La crisis actual está siendo utilizada por las fuerzas liberales para conseguir lo que no pudieron conseguir durante todos estos años, es decir, la reducción de los derechos sociales, laborales y políticos de la clase trabajadora y de las clases populares. Informe tras informe (financiados por la banca, cajas de ahorro, compañías de seguros y asociaciones empresariales) aparecen casi a diario, presionando a los gobiernos para que tomen medidas impopulares tales como la reducción de las pensiones y de los salarios de los trabajadores. En esta enorme avalancha liberal, que los medios de información y persuasión de mayor difusión promueven (proveyendo enormes cajas de resonancia), se da gran espacio a la supuesta inviabilidad de las pensiones públicas, como consecuencia de la transición demográfica. Se subraya una y otra vez, que el crecimiento de la población anciana hace inviable económicamente tal sistema público de pensiones de jubilación. En varios artículos he criticado este determinismo demográfico, documentando los errores y manipulaciones que aparecen frecuentemente en tal tipo de argumentos (“Los errores del determinismo demográfico: el caso de las pensiones. Sistema digital. 05.02.10).

La frecuencia e intensidad de esta explicación, que atribuye la crisis e insostenibilidad de los sistemas de pensiones al factor demográfico, se está utilizando para ocultar la causa real del problema de sostenibilidad de tales sistemas de protección social que es la enorme polarización de las rentas, causada precisamente por las políticas liberales llevadas a cabo a los dos lados del Atlántico en la mayoría de países de la OCDE. Veamos los datos.

El gran crecimiento de la productividad que se ha dado en la mayoría de países de la OCDE durante los últimos treinta años no se ha correspondido con el crecimiento de los salarios y de la masa salarial. En realidad, esta última, como porcentaje de la renta nacional, ha disminuido como consecuencia de la aplicación de aquellas políticas neoliberales. Este descenso de las rentas del trabajo ha ido acompañado de un aumento muy considerable de las rentas del capital. País tras país, los beneficios empresariales han crecido sustancialmente (ver mi artículo ”Así empezó todo en EEUU” Le Monde Diplomatique. Junio 2009). Las cotizaciones sociales, sin embargo, derivan primordialmente de las rentas del trabajo más que de las rentas del capital. La evidencia existente muestra claramente que la cotización empresarial a la Seguridad Social se realiza a costa del salario real de los trabajadores. Una consecuencia de este descenso de la masa salarial ha sido, pues, un descenso de la cantidad aportada a la Seguridad Social por parte de la fuerza laboral. Este hecho, del cual no se habla, queda muy bien documentado en el artículo de Christian E. Weller, “The future of public pensions in the OECD” publicado en el Cambridge Journal of Economics (2004. 28.4895-504). Es una lástima que en este artículo no incluyera a España (incluye a Francia, Alemania, Italia, Japón, Suecia, Gran Bretaña y EE.UU.). Pero en España también hemos visto un descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional. Desde el año 1980 al 2010, las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional descendió de un 65% a un 57%, y en España, de un 66,8% a un 56,6%.

Una de las conclusiones del estudio del profesor Weller es que una de las medidas importantes para mejorar la viabilidad de los sistemas de pensiones es no sólo aumentar la productividad -lo cual es enormemente importante- sino también los salarios, asegurándose que el incremento de la productividad repercute en un aumento de los salarios y de los ingresos a la Seguridad Social (ver mi artículo “Los salarios en España”. Público. 04.03.10). Como bien dice Weller, el futuro de las pensiones depende, en parte, de la cantidad de buen empleo que exista en un país y de la distribución de las rentas entre el trabajo y el capital. El crecimiento del empleo, el crecimiento de los salarios y la disminución de las desigualdades (con mayor proporción en la renta nacional de la renta procedente del trabajo y menor la proporción procedente del capital) es muy importante para asegurar el futuro de las pensiones.

Y otra dimensión que Weller también señala es la enorme importancia que tiene para el futuro de las pensiones la entrada de la mujer al mercado de trabajo, a fin de aumentar el porcentaje de la población adulta que trabaja. Ahora bien, esta entrada exige una inversión que facilite la integración de la mujer al mundo laboral a base de incrementar lo que en su día llamé el 4º pilar del bienestar (ver mi artículo “El cuarto pilar del Estado del Bienestar”. Público. 15.10.09) que debiera incluir no sólo los servicios de dependencia, sino también las escuelas de infancia (erróneamente llamadas guarderías en España, implicando que son aparcamientos para niños). La entrada de la mujer en el mercado de trabajo crea, a su vez, la demanda de puestos de trabajo, sobre todo en los servicios de atención personal en el hogar, que realizaba antes la mujer en casa. Y, naturalmente, esta integración de la mujer requiere un cambio de valores del hombre, corresponsabilizándole de las responsabilidades familiares. Estas son medidas que no tienen visibilidad en el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones y que, en cambio, son claves para su futuro.

Una última observación. Las propuestas de que se reduzcan los salarios, que está haciendo la patronal e, indirectamente, el PP y la derecha catalana, es suicida. Esta propuesta, junto con la de reducir el gasto público es extraordinariamente negativa, pues la evidencia existente -y constantemente olvidada en los medios de mayor difusión españoles- señala claramente que la mayor causa de la ralentización del estímulo económico es la escasa demanda. De ahí que deba facilitarse el crecimiento de tal demanda, lo cual se consigue primordialmente por un aumento de la cobertura del subsidio de paro (los trabajadores desempleados consumen todo lo que reciben), un aumento de los salarios y un aumento del empleo a base de inversiones en la creación de empleo. Es interesante señalar el debate existente dentro de la Unión Europea, en la que la Ministra de Economía del gobierno Sarkozy, Christina Lagarde, está criticando, con razón, a Alemania por las políticas de austeridad (con apenas crecimiento de los salarios) que no permiten un mayor estímulo económico de Alemania y de la Unión Europea. Aquellas voces que insisten en la austeridad, están reproduciendo la ideología liberal que, precisamente, nos llevó a la crisis actual. Y están dañando ahora la economía española, dificultando su recuperación.

En este aspecto recomiendo el artículo de George Irvin, publicado en The Guardian (14.03.10), en el que señala que el estímulo que se está intentando dar a la economía europea a base de incrementar las exportaciones, tiene el enorme problema de que para exportar alguien tiene que importar, lo cual es difícil que ocurra si la capacidad adquisitiva de la población está siendo reducida en la UE a base de reducir los salarios y el gasto público. En una economía integrada como es la europea, intentar recuperar la economía a base de exportaciones es profundamente erróneo, pues, en ausencia de un incremento del consumo interno y demanda a nivel de toda Europa, no habrá una recuperación fuerte. En realidad, la mayor causa de la escasa recuperación económica en la UE es precisamente la política de austeridad que se está siguiendo. Alemania, el motor de la economía europea, no tirará del resto de la UE a no ser que aumente su propio consumo interno. Esto es lo que está ocurriendo, por cierto, en China, cuya dirección se ha dado cuenta de que la política de reactivación económica basada en las exportaciones no es suficiente, necesitándose un incremento muy notable del consumo popular, para lo cual se requiere una redistribución de recursos (orientada hacia aumentar el consumo de las clases populares) y un aumento del gasto público. Una medida clave para ello es el incremento de los salarios y un aumento de la población ocupada, a través de políticas de pleno empleo, las mismas políticas, por cierto, que se requieren para garantizar el sistema público de pensiones.

