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Frente a la nueva economía de las cañoneras

16 març, 2011 - Internacional, Portada

Sobre los ataques financieros contra la deuda pública española y la querella contra las agencias de calificación
Jónatham F. Moriche – ATTAC Extremadura

En la vida real, la historia la conforma la gente. En el mundo ficticio de las agencias de calificación, la historia es un conjunto de cifras. Por encima de la línea, bueno; por debajo de la línea, malo. La idea de que una gran nación como España, por cuya libertad amigos de mis padres lucharon y murieron, deba ponerse de rodillas por el antojo de un puñado de ejecutivos con sueldos demasiado altos es sencillamente indignante. ¿Cómo se atreven? Las agencias de calificación crediticia están liderando un asalto a las naciones y a los pueblos. Debemos frenarlas en seco si podemos.
Martin Kettle
Señores de Moody’s: ¿por cuánto nos pondrían la AAA?
Isaac Rosa
En el siglo XIX se popularizó la expresión “diplomacia de las cañoneras” para describir la práctica, común entre las grandes potencias, de estacionar flotas de guerra ante los puertos de las naciones menores con las que sostenían algún pleito, presionándolas con la amenaza del asedio y el bombardeo para que adoptasen las políticas más favorables a sus intereses imperialistas. Desde hace meses, estamos asistiendo al despliegue de una versión renovada de esta estrategia, por parte de los operadores financieros internacionales, contra las economías europeas periféricas (sobre todo Grecia, España, Portugal e Irlanda, con algunos zarpazos de advertencia para Francia e Italia). La punta de lanza de esta agresión están siendo las tres grandes agencias de calificación crediticia del mercado internacional: : Fitch, Moody’s y Standard and Poor’s. ¿Quienes son y a qué se dedican estas agencias?
Los Estados, como las empresas y los hogares, recurren al endeudamiento para disponer de efectivo y afrontar los gastos cotidianos. Periódicamente, ofrecen en el mercado participaciones de esa deuda pública (los conocidos bonos, letras u obligaciones del Tesoro) a un determinado interés; a diferencia de un particular, que debe acogerse a las condiciones que una entidad de crédito le oferta, el Estado decide qué intereses va a pagar por recibir ese préstamo. Si esos intereses son considerados satisfactorios por los inversores, el Estado verá rápida y cómodamente satisfecha su necesidad de liquidez.
Las agencias calificadoras son empresas privadas que, de una forma en teoría independiente y objetiva, evalúan la situación económica de un Estado y orientan a sus clientes sobre en qué deuda pública -o “deuda soberana”-, y a qué tipo de interés, es conveniente invertir (también califican a empresas privadas y sus emisiones de deuda a tipo fijo -también llamada “deuda corporativa”-, aunque estas evaluaciones inevitablemente tienen también un impacto colateral sobre la percepción de sus valores de renta variable). Siguiendo la lógica de “a mayor riesgo, mayor beneficio” capitalista, si un país tiene una situación económica supuestamente más inestable, se recomendará a los inversores exigirle intereses más altos por adquirir su deuda. Las constantes evaluaciones negativas de estas tres agencias respecto de la economía española, amplificadas por la gran prensa económica de impacto global (The Economist, The Wall Street Journal, Financial Times) y respaldadas por las instituciones de gobernanza económica internacional (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Banco Central Europeo), están motivando a inversores grandes y pequeños de todo el mundo a exigir intereses más altos al Estado español para adquirir sus emisiones de deuda. Pero, ¿están justificadas, son realmente independientes y objetivas, las estimaciones de las agencias y la cobertura mediática que reciben?
