se obligaría más fácilmente a los bancos a que dediquen sus recursos a cumplir con su función que es la de financiar a las empresas y consumidores para que así haya actividad, empleo e ingresos públicos suficientes.

- En segundo lugar, el gran incremento de las desigualdades que ha hecho que montantes cada vez más grandes de ahorro de las clases más ricas se destinen a la especulación deteriorando la actividad productiva y disminuyendo así la generación de ingresos privados que, a su vez, nutran puedan nutrir las arcas públicas. Y no se puede olvidar que esa desigualdad se ha generado deliberadamente, por influjo de los grandes grupos oligárquicos, al aplicarse políticas de moderación salarial y de fomento del trabajo precario, y haciendo reformas fiscales regresivas que han mermado los ingresos públicos con tal de permitir que los más ricos, las grandes fortunas y grandes empresas, apenas paguen impuestos. Si estas últimas no cometieran fraude fiscal en España no habría que hacer posiblemente ningún tipo de recorte en el gasto público.

- En tercer lugar, la existencia consentida de paraísos fiscales en donde se calculan que hay entre 1,5 y 2 billones de euros que no tributan ni un solo euro a las haciendas europeas.

- En cuarto lugar, la identificación del progreso con el mito del crecimiento intensivo que ha llevado a realizar gastos públicos completamente innecesarios e improductivos (grandes aeropuertos e infraestructuras infrautilizados y desproporcionados, trenes de alta velocidad, edificios suntuarios…).

- Y finalmente, la falta de democracia real que permita el control social de las autoridades, la sanción contundente de la corrupción y la participación efectiva de la ciudadanía en la gestión presupuestaria para poder evitar que ocurra todo lo anterior.

Por lo tanto, la solución a los problemas de la deuda pública en Europa no puede pasar por las políticas de austeridad que están aplicando las autoridades y que simplemente consisten en recortar derechos sociales y recursos para el bienestar, con el fin soterrado de facilitar el negocio de su provisión privada y de mantener los privilegios de la banca y de las grandes empresas.

La solución es otra.

Con carácter inmediato hay que plantear una quita en toda Europa de la deuda existente, que es completamente imposible que se pueda pagar, repudiando la deuda generada por la financiación privada y por la especulación en los mercados; modificar el estatuto del Banco Central Europeo para que financie sin intereses los gastos extraordinarios de los gobiernos (sin perjuicio de que eso deba ir acompañado de un control de las demás circunstancias que provocan un crecimiento inadecuado de la deuda pública que debe limitarse a financiar necesidades extraordinarias o las inversiones que necesita el desarrollo integral y sostenible de las economías); la prohibición de los paraísos fiscales; la puesta en marcha de un plan de lucha contra el fraude en toda Europa y de reformas fiscales  progresivas con figuras impositivas que graven las transacciones financieras y particularmente las de carácter especulativo; recuperar el poder adquisitivo de las rentas más bajas para generar actividad, empleo e ingresos públicos; prohibición de la utilización de productos financieros vinculados a las necesidades sociales básicas o a los recursos estratégicos de las economías; y reformas políticas que fortalezcan las democracias el control, social y la participación ciudadana. Aunque, siendo realistas, hay que señalar que para frenar de verdad la deuda pública y no echar sobre las economías una losa insoportable e insostenible en forma de gasto público corrupto y despilfarrador, será necesario a medio plazo avanzar aún más, estableciendo controles de capital para evitar la constante inestabilidad monetaria, desmercantilizando el trabajo y repartiendo el empleo, y configurando nuevos regímenes de propiedad y de derechos asociados a ella para evitar la concentración actual de los recursos y el dominio de los mercados y de la sociedad por los grandes grupos de poder empresarial y financiero.

Publicado en público.es

Ganas de escribir

Lo primero que ha hecho el recién nombrado Presidente de la Junta de Andalucía después de celebrar el primero de sus consejos de gobierno ha sido reunirse con empresarios andaluces y representantes de multinacionales. No voy a entrar a valorar ese detalle. Por un lado me parece lógico que lo haga, tratándose de personas de las que en gran parte depende el progreso y el empleo andaluz. Por otro, creo que se podría haber aprovechado la coyuntura para subrayar el perfil más social del gobierno en estos momentos de crisis. Y, sobre todo, tengo la seguridad de que se podría haber dado mayor relieve a la presencia de las empresas de economía social, que representan casi el 15% del PIB andaluz y que tienen una gran capacidad potencial de crear aún más y mejor empleo.