Publicado en Revista Digital Sistema.
http://www.vnavarro.es/

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¿Le gustaría ser dueño de un río? Endesa lo es. Sólo en Chile es la propietaria de más de 80 por ciento de los derechos de agua, conseguidos aprovechando las privatizaciones –eufemismo de robo de recursos– facilitadas por el dictador Pinochet. Un punto arriba, un punto abajo, Endesa controla también 92 por ciento de la energía eléctrica chilena. En su historia –sigo diciendo, sólo en Chile– tenemos polémicas represas, como las instaladas en la cuenca del río Bío-Bío en territorios mapuches o actualmente la intención de construirlas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. La energía que allá se produzca beneficiaría, a través del tendido eléctrico más largo del mundo, a la población de Santiago, a las industrias alrededor de la capital y a las empresas mineras en el desierto de Atacama. Mientras dejará, allí donde se genera la energía, campos anegados, ganaderos y ganaderas sin opciones, repercusiones a las poblaciones pesqueras y la destrucción de bosques originarios, paisajes y especies protegidas.

En las comarcas de Gerona, Cataluña, por un temporal de nieve, muchos pueblos quedaron apagados, sin la energía eléctrica que suministra Endesa. Buscan explicaciones y exigen responsabilidades. El mismo capital, las mismas privatizaciones, el mismo modelo de desarrollo, el crecimiento a cualquier precio, para unos y no para todos. Ahí están las inversiones.

En apenas cuatro meses, tres asesinatos. En Guatemala, participar contra la defensa de los recursos naturales frente a las grandes multinacionales energéticas, conlleva ese riesgo. La empresa Unión Fenosa-Gas Natural compró en 1999, cuando llegaron las privatizaciones a Guatemala, la distribuidora eléctrica Deorsa-Deocsa, y pronto aparecieron problemas y acusaciones. Destaca una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que determinó, en noviembre de 2004, que la empresa estaba realizando cobros indebidos mediante un impuesto ilegal, que debía retornar a los usuarios los importes cobrados y dejar de cobrarlo, aproximadamente 260 millones de dólares. Unión Fenosa-Gas Natural (La Caixa y Repsol son algunos de sus principales accionistas) hoy sigue operando, cobrando y apagando la luz cuando conviene. Las tres personas asesinadas tenían una causa común: denunciar los abusos contra la población que genera la multinacional de raíces catalanas.

Desde Guatemala, unos años antes, llegó el conquistador Pedro de Alvarado para acabar con el levantamiento de los pueblos indígenas de los actuales territorios de Jalisco o Zacatecas, en México, en el cerro del Mixtón. Cuando le recomendaron esperar refuerzos dijo “A mí me parece que no se dilate el castigo de estos traidores enemigos, que es vergüenza que cuatro indios gatillos hayan dado tanto tronido; que con menos gente de la que conmigo traigo bastará a sujetarlos, porque yo he arruinado muchas maquinaciones de enemigos y es mengua que para esto sea menester más socorro, no hay que esperar más.” No tuvo éxito su empresa y dicen que murió aplastado por el caballo desbocado de uno de sus escribanos. También se escucha que lo que allí se manifestó fue una primera guerrilla latinoamericana en defensa de los derechos humanos.

Hoy, en esas regiones, el nuevo colonizador sigue con la misma vieja empresa. Cambiaron cascos y uniformes por traje y maletines con el membrete de la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas. Ya han empezado las obras para la construcción de la represa de El Zapotillo.

Las empresas buscan la paz social, su paz social, enarbolando la bandera de la pulcra y bendita responsabilidad social corporativa.

“Que, ¿qué paz querían? –se preguntaron en el Mixtón los guerreros cuando les invitaron a su rendición–, pues ellos estaban quietos en su tierra, que a qué venían a ella, que ya sabían venían para quitársela, que se fuesen, que eran gallinas y comegallinas, y que todas las que tenían se las habían acabado…”

Artículo publicado en La Jornada.
http://gustavoduch.wordpress.com

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El caso Gürtel es actualidad española. Nombre periodístico de la mayor trama de corrupción en este país desde que recuperó la democracia. Corrupción que afecta a varias regiones autónomas y ayuntamientos, y suma cientos de millones de euros.

Investigado policial y judicialmente el pastel, hay acusados y encarcelados preventivamente. Pero España es diferente. Como denuncia el ex-fiscal anti corrupción Carlos Jiménez Villarejo: “Los corruptos imputados consiguen que las sospechas y la investigación penal se orienten hacia el juez que descubrió los delitos y comenzó su esclarecimiento”. Así, los acusados, el aparato del principal partido conservador (del que forman parte) y algunos magistrados intentan invalidar unas escuchas telefónicas, aunque fueron conforme a ley. Quieren desmontar el proceso e impedir que la justicia localice decenas de millones de euros en paraísos fiscales.

Tremendo. Pero, ¿acaso es peor (por consecuencias para la mayoría ciudadana) que lo que perpetra la gran banca en la Unión Europea y Estados Unidos?

Escribe el Nobel de Economía, Stigliz: “Los gobiernos se han endeudado para salvar al sistema financiero europeo, los bancos centrales mantienen las tasas de interés bajas para ayudar a los bancos a recobrarse. Pero los grandes bancos se aprovechan de esas bajas tasas para especular contra los gobiernos endeudados por salvar la banca. Ganan dinero con el desastre que ellos mismos han generado. Los gobiernos decretan medidas de austeridad para reducir el endeudamiento. Los mercados consideran que no son suficientes y siguen especulando. Los gobiernos decretan medidas de austeridad. La gente común pierde más aún, las grandes finanzas ganan todavía más. Los culpables premiados, los inocentes castigados”.

En Reino Unido, la gran banca amenaza con que decenas de miles de empleos dependen de ellos y que las reformas y control del sector financiero dejarán sin trabajo a muchos miles. Incluso amagan con cambiar su dinero a lugares menos hostiles para sus intereses si se exige mucho a los bancos.

En el resto de Europa, los bancos presionan al Parlamento Europeo para que descafeíne las medidas de supervisión financiera que se debaten. El lado oscuro del sector financiero pretende neutralizar control y regulación de las finanzas.

Y con tal obsceno escenario, para superar la crisis se elige el modelo de Letonia, griego, portugués, español… Subir impuestos y recortar salarios para aumentar ingresos por exportaciones. No es nuevo. Pero es estúpido, porque reducir la capacidad de gasto de la mayoría ciudadana, además de suponer violación de sus derechos, es una necedad económica.

En Estados Unidos, los bancos ganaron 70.000 millones de dólares en 2009, cuando en 2008 perdieron 36.000. Dicen que se han recuperado y no es necesaria la regulación financiera. Pero no dicen que necesitaron miles de millones de dinero público para salvarse. Según The Wall Street Journal, vuelven a las andadas y sólo los bancos estadounidenses pagaron 146.000 millones de dólares de primas en 2009, el mismo año en el que todo pudo hundirse. No se hundió porque los gobiernos los rescataron con dinero de todos.

Los bancos no quieren ni oír hablar de reformar el sector financiero, de elevar exigencias de solvencia, imponer impuestos a los bancos para sufragar futuras crisis o limitar las gratificaciones a los banqueros. Y amenazan con que el crédito no fluirá si se endurecen las exigencias. Dicen que no tendrán suficiente dinero para guardar y para prestar. ¿A qué les suena?