Respecto a su naturaleza, las agencias de calificación son empresas privadas movidas por afán de lucro. Reciben ingentes cantidades de dinero como pago por sus análisis (en 2009 Moody’s ganó casi 700 millones de euros, y S&P más de 1000 millones) de mano de las mismas corporaciones que luego serán compradoras de grandes sumas de deuda pública, y por tanto beneficiarias de esos intereses más elevados que las agencias habrán provocado con sus informes. Respecto a su metodología analítica, poco puede aventurarse dado el espeso blindaje de opacidad tras del que operan (como explica la propia Moody’s: “Las deliberaciones dentro de los comités de evaluación son estrictamente confidenciales, y sólo los analistas de Moody’s pueden estar presentes en ellos”). Y aunque existen registros oficiales y normativas europeas y nacionales (algunas, como la francesa, algo más exigentes que la media), las agencias de calificación gozan de un muy amplio margen para la autorregulación de sus estándares de conducta. Tan amplio, por ejemplo, que especuladores de la notoriedad de Warren Buffett puedan contarse entre sus accionistas. ¿Qué rigor, qué objetividad y qué neutralidad puede esperarse de ellas en estas condiciones? Resulta evidente que no mucha, y ello quizás explique como buenos clientes de las agencias como WorldCom, Parmalat, Enron, AIG, Goldman Sachs, Amro, Dubai Investments o Lehman Brothers nunca vieran rebajadas las favorables calificaciones que enmascaraban y animaban sus fraudes gigantescos. La fiscalía del Estado de Nueva York ha investigado estas irregularidades (en uno de los tres procesos judiciales que las agencias ya han afrontado en EE.UU.), sacando a la luz un elevado número de episodios sumamente sospechosos en la relación entre las agencias y sus clientes corporativos. El ex-operador financiero de la City londinense Alex Preston ha ironizado al respecto: “Es como si los concursantes de Operación Triunfo pagasen el sueldo de los jurados del programa”. ¿Hay algún motivo para suponer que este profundo y viscoso pantanal de irregularidades en la calificación de la deuda corporativa no debiera reproducirse en la calificación de la deuda soberana?
Pero, en el caso de la deuda pública, no se trata sólo de un sistema para ganar dinero: también es una estrategia de presión política. Para mejorar sus perspectivas de la situación económica, las agencias hacen recomendaciones en materia de políticas públicas que, con la capacidad inversora de sus clientes como amenazante respaldo, se convierten en órdenes que los Estados deben acatar, si no quieren verse obligados a pagar un interés exorbitante por su endeudamiento y acabar, como de hecho ya están los países más débiles de la zona euro, al borde de la quiebra. ¿Y qué recomendaciones son esas? Siempre las mismas, y siempre coincidentes con las de la patronal y la intelectualidad neoliberal: privatizar empresas y servicios públicos, recortar sueldos y pensiones, precarizar el empleo, abaratar el despido… Habiendo sido incentivadas por los poderes públicos en los años 70 como un factor de transparencia y estabilidad del sistema financiero, las agencias de calificación se han convertido en fuente de desinformación e inestabilidad financiera y, por añadidura, herramienta de choque contra la capacidad regulatoria de los Estados. Como explica Stephano Lucarelli, el proceso de financiarización de la vida económica (de la que un creciente endeudamiento privado y público es un pilar esencial) se ha convertido, más allá de la mera obtención de lucro, en un mecanismo de control social que sirve a su propio programa político: relegar al Estado y a la soberanía popular a un estatus de “soberanía coherente”, esto es, subordinada, a la hegemonía del capital financiero. Del mismo modo que la satisfacción de hipotecas y otras formas de crédito condicionan, casi siempre en el sentido de la austeridad y la incertidumbre, cuando no la nuda esclavitud, la vida de hogares y empresas, el endeudamiento masivo del Estado ante los mercados de capital conduce inevitablemente a su sometimiento político. En palabras de Isidro López y Emmanuel Rodríguez, conforme la deuda soberana de los Estados se ha “financiarizado” (esto es, ha pasado, de ser adquirida sobre todo por pequeños inversores nacionales, a ser ofertada en los mercados financieros internacionales a los grandes inversores corporativos), las agencias de calificación (y a través de ellas, sus clientes) “han llegado a adquirir un creciente poder sobre el precio del endeudamiento público, con capacidad incluso para determinar los ritmos de ampliación y contracción del gasto y, por consiguiente, del tipo de política económica posible”. La única posible, cabe añadir, completamente al margen del programa con que el partido de gobierno haya concurrido y ganado las elecciones. Una situación esta, por cierto, que con esta intensidad puede resultar novedosa para Europa, pero no lo es en absoluto para los países africanos, asiáticos o americanos atenazados por la deuda externa y las políticas de “ajuste estructural” del FMI y el Banco Mundial como herramientas de control neocolonial desde hace medio siglo. Paradójica pero no casualmente, una de las recomendaciones permanentes de las agencias a los Estados es una menor presión fiscal sobre los beneficios empresariales, lo que disminuye sensiblemente su capacidad de financiación por medios ordinarios y les empuja a endeudarse aún más, profundizando su dependencia de los mercados: un diabólico jaque mate en dos movimientos del que ningún gobierno europeo ha tenido todavía la osadía de intentar zafarse.