En cualquier caso, lo que ahora quiero comentar es que a ese encuentro, como puede comprobarse en la foto, no asistió ni una sola mujer. Algo bochornoso y que me parece que se debería corregir cuanto antes.

En Andalucía hay muchas mujeres empresarias, una federación y asociaciones que las reúnen. Y, en todo caso, aunque ahora sean desde luego insuficientes, lo que hay que hacer no es hacerlas invisibles sino justo todo lo contrario, magnificar su presencia y darle más protagonismo para que las mujeres pioneras y más avanzadas en la vida empresarial sirvan de estímulo a todas las demás. Si este gobierno actuara para conseguir, por ejemplo, que se duplicara en Andalucía el número de mujeres empresarias (en empresas individuales, cooperativas, anónimas o de cualquier tipo) el empleo sí que entonces aumentaría de forma espectacular.

¿No se podría haber invitado a algunas de esas mujeres a la reunión? ¿Tan difícil es caer en que esa foto es toda una simple manifestación de machismo hoy día inaceptable? ¿No podían haber invitado, al menos, a la Consejera de Hacienda, aunque solo para que se comprobase que en Andalucía hay mujeres en puestos económicos relevantes?

Lo penoso es que este hecho va acompañado de otros que deberían hacer sonar las alertas.

El gobierno ha anunciado ya, siguiendo la propuesta de Griñán en su discurso de investidura, un programa urgente contra el paro basado en tres ejes: un plan de choque contra el desempleo de jóvenes y desempleados de larga duración que incorporará un programa en materia forestal, un programa de apoyo al empleo en la rehabilitación de viviendas, y la realización de obras en colegios públicos. Es decir, un programa del que solo se puede esperar que cree, en su inmensa mayoría, empleo masculino. No puede ser de otra manera porque va a actuar en sectores en donde, como es bien sabido, la especialización de la mano de obra -no voy a entrar ahora en por qué tipo de razones- hace que sean hombres los que ocupan la mayoría de los empleos.

¿Tan difícil hubiera sido incluir una estrategia de igualdad en este primer plan de choque? ¿Tan complicado es saber que hoy día la creación de un empleo femenino arrastra más empleo asociado que si el que sea que crea es masculino?

Pero no quedan ahí las cosas.

A lo anterior se une la desaparición de la Consejería de Igualdad en el organigrama del gobierno. Se dice que eso es irrelevante porque sus competencias pasan a la de Presidencia (¡estaría bueno que desparecieran!). Pero es que hoy día sabemos que las organizaciones y conferencias internacionales que analizan con más rigor y mejor conocimiento la forma de llevar a cabo las políticas de igualdad reclaman que sean organismos propios y especializados los encargados de ponerlas en marcha. Es lógico que así sea porque su fuerza se ve siempre diluida cuando, como ahora, pasan a formar parte de otros organismos que, por mucho poder que tengan, siempre contienen un mayor número de competencias y en los cuales, por tanto, las políticas de igualdad están siempre en posición secundaria.

Para finalizar resulta que el nuevo gobierno ya no es paritario (cinco mujeres frente a siete hombres) y que los primeros nombramientos incluso tienen un clamoroso sesgo masculino: en el primer consejo de gobierno se hicieron nueve nombramientos (ocho consejeros y el portavoz), de los que solo uno fue de una mujer (la viceconsejera de Justicia e Interior). Y hay que destacar que el peor comportamiento en cuanto a paridad lo tiene de momento Izquierda Unida, que ya ocupa seis cargos de entre los que solo hay una mujer, la consejera de Fomento y Vivienda (lo que representa un famélico 16,6% del total).

Estamos al principio de una larga andadura (eso espero) y hay tiempo, por tanto, para que el gobierno corrija estos errores. Pero estos primeros síntomas de anomalía nos advierten de que si no se produce una estrecha vigilancia y una presión constante, la actuación de este gobierno puede rodar por un mal camino. Por eso me parece preocupante que hasta el momento apenas si unas pocas voces críticas hayan expresado su preocupación por estos hechos.