En este lamentable panorama, otro Nobel de Economía, Krugman, dice que “es hora de decir hasta aquí hemos llegado. Mejor que no haya reforma, y que haya una campaña para nombrar y avergonzar a los culpables, que una reforma cosmética que encubra la falta de reforma verdadera”.

Así están las cosas. Y, por si alguien no se ha enterado, el profesor Juan Torres nos recuerda que “donde han predominado la falta de normas y controles, siempre ha habido más inestabilidad y crisis”. Lo confirma con el trabajo de Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff (autores de “Banking Crises: An Equal Opportunity Menace”). Sendas gráficas que muestran la correlación entre mayor movilidad del capital (con disminución de regulación y del control) y crisis bancarias. Sin regulación ni control del mundo financiero volverán las crisis financieras. Cada vez peores.

Esto recuerda al Salvaje Oeste, donde lo importante es sacar el revólver más rápido que nadie.

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La ciudadanía española hemos tenido que asistir al cínico debate mediático y parlamentario del día 16 de marzo sobre la idoneidad y oportunidad de subir el IVA para equilibrar los Presupuestos Públicos. A la demagogia del PP, promotor de la moción al que no le ha importado ir contra una de las medidas propuestas por ellos, que pretende imposibilitar cualquier maniobra del Gobierno ante la crisis buscando beneficiarse electoralmente, se ha contrapuesto las contradicciones del Gobierno preso del apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas de derecha a los Presupuestos Generales del Estado para 2010, y su aislamiento con el resto de la izquierda parlamentaria y, lo más grave, de su base social. Las presiones ejercidas para que su izquierda parlamentaria “no votara” con el PP fracasaron. El Gobierno y el PSOE debería tomar nota ya que tan sólo es el reflejo de la frustración social con su política económica, del alejamiento de su base social, y que este no se neutralizará con la clásica llamada al miedo.

ATTAC España se manifestó el 30 de Septiembre de 2009 a través del comunicado “La propuesta de subida de impuestos afecta a quienes más están sufriendo la crisis” sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 ofreciendo otras alternativas para aumentar los ingresos como reponer el Impuesto de Patrimonio, eliminar las exenciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, aumentar la tributación de las SICAV hasta el 25%, fijar una tasa para gravar los movimientos de capital especulativos, entre otras más. Medidas que deberían ir acompañadas por un verdadero control y lucha contra las enormes y crecientes bolsas de fraude fiscal, economía sumergida y evasión a través de los paraísos fiscales.

Mientras se celebraba el debate en el Congreso se retiraba del Orden del Día del ECOFIN bajo presidencia de Elena Salgado el debate sobre la necesaria regulación de los CDS (Credit Default Waps), hedge founds y private equity por presiones de Washington y Londres. Una mala noticia para Grecia, España, toda la zona euro y los pueblos europeos victimas de los especuladores, que ven retrasarse una tímida señal del compromiso de la UE para controlar los mercados financieros.

El día siguiente al debate Amancio Ortega ganó 600 millones de euros con la especulación bursátil. ¿Qué IVA soportó? ¿Cuánto pagará en impuestos por el incremento de su patrimonio o IRPF? Cero euros (0€). Una de las mayores fortunas del país no paga impuestos, sólo pagando un tipo del 20% entre los diferentes impuestos supondría un ingreso en las arcas públicas de 120 millones de euros que se apropia injustificadamente una sola persona. No nos creemos que sea el más rico ya que nadie sabe cuanto ocultan en paraísos fiscales Emilio Botín del Banco Santander, Francisco González y demás directivos del BBVA, Esther y Alicia Koplowitz, la duquesa de Alba y familia, Rosario Mera, Florentino Pérez, y así una larga lista de 4.396 personas con grandes fortunas del país que han constituidos para sus inversiones SICAV y que siguen tributando al 1% sus beneficios e incrementos patrimoniales.

Hoy vemos que banqueros y empresas transnacionales han superado su crisis con el dinero de todos, por lo que ahora toca Plan de Austeridad. Poco importa que millones todavía estemos sufriendo nuestra crisis y cada vez más personas no tengan cubiertas sus necesidades básicas. El Plan de Austeridad creará una espiral a la baja en los ingresos públicos que a su vez forzará a nuevos planes de ajustes incrementándose el sufrimiento y la desesperanza social.

Venimos defendiendo desde el comienzo de la crisis del capitalismo financiero que ante la crisis primero las personas. No ha sido así hasta ahora, pero no hay ni habrá otra forma de salir de la crisis sistémica y civilizatoria que sufrimos. Tan sólo con una decidida y firme política de control y regulación de los mercados financieros y los especuladores, unida a políticas de rentas para los más necesitados podrá romperse la espiral de miseria y destrucción del tejido productivo español. La ciudadanía de Islandia exigiendo y ganando por más del 90% un referéndum, y negándose a asumir las deudas de sus financieros, el pueblo griego oponiéndose a soportar el plan de ajuste impuesto por la dictadura de los mercados y especuladores financieros internacionales marcan el camino a seguir.

Es un derecho y un deber derrocar este gobierno de las cosas y proveer las medidas necesarias para salvaguardar la biodiversidad, las libertades y la futura felicidad y seguridad de toda la humanidad. Somos conscientes que la salida a la crisis de las personas tan sólo puede venir desde la propia ciudadanía y de sus organizaciones sociales, de su unidad y de su firme voluntad y acción frente a los especuladores financieros internacionales. Frente a la economía especulativa todos/as los que vivimos y comemos de la economía productiva, de nuestro trabajo y de nuestra creatividad en sociedad.

ATTAC España cree que los sindicatos como organizaciones representativas de asalariados/as, públicos y privados, agricultores, ganaderos, profesionales y trabajadores autónomos, pequeños y medianos empresarios/as locales, economía social (Sociedades Laborales, Cooperativas, Instituciones sin fin de lucro, Fundaciones, etc.) asociaciones de vecinos, consumidores, etc. deben unirse en torno a una salida de la crisis para las personas. Son la sociedades las que tienen la fuerza, la capacidad y las necesidades. Liberemos su iniciativa y creatividad. Cambiemos el uso y destino que se dan a los recursos disponibles y recuperemos la razón, el sentido común y la ética para enfrentarnos y resolver todos los problemas.

¡¡ Liberémonos de la dictadura de los mercados financieros!!

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Ya he escrito aquí varias veces en los últimos meses sobre lo contraproducente que sería reducir los salarios como vía para salir de la crisis. Y mucho más cuando se trata de una crisis como la que estamos viviendo que no ha estado provocada precisamente por incrementos desorbitados de los costes salariales sino por una perturbación en el sistema financiero que ha dejado sin financiación a la actividad real, lo que a su vez ha provocado su disminución y la subsiguiente pérdida de empleo.

Incluso en España, en donde ha habido otros factores coadyuvantes (la hipertrofia del sector inmobiliario, la baja productividad o la escasa competitividad exterior, entre otros: ver mi artículo “La encrucijada de la economía española” en el nº 173 de Le Monde Diplomatique), nadie puede decir con fundamento que la crisis -o cualquiera de éstos tres últimos factores- hayan sido originados por la existencia de salarios más elevados que en otros países de nuestro entorno.