No han faltado en los últimos tiempos críticas a la actividad de estas tres grandes agencias, que componen un oligopolio que acapara el 90% del mercado de la calificación de riesgos, que mantienen una relación privilegiada con organismos como el FMI y cuyas “opiniones” (que así las denomina prudentemente las interesadas para eludir otras responsabilidades) adquieren, en el marco de los acuerdos del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria y a despecho del carácter privado y lucrativo de sus emisores, un rango de autoridad cuasi-institucional. Prácticamente invisibles para el gran público antes de esta crisis, estas críticas han venido de organizaciones altermundistas como ATTAC o el CADTM, pero también de instituciones como la Organización Internacional de Comisiones de Valores o del Foro por la Estabilidad Financiera, que han denunciado graves fallos en la metodología de sus evaluaciones, su integridad y su transparencia, sobre los que el Senado norteamericano (en el marco de su comisión de investigación sobre la crisis hipotecaria y financiera) ha podido escuchar ilustrativos testimonios de primera mano de varios ex-empleados de Moody’s y S&P. En España, la socialista Fundación Ideas diserta sobre la necesidad de “desmadejar el ovillo de intereses que envuelve a empresas, auditores, agencias de calificación y autoridades”, altos cargos del gobierno (el propio presidente Rodríguez Zapatero, el fiscal general Cándido Conde-Pumpido, la vicepresidenta Elena Salgado o el ministro de Justicia Francisco Caamaño, entre otros) han hecho declaraciones más o menos indignadas sobre su actuación, e incluso la prensa informó de una investigación sobre los agentes especuladores abierta por el Centro Superior de Investigación de la Defensa (CESID) en colaboración con el espionaje griego, pero, como viene siendo habitual, tales montañas dialécticas (también dirigidas hacia paraísos fiscales y otros rincones de sombra del sistema financiero) no han parido sino minúsculos ratones prácticos, y el gobierno español sigue atrapado en esa penosa y vergonzante lógica de sumisión que resumiese el presidente portugués Aníbal Cavaco Silva en una frase antológica: “Insultar a los mercados internacionales daña la economía nacional”. Para colmo del escarnio, el Estado español, en tanto cliente de estas tres agencias como “suscriptor” de sus informes, les abona anualmente un monto que ronda el medio millón de euros, una situación que no puede sino evocar ese castizo dicho español, tan malsonante como expresivo, que habla de “encima de ser puta poner la cama” (en el ámbito internacional, también Nicolás Sarkozy o Ángela Merkel han expresado reticencias a la actividad de las agencias, pero sus críticas han desteñido a la primera lluvia y no se han traducido en una efectiva presión regulatoria -en claro contraste con, por ejemplo, la mucho más firme postura de los gobiernos argentinos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que han promovido activamente en los foros internacionales la reforma de la legislación vigente sobre estas agencias, y de la justicia argentina, que ya las ha multado en varias ocasiones por sus irregularidades).
Esta nueva economía de las cañoneras está resultando exitosamente eficaz, haciendo visible y tangible ese paranoico espectro izquierdista (decían desde la tribuna neoliberal) de la dictadura de los mercados. Habiendo sido elegidos con programas electorales expresamente contrarios a nuevos recortes sociales, los gobiernos griego, español, portugués e irlandés han inclinado la cerviz ante la presión del imperialismo financiero transnacional. Todas las grandes decisiones económicas de signo neoliberal de esta segunda legislatura de José Luís Rodríguez Zapatero -reforma laboral, retraso en la edad de jubilación, bancarización de las cajas de ahorro- han venido precedidas por una recomendación en ese sentido de parte de las agencias de calificación. ¿Desde dónde se gobierna España, desde las Cortes y el Consejo de Ministros o desde la cabina de mando de las cañoneras situadas frente a nuestras costas? No es sólo nuestra economía, son también nuestra soberanía nacional y nuestras instituciones democráticas las que se encogen frente a las amenazas de la flota imperial.