¿No sería el momento de que las asociaciones feministas y de mujeres dijeran algo? La igualdad no es un regalo de nadie. La historia nos demuestra que los derechos cuesta mucho tiempo y sacrificio conquistarlos pero que se pierden en un momento. Las mujeres andaluzas no deberían bajar la guardia y hacer oír su voz con mayor contundencia.

http://juantorreslopez.com/

A les darreres setmanes, alguns estats europeus han tengut procesos electorals: presidencials a França, generals a Grècia, municipals a Regne Unit, regionals a Alemanya, etc. Aquestes eleccions han suposat, en general, un retrocés de les opcions continuistes, instalades al govern o a l’oposició majoritària de cada país, i el creixement de les alternatives d’esquerres oposades a la política econòmica neoliberal vigent a Europa, però també han suposat un auge de les opcions de tipus reaccionari, bé en la seva versió nacionalista i xenòfoba a França, bé en la seva vessant clarament neonazi a Grècia. Volem parlar-ne i reflexionar sobre les conseqüències immediates i la seva transcendència per al futur dels ciutadans europeus.

Algunes lectures recomanades:

Dades i informació electoral:

Resultados de las elecciones generales griegas de mayo de 2012
Resultados de las elecciones presidenciales francesas abril-mayo de 2012
Los laboristas toman ventaja en las municipales británicas
Dura derrota del partido de Merkel en Renania del Norte-Westfalia

Articles:

- Recuperar la justicia social
- ¡Sarkozy, dégage…!
- No simplifiquemos. Gracias a los pueblos francés y griego
- Recesión y xenofobia en Europa
- La sociología crítica de la catástrofe
- Fascismo maquillado en Europa
- Grecia: Está preparándose un giro radical en la situación

Dimarts 22 de maig, a les 19.00 hores. Cafè-Restaurant Plaça, 1a. planta. Pça Bisbe Berenguer de Palou, 1 – 1er. pis (“Plaça dels Patins”), Palma.

EL AVE LIRA

En la naturaleza los mejores conciertos los ofrece –gratis- el ave lira que sabe cantar todo lo que quiere, porque todo lo que escucha, lo imita a la perfección. Es tan buen  intérprete que es habitual que cuando un macho en cortejo con toda su cola izada canta imitando a la cucaburra, sea una hembra de esta especie la primera en aparecer. Igual que imita la música de la naturaleza, es capaz de imitar otros sonidos.

En Australia, su hábitat, cada vez más mermado por los intereses de las empresas forestales y ganaderas, imita a la perfección el sonido de la motosierra.

EL SAPO

En los años 30, en el estado de Queensland, al noreste de Australia los agricultores productores de caña de azúcar estaban en guerra contra un escarabajo que se les zampaba toditas las cosechas. Después de probar con muchas medidas recurrieron al armamento biológico más moderno del momento. Importaron el Sapo Gigante de Centroamérica, un gran devorador de escarabajos. La plaga la vencieron, pero el vencedor se hizo plaga, y desde entonces hay sapos colonizando el nuevo continente.

Los sapólogos, o estudiosos de los sapos, han analizado la evolución de esta especie descubriendo que sus mutaciones y adaptaciones no han llegado para mejorar sus capacidades de supervivencia y de reproducción, como diría Darwin, sino para mejorar sus condiciones de expansión. A cada nueva generación de sapos se les alargan las patas traseras, como si imitaran a los canguros autóctonos. Saltan más lejos, llegan más lejos, y conquistan mejor; pero en cambio sufren de artritis, lumbalgias y de infertilidad. Si hubieran llegado con la chequera en el bolsillo hubiera pensado que hablaban de otra especie invasora, ávida por comprar las mejores tierras agrícolas.

EL CUCO

Cuando le oyen llegar, en la primavera, el espanto entre las aves menores es generalizado. Su cu-cu que resuena en todo el bosque es el aviso de que ese pájaro holgazán ya está buscando un nido donde dejar –a pensión completa- a sus criaturitas. Paul, campesino de Lekeito, explica que ― es importante el cómo y cuándo escuchas tu primer cu-cu del año. Si en ese momento de aviso llevas dinero en tu bolsillo tendrás un buen año de cosechas y de frutos… si no, pues no.