Y si hay algo que es evidente es que para salir de una crisis lo que principalmente habría que hacer sería resolver los problemas que la han causado y no otros. Pero como la patronal y sus economistas en nómina siguen tratando de convencer a la sociedad española de que lo único que hay que hacer, llueva, nieve, truene o haga sol, es bajar los salarios, conviene volver de nuevo sobre el asunto.

Me referiré ahora a los argumentos que da el presidente de la Comisión Económica de la CEOE, José Luis Feito, en un artículo reciente publicado en la revista de la Cámara de Comercio de Madrid). En él afirma que “cuanto más caigan los salarios por persona ocupada y hora trabajada, mayores serán las posibilidades de aumentar el empleo e impulsar la actividad productiva”. La primera conclusión, que así aumenta el empleo, es simplemente el resultado de asumir una hipótesis totalmente discutible: que el nivel de empleo se establece exclusivamente en el mercado de trabajo y en función del nivel de salario. De ello se deduciría, según la patronal española que sigue la ideología liberal cuando le conviene, que si todos los parados españoles aceptaran trabajar, pongamos que por dos euros a la hora, serían inmediatamente contratados por las empresas españolas, con independencia de que estas dispongan de liquidez suficiente o de compradores o clientes para sus productos. ¿Alguien puede creerse semejante simplificación?

La segunda conclusión es exactamente igual de débil que la primera: ni siquiera a salario cero en el mercado de trabajo se garantiza (más bien lo contrario) que haya demanda de bienes suficiente para que las empresas tengan actividad productiva. Por el contrario, lo que sabemos es que su impulso no podría darse sin un nivel adecuado de demanda y que ésta solo es en una gran medida posible si hay capacidad de gasto suficiente que, a su vez, depende muy directamente de la masa salarial porque sabemos que la renta salarial no se destina en su mayor parte al consumo de bienes y servicios.

Otra tesis que defiende Feito y la patronal es que es necesaria la “contracción salarial en España para fomentar la competitividad”.

No niego que con salarios más bajos las empresas españolas podrían ser más competitivas pero ¿compitiendo con quién y con qué? Obviamente, con países más pobres que nosotros y empobreciéndonos nosotros mismos porque es también una evidencia clamorosa que los países más avanzados y los que usan la competitividad como una palanca de progreso y no solo como fuente de buenas ganancias para unos pocos no la basan en la disminución de los salarios sino en mayor calidad, mejor tecnología, innovación, etc.

La realidad es la contraria de la que dice Feito y la patronal: la tradicional existencia de salarios bajos en España (como ellos proponen que siga ocurriendo) es lo que ha desincentivado la innovación y lo que ha hecho relativamente más costoso para las empresas mejorar su competitividad por otras vías. Con sus propuestas lo que hace la patronal es mantener el estatus quo productivo que, aunque a las empresas con poder de mercado proporciona buenas rentas, es precisamente el que no hace a todos (incluidas por supuesto las empresas que de verdad crean empleo y riqueza) más frágiles en las crisis. No al contrario.

Otro error de la patronal consiste en defender al mismo tiempo dos medidas prácticamente incompatibles: reclamar salarios más bajos y mayor productividad. No solo es erróneo (porque, como sabemos bien desde los tiempo de Adam Smith, los salarios suficientes y las buenas condiciones de trabajo, así como el capital social suficiente, son la mejor garantía de que aumente la productividad) sino que además es bastante cínico. Basta comprobar los recursos que destinan las empresas españolas a innovación o qué propone la patronal en materia de inmigración para comprobar que la práctica dominante es optar por la mano de obra menos productiva pero más barata. También interpreta Feito que ha sido la subida de los costes salariales en 2008 y 2009 lo que explica que en España se haya perdido más empleo que en otros países, y vuelve a obviar cualquier otra circunstancia determinante que no sea el precio en el mercado de trabajo: nada tiene que ver con ellos ni la especialización productiva de nuestra economía, ni nuestro modelo de crecimiento desequilibrado, despilfarrador, dependiente y desvertebrado, ni nuestra carencia de gasto y capital social… es decir, los rasgos que precisamente la patronal, la banca y sus ideólogos han impuesto en los últimos años y que son los que crean condiciones estructurales en las que es imposible que se cultive empleo productivo y estable.

Finalmente, José Luis Feito proporciona una explicación típica del liberalismo más irrealista para explicar el hecho evidente de que “un volumen muy elevado de paro antes o después ejerce una poderosa presión a la baja sobre los salarios reales”. En su opinión, eso se produce porque “los trabajadores en el paro pierden productividad en proporción a la duración del desempleo” (una expresión errónea porque un parado no tiene productividad alguna por definición. Otra cosa es que en el paro pierdan formación, destrezas, etc., que hagan que a su vuelta al trabajo pudiera tener menos productividad pero eso es algo que es más probable que ocurra cuanto más se tienda al modelo de salarios bajos y baja productividad) y, por tanto, sigue diciendo,“sólo se podrán recolocar percibiendo salarios que reflejen esta menor productividad”. Una pura tautología que se basa en entender que la mayor o menor productividad del trabajador depende de su circunstancia personal y a la que necesariamente hay que recurrir cuando no se toman en cuenta otras variables ni circunstancias que no sean la del propio mercado de trabajo.

Como demostró hace ya mucho tiempo Kalecki lo cierto es que el paro hace bajar los salarios reales porque debilita a los trabajadores y disminuye su poder de negociación. Porque de ese poder es de lo que de verdad depende el nivel salarial, y por eso detrás de todas las propuestas liberales lo que hay es el intento de debilitar el de los trabajadores.

Nos iría a todos mejor si nos dejásemos de zarandajas pretendidamente asépticas y teóricas y hablásemos claro: lo único que ciertamente sabemos que ocurriría si subieran los salarios es que bajaría el nivel de beneficios de las empresas, es decir, que se alteraría el patrón de distribución de la renta y la riqueza. Y lo que está por demostrar es que para que la economía funcione debe seguir dándose un reparto tan desigual como el actual. Sobre todo, cuando acabamos de comprobar a dónde nos lleva una distribución de la renta tan desigual, que la acumulación de beneficios extraordinarios en las grandes empresas solo alimenta la especulación y las actividades improductivas y que lo que de verdad paraliza a los empresarios que de verdad sacan día a día adelante el empleo y la actividad económica en España no son los costes salariales sino la falta de mercado, de financiación adecuada y de entorno que las proteja e impulse.

Publicado en Sistema Digital

www.juantorreslopez.com

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Uno de los argumentos alarmistas que constantemente se utilizan por parte de aquellos autores que cuestionan la viabilidad del sistema de pensiones públicas es el del envejecimiento de la población, consecuencia del crecimiento de la esperanza de vida de los ancianos y del mayor número de éstos. Estos hechos contrastan con la disminución de la tasa de fecundidad (es decir, el número de niños por mujer en edad fértil) y de la natalidad (el número de niños nacidos por cada mil habitantes).