Rodríguez Zapatero -como sus homólogos socialdemócratas Yorgos Papandreu en Grecia y José Sócrates en Portugal- disponía de otras opciones. La mejor de ellas, una alianza de hierro con los partidos situados a su izquierda, los sindicatos de clase y los movimientos progresistas para defender los derechos económicos y sociales frente a las presiones del mercado (con, llegados al extremo, el monopolio estatal del uso de la fuerza como respaldo). Pero ha optado por la sumisión, comprometiendo gravemente la calidad de vida, material y política, de la inmensa mayoría de sus conciudadanos y conciudadanas. ¿Por qué? Caben distintas explicaciones complementarias. En primer lugar, por la extensa, tortuosa y paralizante interrelación entre el Partido Socialista y el aparato corporativo, materializada en la financiación, regular e irregular, de sus actividades en tanto organización, y en el constante e inquietante trasiego de tantos de sus líderes entre el cargo público y el empleo directivo de sustanciosa remuneración en alguna gran corporación (relaciones que en no pocas ocasiones se reproducen también en el caso de destacados jerarcas de las dos organizaciones sindicales mayoritarias, UGT y CCOO). También, por la acción de una poderosa quinta columna en el interior del sistema económico y político nacional, con organizaciones empresariales de distinta naturaleza (CEOE, Fundación Everis, Consejo Empresarial para la Competitividad, FEDEA), medios de comunicación (Intereconomía, EsRadio, La Gaceta o El Mundo entre los abiertamente conservadores, pero también y en no pocas ocasiones el presuntamente más progresista El País), partidos políticos (PP, CiU, PNV) e incluso instituciones del Estado (Banco de España) empujando en la misma dirección que los mercados (uno de los muchos energúmenos descerebrados que pueblan las páginas de Libertad Digital llegaba a jalear su acción con un estridente “¡Especuladores: llévense su dinero de España cuanto antes!”, una afirmación básicamente coincidente con el “loor, pues, a los presuntos conjurados; que conspiren un rato más hasta que la moneda europea se aproxime al precio de equilibrio” con el que un editorial de El País daba su bendición a las acciones especulativas). Y todo ello, por añadidura, en el contexto institucional e ideológico de una Unión Europea claramente escorada hacia el neoliberalismo más duro y desinhibido, en el que los Estados y sus instituciones democráticas han perdido competencias y los mercados y las corporaciones han ganado influencia, por ejemplo, a través de una Comisión Europea de muy discutible legitimidad democrática pero muy permeable a la presión corporativa y de un poderoso Banco Central Europeo libre de todo control político (de nuevo en palabras de Isidro López y Emmanuel Rodríguez, “hoy por hoy, las políticas de estabilidad de la UE son poco más que un caparazón ideológico en el que se han escondido los mercados financieros para dar legitimidad a sus intereses”), tendencias respecto de las que la política europea de los ejecutivos de Rodríguez Zapatero han mantenido una posición de plena aceptación y complicidad. Y de forma no menos decisiva, ante la pertinaz incapacidad teórica y práctica de la ciudadanía progresista y las organizaciones de la izquierda para constituirse en parte interesada y activa ante este proceso de depauperización económica y política de nuestra sociedad, más allá de algunos episodios puntuales de convergencia y movilización, como la Huelga General del pasado 29 de septiembre (si bien, en contraste con la francesa, la británica, la italiana o muy sobre todo la griega, cabe atribuir a la sociedad española una especialmente pertinaz desmovilización, también es cierto que hasta ahora ninguna de esas movilizaciones de alcance nacional ha sido capaz de poner freno a las políticas de austeridad y la extensión del poder financiero, y que tampoco han empezado siquiera a conjugarse procesos de convergencia y resistencia de espectro efectivamente continental, más allá de algunos restringidos circuitos activistas tan lúcidos como minoritarios).