Paul, además de naturalista aficionado, tiene entre ceja y ceja a todos aquellos organismos, sistemas económicos, políticas neoliberales o capitalistas, multinacionales de la alimentación… que hacen del campesinado como el Cuco hace con sus anfitriones: engordar  a base de sus esfuerzos, crecer gracias a lo que ellos te dan [o les quitan], para al final de una patada echarlos de su propio nido. Y aunque los cucos son más grandes, Paul y sus compañeras y compañeros de La Vía Campesina, les han vencido en numerosas batallas, como en Cancún, Hong-Kong o Seattle. Y ahora que se acerca la primavera, Paul sale cada mañana, con un billete de los grandes en el bolsillo. ―Que no mientan diciendo que son las malas cosechas, ― dice.

LA COMUNICACIÓN DE LAS TORTUGAS

Se las ve muy débiles desfilando patosas por la arena de la ribera para alcanzar el agua donde nadarán a salvo. Sus caparazones blanditos de tortugas australianas y recién nacidas saben que no las protegen de los picotazos aviarios. Entonces, para asegurar la supervivencia de algunas de ellas, deciden nacer todas al unísono y así en grupo escabullirse de las gaviotas depredadoras que las sobrevuelan en esa su primera caminata.

¿Cómo hacen para comunicarse cáscara a cáscara la fecha y hora precisas de la eclosión comunal? En primer lugar –cuentan los estudiosos- aunque los huevos de arriba del nido, más calentitos, se desarrollan antes, los de abajo palpitan su metabolismo más rápido para estar crecidos por igual. En segundo lugar, el aviso de ―ya podemos salir, a la una, a las dos y a la de tres, es un palpitar más rápido de sus corazones embrionarios, que todas escuchan, entienden e interpretan. Las tortugas sin teléfono enseñan que la solidaridad nace y se hace con latidos de corazón.

Publicados en La Jornada de México

PALABRE-ANDO

“Los centinelas no estaban en sus puestos, en gran parte debido a la fe ampliamente aceptada en la naturaleza autocorrectiva de los mercados y en la capacidad de las entidades financieras para vigilarse a si mismas con efectividad”, se afirma en las conclusiones del informe del Congreso estadounidense sobre la crisis de Wall Street; subrayando claramente el trasfondo ideológico neoliberal como principal causa de la crisis financiera global, que podemos aplicar también a la de Bankia. Pero en el caso de las Cajas de Ahorro hay que subrayar que el dinero en juego era y es público. Por eso, tenemos que destacar ante todo la responsabilidad de los gestores políticos o allegados a los partidos mayoritarios.

Primero. Había que “salvar a los nuestros”, piensan nuestros gobernantes. Para empezar, digamos que Bankia representa el fracaso de las reformas financieras del gobierno actual (la de febrero 2012 era la “definitiva”) y de las anteriores, que no han logrado que la banca sirva el crédito que necesita una economía que languidece y genera paro. Y es que han tenido como objetivo básico ocultar la corrupción sistémica y las responsabilidades de gestión de las oligarquías políticas regionales, soporte de la élite política, que impulsaron Cajas “engrandecidas” con la especulación inmobiliaria alimentada por el dinero barato del exterior y los mecanismos bancarios financieros. Más allá de la responsabilidad de los gobiernos que pusieron las bases del desmadre financiero- inmobiliario.

Entre junio y diciembre de 2010 surgía el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) resultado de la suma de Caja Madrid y Bancaja, primero, y de Caja Canarias, Rioja, Ávila, Segovia y Layetana bajo la fórmula jurídica ad hoc del SIP, un esquema legal que integra activos y pasivos de estas Cajas; consensuado por los dos partidos mayoritarios para tapar el desastre de la especulación inmobiliaria y de paso las responsabilidades de la gestión bancaria nefasta, a costa de los contribuyentes. En marzo de 2011, hace poco más de un año, se lanzaba Bankia como filial de BFA, un nuevo banco privado con la aportación de 4,465 millones de euros del FROB, el fondo estatal de rescate bancario. De este modo se pretendía resolver los problemas de insolvencia de Bancaja y otras, en particular de Caja Madrid, “la más dañada por la crisis del ladrillo”.