El problema con este alarmismo es que asume un determinismo inalterable en el que ninguna de estas variables demográficas puede variar, lo cual es un error. La fecundidad en España, por ejemplo, es de 1,3, una de las más bajas de la UE, pero puede (y debe) aumentar considerablemente. En realidad, todas las encuestas señalan que a la mayoría de familias en este país les gustaría tener dos hijos, por cierto, un número muy semejante al que expresan las familias en la UE. Si los tuvieran implicaría que el mal llamado problema de envejecimiento tendría mucha menos importancia que la que tiene ahora. Una de las razones de que no tengan dos niños es que no se ofrecen a las familias las ayudas necesarias para que sus miembros puedan compaginar sus responsabilidades familiares con sus proyectos profesionales. Y en España, cuando decimos familia queremos decir mujer. Es la mujer la que lleva la mayor carga de las responsabilidades familiares. El enorme machismo de la sociedad española, y muy en especial de los establishments mediáticos y políticos, explica que las familias estén tan poco apoyadas por el Estado (ver mi libro El Subdesarrollo Social de España. Causas y consecuencias).

En el año 2000, cuando asesoré a Josep Borrell como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, propuse que se estableciera un nuevo derecho en España, el derecho de acceso a los servicios de ayuda a las familias, es decir, acceso a las escuelas de infancia por un lado y a los servicios domiciliarios de atención a las personas dependientes, por otro. Tal derecho lo bauticé con el nombre del cuarto pilar del bienestar, término que hizo fortuna, de lo cual me alegro (ver mi artículo “El cuarto pilar del bienestar” Público. 15.10.09). Una parte de este cuarto pilar del bienestar, la de servicios domiciliarios, se aprobó por las Cortes Españolas y se está desarrollando por el gobierno español. Es una buena ley, aunque está subfinanciada y se centra demasiado en prestaciones económicas y poco en servicios. Pero la otra dimensión, el derecho de acceso a las escuelas de infancia, está muy poco desarrollada. Y es un error, pues su impacto en la calidad de vida de las familias (y muy en especial de las mujeres) y de la sociedad, así como en la estructura demográfica, sería enorme.

En España no existe tal derecho y el servicio de cuidado de infantes es muy deficitario. Incluso a los centros de infancia se les continúa llamando “guarderías”, como si se tratara de un lugar de aparcamiento para niños, un “parking” donde se lleva a los niños para que les guarden. Y esto es un problema. Estudios de desarrollo intelectual y emotivo de los infantes, realizados en EEUU y en los países nórdicos de Europa, señalan la enorme importancia que tienen los primeros años para el desarrollo emotivo, psicológico e intelectual de los infantes. Es fundamental para el mejoramiento de toda la sociedad que los niños estén en centros de infancia de alta calidad, atendidos por profesionales altamente cualificados y que dispongan de los medios necesarios. Y puesto que la educación de los infantes beneficia a toda la población, debieran estar financiados por todos, es decir, públicamente, lo cual no excluye contribuciones de los padres, que deben ser reguladas y dependientes de su nivel de renta.

Debido a que por razones de exilio he vivido en varios países (Suecia, Gran Bretaña y EEUU) además de en el mío, España, y tengo familiares en todos ellos, tengo información de primera mano sobre cuánto les cuesta a los padres una escuela de infancia (para niños menores de dos años) en cada uno de estos países. En Nueva York cuesta el equivalente a 1.600 euros al mes llevar a tal niño a un centro de infancia (la gran mayoría privados). En Estocolmo (Suecia) los padres pagan según su nivel de renta, sin nunca alcanzar una cifra mayor del equivalente a 180 euros al mes, en una institución pública y de elevadísima calidad. Y en Barcelona, una escuela privada puede costar unos 700 euros, y una pública 300 euros (130 euros de matrícula más 170 euros en gastos paralelos). En España existe una enorme carencia de escuelas públicas de infancia. Las de mayor calidad son las suecas. Tienen un número menor de niños por profesor y permanecen abiertas durante más horas.

Se me dirá, con razón, que las familias suecas son las que pagan menos por llevar a sus niños a excelentes centros de infancia, pero, en cambio, pagan más impuestos. Los impuestos en Suecia son más elevados que en EEUU y España. Pero lo que no debe ignorarse (como ignora la gran mayoría de pensadores liberales) es que si sumamos lo que una familia estadounidense paga en atención a sus niños (sea educación o sanidad), vemos que las cantidades son mucho mayores que las que pagan las familias suecas, pues en EEUU lo pagan sólo los padres (y en servicios privados), y en Suecia lo pagan todos los ciudadanos (y en servicios públicos).

Lo cual me lleva a una última reflexión. Suecia tiene una tasa de fecundidad próxima a dos niños por mujer. Mi maestro Gunnar Myrdal y su esposa, Alba (dos de los economistas más influyentes en la socialdemocracia sueca), convencieron al gobierno socialdemócrata sueco de que tenía que invertir en escuelas de infancia para aumentar la fecundidad y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo. En España, sin embargo, los equipos económicos de los gobiernos raramente ven las escuelas de infancia como inversiones tan o más importantes que el AVE. Y, en parte, ahí está el problema. No lo entienden. El machismo siempre dificulta la solución de nuestros problemas.

Artículo publicado en Público.

www.vnavarro.es

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Estamos muy preocupados por lo que ocurrirá dentro de cincuenta años y, dado que no somos muy buenos resolviendo los problemas del presente, preferimos resolver los problemas del futuro. Así que estamos muy inquietos con la profecía del Apocalipsis del Jubilado, que anuncia la quiebra de la Seguridad Social, o recortes inaceptables en otros capítulos de gasto, para 2060, cuando las pensiones supongan el 15.1% del PIB [i] . El clero de la Iglesia de los Expertos insiste una y otra vez en la validez de su revelación profética. Sin embargo, cincuenta años antes del Apocalipsis del Jubilado, las cosas son muy distintas.

Hoy España destaca por su insolidaridad con sus mayores y quiere acrecentar tal insolidaridad aduciendo que la solidaridad puede llevarla a la quiebra. Es el guión de la tragicomedia de la avaricia. Hoy España es el segundo estado de la Unión Europea (UE) con mayor porcentaje de jubilados viviendo en la pobreza [ii] . Hoy gastamos el 7.9% de nuestro PIB en pensiones, frente al promedio del 10.9% de la UE, es decir, 29.264 millones de euros menos de lo que nos correspondería para estar en la media [iii] . Hoy nos jubilamos a los 63.6 años [iv] , mientras que los alemanes lo hacen a los 61.7, los daneses a los 61,3, los finlandeses a los 61.6 y los franceses a los 59.3 [v] . Los europeos se jubilan casi un año antes que los españoles [vi] . De modo que no somos precoces a la hora de salir del mercado laboral, hacemos un esfuerzo económico por nuestros mayores menor que el de la UE y tenemos mayor porcentaje de jubilados en la pobreza.

Sin embargo, no debatimos sobre cómo converger con nuestros vecinos europeos para tratar mejor a nuestros mayores, sino sobre cómo retrasar la edad de jubilación y sobre cómo reducir la cuantía de las pensiones públicas, asumiendo que el tren de vida de nuestros jubilados no podrá mantenerse cuando haya muchos más. Pero lo que está en juego es la calidad de vida de la ciudadanía, puesto que las pensiones son la segunda fuente de ingresos de los hogares, después de los salarios [vii] . Hay más de 8.5 millones de pensiones y, si queremos mantener y mejorar nuestra calidad de vida, debemos mantener y mejorar la calidad de las pensiones públicas.