En tanto esta resistencia civil no se articule y devenga multitudinaria (y, acaso, proporcionadamente violenta respecto a la agresión que los pueblos de Europa están padeciendo), las exigencias del neoliberalismo de las cañoneras no dejarán de incrementarse, como la sociedad española está pudiendo comprobar en carne propia de forma reiterada. Ni el multimillonario fondo de rescate para los bancos, ni la subida del IVA, ni el abaratamiento del despido, ni el recorte de sueldos a los funcionarios, ni la privatización de las cajas de ahorros, ni ninguna otra de las ya muchas medidas de factura agresivamente neoliberal asumidas por Rodríguez Zapatero han logrado mejorar las evaluaciones de las agencias de calificación respecto de la economía española: inmediatamente después de cada cesión gubernamental, las cañoneras han elevado sus exigencias y redoblado su fuego. “Al igual que la mafia”, apunta al respecto el siempre afilado John Brown, “estos señores ofrecen su “protección” contra los ataques que ellos mismos planean y perpetran”. Recién firmado por los sindicatos mayoritarios un humillante Pacto Social que retrasa la edad de jubilación y empobrece sustantivamente su cuantía, los portavoces del mercado han señalado nuevas condiciones: desvinculación de salarios e inflación y debilitamiento de la negociación colectiva. Que el gobierno no haya cedido de inmediato a estas exigencias ha supuesto un nuevo empeoramiento de las evaluaciones de las agencias y, en consecuencia, un nuevo encarecimiento de nuestra deuda pública (con los bonos de deuda pública griega a dos años bajo una calificación negativa equivalente a la del “bono basura” y con un desorbitado interés del 15% como figura ejemplarizante en el horizonte, ante cualquier posible conato de dignidad política y soberanía económica de los extorsionados). Y si a corto plazo estamos encarando las consecuencias del imperialismo financiero en el plano de los derechos económicos y sociales, en el medio y largo plazo deberemos afrontar las de una crisis política, producto de la generalizada pérdida de legitimidad y prestigio de las instituciones políticas democráticas, que paradójicamente aspiran a ser sustituidas por las mismas fuerzas corporativas que provocan y gestionan en su beneficio la crisis económica. Es en este sentido que Slavoj Zizek señala la Italia de Berlusconi (y su partido-empresa-mafia Forza Italia) como escenario de una transición a un poder estatal directamente ejercido por el poder económico, que sin necesidad de someterse a otras mediaciones, “lo explota abierta y despiadadamente como medio para defender sus intereses”, y probablemente también el sentido en que el diputado de Izquierda Unida en las Cortes españolas Gaspar Llamazares, en un tan infrecuente como saludable gesto de incorrección política, calificaba el pasado mes de noviembre de “golpistas” las pretensiones de la patronal (en este caso, bajo la meliflua careta de la Fundación Everis) de emplear a la Jefatura del Estado como correa de transmisión de su programa económico, puenteando al gobierno y al Parlamento.
Es ante esta suma de hechos y circunstancias que cobra un más que interesante perfil intelectual y político la querella criminal respaldada por varias organizaciones (ATTAC, Izquierda Unida, Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras) y defendida por Gonzalo Boyé, Jaume Asens y otros abogados ante la Audiencia Nacional contra Moody’s, Fitch y S&P, en virtud de los artículos 284 y 285 del Código Penal español, que tipifican como delitos las manipulaciones informativas orientadas a alterar de un modo artificial y fraudulento el precio de bienes y servicios.