Surgió así un monstruoso banco “demasiado grande para dejarlo caer”, de un elevado riesgo para el sistema financiero español por sus 10 millones de clientes-depositantes, sus 22.000 empleados y 400.000 accionistas además del volumen millonario de la cartera de participaciones empresariales, un tinglado bancario madrileño montado con dinero público del contribuyente bajo un ilustre político fracasado como director gerente del FMI y uno de los patrocinadores de la legislación que liberó el suelo patrio para la especulación inmobiliaria. Era el cuarto banco español; la joya del PP desde hace años.

El fracaso inicial de la salida de Bankia a Bolsa en junio de 2011 demostró su fragilidad financiera de origen. Aunque, con la fe neoliberal en las bondades de los mercados financieros, nuestros gobernantes, incluido el gobernador del Banco de España, creyeron que sería superada con la influencia en “los mercados” del ex Director Gerente del FMI. Eso sí: atraídos por la imagen histórica de las Cajas una gran parte pequeños ahorradores, jubilados en su mayoría, compraron acciones del nuevo banco, ahora depreciadas en un 40%; o compraron participaciones preferentes engañados por la creencia de que hacían un depósito.

Como ha sucedido en las restantes Cajas de Ahorro bancarizadas, el Presidente de Bankia y todos los demás gestores bancarios allegados al partido gobernante y sus baronías regionales, se aseguraron retribuciones desmesuradas mediante contratos blindados que contaron con el beneplácito de las autoridades incluido el supervisor, el Banco de España. Unos hechos denunciados por una parte de la opinión pública sin mayores consecuencias hasta la fecha.

Segundo. Había que ocultar la cruda realidad. En la formación del nuevo proyecto bancario madrileño, la ingeniería financiera asignó los llamados activos “tóxicos” (léase préstamos impagables, viviendas y solares sin mercado previsible) al “banco malo”, el BFA; y los activos buenos y de dudosa validez se asignaron a la filial única, Bankia, una compleja operación de manipulación contable esperando que las ganancias futuras de Bankia cubrieran la insolvencia de la banca matriz que tiene ahora un capital cero, se asegura. El resto lo aportó la contabilidad financiera y sus expertos; con la expresión “valores tóxicos” puesta en circulación en Wall Street para denominar aquellos activos subprime cuando ya carecían de mercado y nadie sabía lo que valían, en España se ha aplicado interesadamente para evitar mencionar los inmuebles que tienen existencia física real, pero cuyo valor contable resulta imaginario porque el valor razonable del mercado (mark to market) nadie lo sabe, son activos que ni se venden ni se compran ni ahora ni en mucho tiempo.

¿Qué criterios contables precisos sirvieron de base para deslindar en las cuentas los activos buenos y malos y su reparto entre BFA y Bankia?

Tercero. El financiarizado contexto europeo actual contribuyó a la supervivencia de Bankia. Más aún, Bankia ejemplifica el fracaso de la política del BCE frente a la crisis de la deuda soberana del euro, que incentiva el negocio especulativo financiero de los bancos en lugar de generar crédito; fue uno de los primeros bancos europeos en solicitar liquidez (15.000 millones de euros en Diciembre de 2011 y 25.000 millones en febrero 2012, al 1%. Como muestra, digamos que aportaba al BCE como garantía los bonos de renta fija del Fondo de Activos Corporativos V, que están respaldados por préstamos diversos, como los concedidos al Real Madrid para los fichajes de Ronaldo y Kaká. Y que obviamente han servido para adquirir deuda pública de elevada rentabilidad, además de cubrir sus vergüenzas contables derivadas de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Caja Madrid como tantas otras Cajas hace tiempo que dejó de ser banca tradicional de depósito para convertirse en banca financiera, nutrida por la especulación en “los mercados”. Y si los gobiernos de la UE quisieran acabar con esta especulación bancaria, justificada con la falacia de que los estatutos del BCE no le autorizan a prestar dinero a los gobiernos del Eurogrupo, ¿por qué no se ha modificado ese tratado en tres meses como se ha logrado concluir el aberrante pacto fiscal?