Las pensiones públicas están siendo atacadas porque mueven sumas multimillonarias que, si fueran gestionadas por el sector privado, proporcionarían sustanciosos beneficios a las entidades financieras. Por eso nos invitan una y otra vez a los funerales de la Seguridad Social. Un estudio encargado en los años noventa por el Círculo de Empresarios preveía la quiebra de la Seguridad Social para 2010, cuando acumularía un déficit del 10% del PIB. Otro estudio de La Caixa anunciaba un déficit del 1.8% del PIB en 2005 [viii] . Sin embargo, en 2009, la Seguridad Social tuvo un superávit equivalente al 0.89% del PIB [ix] y el Fondo de Reserva representaba el 5.95% del PIB [x] . Es obvio que los “expertos” son tan buenos pronosticando el futuro como Rappel. Y, al igual que los videntes de a pie, adonde apuntan bien es al bolsillo del prójimo, a quien engatusan para que trabaje más años, cobre menos y ponga su pensión en manos de San Mercado.

Se ha logrado convertir en sabiduría convencional la idea de que las pensiones sólo se pueden pagar con las cotizaciones de los trabajadores y que, antes o después, habrá tantos mayores de 65 años que las pensiones serán difícilmente pagables. Pues bien, las pensiones se costean exclusivamente con cotizaciones sólo en ocho de los veintisiete estados de la UE [xi] . En los demás, se complementan con recursos fiscales y, por lo tanto, no hay razones para que España no pueda hacer lo mismo cuando quiera.

En los comienzos del primer decenio del siglo XXI, el gobierno central calculó que el gasto en pensiones supondría el 13% del PIB de 2050 [xii] . Un reportaje del diario El País indicaba que, para 2040, las pensiones públicas representarían el 12.6% del PIB, aunque “hay margen para evitar la bancarrota” [xiii] . Pues bien, en 2005, Austria gastaba el 13.2% de su PIB en pensiones públicas, Francia el 11.1%, Suecia en 11.8% y Alemania el 12%. Ninguno de esos estados se hallaba en bancarrota y, además, destinaban entre el 27.8% y el 30.9% de sus respectivos PIBs a gasto público en protección social (frente al 20.3% de España) y todos ellos proporcionaban mayor calidad de vida a sus ciudadanías que España [xiv] .

Lo que sí es cierto es que, en el futuro, aumentará la proporción de personas jubiladas y ello conllevará cambios en el sistema de pensiones. Si hay apoyo político suficiente, se mejorarán las pensiones públicas y sus fuentes de financiación. Si no lo hay, se optará por retrasar la edad de jubilación, expandir las pensiones privadas e ir reduciendo la cuantía de las públicas. Todo esto deteriorará la calidad de vida de la gente anciana. En primer lugar, debido a que el retraso en la edad de jubilación es muy injusto porque, en España, el 10% más pobre de la ciudadanía vive diez años menos que el 10% más rico [xv] . Así que se haría trabajar más a quienes van a cobrar menos durante menos años, para sostener las pensiones de quienes van a cobrar más durante más años.

Por lo que respecta a la privatización de las pensiones, hace algunos años Robin Blackburn escribió que “hay algo ilusorio en la constitución de fondos de pensiones, ya que, en definitiva, el coste de éstas tendrá que salir de la producción” de cada momento [xvi] . Y se podrá reducir el total de dinero público destinado a las personas mayores, pero ello no reducirá la parte del PIB que consuman. El nivel total de recursos dedicado a pensiones es similar en países de similar riqueza, sea cual sea el reparto entre lo público y lo privado. Es decir, tal y como afirma el sociólogo Gosta Esping-Andersen, la combinación público-privado no modificará mucho los costos totales de las pensiones, “pero tendrá un efecto sobre el reparto de la protección social” [xvii] . Así, los estados con sistemas de pensiones más privatizados (Irlanda, Australia, Estados Unidos) tienen tasas de pobreza en mayores de 65 años de más del 20%, mientras que los sistemas públicos más generosos tienen tasas inferiores al 5% (Suecia). Hay casos intermedios, con buenos resultados de la combinación público-privado, gracias a que las pensiones públicas son cuantiosas (Canadá, Dinamarca, Holanda).

Es importante comprender que la privatización progresiva del sistema de pensiones no reduciría el porcentaje del PIB destinado a personas mayores, pero sí incrementaría las tasas de pobreza entre los ancianos y contribuiría a favorecer las desigualdades y la descohesión social. Asimismo, los reiterados pronósticos de quiebra de la Seguridad Social y las constantes y muy divulgadas reflexiones sobre la inviabilidad demográfica de las pensiones públicas, aunque han demostrado ser falsas una y otra vez, logran que muchas personas contraten pensiones privadas y que se reduzca el apoyo a las pensiones públicas. Y ese es su verdadero objetivo: provocar la desafección ciudadana hacia el sistema público de pensiones para ir dinamitándolo lentamente.

Notas:
[i] Vicenç Navarro, “El falso problema de las pensiones”, Rebelión, 8, 5, 2009 [www.rebelion.org].
[ii] El País, 5, 6, 2009.
[iii] Vicenç Navarro, Jillian Reynolds, “La inversión en protección social en España en el contexto de la Unión Europea. El reto del déficit social”, en V. Navarro (director), La situación social en España/III, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2009, pp. 72 y 74.
[iv] Gobierno de España, Documento sobre revisión del Pacto de Toledo, Madrid, 29, 1, 2010 [http://www.tt.mtin.es/periodico/seguridadsocial/201001/20100129%20PROPUESTA%20PENSIONES.pdf].
[v] Revista de Estudios, “Edad legal de jubilación y edad media de salida del mercado de trabajo en estados miembros de la Unión Europea”, Revista de Estudios, Núm. 12, febrero de 2010 [www.1mayo.ccoo.es].
[vi] El Correo Digital, 1, 11, 2009 [www.elcorreo.com].
[vii] José Antonio Noguera, “Las políticas de garantía de rentas I. Pensiones”, en José Adelantado (coordinador), Cambios en el Estado del Bienestar. Políticas sociales y desigualdades en España, Icaria, Barcelona, 2000, p. 184.
[viii] Público, 22, 2, 2010; Juan Torres López, “La Caixa y el Círculo de Empresarios tienen “sobrecarga de trabajo” y es lógico: engañar a la gente lleva su tiempo”, 24, 2, 2010 [www.rebelion.org].
[ix] Cinco Días, 30 y 31, 1, 2010.
[x] Público, 26, 2, 2010.
[xi] Alberto Montero Soler, “España: Hablemos de las pensiones”, Rebelión, 13, 5, 2009 [www.rebelion.org].
[xii] José Antonio Griñán Martínez, “Pensiones, demografía y demagogia”, El País, 8, 4, 2003.
[xiii] El País, 22, 6, 2003.
[xiv] Vicenç Navarro, Jillian Reynolds, op. cit., pp. 72 y 42.
[xv] Vicenç Navarro, “Las pensiones son viables”, El Viejo Topo, Núm. 258-259, julio-agosto de 2009, p. 24.
[xvi] Robin Blackburn, “El nuevo colectivismo: reforma de las pensiones, capitalismo gris y socialismo complejo”, New Left Review, Núm. 2, mayo-junio de 2000, p. 63.
[xvii] Gosta Esping-Andersen, Los tres grandes retos del Estado del bienestar, Editorial Ariel, Barcelona, 2010, p. 109.

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Las conferencias internacionales sobre pobreza y medio ambiente van y vienen. En ellas hay un enorme paquidermo en la sala de plenarias. Tiene las palabras política Macroeconómica inscritas en la frente. Pero nadie quiere hablar de él. El silencio es una forma de negación.