Prospere o no esta querella ante la Audiencia Nacional, su mera redacción y presentación, la cobertura mediática que está recibiendo y el apoyo social que está recabando ya suponen un hito significativo en las luchas contra el establecimiento de una dictadura de los mercados financieros sobre Europa, contribuyendo a desplazar el foco de la atención pública sobre su funcionamiento irregular y descontrolado e invitando a amplios sectores de la población a participar del empeño por, en afortunada expresión de José Manuel Naredo, “abrir la caja negra del sistema”. ¿Cabe pensar en un movimiento transeuropeo de lucha civil contra la manipulación corporativa de nuestra deuda pública? En este sentido, Costas Lapavitsas describe como “una campaña para formar una comisión auditora de la deuda pública griega arrancó el pasado 3 de marzo con el apoyo de cientos de firmantes griegos y de todo el mundo. El llamamiento es a crear un amplio movimiento que demande información independiente y control ciudadano sobre la deuda pública. Si los griegos tienen éxito en este empeño, no hay razón para otros ciudadanos europeos no puedan seguir sus pasos”. No es preciso insistir en la coincidencia de objetivos entre esta iniciativa y la querella planteada en España, ni en la oportunidad de articular en un frente común estas y otras propuestas similares que pudieran darse en el Continente.
Que los excelentes juristas que defienden esta querella en España hagan su trabajo en la Audiencia, y que la ciudadanía progresista y las organizaciones de la izquierda social, sindical y política hagan el suyo en la calle. En este sentido, puede ser oportuno recordar que las agencias Moody’s, S&P y Fitch tienen domicilios en España (respectivamente, calles Bárbara de Braganza nº 2 y Marques de Villamejor nº 5 en Madrid, y calle Balmes nº 89 en Barcelona), y que, como nos enseña el movimiento por la memoria en Argentina con sus característicos escraches (o manifestaciones de denuncia de verdugos y cómplices de los crímenes de la dictadura militar) el ejercicio del derecho de manifestación cobra una especial significación ética y estratégica cuando se practica a las mismas puertas de la injusticia y la impunidad denunciadas.


jfmoriche@gmail.com | http://jfmoriche.blogspot.com
ADDENDA. TEXTOS CITADOS Y OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS:
Querella criminal contra S&P, Moody’s y Fitch (texto íntegro).
– “EE UU investiga si ocho grandes bancos engañaron a las agencias de calificación”. El País, 13/05/2010
– “El FMI acusa a las agencias de calificación de contribuir “involuntariamente” a la inestabilidad”.El País, 29/09/2010
– “El espionaje griego descubre ataques especulativos desde EE.UU. y Europa”. Gara, 20/02/2010.
– “El servicio secreto griego investiga junto al CNI los ataques al euro”. El País, 20/09/2010
– “Ex empleados de Moody’s revelan presiones para calificar alto activos tóxicos”. El País, 02/06/2010
– “IU tacha de golpista el informe que dio al Rey la fundación de Eduardo Serra”.ADN, 26/11/2010
– “Medios de toda Europa recogen la querella en España contra las agencias de rating”.Radiocable, 02/03/2011 .
– “Moody’s critica la sentencia que avala la liquidación de la hipoteca al devolver el piso”.El País, 31/01/2011.
– DEAN BAKER, “¡Rebajemos la calificación de Moody’s!”. SinPermiso, 28/03/2010.
– ALAIN BIHR, “El objetivo real de la austeridad presupuestaria”. Viento Sur, 14/09/2010
– JOHN BROWN, “Comprar la paz a los mercados: el pésimo negocio de Zapatero”.IohannesMaurus, 28/11/2010
– CRISTINA CABALLERO Y JAVIER G. GALLEGO, “Agencias de ‘rating’: Polémicas y… ¿necesarias?”. El Mundo, 21/12/2010
– MARÍA DEL CARMEN CARRASCO, “Las agencias de rating, nuevas protagonistas”. Revista de Libros, nº 160, abril de 2010
– CRISTIAN CARRILLO, “Las calificadoras no pasaron el examen”. Página/12, 18/12/2010
– CRISTIAN CARRILLO, “Oligopolio de agencias”. Página/12, 19/12/2010
– EL PAÍS, “Bienvenidos a la conspiración”. El País, 14/02/2010
– ESTHER G. CORONADO, “Los abogados que demandaron a las agencias de rating confían en que no se “deje pasar un caso tan obvio”. ValenciaPlaza, 04/03/2011
– CRISTINA DÍAZ PARDO entrevista a GONZALO BOYÉ, “Las agencias tienen mucho poder, pero han caído ya torres mucho más altas”. Xornal de Galicia, 04/03/2011
– RAFAEL FERNÁNDEZ Y ANTONIO ESTELLA, Nuevas ideas para la regulación del sistema financiero internacional. . Fundación Ideas, enero de 2011
– A. FUMAGALLI, C. MARAZZI, A. NEGRI, S. LUCARELLI y otros, La gran crisis de la economía global. Traficantes de Sueños, 2009
– MARTIN KETTLE, “La maldición de las agencias de calificación”. Presseurop, 31/12/2010.