Cuarto. Los reguladores privados en la sombra del casino financiero se imponen sobre los supervisores públicos. La auditora Deloitte, una de las cuatro grandes del mundo y necesitada de recuperar prestigio, destapó la cruda inviabilidad del proyecto bancario privado, advirtiendo ya en febrero pasado el desajuste patrimonial de BFA, originado por la pérdida de valor de su filial Bankia. La crisis de Bankia, con la dimisión de su Presidente, no fue decisión de los accionistas ni del supervisor sino que la desencadenó la negativa de la auditora Deloitte a avalar unas cuentas considerando que el valor real de BFA asciende a 8.500 millones euros frente a los 12.000 registrados en sus libros. Por tanto, la actuación del Banco de España ha quedado en entredicho porque en febrero último afirmaba la capacidad de todas las entidades financieras para hacer frente a las provisiones requeridas por la reforma financiera aprobada por el gobierno en ese mes. Asimismo, el Banco de España no puso ninguna objeción al plan de saneamiento presentado por Bankia el 31 de marzo y el 17 abril como queda claro en su comunicado, aunque se cubría advirtiendo de que si se diese el caso de que alguna entidad no lograse alcanza el nivel de capital requerido siempre podría acudir al FROB.

Quinto. El rescate de Bankia, cuya cuantía todavía está por determinar en función de la valoración de sus activos y que el gobierno ha querido denominar “nacionalización transitoria”, no resuelve todos los problemas porque los daños colaterales de esta crisis son ya cuantiosos. Por el momento está clara la pérdida de confianza exterior en este país, sus bancos y en las políticas gubernamentales que nos hunden en una profunda recesión económica; como prueba la exigencia de la UE de una valoración independiente de todos activos bancarios. A lo que se añaden las negras perspectivas para las actividades culturales, asistenciales y sociales de la Obra social de Caja Madrid y de las restantes Cajas. Y por un largo momento, la pérdida de confianza inversora se traduce en depreciación de las acciones de las empresas participadas por BFA-Bankia, cuya cartera abarca, entre otras empresas importantes, Indra (20%), Mapfre (15%), NH Hoteles (15,74%), IAG (Iberia-British Airways) (12%) o Iberdrola (5%), con la dificultad añadida de que la liquidación de esas participaciones no resulte oportuna en una Bolsa bajista (Expansión, 11/5/2012).

Y, como ha ocurrido en las economías fallidas de algunos países en desarrollo, ahora “los fondos buitres vuelan en círculo sobre Irlanda y España” nos decía el titular de un reportaje del Financial Times del miércoles 9 de mayo. Pero, mientras parece que estos fondos especulativos, que se aprovechan de los países hundidos por las crisis financieras, no han encontrado las gangas que esperaban en Irlanda, su actividad creciente en España se encamina más que hacia el agobiado mercado de los préstamos hipotecarios y al consumo, al acecho de oportunidades en participaciones de empresas punteras, en las “corporate oportunities”.

Así podremos contemplar cómo la derecha española, de tan delicada sensibilidad nacionalista frente a los guiñoles de la TV francesa y a las decisiones soberanas de Argentina, tras haberse desprendido clubes de fútbol populares, irá vendiendo parcelas significativas de las antiguas empresas españolas.

Artículo publicado en Revista Sin Permiso.

El Presidente del Banco Central Europeo (BCE), el señor Mario Draghi, en su reciente presentación al Parlamento Europeo, reconoció la necesidad de que a las políticas de austeridad (que repitió eran necesarias) se debían añadir políticas de estímulo de crecimiento económico, lo cual dio lugar a una interpretación generalizada en los mayores medios de información que presentaron a tal autoridad bancaria como sensible a la llamada del que era entonces candidato socialista a la Presidencia de Francia, el señor. François Hollande, para estimular la economía y facilitar el crecimiento económico. De pronto los cinco rotativos más importantes del país escribieron editoriales citando lo que ellos consideraron como un cambio muy importante de la máxima autoridad del BCE, sorprendidos por lo que consideraron era una nota de apoyo a la llamada a estimular la economía.

Pero, por lo visto, no leyeron el resto de la presentación del señor Draghi, ni tampoco parecen familiarizados con las tesis de tal señor. En realidad, tal banquero no se ha movido ni un centímetro de su posicionamiento, apoyando políticas que han sido responsables de la Gran Recesión en la Unión Europea. El señor Mario Draghi, dirigente durante muchos años de la banca Goldman Sachs, siempre ha indicado la necesidad de estimular la economía mediante el aumento de la competitividad, que se conseguirá –según él- “flexibilizando el mercado de trabajo”, el código que el mundo empresarial, incluido el bancario, utiliza para definir el proceso por el cual el empresario puede despedir más fácilmente al trabajador. Esto es lo que el señor Draghi está recomendando para que la economía crezca.