Un ejemplo es el de los objetivos del desarrollo del milenio (ODM) de Naciones Unidas. Fueron discutidos en innumerables conferencias en las que nadie habló sobre el marco de política macroeconómica para alcanzarlos. Como si erradicar el hambre y reducir la pobreza extrema, proporcionar servicios de salud y educación no tuvieran nada que ver con la política fiscal y monetaria, o la desregulación financiera. Más allá de unas frases piadosas sobre financiamiento y la raquítica ayuda oficial a los países en desarrollo, el mensaje implícito era claro: hay que lograr estos objetivos con la misma política macroeconómica neoliberal que ha provocado tanto desastre.

Hoy es claro que los ODM no se van a conseguir. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha convocado a una enorme conferencia en Nueva York en septiembre para reactivar el interés en los ODM. Pero a pesar de la crisis global ni una palabra sobre los cambios que deben hacerse en materia de política macroeconómica. Vaya que si tiene fe en la globalización neoliberal.

Otro ejemplo es el debate en el seno de la Convención marco sobre cambio climático. Ahí se discute la adaptación al calentamiento global y la reducción de emisiones de gases invernadero. Los documentos del IPCC reconocen que la pobreza y la vulnerabilidad van de la mano. Pero nadie menciona la relación entre la política macroeconómica neoliberal, el desempleo, la pobreza, el lento crecimiento y las inversiones especulativas.

Y ahora que llegaron los tiempos malos, tenemos el mejor ejemplo de silencio y negación. La crisis global que estalló en 2008 indujo al Programa de Naciones Unidas sobre medio ambiente (PNUMA) a lanzar una Iniciativa para un Nuevo Trato verde y global (GGND, en inglés). El objetivo es revivir la economía mundial, promover el empleo y acelerar el combate contra el cambio climático, el deterioro ambiental y la pobreza. De acuerdo con la GGND la enorme crisis por la que atraviesa el planeta requiere una decisión parecida al Nuevo Trato de Franklin Roosevelt en los años 30, pero a escala global y con una visión más amplia. La frase clave en la GGND es que oprimir el botón de reset no es suficiente para colocar la economía mundial en el camino a la sustentabilidad.

Dada la referencia al Nuevo Trato de Roosevelt, uno pensaría que el tema de la política macroeconómica sería relevante. Pero la GGND no dice nada sobre política macroeconómica. En cambio, en el único pasaje en el que menciona los orígenes de la crisis global dice que la causa no fue la desregulación financiera, sino una falla de gobernanza. Aquí encontramos un ejemplo notable de eso que Juan Carlos Monedero (en su importante libro El gobierno de las palabras, FCE 2009) denomina la trampa de la gobernanza: hasta la causa de la crisis se explica porque no se siguieron las formas de legitimización del neoliberalismo.

Otra vez el mismo mensaje: podemos mantener una política monetaria restrictiva, altas tasas de interés, liberalización financiera, una postura fiscal para generar un superávit primario, y una política de ingresos con salarios reprimidos para no desencadenar presiones inflacionarias, porque al final del día, autos eficientes y edificios inteligentes nos darán la economía verde a escala global.

¿Por qué no se habla de política macroeconómica en estas conferencias? Una razón podría ser el desastre en que se encuentra la teoría macroeconómica. En los últimos 70 años sufrió una transformación asombrosa. Primero traicionó las intuiciones de Keynes sobre las deficiencias de las economías capitalistas. Luego consideró que había patologías que impedían mantener el pleno empleo y por eso era necesaria una política estabilizadora. Después llegó a la conclusión de que el mercado tenía capacidad de autoregulación y que la intervención estatal no sólo era inútil, sino perniciosa. Y ahora que estalló una crisis global de dimensiones históricas, se ve claro que la teoría macroeconómica del establishment sigue perdida en la confusión.

Todo eso es cierto, pero quizás hay una razón más profunda por la que se prefiere ignorar al elefante en la sala. Discutir la política macroeconómica abre una ventana de concientización sobre la economía política del neoliberalismo. Repentinamente, los beneficiarios y los perdedores quedan bien identificados. Pronto queda claro que la política macroeconómica obedece a un orden social de explotación y dominación. Todo esto transforma la discusión en un debate político, y eso es algo que el poder quiere evitar a toda costa. Los movimientos sociales progresistas deben rechazar ese silencio y tomar la iniciativa para redefinir las directrices de la política macroeconómica.

Artículo publicado en La Jornada.
http://nadal.com.mx

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El pago de la deuda externa de los países del Sur es uno de los principales instrumentos de sometimiento de éstos a la globalización neoliberal en manos de las elites políticas y económicas globales y nacionales. Se trata de un lastre que condena a la pobreza a centenares de miles de personas que ven como los bienes y los recursos naturales de sus países son expoliados, privatizados, exportados… en aras de pagar una deuda que para nada repercute en el bienestar de la población.

Un monto que aumenta día a día. Si sumamos el dinero transferido por parte de estos países desde los años 80 hasta la actualidad, observamos como la suma inicial de la deuda ha sido pagada con creces, diez veces más, pero, paradójicamente, estos países están cinco veces más endeudados. Es lo que el movimiento contra la deuda externa ha llamado “la espiral de la deuda”, una lógica de dependencia Sur-Norte que reporta importantes beneficios tanto a instituciones internacionales como nacionales. En el año 2005, por ejemplo, los países del Sur transfirieron al Norte en concepto del pago de la deuda casi 551 mil millones de dólares, cinco veces lo que los países del Norte les prestaron como Ayuda Oficial al Desarrollo, unos cien mil millones de dólares.

El aniversario, estos días, de los diez años de la organización de la Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa, que tuvo lugar el 12 de marzo del 2000, y que movilizó a miles de personas en el Estado español recogiendo un millón de votos contra el pago de la deuda, nos recuerda que hoy, como antes, es necesario seguir exigiendo la anulación incondicional de esta deuda ilegítima. Así como reivindicar el fin de las condicionalidades impuestas por las Instituciones Financieras Internacionales y plantear el pago de una deuda ecológica, social e histórica que los países del Norte deben al Sur fruto de siglos de expolio y explotación de sus recursos naturales.

El movimiento contra la deuda externa lleva más de diez años denunciando el impacto del pago de esta deuda en las poblaciones más desfavorecidas de los países del Sur y desde sus orígenes hasta hoy ha conseguido mucho y muy poco a la vez. En el terreno de lo simbólico se han hecho avances importantes: deslegitimar a las instituciones internacionales e identificarlas, junto con los países miembros del G8, como los máximos responsables de la situación de endeudamiento actual; situar la cuestión de la deuda en la agenda política; y sensibilizar a amplias capas de la población sobre su impacto en los pueblos del Sur.