– ROBERT LOCHEAD entrevista a JOSÉ MANUEL NAREDO, “Abrir la ‘caja negra’ del sistema para mostrar los flujos ocultos”. Herramienta nº 38, 06/2008.
– COSTAS LAPAVITSAS, “Comisión internacional de auditoria de la deuda griega”. Viento Sur, 26/12/2010.
– COSTAS LAPAVITSAS, “Support the campaign to audit Europe’s public debt”. The Guardian, 03/03/2011
– INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES, “Agencias de ‘rating’: regulación, supervisión y tendencias. Regulación en Europa”. IIMV, 2010.
– ISIDRO LÓPEZ Y EMMANUEL RODRÍGUEZ, Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010). Traficantes de Sueños, 2010.
– RAMIRO LOSADA LÓPEZ, Agencias de rating, ¿hacia una nueva regulación?CNMV, enero de 2009.
– ANDREW MISSE, “Merkel y Sarkozy recelan de las agencias de calificación en la crisis”. El País, 07/05/2010
– MARCO ANTONIO MORENO, “Las agencias de calificación, al fin bajo sospecha”. El Blog Salmón, 11/05/2010.
– JUAN MORILLO, “¡Especuladores: llévense su dinero de España cuanto antes!”. Libertad Digital, 14/12/2010.
– MOODY’S, “La escala de rating de Moody’s”. ”. Moody’s.
– VICENÇ NAVARRO, “No a los mercados financieros”. Público, 02/12/2010.
– VICENÇ NAVARRO, “¿Es el Gobierno español paranoico?”. El Plural, 17/02/2010
– VICENÇ NAVARRO Y JUAN TORRES LÓPEZ, Las propuestas de los 100 economistas sobre las pensiones. Errores, medias verdades y silencios al servicio de la banca. ATTAC España, 2010.
– C. PÉREZ, “El CNI investiga las presiones especulativas sobre España”. El País, 14/02/2010.
– SANDRO POZZI, “EE UU investiga si las agencias de calificación defraudaron”.El País, 24/04/2010
– ALEX PRESTON, “The obscure workings of the credit rating agency”. New Statesman, 17/06/2010.
– JUANMA ROMERO, “IU se adhiere a la querella contra las agencias de rating”. Público, 04/03/2011
– ISAAC ROSA, “Señores de Moody’s: ¿por cuánto nos pondrían la AAA?”. Público, 11/03/2011
– PERE RUSIÑOL, “Una querella amenaza a las agencias de rating en España”. Público, 21/02/2011
– LOUISE STORY y GRETCHEN MORGENSON, “Rating Agency Data Aided Wall Street in Deals”.The New York Times, 23/04/2010
– LOUISE STORY, “Prosecutors Ask if 8 Banks Duped Rating Agencies”. The New York Times, 23/04/2010
– ERIC TOUSSAINT, “Grecia: símbolo de la deuda ilegítima”.Cubadebate, 22/01/2011
– MONCHO VELOSO, “Agencias de rating, el poder de una opinión”. ABC, 26/12/2010.
– MARGARIDA VAQUEIRO, “Insultar os mercados prejudica a economía nacional”. Sapo, 22/12/2010.
– CARLOS WEITZ, “Calificada impunidad”. Página/12, 19/12/2010
– DAVID YAGÜE, “Las agencias de ‘rating’: el poder desconocido que desestabiliza las economías”.”. 20 minutos, 29/04/2010
– SLAVOJ ZIZEK, “A permanent economic emergency”. New Left Review nº 64, 07/2010
Artículo publicado en Kaos en la red

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