El problema de tal postura es que toda la evidencia –repito, toda la evidencia- existente en la literatura científica muestra que sus medidas ralentizarán el crecimiento económico en lugar de estimularlo. Flexibilizar el mercado de trabajo quiere decir en lenguaje normal y corriente abaratar los salarios. Éste es el objetivo de las sucesivas reformas laborales. Y lo están consiguiendo. Tanto la masa salarial como el nivel salarial están cayendo en picado. Las reformas del Gobierno español del PP están acentuando la destrucción de puestos de trabajo, con el consiguiente aumento del desempleo y descenso salarial. Y no hay ni un ápice de dudas de que los arquitectos de estas reformas eran plenamente conscientes de que esto era lo que deseaban, y lo que están consiguiendo. No descarto que algunos de los economistas del BCE y del Banco de España, así como de Fedea (la fundación financiada por intereses bancarios y de grandes empresas), fervientes creyentes del dogma neoliberal, se crean que despidiendo a los trabajadores facilitan el crecimiento económico. Pero dudo que el señor Draghi se lo crea. La evidencia es demasiado robusta para ignorarla. La bajada de los salarios creará un descenso de la demanda y con ello un descenso del crecimiento económico y el consiguiente bajón de los ingresos al Estado y un aumento del déficit. Esto es lo que ha pasado en Grecia, Portugal, Irlanda y ahora en España.

Y para reducir el déficit cortan el gasto público, que disminuye también la demanda y así se reproduce el ciclo suicida que está ocurriendo. Y el señor Draghi lo sabe. No hay duda de ello ¿Y por qué lo hace? El Presidente del BCE es un banquero que representa los intereses de los banqueros para los cuales el mayor enemigo es la inflación. Y sacrifica todo –repito, todo- para conseguir lo que la banca desea. Pero hay otro objetivo de la crisis que sus políticas están mostrando. Y este objetivo es la eliminación del Estado del Bienestar con su privatización, desde las pensiones a la sanidad pública, pues el capital financiero desea echarle mano a las fuentes de capital más importantes en los países de la Eurozona, como son la Seguridad Social y los sistemas de protección social. Si creen que esta interpretación es paranoica o conspiracional, les ruego que se lean los propios discursos de tal señor. Fue este banquero el que dijo que “el modelo social europeo está desapareciendo”, en una entrevista al ‘Wall Street Journal’ (24.02.12), observación que hizo con aprobación. No podía haberse expresado mejor. Cito directamente su respuesta, traduciendo literalmente del original en inglés. “El Estado social europeo está ya desapareciendo. En un país donde los jóvenes tienen un desempleo de un 50%, como en España, la protección social ya ha desaparecido…. El objetivo de crear una situación de ‘shock’ es forzar que los países hagan las necesarias reformas, como la reforma laboral, que permita resolver sus problemas” (lo que no aclara el señor Mario Draghi es los problemas de quién). Más claro el agua. La supuesta crisis creada en gran parte por el capital financiero tiene por objetivo conseguir lo que siempre han deseado: el fin de la Europa y de la España social.

Artículo publicado en Sistema Digital.
www.vnavarro.org

La última peripecia de Rodrigo Rato ha suscitado un verdadero escándalo sobre todo por el grado de negligencia, incompetencia y corrupción del conjunto del sistema que pone de relieve. Se han escuchado muchas voces indignadas pidiendo que se abra en España un proceso similar al de Islandia hace unos años. No es mala idea. Pero, para evitar que la desactiven con el habitual argumento de la incomparabilidad entre los dos casos, convengamos en que lo que se quiere imitar de Islandia no son las medidas o actos concretos sino el principio general de abrir una investigación pública, con participación de la ciudadanía, acerca de la forma en que las autoridades políticas, económicas y financieras han gestionado la crisis. En otras palabras un examen público del funcionamiento de las instituciones de  la totalidad del sistema pues está quedando claro que es defectuoso, a veces incomprensible,  lleno de vicios, claramente injusto, con frecuencia ilegal y  plagado de corrupción.