En lo que se refiere a logros concretos, el balance es mucho más exiguo. A pesar de las declaraciones de buenas intenciones realizadas en distintas cumbres internacionales, los países del G8 prácticamente no han realizado acciones concretas de condonación. En la cumbre de Colonia, en junio de 1999, los jefes de estado de los países más ricos del planeta se comprometieron a anular el 90% de la deuda bilateral y multilateral de los 42 países más endeudados. Pero, a pesar de estas afirmaciones, las cifras del comunicado del G7, setenta mil millones de dólares, equivaldrían tan solo a un 3% de la deuda total de los países del Sur. En reuniones anteriores, los líderes del G8 ya habían realizado promesas en la misma dirección: en la cumbre de Nápoles, en 1994, prometieron la anulación del 67% de la deuda; en la cumbre de Lyon, en 1996, del 80%; y, posteriormente, en la cumbre de Gleneagles (Escocia), en 2005, llegaron a prometer la cancelación del 100% de la misma. Pero las cifras hablan por sí solas: desde 1999 la deuda global de los 42 Países Pobres Altamente Endeudados lejos de reducirse ha seguido aumentando.

Esta contradicción, entre promesas y realidad, pone de relieve el interés de los países del G8 para seguir siendo acreedores de esta deuda y mantener un mecanismo permanente de transferencia de riqueza del Sur a los capitalistas del Norte. Los países que ocupen una posición geoestratégica relevante o que se muestren más dóciles seguirán recibiendo medidas de reducción de la deuda, pero que no les servirán de nada para liberarse del yugo neoliberal. La deuda es un claro ejemplo de la dominación Norte-Sur y las elites políticas y económicas no renunciarán fácilmente a ella.

Pero se han abierto oportunidades políticas para el movimiento contra la deuda. En América Latina, gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador han llevado a cabo unas políticas de ruptura parcial con el imperialismo y el neoliberalismo, devolviendo al Estado un mayor papel de regulador social y con un aumento del control público sobre los recursos naturales, recuperando el concepto de soberanía nacional. En concreto, los pasos dados por gobiernos como Correa en Ecuador son ejemplos de que es posible decir “no” al pago de la deuda, como hizo en su momento Argentina después de la crisis del 2001. La denuncia de las deudas odiosas e ilegítimas y la suspensión del pago de las mismas es un acto legítimo que todo gobierno soberano debería estar dispuesto a realizar en favor de sus pueblos.

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Todo comerciante sabe de las dificultades para vender una mercancía averiada, y de las filigranas que hay que hacer para darle salida. Desde remiendos y capas de pintura en un coche hasta dientes postizos si se trata de un burro. Y, como corresponde, las necesarias recreaciones verbales para convencer al incauto de lo buena y provechosa que va a ser para él la operación que va a efectuar.

El callejón en el que se ha metido el capitalismo cuando la avaricia que lo caracteriza ha desarrollado todas sus potencialidades y se encuentra asfixiado por la sobreproducción, dificulta cada día más la “venta” del producto, esto es, la tarea de convencer a los ciudadanos de que no hay ninguna otra alternativa al mismo. Con la crisis, cuando las llagas purulentas van estallando por todo su cuerpo, no hay ya pintura suficiente ni dientes postizos que pueda cubrirlas. ¿Qué queda? Queda el disfraz, la máscara. Por eso, necesita imperiosamente expandir al máximo y controlar los medios de comunicación para, a través de ellos, construir un mundo virtual, una especie de carnaval perpetuo, en el que la cámara de horrores que nos presenta a diario, sin parangón en la historia, encuentre su acomodo como fenómeno natural, humano.

Así, la mafia de los especuladores de altos vuelos se ha dado en llamar “mercados internacionales”, la natural resistencia por parte de los que no nos dejamos engañar se denomina “terrorismo”, los explotados son “desfavorecidos” o “perdedores”, a la resignación de estos ante las tremendas diferencias sociales se la adorna como “cohesión social” y su angustiosa necesidad de dar salida a los millones de productos absolutamente innecesarios que vomitan sus fábricas se disfraza como “crecimiento económico”. Podríamos seguir pero creo que basta con estos ejemplos.

Queda por examinar el otro frente. El que presentan los países que intenta encaminar su economía por derroteros distintos, como ha sucedido en los últimos decenios en Venezuela, Bolivia y Ecuador (de Cuba no hace falta hablar, es el viejo apestado, al que llevan la friolera de 51 años preparándole la tumba). En Venezuela, (con una economía de mercado) se erradicó el analfabetismo y hay en marcha todo un proceso centrado en la educación, la sanidad y la participación de los ciudadanos en el proceso político y económico. Todos los organismos internacionales lo avalan, empezando por la ONU. Solución: Ignorarlo en los medios (olvidando incluso que se trata, hoy por hoy de un país capitalista) y centrarse en el Chávez sátrapa, dictador, impresentable, mal educado, etc. etc. No importa que haya ganado hasta 8 veces en las urnas a los opositores ni que la mayor parte de los medios de comunicación venezolanos se dediquen a insultarlo un día si y otro también, sin que nadie les moleste. Porque lo que ha hecho frente a los medios lo están haciendo a diario en los países capitalistas, eso sí, a los medios que no se someten al guión de los conglomerados de tipo berlusconiano. Y es que hoy por hoy, Venezuela sigue en la órbita del capitalismo, pero esa andadura parece peligrosa para el futuro. De paso podemos comprobar cuanto le interesa a los países capitalistas la sanidad, la educación o la erradicación de la miseria. La obsesión de los medios, por no decir el cebo, no contempla para nada esos aspectos sociales, sino únicamente la nunca definida libertad y hay que retorcer los hechos para que esta parezca ser la victima. Incluso aunque se celebren elecciones periódicamente y hayan sido avaladas por los organismos que las vigilaron. El griterío por la libertad es hoy una de las máscaras más usadas en este carnaval.

Me surgen estas reflexiones a tenor de lo que está sucediendo en la OPEL de Zaragoza. Y me voy de lo grande a lo pequeño para ilustrar la dimensión que ha tomado el juego de máscaras, que se extiende a todos los rincones. En esta fábrica se está negociando entre la dirección y el Comité de Empresa un acuerdo para “salvar” la empresa, con el despido de 900 trabajadores y la pretensión de la empresa de congelar los salarios durante 4 años. Surge aquí otra máscara: El sofisma “socialmente responsable” aplicado a lo que debe de ser la naturaleza del acuerdo. Que lo use la empresa, que es la vendedora de la burra, no tiene nada de particular, pero lo grave es que lo acepte y le maneje el Comité de Empresa y el trágala vaya de un contendiente al otro como una pelota de ping-pong. Cada parte le da un sentido propio. Para la empresa significa que hay que hacer sacrificios para salvarla, para el Comité, que los trabajadores no deben sufrir muchos perjuicios.

Pero la falacia queda en la sombra: La dirección de la empresa es responsable ante sus accionistas, que quieren ganar dinero, mientras que la creación o mantenimiento del empleo (el argumento mas manoseado por ella) no es una responsabilidad sino una necesidad para poder mantener la producción. No hay más que ver que las medidas que propone no cambian un ápice la abismal diferencia entre los sueldos que los directivos se ponen a sí mismos y los que pagan a los trabajadores. En suma, negociar sobre la base de un acuerdo que debe ser “socialmente responsable” sin entrar a dirimir cual es el contenido de ese concepto y a quien beneficia, aceptándolo tal cual sin una exposición crítica del mismo, solo sirve para llevar el agua al molino de la dirección de la empresa, haciéndose cómplice de ella.

El sindicalismo no puede olvidar su función pedagógica y dedicarse solamente a arañar lo que se pueda para los trabajadores, sino también poner ante sus ojos los trucos y artimañas que utilizan los empresarios para hacernos creer que son, en cualquier medida, “socialmente responsables”.

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