Por eso es legítimo plantear un proceso “islandés” en cuanto examen y evaluación públicos del funcionamiento de nuestro sistema supuestamente democrático. Motivos sobran, están en el ánimo de todos: desde el paro a los desahucios, desde el clientelismo al despilfarro, pasando por los recortes, las privatizaciones de beneficios y socializaciones de pérdidas, las ruinas de las empresas y las jubilaciones áureas de quienes las arruinan, el conjunto produce la impresión de una irracionalidad en la que rige la ley del más fuerte, el más rico, el más influyente. A los unos se los indulta; a los otros se les aplica la legislación vigente.

Lo primero que llama la atención es la deliberada mezcla de lo público y lo privado, fundamento de toda corrupción. La misma política de privatizaciones desde los poderes públicos es una burla que, a veces, se prolonga en el tiempo. Un gobernante privatiza una empresa pública y seis años después la empresa “privada” lo nombra asesor con una paga suculenta. Eso ¿cómo se llama? Nada porque, fuere lo que fuere, a los cuatro o cinco años habrá prescrito. Se niegan los conflictos de intereses. ¿Acaso los políticos, los parlamentarios encargados de hacer las leyes no se sitúan por encima de ellas?  Por ejemplo, el incumplimiento de la Ley de incompatibilidades es clamoroso, a veces mediante fraude de ley, a veces porque sí.

Las instituciones encargadas de controlar los poderes, el Parlamento o los tribunales, no funcionan. Por la misma dinámica del sistema que, gracias a un pintoresco sistema electoral proporcional, consigue mayorías absolutas, el Parlamento no controla el gobierno. Solo los tribunales de justicia ejercen alguna fiscalización, constantemente interferida por los partidos políticos, cuyo predominio en el funcionamiento institucional es, al mismo tiempo, imprescindible y muy perjudicial.

Los partidos no suelen ser transparentes y dejan mucho que desear en cuanto a su funcionamiento interno democrático pero, al controlar todos los poderes del Estado (con mayor o menor eficacia) se han constituido en unos estados dentro del Estado y han consolidado su posición independizándose de los avatares sociales mediante la financiación pública. Esta está en el origen de una serie de contubernios en los que el Tribunal de Cuentas resulta inoperante y que apuntan a uno de los puntos más negros del funcionamiento de la democracia: la confusión de intereses entre los partidos y los bancos, unos bancos que pueden dar trato de favor a unos partidos que luego legislan sobre ellos y los favorecen. Y el  régimen de intercambio de prebendas no se limita a los bancos y los partidos sino que se extiende a las empresas en general y los organismos de la administración pública gestionados por los partidos. Mismas componendas, mismos tratos. Los favores se pagan luego con puestos para los políticos cuando dejan de serlo o para sus parientes y allegados ahora mismo.  Donde media el oro no existe el decoro.

Quiere la teoría política pura que los medios de comunicación ejerzan esa función fiscalizadora de los poderes que está abandonada y que, además, la extiendan a las relaciones entre lo privado y lo público. Pero es difícil que lo hagan dado que los medios son, en primer lugar, empresas y, como tales, dependientes de las relaciones que se establezcan con los poderes públicos y los partidos y las posibles colusiones de intereses.

La conciencia de que el sistema está viciado, que no funciona, que es ineficaz, corrupto e injusto, está muy generalizada, es compartida por la mayoría de la población como muestran los barómetros del CIS y los sondeos sobre popularidad de políticos, partidos, instituciones, sobre prestigio de estas o de las magistraturas. Lo que nadie tiene claro es cómo darle forma práctica.

Eso es, en cierto modo, lo que la gente espera de movimientos como el 15-M, razón por la cual estos tienen tanto apoyo; una innovación radical, un giro copernicano, una refundación del orden socio-político. Y lo espera, además, sin violencia y sin revolución.  Quizá esté aquí el meollo de la cuestión. El término “perroflautas” recuerda el de “sans-culottes”, pero solo en la forma. ¿La participación pacífica y espontánea de la gente en asambleas y manifestaciones puede conseguirlo? Si no tienen un seguimiento masivo, es dudoso. ¿Las convocatorias y movilizaciones a través de las redes sociales? El gobierno se apresta a considerarlas delitos. No hay duda de que el tiempo está abierto.

Artículo publicado en Público.es